MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 2001-0044

 

Mediante diligencia de fecha 27 de junio de 2007, la abogada Romelia Meléndez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 40.931, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C. inscrita en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, el 4 de septiembre de 1972, bajo el N° 32, Tomo 10, solicitó aclaratoria de la sentencia N° 01021, publicada el 14 de junio de 2006, mediante la cual esta Sala declaró: “1. IMPROCEDENTE la homologación de la transacción solicitada por la representación judicial del MUNICIPIO BARALT DEL ESTADO ZULIA, en la demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios intentada en su contra por la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C. 2. El DECAIMIENTO  DEL OBJETO de la acción intentada.”

           I

DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA

Por diligencia de fecha 27 de junio de 2007 la abogada Romelia Meléndez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad civil  AZUAJE & ASOCIADOS, S.C., señaló  lo siguiente:

“Me doy por notificada de la decisión de fecha 13-06-07 y publicada el 14-06-07; por no entender el punto 2 de la misma (sobre el decaimiento de la acción intentada) y las consecuencias de la misma. Solicito aclaratoria de la decisión específicamente en dicho punto.” (sic).

II

PUNTO PREVIO

Antes de entrar a decidir respecto a la solicitud de la apoderada judicial de la sociedad civil  AZUAJE & ASOCIADOS, S.C., debe esta Sala precisar con carácter previo, que la posibilidad de hacer correcciones a las sentencias judiciales por medios específicos, se encuentra establecida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Tales medios de corrección de fallos consisten en aclaratorias, salvaturas, rectificaciones y ampliaciones. Cada uno de ellos tiene finalidades diferentes y su aplicación dependerá de las circunstancias que se planteen en cada caso particular.

Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil prevé la procedencia tanto de la aclaratoria como de la ampliación, en los términos siguientes:

Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.”. (Resaltado de la Sala).

De la norma antes transcrita se desprende la existencia de un elemento temporal que condiciona la oportunidad en la que estos medios de corrección puedan solicitarse. Así, se requiere la realización de un análisis por parte del juzgador respecto a la oportunidad en la cual alguna de las partes hizo la solicitud, debiendo entenderse que fue “el día de la publicación o el día siguiente”. Sin embargo, esta Sala Político-Administrativa, en relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaraciones y ampliaciones del fallo, ha establecido que el mismo debe preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente consagrados en la Constitución, y no constituir por su extrema brevedad dicho lapso, un menoscabo al ejercicio de tales derechos.

En este sentido, en sentencia N° 0124 del 13 de febrero de 2001,
(caso: Olimpia Tours and Travel C.A.), esta Máxima Instancia dispuso en cuanto al lapso en referencia lo siguiente:

“(...) Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem”.

Aplicando el anterior criterio al presente caso, se observa que la sentencia fue publicada por esta Sala en fecha 14 de junio de 2007, siendo que  la apoderada judicial de la referida sociedad civil, se dio por notificada  el 27 de junio de 2007, fecha en la cual solicitó la aclaratoria del fallo; razón por la cual se considera que la mencionada solicitud fue interpuesta tempestivamente. Así se decide.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, se observa que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil antes transcrito, fundamento legal de la solicitud interpuesta, alude como lo ha señalado reiteradamente esta Sala, a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo  cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que pudieran presentar las sentencias. (Decisión S.P.A. de fecha 17 de febrero de 2000, Nro. 00186. Caso: Jorge Chávez).

            En tal sentido, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que frecuentemente se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.

            Con base en lo anterior, se hace necesario insistir en que el mecanismo contemplado en la norma procesal antes citada, de manera alguna está dirigido a impugnar o contradecir los efectos de lo decidido en el fallo, ya que sólo se trata de un medio destinado a solventar los defectos o deficiencias que éste pudiera contener sobre puntos dudosos, omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como aquellas ampliaciones a que haya lugar.

El presente caso versa sobre una solicitud de aclaratoria; dicha figura está dirigida a dilucidar algún concepto ambiguo o poco claro que se haya evidenciado en el texto de la sentencia y pueda prestarse a confusión, es decir, es necesario para su procedencia que algún término de la sentencia sea dudoso, ambiguo o impreciso.

Ahora bien, observa la Sala que la abogada Romelia Meléndez, apoderada judicial de la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C., fundamenta su solicitud de aclaratoria en razón de “no entender el punto dos de la mencionada sentencia (sobre decaimiento de la acción intentada) y las consecuencias de la misma”.

Al respecto, la decisión Nº 01021, de fecha 13 de junio de 2007, publicada el 14 del mismo mes y año, objeto de la aclaratoria, estableció en cuanto al decaimiento del objeto lo siguiente:

“…Sin perjuicio de lo anterior, observa esta Sala que conforme expuso en diligencia de fecha 8 de marzo de 2006 la representación de la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C., demandante en la presente causa, ésta recibió la suma de ciento ochenta millones de bolívares (Bs. 180.000.000,00,) mediante cheques (…). En virtud de ello, declaró expresamente en escrito de fecha 8 de marzo de 2006, que ‘con estos pagos queda saldada la Deuda que poseía LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARALT DEL ESTADO ZULIA CON MI PODERDANTE’.

(…)

La anotada circunstancia permite a esta Sala concluir que la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C.,  ha perdido todo interés procesal en el juicio una vez recibido, a su entera satisfacción, el pago de lo pretendido a través de la interposición de la presente demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, de allí que la declaración efectuada por la actora, con respecto al pago de la deuda por parte del Municipio, trae como consecuencia el decaimiento del objeto de la demanda de autos. Así se declara”.

 

De lo anterior se concluye, que tal como se indicó en la precitada decisión, la figura del decaimiento del objeto se constituye por la pérdida del interés procesal en el juicio incoado entre las partes, por haberse cumplido con la pretensión objeto de la acción, lo cual trae como consecuencia la extinción del proceso.

Por tanto, visto que el dispositivo del fallo cuya aclaratoria se solicita no contiene ningún concepto oscuro, ambiguo o que pueda prestarse a confusión, debe esta Sala declarar improcedente la solicitud formulada por la apoderada judicial de la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C. Así se decide.

IV

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria, efectuada por la apoderada judicial de la sociedad civil AZUAJE & ASOCIADOS, S.C, respecto al fallo publicado por  esta Sala, en fecha 14 de junio de 2007, bajo el N° 01021.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En dieciocho (18) de julio del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01270.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN