MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. Nº 2005-2072

 

Adjunto a oficio N° 0073 del 15 de febrero de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional por la abogada Saida García Haslam, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 68.241, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos ROGER L. MORENO MANZABEL, TULIO R. BARRETO y WILLYAMS R. MAURY VERENZUELA, titulares de la cédulas de identidad Nos. 12.606.944, 11.183.217 y 9.432.737, respectivamente, en virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto individualmente supuestamente por cada recurrente ante el Ministro de la Defensa, contra los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399, GN-8398 y GN-8397 de fecha 15 de marzo de 2004, dictados por el COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro por medida disciplinaria, de los cargos que como Distinguidos ejercían en ese componente militar.

La remisión obedeció a que el prenombrado Juzgado mediante decisión del 15 de febrero de 2005, declinó la competencia para el conocimiento del caso en esta Sala Político-Administrativa.

Mediante sentencia de esta Sala N° 4259 del 16 de junio de 2005, se aceptó la competencia que fuera declinada, se admitió el presente recurso de nulidad, a los solos efectos que el Juzgado de Sustanciación se pronunciara en torno a la caducidad de la acción. Asimismo, se declaró improcedente la acción de amparo cautelar solicitada.

Según diligencia del 28 de junio de 2005, la apoderada judicial de los recurrentes se dio por notificada de la sentencia antes aludida.

Por auto del 18 de octubre de 2005, el Juzgado de Sustanciación, luego de verificar que no se encontraba presente en el caso de autos la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad de la acción, acordó la citación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Ministro de la Defensa; a este último adicionalmente se acordó solicitarle la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Asimismo, ordenó que se librara en la oportunidad correspondiente el cartel al cual se refiere el aparte décimo primero del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En fechas 16 y 22 de noviembre de 2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó los recibos de citación dirigidos a la Procuradora General de la República y al Ministro de la Defensa, respectivamente. En la última de las fechas mencionadas el referido funcionario consignó igualmente el recibo de citación dirigido al Fiscal General de la República.

Según oficio identificado con las letras y números MD-DS-5494 del 24 de noviembre de 2005, el Director de Secretaría del Ministerio de la Defensa solicitó al Juzgado de Sustanciación de esta Sala se sirviese informar si era correcta la información contenida en el oficio mediante el cual se requirió la remisión de los antecedentes administrativos del presente caso.

Por auto del 20 de diciembre de 2005, el prenombrado Juzgado, luego de revisar los autos del presente expediente, conforme lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dejó sin efecto el oficio remitido al Ministerio de la Defensa y acordó fuese librado nuevamente.

El 20 de diciembre de 2005, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue retirado por la apoderada judicial de los recurrentes el día 11 de enero de 2006, cuya publicación en prensa fuera consignada el día 31 del mismo mes y año.

En fecha 21 de febrero de 2006, la apoderada judicial de los actores solicitó la apertura del lapso de promoción de pruebas, lo cual fue acordado según auto del día 22 del mismo mes y año.

Mediante diligencias del 2 y 7 de marzo de 2006, la apoderada judicial de los recurrentes y la abogada Nora Josefina Mijares Domech, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 23.270, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República, respectivamente, consignaron sus escritos de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas cuanto ha lugar en derecho según sendos autos del Juzgado de Sustanciación del 15 de marzo de 2006.

Por diligencia del 9 de mayo de 2006, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó el recibo de notificación efectuada a la Procuradora General de la República del auto conforme al cual se admitieron las pruebas promovidas por dicha representación.

Concluida la sustanciación de la causa se acordó pasar el expediente a esta Sala, el cual se recibió el 15 de mayo de 2006.

El 18 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini a fin de decidir el presente recurso de nulidad. Asimismo, se fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente para comenzar la relación.

En fecha 20 de junio de 2006, se difirió la celebración del acto de informes para el día 5 de octubre del mismo año.

Mediante diligencia del 20 de junio de 2006, la apoderada judicial de los recurrentes sustituyó el poder que le fuera conferido para su representación, reservándose su ejercicio, en la abogada Elba Mirozlava Dávila Brizuela, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 17.737.

Según oficio identificado con las letras y números MD.CJ.DD.1820 del 28 de junio de 2006, recibido en la misma fecha, el Consultor Jurídico del Ministerio de la Defensa remitió copia certificada del expediente administrativo relativo al presente juicio.

En la fecha pautada para la celebración del acto de informes, fue diferido para el día 19 de octubre de 2006.

En la oportunidad fijada para llevar a cabo el acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de la apoderada judicial de los recurrentes, de la abogada Ana Lucila Vejar Barajas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 42.223, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República, y de la abogada Roxana Orihuela, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 46.907, actuando en representación del Ministerio Público, quienes consignaron sus respectivos escritos de conclusiones, a excepción de la representación del Ministerio Público que lo consignó en fecha 7 de noviembre de 2006.

El 6 de diciembre de 2006, terminó la relación del presente juicio y se dijo “Vistos”.

En fecha 7 de febrero de 2007, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

I

DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

El presente recurso de nulidad se interpuso en virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto individualmente supuestamente por cada recurrente ante el Ministro de la Defensa, contra los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399, GN-8398 y GN-8397 de fecha 15 de marzo de 2004, dictados por el Comandante General de la Guardia Nacional, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro, por medida disciplinaria, de los cargos que como Distinguidos ejercían en ese componente militar.

Los hechos que dieron origen a la adopción de las medidas disciplinarias contra los recurrentes, fueron evaluados durante la sustanciación de un único expediente administrativo que tuvo como resultado los tres actos recurridos, dirigidos individualmente a cada uno de los hoy accionantes, cuyo contenido concreto es el siguiente:

Acto GN-8399

“(…) se pasa a la situación de retiro de este Componente por Medida Disciplinaria al DISTINGUIDO (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, Cédula de Identidad N° 12.606.944, de conformidad al artículo 56, literal ‘e’ del Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas Armadas Nacionales. El precitado efectivo el día 29 de Diciembre de 2003, fue sometido a Consejo Disciplinario debido a que el día 04 de Septiembre de 2003, en compañía del Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cárdenas, se tomó atribuciones que no le correspondían al ejecutar un allanamiento ordenado por las autoridades Judiciales Competentes, a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, donde designaban al personal militar adscrito a la Sección de Inteligencia de la Primera Compañía del Destacamento Nro. 21, trasladándose desde la sede del Destacamento Nro. 24, unidad de adscripción del (sic) tropa  profesional en un vehículo particular, propiedad del referido sargento de tropa, sin ningún tipo de autorización de su Comando Natural, con la finalidad de realizar una inspección Fiscal a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, detectando una serie de irregularidades referentes a la permisología requerida para el funcionamiento de dicha empresa, además de inspeccionar las empresas Romal Aragua, Carnicos Aragua, y la Empresa del ciudadano Rafael Calabria, sin denominación comercial, las cuales funcionan dentro del matadero industrial, donde igualmente detectaron infracciones en materia fiscal, las cuales no reflejaron en el acta procesal elaborada, el 04OCT03, el Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada, Distinguido (GN) Moreno Manzabel y el Distinguido Maury Verenzuela, se presentaron en la sede de la Distribuidora Comercial Gran Éxito C.A.; propiedad del ciudadano Cen Juncheng, ubicada en la calle Santos Michelena, Maracay Estado Aragua, sin poseer ningún tipo de autorización y sin dar conocimiento a su comando natural, a fin de practicar una Inspección en Materia Fiscal, siendo sorprendidos durante la realización de este hecho por el Capitán (GN) Delio Amado Hernández Da Costa, quien tramitó dicha novedad al comando superior. El 16 de Octubre de 2003, los ciudadanos Darío Vicente Carpico Dubanskas, Cédula de Identidad N° V-10.743.192, y Carlos Gregorio Anfano Vanageltis, Cédula de Identidad N° V-7.019.437, interpusieron una denuncia ante el Comando Regional Nro. 2, en contra de los efectivos militares: S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, DG (GN) TULIO RAFAEL BARRETO, DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, quienes se presentaron a la Empresa Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, ubicada en Maracay Estado Aragua, para realizar una visita domiciliaria a dichas Empresas, a fin de practicar un registro de morada por cuanto se presumía que en dichas direcciones existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses en canal) producto de un delito contra la propiedad, procedimiento éste que fue autorizado en fecha 03SEP03, por el Juzgado 1ero. (sic) de Control del Circuito Penal del Estado Aragua y de manera arbitraria al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, desarmaron al personal de vigilantes privados e incomunicaron al personal de empleados y obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares y concentrando al personal en el patio central y paralizando la matanza o actividades en las empresas comerciales. Luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanzas y cavas, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, posterior a la inspección al no encontrar indicios delictivos procedieron a realizar una inspección Fiscal a la Beneficiadora Insdustrial y Frigorífico Maracay, detectando un libro foliado de actividades bancarias que le faltaban siete (07) folios, en vista de las infracciones comenzaron a presionar, diciendo que iban a llamar a un fiscal tributario, motivado a que esto constituía un delito flagrante, el cual ameritaba ir preso inmediatamente, manifestaron que podían arreglar la situación monetariamente exigiendo cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) para solventar la situación, para luego llegar a un acuerdo de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya que realmente tenían paralizada toda la Empresa y para poner fin a la presión y acto de terrorismo impuesto por los efectivos, se llegó al acuerdo de entregar el dinero en efectivo el 05SEPT03, a las 09:00 horas de la mañana. El día acordado como a las 06:00 horas de la mañana, llegó el DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, en un vehículo Fíat Uno color blanco, a las referidas empresas como a las 11:00 horas de la mañana se termino (sic) de completar los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) los cuales fueron cual fue (sic) entregados al s/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA y los otros efectivos, antes de retirarse los funcionarios amenazaron verbalmente, diciendo que mosca con hacer algún comentario, y que regresarían el día 10-09-03, ese día se presentó a la Empresa el S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS y el DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, exigiendo la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por la Empresa particular que poseen los denunciantes, manifestando que la parte del Frigorífico estaba solvente con los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya cancelados y que faltaba el arreglo de la distribuidora de carnes, cancelándole los veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) al S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, infringiendo con su conducta normas inherentes a la vida militar, tipificadas como faltas graves en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, contempladas en los artículos 116 aparte 2, 3, artículo 117 apartes 2, 3, 4, 7, 17, 46, con las agravantes tipificadas en el artículo 114 literal b, c, d, e f, i, eiusdem; e igualmente violó Principios que se califican como contrarios al Deber y Honor Militar, previstos en los artículos 32, 39, 46, y 48 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales en concordancia con los artículos 16 y 109 literales a y b del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6”.

 

Acto GN-8398

“(…) se pasa a la situación de retiro de este Componente por Medida Disciplinaria al DISTINGUIDO (GN) TULIO RAFAEL BARRETO, Cédula de Identidad N° 11.183.217, de conformidad al artículo 56, literal ‘e’ del Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas Armadas Nacionales. El precitado efectivo el día 26 de Diciembre de 2003, fue sometido a Consejo Disciplinario debido a que el día 04 de Septiembre de 2003, en compañía del Distinguido (GN) Williams Maury Verenzuela, se tomó atribuciones que no le correspondían al ejecutar un allanamiento ordenado por las autoridades Judiciales Competentes, a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, donde designaban al personal militar adscrito a la Sección de Inteligencia de la Primera Compañía del Destacamento Nro. 21, por cuanto el día 0406 30SEP2003, se presentaron ambos efectivos, vestidos de civil al Comando de la 1ra (sic) Compañía del Destacamento Nro. 21, con la Orden de Allanamiento Nro. 021, de fecha 03 de Septiembre de 2003, emitida por el Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal Del Estado Aragua, solicitando apoyo para realizar visita domiciliaria a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, a fin de practicar un registro de morada en la mencionada Beneficiadora, por cuanto se presumía que en dicha dirección existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses un canal) producto de un delito contra la propiedad, posteriormente al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigoríficos Maracay, los efectivos antes mencionados, desarmaron al personal de vigilancia privada, e incomunicaron al personal de Empleados y Obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares personales, igualmente impidieron la entrada y salida de vehículos y concentraron al personal en el patio central y paralizaron la matanza o actividad de esta empresa comercial, luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanza y cavas de la Beneficiadora Industrial y Frigoríficos Maracay, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, por lo que solicitan el apoyo del Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cardenas y el Distinguido (GN) Roger Moreno Manzabel, plaza de la 4ta (sic) Compañía del Destacamento Nro. 24, para que practicaran una inspección en Materia Fiscal y Tributaria, la cual no estaba autorizada por la respectiva Orden de Allanamiento ni por su Comando Superior, el 16 de Octubre de 2003, los ciudadanos Darío Vicente Carpico Dubanskas, Cédula de Identidad N° V-10.743.192, y Carlos Gregorio Anfano Vanageltis, Cédula de Identidad N° V-7.019.437, interpusieron una denuncia ante el Comando Regional Nro. 2, en contra de los efectivos militares S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, DG (GN) TULIO RAFAEL BARRETO, DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, quienes se presentaron a la Empresa Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, ubicada en Maracay Estado Aragua, para realizar una visita domiciliaria a dichas Empresas, a fin de practicar un registro de morada por cuanto se presumía que en dichas direcciones existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses en canal) producto de un delito contra la propiedad, procedimiento éste que fue autorizado en fecha 03SEP03, por el Juzgado 1ero (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y de manera arbitraria al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, desarmaron al personal de vigilantes privados e incomunicaron al personal de empleados y obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares y concentrando al personal en el patio central y paralizando la matanza o actividades en las empresas comerciales. Luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanza y cavas, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, posterior a la inspección al no encontrar indicios delictivos procedieron a realizar una inspección Fiscal a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, detectando un libro foliado de actividades bancarias que le faltaban siete (07) folios, en vista de las infracciones fiscales comenzaron a presionar, diciendo que iban a llamar a un fiscal tributario, motivado a que esto constituía un delito flagrante, el cual ameritaba ir preso inmediatamente, manifestaron que podían arreglar la situación monetariamente exigiendo cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) para solventar la situación, para luego llegar a un acuerdo de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya que realmente tenían paralizada toda la Empresa y para poner fin a la presión y acto de terrorismo impuesto por los efectivos, se llegó al acuerdo de entregar el dinero en efectivo el día 05SEP03, a las 09:00 horas de la mañana, el día acordado como a las 06:00 horas de la mañana llega el DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, en un vehículo Fiat Uno color blanco, como a las 11:00 horas de la mañana se terminó de completar los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) los cuales fueron entregados al S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA y los otros efectivos, antes de retirarse los funcionarios amenazaron verbalmente, diciendo que mosca con hacer algún comentario, y que regresarían el día 10-09-03, ese día se presentó a la Empresa el S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS y el DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, exigiendo la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por la empresa particular que poseen los denunciantes, manifestando que la parte del Frigorífico estaba solvente con los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) de bolívares (sic) ya cancelados y que faltaba el arreglo de la distribuidora de carnes, cancelándole los veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) al S/2 (GN DANIEL MONCADA CARDENAS, infringiendo con su conducta normas inherentes a la vida militar, tipificadas como faltas graves en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, contempladas en el artículo 116 aparte 2, 3, 6, artículo 117 apartes 2, 3, 4, 7, 10, 17, 21, 46, con las agravantes tipificadas en el artículo 114 literal a, b, c, d, e, f, i, eiusdem; e igualmente violó Principios que se califican como contrarios al Deber y Honor Militar, previstos en los artículos 32, 39, 46 y 48 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con los artículos 16 y 109 literales a y b del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6”.

 

Acto GN-8397

“(…) se pasa a la situación de retiro de este Componente por Medida Disciplinaria al DISTINGUIDO (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, Cédula de Identidad N° 9.432.737, de conformidad al artículo 56, literal ‘e’ del Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos para el personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas Armadas Nacionales. El precitado efectivo el día 26 de Diciembre de 2003, fue sometido a Consejo Disciplinario debido a que el día 04 de Septiembre de 2003, en compañía del Distinguido (GN) Tulio Rafael Barreto, se tomó atribuciones que no le correspondían al ejecutar un allanamiento ordenado por las autoridades Judiciales Competentes, a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, donde designaban al personal militar adscrito a la Sección de Inteligencia de la Primera Compañía del Destacamento Nro. 21, por cuanto el día 0406: 30SEP2003, se presentaron ambos efectivos, vestidos de civil al Comando de la 1ra (sic) Compañía del Destacamento Nro. 21, con la Orden de Allanamiento Nro. 021, de fecha 03 de Septiembre de 2003, emitida por el Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal Del Estado Aragua, solicitando apoyo para realizar visita domiciliaria a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, a fin de practicar un registro de morada en la mencionada Beneficiadora, por cuanto se presumía que en dicha dirección existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses un canal) producto de un delito contra la propiedad, posteriormente al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigoríficos Maracay, los efectivos antes mencionados, desarmaron al personal de vigilancia privada, e incomunicaron al personal de Empleados y Obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares personales, igualmente impidieron la entrada y salida de vehículos y concentraron al personal en el patio central y paralizaron la matanza o actividad de esta empresa comercial, luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanza y cavas de la Beneficiadora Industrial y Frigoríficos Maracay, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, por lo que solicitan el apoyo del Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cardenas y el Distinguido (GN) Roger Moreno Manzabel, plaza de la 4ta (sic) Compañía del Destacamento Nro. 24, para que practicaran una inspección en Materia Fiscal y Tributaria, la cual no estaba autorizada por la respectiva Orden de Allanamiento ni por su Comando Superior, el 16 de Octubre de 2003, los ciudadanos Darío Vicente Carpico Dubanskas, Cédula de Identidad N° V-10.743.192, y Carlos Gregorio Anfano Vanageltis, Cédula de Identidad N° V-7.019.437, interpusieron una denuncia ante el Comando Regional Nro. 2, en contra de los efectivos militares S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, DG (GN) TULIO RAFAEL BARRETO, DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, quienes se presentaron a la Empresa Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, ubicada en Maracay Estado Aragua, para realizar una visita domiciliaria a dichas Empresas, a fin de practicar un registro de morada por cuanto se presumía que en dichas direcciones existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses en canal) producto de un delito contra la propiedad, procedimiento éste que fue autorizado en fecha 03SEP03, por el Juzgado 1ero (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y de manera arbitraria al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, desarmaron al personal de vigilantes privados e incomunicaron al personal de empleados y obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares y concentrando al personal en el patio central y paralizando la matanza o actividades en las empresas comerciales. Luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanza y cavas, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, posterior a la inspección al no encontrar indicios delictivos procedieron a realizar una inspección Fiscal a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, detectando un libro foliado de actividades bancarias que le faltaban siete (07) folios, en vista de las infracciones fiscales comenzaron a presionar, diciendo que iban a llamar a un fiscal tributario, motivado a que esto constituía un delito flagrante, el cual ameritaba ir preso inmediatamente, manifestaron que podían arreglar la situación monetariamente exigiendo cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) para solventar la situación, para luego llegar a un acuerdo de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya que realmente tenían paralizada toda la Empresa y para poner fin a la presión y acto de terrorismo impuesto por los efectivos, se llegó al acuerdo de entregar el dinero en efectivo el día 05SEP03, a las 09:00 horas de la mañana, el día acordado como a las 06:00 horas de la mañana llega el DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, en un vehículo Fiat Uno color blanco, como a las 11:00 horas de la mañana se terminó de completar los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) los cuales fueron entregados al S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA y los otros efectivos, antes de retirarse los funcionarios amenazaron verbalmente, diciendo que mosca con hacer algún comentario, y que regresarían el día 10-09-03, ese día se presentó a la Empresa el S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS y el DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, exigiendo la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por la Empresa particular que poseen los denunciantes, manifestando que la parte del Frigorífico estaba solvente con los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya cancelados y que faltaba el arreglo de la distribuidora de carnes, cancelándole los veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) al S/2 (GN DANIEL MONCADA CARDENAS, infringiendo con su conducta normas inherentes a la vida militar, tipificadas como faltas graves en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, contempladas en el artículo 116 aparte 2, 3, 6, artículo 117 apartes 2, 3, 4, 7, 10, 17, 21, 46, con las agravantes tipificadas en el artículo 114 literal a, b, c, d, e, f, g, i, eiusdem; e igualmente violó Principios que se califican como contrarios al Deber y Honor Militar, previstos en los artículos 32, 39, 46 y 48 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, en concordancia con los artículos 16 y 109 literales a y b del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nro. 6” (sic).

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En el escrito libelar la apoderada judicial de los actores expuso lo siguiente:

Que el 4 de septiembre de 2003, los ciudadanos Tulio R. Barreto y Willyams R. Maury Verenzuela “cumpliendo instrucciones” de sus superiores, salieron de comisión en apoyo a un allanamiento solicitado por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público y ordenado por el Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en función de Control N° 01, en la empresa Beneficiadora y Frigorífico Industrial Maracay, C.A., ubicada en Maracay Estado Aragua, a cuya actuación posteriormente llegó el distinguido Roger Moreno Manzabel en compañía del Sargento Segundo Daniel Moncada Cárdenas, y luego de concluida la comisión se retiraron del sitio.

Que pasados cuarenta y cinco (45) días luego de la comisión, el 4 noviembre de 2003 recibieron una boleta de notificación “a los efectos de que compareci[eran] ante el Comando Grupo Anti-Extorsión y Secuestro N° 2, del Comando Regional N° 2, adscrito a la Guardia Nacional (...) sin anexar dicha notificación EL TEXTO ÍNTEGRO DEL ACTO, SIN CONOCER LOS HECHOS NI CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUÁLES ERAN REQUERIDOS, NI EL NUMERO DE LA CAUSA O EXPEDIENTE”.

Asimismo, narró que una vez que sus mandantes “comparecieron ante dicho Órgano Instructor, y rindieron su (sic) respectivas declaraciones, JAMÁS pudieron tener acceso al Expediente N°. CR2/GAES/SP –001-03, que es el que contiene las actuaciones Administrativas solicitados en más de una oportunidad, a los fines de imponerse de las Actas que contenían el Expediente Administrativo en cuestión, vista de lo cual procedieron a peticionar ante el Tribunal Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 29-12-2.003, su traslado a (...) las instalaciones del Comando Regional N°. 2, (CORE 2) de la Guardia Nacional, lugar éste donde se encontraban las actuaciones de carácter Administrativo, a los fines de obtener a través de este medio (...) COPIAS CERTIFICADAS, de todas las actuaciones que contenían el Expediente Administrativo (...) la cual NO PUDO SER EVACUADA, por cuanto el Jefe de Personal de dicha entidad (...) se NEGÓ tanto a facilitar el Expediente como a la expedición de las Copias...” (sic).

Igualmente, denunció que sus mandantes “FUERON RETIRADOS de sus funciones, humillados, difamados, frente a sus Superiores, compañeros y subalternos, fueron objeto de agresiones verbales, no tomando en cuenta los años de servicios prestados, su intachable Conducta personal y militar, y el texto jurídico que sirvió de base a tan aberrante situación fue el famoso REGLAMENTO DE CASTIGOS DISCIPLINARIOS N° 6, el cual es INCONSTITUCIONAL (...)” (sic).

Adujo, que al fundamentarse la actuación administrativa en el referido Reglamento “ello contradice viola y menoscaba la Garantía Constitucional plasmada por el legislador en su artículo 49, DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA” (sic).

Señaló, que existen vicios que afectaron la constatación, apreciación y calificación de los presupuestos de hecho que dieron origen al procedimiento abierto contra sus mandantes, por lo que los actos impugnados adolecen del vicio en la causa. Asimismo, alegó que el referido vicio se configura cuando la Administración no prueba -o lo hace inadecuadamente- dichos hechos.

Agregó que en fechas 16 y 27 de abril de 2004, sus mandantes ejercieron los recursos de reconsideración correspondientes, sin que hayan obtenido respuesta, por lo que interpusieron el 26 de mayo de 2004 los respectivos recursos jerárquicos ante el Ministro de la Defensa, de los cuales tampoco lograron respuesta alguna, produciéndose así el silencio administrativo que permite que accedan a la vía contencioso-administrativa.

Por otra parte, alegó la violación del derecho a la defensa, al no permitírseles a los recurrentes la lectura de las actuaciones administrativas ni presentar los testimonios que consideraban pertinentes, es decir, que ejercieron los recursos administrativos “A CIEGAS SIN CONOCER EL CONTENIDO DE LA CAUSA EN CUESTIÓN”.

Igualmente, esgrimió que tanto el procedimiento administrativo como los actos impugnados fueron dictados con fundamento en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, el cual -según afirma- viola los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución, permitiéndose que se llevara a cabo un procedimiento sin que se cumplieran las formalidades que respecto a la notificación de los actos administrativos establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el cual “ni siquiera a través de una INSPECCIÓN OCULAR pudieron tener acceso a las Actas que contenían el expediente Administrativo (…) y ni siquiera en la Boleta de Citación les fue especificado, el motivo ni el N° de Causa, en estrecha contravención a normas Constitucionales lesionándose con ello, el ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL”.

Asimismo, sostuvo que durante la tramitación del procedimiento administrativo se violentó el derecho de sus mandantes a estar informados, lo que les impidió contar con los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa.

Adicionalmente, expresó que con la actuación de la Administración se le violentó a sus mandantes el derecho al trabajo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 89 de la Constitución, por haber sido dados de baja y retirados del organismo donde prestaban servicios.

En el petitorio del escrito libelar, la apoderada judicial de los recurrentes solicitó fuese declarado con lugar el presente recurso de nulidad y, en consecuencia, “se ordene la incorporación definitiva de mis representados, a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (…) de igual manera, se le acuerde el pago de todos los salarios caídos, aumento presidencial, bonos vacacionales, aguinaldos y demás beneficios obtenidos y otorgados, por dicha institución desde la fecha de sus retiros, 15 de marzo de 2004 hasta la total y definitiva incorporación”.

Asimismo, solicitó fuese condenada la República por órgano del Ministerio recurrido, al pago de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,00), “a razón de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES por cada uno de mis representados”, en virtud de las circunstancias del retiro del componente militar, el perjuicio que -según afirma- se causó a sus grupos familiares así como a su moral y reputación.

III

DE LA OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

El mismo día en que se celebró el acto de informes, la sustituta de la Procuradora General de la República consignó escrito de conclusiones en el que sostuvo lo siguiente:

Que el día 4 de septiembre de 2003, los Distinguidos (GN) Tulio Barreto y Willyams R. Maury Verenzuela, dieron apoyo a un allanamiento solicitado por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público y ordenado por el Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en función de Control N° 01, en la empresa Beneficiadora y Frigorífico Industrial Maracay, C.A., ubicada en el Estado Aragua, a fin de efectuar la búsqueda y colección de cualquier evidencia de interés criminalístico referente a 140 reses en canal. Asimismo, que durante la realización de dicha actuación compareció el Distinguido (GN) Roger Moreno Manzabel en compañía del Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cárdenas.

Indicó, que en fecha 16 de octubre de 2003 los ciudadanos Darío Vicente Cárpico Bubauskas y Alfano Vanagelits Carlos Giorgio, en sus condiciones de socio y Director, respectivamente, de la sociedad mercantil Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, C.A., formularon una denuncia en el Grupo Anti-Extorsión y Secuestro del Comando Regional N° 2, con relación a los hechos ocurridos durante el allanamiento supra aludido en las instalaciones de la empresa que representan.

Señaló además la representación de la República, que los hechos denunciados fueron comprobados durante la sustanciación de la investigación realizada por la Administración, por lo que la conducta de los efectivos sancionados violó flagrantemente las normas y disposiciones que rigen la conducta de los militares.

Ahora bien, en cuanto a los vicios esgrimidos contra los actos recurridos en el presente juicio, sostuvo como punto previo que de acuerdo al criterio sostenido en el fallo de esta Sala N° 1871 del 26 de julio de 2006, “siendo el presente caso similar al decidido con la sentencia aludida, estaría planteada una incompetencia sobrevenida para su decisión por parte de este Máximo Tribunal”.

Por otra parte, respecto de las presuntas violaciones alegadas por los recurrentes del derecho a la defensa, el derecho a estar informados y del artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esgrimió que del expediente administrativo identificado con las letras y números GAES-2-SP-001-03, se desprende que la Administración ajustó su actuación en todo momento a lo previsto en la normativa procesal.

En tal sentido, señaló que los documentos contenidos en el expediente supra identificado demuestran la improcedencia de las denuncias formuladas “y evidencian con meridiana claridad, que los recursos administrativos no fueron ejercidos ‘A CIEGAS SIN CONOCER EL CONTENIDO DE LA CAUSA EN CUESTIÓN’, como tendenciosamente es afirmado por los recurrentes”.

De acuerdo a lo anterior, rechazó las denuncias expuestas toda vez que -según afirma- en la sustanciación de la averiguación la Administración se respetó el derecho a la defensa de los investigados, cumpliendo a cabalidad con el debido proceso y el derecho a estar informados, “como lo demuestran las actas que conforman el expediente administrativo. De manera que, desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión, los recurrentes ejercieron sus derechos constitucionales”.

En cuanto a la aplicación del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, refirió que en la sentencia de esta Sala N° 4259 del 16 de junio de 2005, mediante la cual aceptó la competencia para el conocimiento del presente asunto, se hace un exhaustivo análisis respecto de la pretendida inconstitucionalidad del Reglamento aludido.

Continuó señalando que, de acuerdo a criterio reiterado de esta Sala, la norma analizada “ha regido la conducta de los efectivos militares aproximadamente durante 50 años en perfecta armonía con las otras disposiciones legales aplicables al estamento militar (…) siendo de señalar que fue publicado en la Gaceta Oficial (…) lo que se traduce que también fue subsanada la formalidad de su publicación”.

Sobre la indemnización solicitada por los recurrentes, por los presuntos daños y perjuicios causados a su moral y reputación, adujo que la considera totalmente improcedente, “toda vez que la Administración se limitó a evaluar las conductas de los recurrentes, desde el punto de vista disciplinario, sin que ello signifique un irrespeto al decoro, dignidad o decencia de éstos, como consecuencia de la actitud y el comportamiento de los efectivos sancionados”.

Finalmente, de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, solicitó la representación de la República que fuese declarado sin lugar el presente recurso de nulidad.

IV

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El 7 de noviembre de 2006, la representante del Ministerio Público consignó la opinión del referido organismo en el presente juicio, en los términos siguientes:

Como punto previo, adujo que el expediente administrativo relativo al presente caso, “no se encuentra en forma completa, es decir, que el mismo no contiene la totalidad del procedimiento desarrollado en sede administrativa”.

Sobre el particular, luego de narrar las diversas actuaciones contenidas en el aludido expediente, concluye que “‘en principio’ el único de los recursos que resultaría en definitiva admisible en derecho, -desde el punto de vista de la información con que se cuenta-, sería el interpuesto por el ciudadano Roger Lupercio Moreno Manzabel, en razón de que es el único respecto al cual se pudo constatar que agotó en forma debida la vía administrativa”.

Al efecto, precisa que una vez revisados los expedientes administrativo y judicial, pudo verificar que consta únicamente la notificación del acto mediante el cual se acordó el pase a retiro por medida disciplinaria del ciudadano Roger Lupercio Moreno Manzabel.

Asimismo, indicó que no consta en autos en cuál fecha el resto de los recurrentes hicieron entrega de sus respectivos cargos (entrega del carnet militar, arma de reglamento, uniformes, etc.), lo cual conforme a la jurisprudencia de esta Sala permitiría precisar la fecha a partir de la cual debe entenderse que fueron notificados de los actos que acordaron su pase a retiro por medida disciplinaria.

Con relación a ese aspecto, agregó que “por no haberse remitido la totalidad del expediente administrativo”, debe aplicarse el efecto procesal que de acuerdo al criterio de esta Sala resulta cuando la Administración no remite los antecedentes del caso, agregando que tal circunstancia “hace surgir (…) una presunción grave a favor de los referidos recurrentes, en el sentido de que efectivamente fueron notificados en la misma fecha en que lo fue Roger Moreno Manzabel (…) lo cual evitaría causar un daño mayor, la admisión que ad initio se hizo del presente recurso, resulta ajustada a derecho”.

Expuesto lo anterior, dicha representación pasó a esgrimir su punto de vista frente a los vicios expuestos por la apoderada judicial de los actores.

Así, en cuanto al alegato relativo a la inconstitucionalidad del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, aplicado para la adopción de los actos recurridos, manifestó que debe ser declarado sin lugar con base en la sentencia de esta Sala N° 4259 del 16 de junio de 2005, mediante la cual se aceptó la competencia para el conocimiento del presente asunto, dando por reproducidos los fundamentos que al respecto contiene dicha sentencia.

Además, refirió que dicho argumento debe igualmente declararse sin lugar toda vez que el Reglamento aludido para el momento en que se inició, sustanció y decidió el procedimiento administrativo que culminó con la adopción de los actos recurridos, ya había sido publicado en la Gaceta Oficial N° 37.507 del 16 de agosto de 2002. 

Sobre la presunta violación del derecho a la defensa, al no permitírsele a los recurrentes el acceso a las actas que conforman el expediente administrativo durante su sustanciación, indicó que de la revisión del iter procedimental en sede administrativa, “los recurrentes tuvieron en todo momento conocimiento de los hechos que motivaron la apertura de dicho procedimiento administrativo disciplinario, oportunidad de alegar y probar, así como de ejercer los recursos administrativos correspondientes, aseveración ésta que se evidencia de su propio reconocimiento en el escrito contentivo del recurso interpuesto, así como de los siguientes recaudos cursantes en la parte del expediente administrativo que fue remitido, elementos éstos que conllevan consecuencialmente a la emisión del criterio de que tal alegato debe declararse sin lugar”. (Destacado de la representación del Ministerio Público).

Adicionalmente, describió las actuaciones cursantes en el expediente administrativo de las cuales se desprendería que los recurrentes no ejercieron a ciegas los recursos de reconsideración y jerárquicos, sino con conocimiento pleno de las actuaciones procesales.

Asimismo, añadió dicha representación que no se aprecia por parte de los actores la adopción de una actitud diligente en la defensa de sus derechos, “por cuanto no consta en autos prueba alguna de sus alegatos según los cuales jamás se les permitió acceder a las actas constitutivas del expediente”.

En cuanto al argumento relativo a que las decisiones impugnadas adolecen del vicio de falso supuesto por fundarse en hechos que no fueron debidamente comprobados, señaló que de la lectura de los actos impugnados se desprende que el hecho que se le imputa a los recurrentes está constituido por haber extorsionado a los representantes de la sociedad mercantil Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, C.A.

Al respecto, sostuvo que tal circunstancia fue probada durante la sustanciación de la averiguación administrativa, de acuerdo a diversos elementos probatorios que cursan en el expediente llevado a tal efecto. En tal virtud, considera que el aludido vicio debe ser declarado sin lugar.

En cuanto a la denunciada violación del derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, la representación del Ministerio Público opina que debe ser declarada sin lugar, “pues la decisión fue tomada con apego al principio de la legalidad, a la normativa aplicable al caso, evidenciado lo anterior del procedimiento desarrollado”.

Con relación al alegato sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica expuesto por los actores, solicita que se declare sin lugar toda vez que los actos impugnados fueron producto de un procedimiento administrativo disciplinario donde se respetaron las normas constitucionales y legales aplicables, “por lo que no fue afectada la confianza de los administrados en cuanto a la recta conducta desplegada por los funcionarios encargados de su instrucción”.

Sobre las solicitudes efectuadas por los accionantes relativas a su reincorporación al componente militar y al pago de los salarios dejados de percibir desde su pase a retiro, esgrimió que tal petición debe ser desechada “pues no resulta ajustado a derecho reenganchar a un funcionario cuando los hechos que se le imputa[n] al acto mediante el cual se le retiró de la Administración, no han sido demostrados”.

En cuanto a la indemnización por daño moral, manifestó que conforme a la doctrina de esta Sala no es resarcible el daño cuyo objeto indemnizatorio comporte una actividad de naturaleza ilícita por parte de los pretendidos afectados y, en tal virtud, pidió fuese declarada sin lugar tal pretensión.

Finalmente, con base a los argumentos antes expuestos solicitó la representación del Ministerio Público que fuese declarado sin lugar el presente recurso de nulidad.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de realizar cualquier otra consideración, debe la Sala conocer de la declaratoria de incompetencia sobrevenida solicitada por la Procuraduría General de la República, visto que ello constituye un asunto de orden público.

Sobre el particular, es menester destacar que en sentencia conjunta N° 1871 del 26 de julio de 2006, caso: Edgar Eduardo Galavit Avella, esta Sala Político-Administrativa, ante el vacío legislativo referido al retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público de los miembros de la Fuerza Armada Nacional y mientras se dictare la ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, consideró necesario delimitar en forma transitoria las competencias que deben ser asumidas por los órganos jurisdiccionales relacionados con dichos funcionarios, de acuerdo con el grado o jerarquía militar que ostenten, en todos los componentes militares e independientemente del órgano del cual emane el acto administrativo.

Por ello, se estableció en dicha sentencia que esta Sala a partir del 1° de octubre de 2006, sólo debe conocer y decidir las acciones o recursos interpuestos en los casos de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de Oficiales y Suboficiales Profesionales de Carrera de la Fuerza Armada Nacional y los Juzgados Contencioso Administrativo regionales deben conocer y decidir en primera instancia las acciones o recursos interpuestos en los casos de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de Tropa Profesional, personal activo de la Reserva Nacional y de la Guardia Nacional y las Cortes de lo Contencioso Administrativo como tribunales de segunda instancia.

En el presente caso se trata de tres Distinguidos de la Guardia Nacional, cargo correspondiente al personal de Tropa Profesional de dicha Fuerza, no obstante, la Sala observa que en la oportunidad de la interposición del recurso, es decir, el 10 de noviembre de 2004, el criterio para determinar la competencia del órgano jurisdiccional para conocer asuntos como éste, se regía de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 42, concatenado con el artículo 43 ambos de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis, el cual establecía: “Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: (…) 10.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos individuales del Poder Ejecutivo Nacional (…)”.

En el caso de autos, se ha interpuesto un recurso de nulidad por el silencio administrativo del Ministro de la Defensa, que operó con motivo de la no respuesta del recurso jerárquico incoado individualmente supuestamente por cada recurrente contra los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399, GN-8398 y GN-8397 de fecha 15 de marzo de 2004, dictados por el Comandante General de la Guardia Nacional, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro por medida disciplinaria, de los cargos que como Distinguidos ejercían en ese componente militar; por consiguiente, al formar el Ministro de la Defensa parte del Poder Ejecutivo Nacional y en atención al principio de perpetuatio fori, previsto en al artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por disposición expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la competencia para conocer del caso bajo análisis le corresponde a esta Sala. Así se declara.

Una vez resuelto lo anterior, antes de entrar a conocer de los alegatos formulados por los recurrentes, considera la Sala necesario examinar, una vez más, los supuestos relativos a la admisibilidad del presente recurso, en virtud de ser éste un supuesto de orden público revisable en cualquier grado y estado de la causa. En tal sentido se observa:

Tal como se indicara precedentemente, la apoderada judicial de los recurrentes alegó que sus representados intentaron el presente recurso de nulidad en virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio de los recursos jerárquicos interpuestos por éstos individualmente supuestamente, ante el Ministro de la Defensa el 26 de mayo de 2004, contra los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399, GN-8398 y GN-8397, dictados por el Comandante General de la Guardia Nacional el 15 de marzo de 2004, correspondientes, en ese orden, a los ciudadanos Roger L. Moreno Manzabel, Tulio R. Barreto y Willyams R. Maury Verenzuela, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro, por medida disciplinaria, de los cargos que como Distinguidos ejercían en ese componente militar.

Ahora bien, de la revisión de los elementos contenidos en el expediente así como de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de la Defensa, se pudo comprobar que sólo consta en autos los escritos contentivos de los recursos jerárquicos ejercidos por los ciudadanos Roger L. Moreno Manzabel y Tulio R. Barreto, donde, respectivamente, se distingue un sello húmedo correspondiente a la Dirección de Secretaría del Ministerio de la Defensa y una fecha de recepción correspondiente al 26 de mayo de 2004.

No obstante lo anterior, esta Sala advierte que en el escrito recursivo interpuesto por los accionantes, la apoderada judicial de éstos indicó que “En vista del silencio administrativo, mis poderdantes procedieron, entonces, a interponer EL RECURSO JERÁRQUICO, también a CIEGAS, por ante el Ministro de la Defensa, en fecha 26 de Mayo del (sic) 2.004, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo lo cual se evidencia de los anexos Marcados ‘L’ ‘M’ y ‘N’, dentro del lapso legal (…)”. (Destacado del escrito, folio 7).

Así las cosas, se aprecia que los anexos a los cuales alude la apoderada actora correspondientes a las letras “L” y “M” son los escritos contentivos de los recursos jerárquicos correspondientes a los ciudadanos Roger L. Moreno Manzabel (folios 71 al 79) y Tulio R. Barreto (folios 80 al 83), respectivamente. Sin embargo, el anexo identificado bajo la letra “N”, al cual correspondería el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano Willyams R. Maury Verenzuela no fue consignado en la oportunidad de interponerse el presente recurso de nulidad.

Asimismo, se debe destacar que a pesar de haber indicado la aludida abogada que junto al escrito presentado se anexaban los respectivos recursos jerárquicos, ésta sostuvo en dicha oportunidad igualmente que “En virtud de que mi representado WILLIAMS MAURY VERENZUELA, ya identificado, consignó el debido Recurso Jerárquico, por ante el Ministerio de la Defensa / Consultoría Jurídica, Dirección de Secretaría, en fecha 26 de Mayo del (sic) 2.004, sin que el órgano receptor le haya firmado la copia respectiva, pido se oficie a dicha Oficina, a los efectos que remitan Copia Certificada del mismo”. (Folio 19).

En tal virtud, se observa que de los dichos de la apoderada actora se deriva que ésta no consignó constancia alguna de la cual se desprendiera la efectiva interposición por parte del prenombrado ciudadano del recurso jerárquico ante el Ministro de la Defensa, alegando al efecto que al momento de su presentación no le fue firmado al accionante la copia del recurso interpuesto.

Adicionalmente, es oportuno señalar que en el escrito de promoción de pruebas presentado por los actores el 2 de marzo de 2006, se invocó el “VALOR Y MÉRITO de los Recursos Jerárquicos de fecha 26 de Mayo de 2.004, dentro del lapso legal, consignados en el libelo de la demanda marcado (sic) letras ‘L’, ‘M’ y ‘N’”, sin añadir petición alguna respecto a la solicitud que originalmente se había requerido para que fuese oficiado el Ministerio de la Defensa a fin que remitiera copia del recurso jerárquico del ciudadano Willyams R. Maury Verenzuela. (Folio 146).

Por otra parte, de las actas que conforman las actuaciones administrativas relativas al presente caso remitidas por el Consultor Jurídico del Ministerio de la Defensa (recibido el 28 de junio de 2006), se comprobó que no hay constancia en el referido expediente de haber sido presentado por el prenombrado recurrente el recurso jerárquico contra el acto administrativo identificado con las letras y números GN-8397, dictado por el Comandante General de la Guardia Nacional el 15 de marzo de 2004, mediante el cual se ordenó su pase a situación de retiro por medida disciplinaria.

Efectuadas las anteriores precisiones, resulta indudable para esta Sala que i) el ciudadano Willyams R. Maury Verenzuela el 23 de abril de 2004 interpuso el recurso de reconsideración contra el acto administrativo identificado con las letras y números GN-8397, dictado por el Comandante General de la Guardia Nacional el 15 de marzo de 2004 (folios 62 al 70), y ii) que el prenombrado ciudadano no consignó durante la sustanciación del presente juicio, documento alguno del cual se desprenda el efectivo ejercicio por parte de éste del recurso jerárquico ante el Ministro de la Defensa.

Siendo ello así, y no obstante que, a la vista del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el agotamiento de la vía administrativa actualmente no es una causal de inadmisibilidad, en la presente oportunidad debe reiterarse que en casos como el de autos donde la parte actora opta por interponer los recursos administrativos, esta Sala ha sostenido la necesidad que sea demostrada la realización de dichos recursos.

En efecto, sobre el particular es importante destacar, entre otras, lo dispuesto en la sentencia N° 94 del 30 de enero de 2007, a saber:

 “De la revisión efectuada sobre la sentencia objeto de apelación, observa la Sala que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo fundamentó su decisión en el análisis del contenido del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, visto a la luz de la jurisprudencia de esta Sala así como del criterio vinculante de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Conforme a dichos criterios, se dejó sentado que es optativo para el particular acceder, a su elección, a la vía administrativa o a la vía contencioso-administrativa, pero que una vez elegido el uso de la vía administrativa, ésta debe ser agotada.

En atención a lo indicado, considera pertinente la Sala transcribir el contenido del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

…omissis…

De la transcripción del aparte quinto del artículo 19 de la Ley que rige las funciones del Máximo Tribunal, se observa que el agotamiento de la vía administrativa no constituye un requisito de admisibilidad para los recursos contencioso administrativos de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares, como sí lo establecía expresamente el numeral 2 del artículo 124 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Respecto a este particular, se pronunció esta Sala Político Administrativa en sentencia del 29 de septiembre de 2004, caso: Juan Romero y otros vs. Contralor General de la República, al establecer que el uso previo de la vía administrativa no era un obstáculo para la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra los actos de efectos particulares.

Asimismo, la Sala Constitucional, en interpretación del mencionado criterio de esta Sala, sostuvo en sentencia del 16 de diciembre de 2004, caso: María Dorila Canelón y otros vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que el acceso previo a la vía administrativa era opcional para el recurrente, pero que en caso de haberse utilizado dicha vía, era impretermitible su agotamiento antes de acudir a la vía contencioso administrativa.

Asimismo, esta Sala ha puntualizado, además, que el agotamiento de la vía administrativa, en caso de haberse optado por su uso, no solamente entraña la interposición de los recursos administrativos pertinentes, sino que es fundamental para acudir a los órganos jurisdiccionales que el órgano administrativo haya dado respuesta definitiva al recurso incoado o, en su defecto, haya operado el silencio administrativo negativo (vid. sentencia del 23 de noviembre de 2005, caso: Teresa de Jesús Centeno de Díaz vs. Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui y sentencia del 4 de octubre de 2006, caso: El Ranchón de Abreu, C.A. vs. Ministro de Infraestructura).

En este orden de ideas, cabe resaltar que la fundamentación empleada por la jurisprudencia antes reseñada para establecer en los casos objeto de los señalados pronunciamientos el agotamiento de la vía administrativa, cuando el particular hubiere optado por acudir a ella, se asienta en un criterio de respeto a principios adjetivos, tales como el de economía y eficacia del proceso.

Dichos principios procesales –se afirma en el los referidos fallos- podrían verse afectados si se relajara el señalado criterio en cuanto al uso de la vía administrativa, por cuanto a pesar de haberse eliminado la obligatoriedad de su agotamiento, ‘carecería de sentido y sería contrario a los mencionados principios de economía y eficacia del proceso, que se movilice por medio del ejercicio del derecho de acción todo el aparato jurisdiccional, con miras a obtener un pronunciamiento acerca de la legalidad de dicha actuación, cuando lo cierto es que la misma no comporta el carácter de definitiva, por estar sometida a un proceso de revisión por parte de la propia Administración y del cual puede resultar la revocatoria o confirmatoria del acto’. (vid. sentencia de esta Sala, caso: Teresa de Jesús Centeno de Díaz).

Asimismo, se ha mantenido como uno de los criterios jurisprudenciales de esta Sala que admitirse a los particulares la libre facultad para ejercer y agotar los recursos administrativos, podría suscitar decisiones contradictorias entre el juez y la autoridad administrativa, ya que mientras el órgano jurisdiccional pudiera estarse pronunciando en el sentido de establecer la ilegalidad o inconstitucionalidad de la actuación sometida a su control, la Administración, por su parte, pudiera también estar ratificando por vía del recurso de reconsideración o jerárquico el acto administrativo de primer grado; supuesto en el cual tendríamos un segundo acto vigente, ausente de control judicial y revestido por demás de una presunción de veracidad (vid. sentencia referida precedentemente).

Conforme a lo expuesto, observa la Sala que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, aplicó correctamente los criterios jurisprudenciales precedentemente aludidos, manteniendo el orden procesal y la vigencia de los principios adjetivos que informan el proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, motivando debidamente su actuación en la sentencia apelada.

En efecto, el mencionado órgano jurisdiccional expuso previamente en la parte motiva de su decisión (sentencia apelada) la exclusión legislativa de la carga del recurrente de acudir previamente a la vía administrativa a fin de tener acceso a la vía contencioso administrativa, siendo facultativo para el particular acudir a la Administración o a los Tribunales, para luego puntualizarse en el fallo apelado el criterio jurisprudencial conforme al cual el particular, una vez que haya optado por hacer uso de la vía administrativa, debe agotarla como un requisito de admisibilidad a la jurisdicción contencioso administrativa; razonamiento este plenamente congruente y armónico con los mencionados criterios jurisprudenciales.”

 

Adicionalmente, debe señalarse que todo recurso de nulidad debe estar sustentado en los instrumentos fundamentales que permitan declarar su admisibilidad, en este sentido se ha precisado que si bien el proceso constituye el instrumento idóneo para la realización de la justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 257 de la Constitución, la exagerada relajación de las formas procesales puede llevar, en algunos casos, a injusticias mayores que el cumplimiento mismo de ellas, llegándose inclusive, en algunos extremos, al fraude procesal. (Vid., sentencia de esta Sala N° 795 del 5 de junio de 2002, ratificada en sentencia N° 2270 del 18 de octubre de 2006.)

Asimismo, conforme a lo previsto en el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, las causales de inadmisibilidad de las demandas, solicitudes o recursos que se intentaren ante este órgano jurisdiccional, son las siguientes:  

“Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada”. (Destacado agregado por esta Sala).

 

Conforme a las doctrinas y la norma antes reseñada, y en consideración a que fue alegado -más no demostrado- en autos el efectivo ejercicio del recurso jerárquico ante el Ministro de la Defensa, debe concluirse que el recurso de nulidad interpuesto es inadmisible, sólo en lo que respecta a la pretensión de nulidad del acto administrativo identificado con las letras y números GN-8397, dictado por el Comandante General de la Guardia Nacional el 15 de marzo de 2004, mediante el cual se ordenó el pase a situación de retiro por medida disciplinaria del ciudadano Willyams R. Maury Verenzuela, al no poder esta Sala suplir una obligación que, a fuerza de la Ley, corresponde a la parte actora como presupuesto para la admisión de su acción. Así se declara.

Dilucidado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad de los ciudadanos Roger L. Moreno Manzabel y Tulio R. Barreto, respecto de los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399 y GN-8398, dictados por el Comandante General de la Guardia Nacional el 15 de marzo de 2004, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro por medida disciplinaria, de los cargos que como Distinguidos ejercían en ese componente militar. Así se declara.

Al respecto, se observa que los actos cuya legalidad debe revisarse fueron dictados como consecuencia de una averiguación circunscrita a determinar la veracidad de las denuncias relativas a extorsión formuladas por los representantes de la sociedad mercantil Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, C.A., con ocasión de un registro de morada efectuado en la sede de dicha empresa por la presunta existencia de elementos de interés criminalístico, donde participaron todos los actores en su condición de Distinguidos de la Guardia Nacional, así como el Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cárdenas. En tal sentido, debe acotarse que los actos recurridos están fundamentados en los mismos hechos y que, por tal virtud, los recurrentes fundamentaron sus pretensiones anulatorias alegando idénticos vicios respecto de cada uno de los actos atacados, relativos a:

1) Violación del derecho al debido proceso y a la defensa, i) por fundamentarse la actuación administrativa en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, el cual consideran inconstitucional, ii) por no permitírseles el acceso al expediente contentivo de la investigación y violentarse el derecho de sus mandantes a estar informados y iii) por no cumplirse las formalidades que respecto a la notificación de los actos administrativos establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos;

2) Vicio de falso supuesto de hecho, por considerar errada la constatación, apreciación y calificación de los presupuestos de hecho que dieron origen al procedimiento abierto; y

3) Violación del derecho al trabajo, por haber sido dados de baja y retirados del organismo donde prestaban servicios.

Adicionalmente, la apoderada judicial de los actores solicitó fuese condenada la República por órgano del Ministerio recurrido, al pago de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,00), “a razón de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES por cada uno de mis representados”, en virtud de las circunstancias del retiro del componente militar, el perjuicio que -según afirma- se causó a sus grupos familiares, así como a su moral y reputación.

Una vez expuesto lo anterior, esta Sala pasa a decidir el recurso de nulidad interpuesto, y a tal efecto observa:

1. De la inconstitucional aplicación del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6

Sobre el particular, sostuvo la apoderada de los recurrentes que tanto el procedimiento administrativo como los actos impugnados fueron dictados con fundamento en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, el cual -según afirma- viola los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto a su entender dicha normativa resulta inaplicable “al oponerse a estos derechos, amén de que el mismo ni siquiera ha sido publicado en Gaceta Oficial”.

Al respecto, se observa que esta Sala mediante decisión Nº 467 del 27 de marzo de 2001, recaída en el caso: Adalberto Rivas y otros vs. Ministerio de la Defensa, estableció que el citado Reglamento en virtud de su origen histórico y dada su estructura y finalidad, responde a las notas de un decreto-ley, equiparable en el rango normativo con una ley formal por lo que así debe ser considerado. En cuanto a la ausencia de su publicación en la Gaceta Oficial, señaló que en virtud que este instrumento desde su emisión fue y ha sido del conocimiento de sus destinatarios, la finalidad de la publicación está cumplida.

Este criterio que ha sido reiterado desde entonces, entre otras, en las siguientes decisiones Nos. 50, 804, 2587, 4913 y 2475 de fechas 22 de enero de 2002, 3 de junio de 2003, 8 de diciembre de 2004, 13 de julio de 2005 y 9 de noviembre de 2006, respectivamente, oportunidades en las que se ha indicado: 

“(…) esta Sala se ha pronunciado en diversos fallos, acerca de la validez y eficacia del Reglamento de Castigos Disciplinario N° 6, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.507, de fecha 16 de agosto de 2002, señalando como dicho cuerpo normativo ha encontrado plena vigencia en el marco de la Constitución de 1999, así como los actos dictados con fundamento en éste se inscriben dentro del marco vigente y aplicable ordenamiento jurídico. En efecto, en sentencia N° 00467 de fecha 27 de marzo de 2001, (caso: Adalberto Rivas y otros vs. Ministerio de la Defensa) la Sala efectuó un análisis del referido cuerpo normativo a los fines de establecer las razones históricas y jurídicas por las cuales su aplicación y eficacia resultaban plenamente procedentes en el marco de la Constitución actual.

En el referido fallo se señaló por una parte, que conforme a su origen histórico, como por su estructura y contenido, el reglamento responde a un decreto-ley, equiparable en el rango normativo actual a una ley formal y así debe ser considerado, al ser dictado por el órgano que para aquel momento tenía las funciones legislativas. (…)

Ratificando el criterio antes expuesto, debe esta Sala desechar el alegato formulado por el actor, relativo a la invalidez e ineficacia del referido Reglamento, toda vez que éste es válido y aplicable a los militares, aun antes de su publicación en la Gaceta Oficial, siendo que la orden de su publicación se hizo no para convalidar su eficacia, sino para disipar posibles dudas y contribuir a una mayor seguridad jurídica.” (Destacado agregado en el presente fallo, Sentencia N° 2475 del 9 de noviembre de 2006).

 

De acuerdo a lo establecido por esta Sala en el criterio antes transcrito, resulta improcedente la denuncia bajo estudio relativa a la violación de los derechos al debido proceso y a la defensa por la falta de publicación en la Gaceta Oficial del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6. Así se declara. 

2. De la violación del derecho al debido proceso y a la defensa por no permitirse el acceso al expediente administrativo

Alegó la apoderada actora, que una vez que sus mandantes “comparecieron ante dicho Órgano Instructor, y rindieron su (sic) respectivas declaraciones, JAMÁS pudieron tener acceso al Expediente N°. CR2/GAES/SP-001-03, que es el que contiene las actuaciones Administrativas solicitados en más de una oportunidad, a los fines de imponerse de las Actas que contenían el Expediente Administrativo en cuestión”. Asimismo, añadió que no se les permitió la lectura de las actuaciones administrativas ni presentar los testimonios que consideraban pertinentes, es decir, que ejercieron los recursos administrativos “A CIEGAS SIN CONOCER EL CONTENIDO DE LA CAUSA EN CUESTIÓN”.

De tales argumentos se desprende que se denuncia la violación del derecho constitucional al debido proceso, particularmente a su vertiente referida al derecho a la defensa. Dicha violación se produce cuando los interesados carecen o se les cercena la posibilidad de conocer y participar en el procedimiento al que se les somete, a presentar alegatos o contradecirlos, así como aportar, controlar y contradecir pruebas, de recurrir la decisión que afecte sus intereses o, en general, disminuírseles en el goce y ejercicio de las facultades procesales tendientes a permitírseles traer la verdad a los autos.

A fin de verificar si en efecto sucedieron las irregularidades apuntadas por los actores, resalta la Sala que de las actas del expediente administrativo consta lo siguiente:

a) Actas de notificación de derechos de fecha 5 de noviembre de 2003, dirigidas a los Distinguidos (GN) Roger Moreno Manzabel y Tulio R. Barreto, respectivamente, suscritas por los referidos ciudadanos, mediante las cuales se les informó que “será[n] sometido a proceso de Investigación Administrativo (sic) por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de faltas militares graves y en la misma se determinará el grado de responsabilidad del antes mencionado efectivo militar, de acuerdo a los elementos probatorios lícitos que arroje la presente averiguación, todo de conformidad a lo contemplado con el Reglamento de Castigo Disciplinario (sic) N° 6, Art. 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. (Folios 16 al 21)

b) Actas de fecha 6 de noviembre de 2003, donde se dejó constancia que los Distinguidos (GN) Roger Moreno y Tulio Barreto, respectivamente, se presentaron en la sede del Comando Regional N° 2, Grupo Antiextorsión y Secuestro “EN COMPAÑÍA DE SU ABOGADA LA DRA. GRACE MATILETH RODRÍGUEZ (…) CON LA FINALIDAD DE REVISAR LAS ACTAS DE DENUNCIA IMPUESTA EN CONTRA DE LOS EFECTIVOS (…) LAS CUALES DIERON ORIGEN A LA AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA NRO. GAES-2-SP-001-03, DICHAS ACTAS UNA VEZ REVISADA (sic) Y LEÍDAS, SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA”. (Folios 26 y 27).

c) Boletas de citación de fecha 5 de noviembre de 2003, dirigidas a los Distinguidos (GN) Roger Moreno y Tulio Barreto, respectivamente, suscritas por los referidos ciudadanos, mediante las cuales se les requirió su presencia en calidad de infractores para el día 6 del mismo mes y año, ante el Comando Grupo Antiextorsión y Secuestro N° 2 asistidos por sus respectivos abogados de confianza, “a fin de rendir entrevista en relación a: Informe Administrativo N° GAES-2-SP-001, relacionado con la presunta comisión de faltas militares graves y faltas al deber militar, como consecuencia de las denuncias de los ciudadanos ALFANO VANAGELITS CARLOS GREGORIO (…) y DARÍO VICENTE CARPICO DUBAUSKAS”. (Folios 169 y 179).

d) Actas de entrevistas de fecha 6 y 7 de noviembre de 2003, mediante las cuales se recogieron los testimonios brindados por los Distinguidos (GN) Roger Moreno y Tulio Barreto, suscritas por éstos, respectivamente, en presencia de sus abogados. (Folios 171 al 177, y 182 al 191).

e) Actas del Consejo Disciplinario Nos. 13-2003 y 14-2003, de fecha 26 de diciembre de 2003, mediante las cuales el Consejo Disciplinario del Comando Regional N° 2, en presencia de los Distinguidos (GN) Tulio Barreto y Roger Moreno, respectivamente, efectuó un análisis de los hechos investigados concluyendo al efecto que “[los] referido[s] efectivo[s] no justifica[n] su permanencia en la fuerza y, en consecuencia se pronuncia en recomendar que el DG. (GN) (…) sea pasado a la situación de retiro de la institución, por medidas disciplinarias, de conformidad con lo dispuesto en el literal ‘e’ del artículo 56 del Reglamento de Calificación de Servicio y Evaluación y Ascenso para el Personal de Tropa Profesional y Alistada de la Fuerza Armadas Nacionales”. (Folios 332 al 335 y 336 al 339).

De una simple lectura de las actuaciones antes descritas, las cuales como se señaló anteriormente son parte integrante del expediente administrativo, se desprende que los recurrentes tuvieron conocimiento del procedimiento desde su inicio hasta la oportunidad de la imposición de la sanción, pues se verifican en autos las notificaciones respectivas para el inicio de la averiguación administrativa a la que fueron sometidos, así como su participación en la investigación y sustanciación del expediente, donde constan los testimonios que presentaron, entre otros actos procesales.

Aún más, se aprecia de las actas que conforman el expediente administrativo que los recurrentes poseían conocimiento del procedimiento iniciado, toda vez que estaban al tanto de los hechos investigados y de las faltas que les fueron imputadas; así como también se hace patente el ejercicio, en las oportunidades procesales correspondientes, de los recursos administrativos y contenciosos administrativos que la Ley otorga para impugnar los actos que consideran lesivos a sus derechos e intereses.

Por otra parte, no consta en los autos elemento probatorio alguno que sustente las alegaciones referentes a la conducta desplegada por las autoridades castrenses, de no permitirles a los recurrentes o a sus abogados acceso a las actas del expediente.

Por las razones antes expuestas, debe esta Sala desechar la denuncia formulada. Así se declara.

3. Del incumplimiento de las formalidades para la notificación de los actos administrativos

Sostuvo la apoderada actora, que sus representados el 4 noviembre de 2003 recibieron una boleta de notificación “a los efectos de que compareci[eran] ante el Comando Grupo Anti-Extorsión y Secuestro N° 2, del Comando Regional N° 2, adscrito a la Guardia Nacional (...) sin anexar dicha notificación EL TEXTO ÍNTEGRO DEL ACTO, SIN CONOCER LOS HECHOS NI CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUÁLES ERAN REQUERIDOS, NI EL NUMERO DE LA CAUSA O EXPEDIENTE”, permitiéndose que se llevara a cabo un procedimiento sin que se cumplieran las formalidades que respecto a la notificación de los actos administrativos establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En cuanto al alegato esgrimido, debe la Sala reiterar en esta oportunidad el criterio que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido en innumerables ocasiones, según el cual, los vicios en la notificación e incluso la ausencia de ésta, no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento, por cualquier medio, de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer las pruebas y alegatos que considerase pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada.

Adicionalmente, se aprecia que consta a los folios 16 al 21 las Actas de notificación de derechos de fecha 5 de noviembre de 2003, dirigidas a los Distinguidos (GN) Roger Moreno Manzabel y Tulio R. Barreto, respectivamente, suscritas por los referidos ciudadanos, mediante las cuales se les informó que “ser[ían] sometido[s] a proceso de Investigación Administrativo (sic) por encontrarse presuntamente incurso[s] en la comisión de faltas militares graves y en la misma se determinará el grado de responsabilidad del antes mencionado efectivo militar, de acuerdo a los elementos probatorios lícitos que arroje la presente averiguación, todo de conformidad a lo contemplado con el Reglamento de Castigo Disciplinario (sic) N° 6, Art. 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Asimismo, en dicha oportunidad se les indicó a los recurrentes como causa de la investigación, el contenido de los artículos 16, literal “b” del artículo 109, numerales 2 y 3 del artículo 116, numerales 2, 3, 4, 7, 17, 21 y 46 del artículo 117, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 114 del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, por lo que constata esta Sala que sí se cumplieron las formalidades que respecto a la notificación de los actos administrativos establecen los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual debe desecharse el argumento expuesto al respecto. Así se declara.

4. Del vicio de falso supuesto de hecho

Señaló la apoderada judicial de los recurrentes que existen vicios que afectaron la constatación, apreciación y calificación de los presupuestos de hecho que dieron origen al procedimiento abierto contra sus mandantes, por lo que los actos impugnados adolecen del vicio en la causa. Asimismo, alegó que el referido vicio se configura cuando la Administración no prueba -o lo hace inadecuadamente- dichos hechos.

Según criterio de la Sala, el falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; y cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho, lo cual acarrearía la anulabilidad del acto.

Seguidamente, debe la Sala entrar a analizar las pruebas cursantes en el expediente administrativo y, determinar, si efectivamente, el órgano recurrido incurrió en el vicio de falso supuesto, al basarse en hechos falsos, tal como lo denuncian los actores.

En el caso de autos los hechos que dieron lugar a la medida disciplinaria impuesta a los recurrentes, se originaron en las denuncias interpuestas ante el Comando Regional N° 2 de la Guardia Nacional por los ciudadanos Darío Vicente Carpico Dubauskas y Carlos Giorgio Alfano Vanagelits, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.734.192 y 7.019.437, respectivamente, contra los efectivos militares Sargento Segundo (GN) Daniel Moncada Cárdenas, Distinguidos (GN) Willyams Maury Verenzuela, Tulio Rafael Barreto y Roger Moreno Manzabel. (Folios 5 al 9 y 11 al 12 del expediente administrativo). Los hechos denunciados fueron expuestos de la siguiente manera en los actos recurridos:

el 16 de Octubre de 2003, los ciudadanos Darío Vicente Carpico Dubanskas, Cédula de Identidad N° V-10.743.192, y Carlos Gregorio Anfano Vanageltis, Cédula de Identidad N° V-7.019.437, interpusieron una denuncia ante el Comando Regional Nro. 2, en contra de los efectivos militares S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, DG (GN) TULIO RAFAEL BARRETO, DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, quienes se presentaron a la Empresa Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, ubicada en Maracay Estado Aragua, para realizar una visita domiciliaria a dichas Empresas, a fin de practicar un registro de morada por cuanto se presumía que en dichas direcciones existían elementos de interés Criminalísticos (140 reses en canal) producto de un delito contra la propiedad, procedimiento éste que fue autorizado en fecha 03SEP03, por el Juzgado 1ero (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y de manera arbitraria al llegar a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, desarmaron al personal de vigilantes privados e incomunicaron al personal de empleados y obreros, reteniéndoles los teléfonos celulares y concentrando al personal en el patio central y paralizando la matanza o actividades en las empresas comerciales. Luego inspeccionaron los cuartos fríos, sala de matanza y cavas, sin localizar indicios delictivos en materia de 140 reses en canal procedente de robo o hurto, posterior a la inspección al no encontrar indicios delictivos procedieron a realizar una inspección Fiscal a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, detectando un libro foliado de actividades bancarias que le faltaban siete (07) folios, en vista de las infracciones fiscales comenzaron a presionar, diciendo que iban a llamar a un fiscal tributario, motivado a que esto constituía un delito flagrante, el cual ameritaba ir preso inmediatamente, manifestaron que podían arreglar la situación monetariamente exigiendo cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00) para solventar la situación, para luego llegar a un acuerdo de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) ya que realmente tenían paralizada toda la Empresa y para poner fin a la presión y acto de terrorismo impuesto por los efectivos, se llegó al acuerdo de entregar el dinero en efectivo el día 05SEP03, a las 09:00 horas de la mañana, el día acordado como a las 06:00 horas de la mañana llega el DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA, en un vehículo Fiat Uno color blanco, como a las 11:00 horas de la mañana se terminó de completar los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) los cuales fueron entregados al S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS, DG (GN) WILLIAMS MAURY VERENZUELA y los otros efectivos, antes de retirarse los funcionarios amenazaron verbalmente, diciendo que mosca con hacer algún comentario, y que regresarían el día 10-09-03, ese día se presentó a la Empresa el S/2 (GN) DANIEL MONCADA CARDENAS y el DG (GN) ROGEL MORENO MANZABEL, exigiendo la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) por la empresa particular que poseen los denunciantes, manifestando que la parte del Frigorífico estaba solvente con los sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00) de bolívares (sic) ya cancelados y que faltaba el arreglo de la distribuidora de carnes, cancelándole los veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00) al S/2 (GN DANIEL MONCADA CARDENAS”.

 

Ahora bien, los elementos probatorios utilizados por la Administración para la comprobación de las circunstancias antes expuestas, fueron recogidos en el Informe Administrativo N° GAES-2-SP-001-03 del 24 de noviembre de 2003, elaborado por el Mayor (GN) Segundo Comandante del Grupo Antiextorsión y Secuestro N° 2 de la Guardia Nacional (folios 299 al 318), en el cual se presentan las conclusiones y recomendaciones relativas a la averiguación efectuada. De acuerdo a los elementos contenidos en autos, en el referido informe se concluyó lo siguiente:

“Que los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER, MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, no se encontraban autorizados, por el Abg. Pedro Antonio Linares, Juez 1° de Control del Circuito Penal del Edo. Aragua, para efectuar una orden de registro de morada en el Matadero Industrial de Maracay, ya que la misma establece que debe practicarse por funcionarios adscritos a la Sección de Inteligencia de la 1ra. Cia. Del Destacamento N° 21, de la Guardia Nacional de Venezuela y estos cuatro efectivos se encontraban adscritos para el momento de los hechos al Destacamento N° 24, de la Guardia Nacional de Venezuela.

Que los efectivos DTG. MORENO MANZABEL ROGER, GTG MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, no se encontraban autorizados, por la Abg. Verónica Castro Osorio, Juez 4° de Control del Circuito Judicial Penal del Edo. Aragua, para efectuar una orden de registro de morada en la calle Bermúdez, frente al centro comercial Valle Lindo, Turmero Edo. Aragua, ya que la misma establece que debe practicarse por funcionarios de la Guardia Nacional adscritos al destacamento N° 21, Primera Compañía, con funcionarios del DIM y estos cuatro efectivos se encontraban adscritos para el momento de los hechos al Destacamento N° 24, de la Guardia Nacional de Venezuela.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, se encontraban ejecutando procedimientos fuera del área jurisdiccional de su comando natural sin autorización de sus Comandantes de Compañías respectivos y más aún, sin la respectiva boleta de comisión y oficio de presentación, en vehículos particulares y sin armamento orgánico de la unidad a la cual se encuentran adscritos, motivado a que el armamento utilizado por estos dos efectivos durante el allanamiento a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, fue solicitado en el comando de la 1ra. Cia. Del Destacamento N° 21, según se puede verificar de la entrevista tomada al C/2. MÁXIMO PÉREZ WATEIMA y copias del libro de control de armamento tipo pistola, folio N° 152 y 153, y libro de control de armamento tipo U.Z.I. folio 52 y 53 y los efectivos S/2. MONCADA CÁRDENAS DANIEL Y DTG. MORENO MANZABEL ROGER, se trasladaron a esta empresa comercial en un vehículo Doged Ram, placas 560-KAC. Propiedad del Sargento en cuestión, sin armamento y sin ningún tipo de autorización de su comando natural.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, inicialmente seleccionan a los ciudadanos CONTRERAS ÁNGEL MARÍA y RAMÍREZ TORO YSAC DE JESÚS, para que fungieran como testigos presenciales del allanamiento efectuado a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, a quienes realizaron acta de entrevista, pero en el acta de visita domiciliaria y acta procesal del mencionado allanamiento, aparecen como testigos presenciales las ciudadanas DORIS NOHEMY ESCOBAR SCOTT y MIRNA CARRILLO, ambas empleadas de dicha empresa, no tomando en cuenta a los ciudadanos tomados inicialmente para tal fin.

Los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER, DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, el día 5 de septiembre del 2003, visitan la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, con el fin de retirar 60 millones de bolívares, negociando con los propietarios de este establecimiento comercial, ciudadanos ANDRÉS DARÍO CARPICO Y CARLOS ALFANO VANAGELITS, en presencia del Dr. ANDRÉS DARÍO URDANETA, consultor jurídico de dicha empresa, a fin de evitar el cierre de la misma y la detención infraganti de estos dos propietarios, socios de este matadero, según las denuncias formuladas por estos ciudadanos y actas de entrevistas rendidas por los ciudadanos Dr. Andrés Darío Urdaneta, Doris Noemí Escobar Scout, Freddy Ricardo Alfano y Argenis Eduardo Nieves, empleados del mencionado Frigorífico.

Que los ciudadanos ANDRÉS DARÍO CARPICO Y CARLOS ALFANO VANAGELITS, consignaron recibos de pago a nombre de Alfacar C.A. N° (…) y facturas de compras N° (…) donde se reflejan la cantidad de sesenta millones de bolívares recavados para efectuar el pago a los efectivos S/2. MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER, DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, a fin de evitar el cierre de la empresa y la detención infragantes de estos dos propietarios de mencionada (sic) empresa por irregularidades en materia fiscal y tributaria, localizadas por estos efectivos militares.

Que los ciudadanos ANDRÉS DARÍO CARPICO Y CARLOS ALFANO VANAGELITS, consignaron arqueo de caja, de fecha 5 de noviembre de 2003 firmado por el Lic. Javier Medina, Contador Público, donde se detectó una diferencia en la cobranza de la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, por la cantidad de sesenta millones de bolívares, reflejando que por autorización del SR. ANDRÉS DARÍO CARPICO, dicha cantidad de dinero fue destinada para cancelar la solicitud hecha por los efectivos de inteligencia de la Guardia Nacional que ejecutaron el allanamiento en mencionado (sic) Frigorífico Industrial.

Los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER, el día 4 de septiembre en horas de la tarde, realizaron inspección fiscal a la empresa ‘Romal Aragua’ la cual funciona dentro de las instalaciones de la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, quienes le exigieron a la ciudadana MARÍA ISABEL GUERRA VILLAMIZAR, propietaria de dicha empresa, la cantidad de 2 millones de bolívares, por no elaborar actuaciones respectivas por infracciones localizadas en materia fiscal y tributaria, suma de dinero que recibieron estos efectivos, según consta en el acta de entrevista rendida por la mencionada ciudadana el día 12 de noviembre del presente año.

El efectivo DTG. MORENO MANZABEL ROGER, el día 5 de octubre en horas de la mañana, realizó inspección Fiscal a la Empresa propiedad del ciudadano Rafael Humberto Calabria Sierra, la cual se encuentra ubicada dentro de la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, obteniendo como resultado que dicha empresa no posee ninguna clase de permisología para su funcionamiento, motivo por el cual exigió al ciudadano antes mencionado, la cantidad de 150 mil bolívares, para no efectuar las actuaciones respectivas, cantidad que fue entregada para solventar esta situación, según acta de entrevista rendida por el ciudadano Rafael Humberto Calabria Sierra, el día 14 de noviembre del año 2003.

Los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG MORENO MANZABEL ROGER, realizaron inspección fiscal y tributaria a la empresa ‘Cárnicos Aragua’, propiedad del ciudadano Carlos José Bruguera, la cual se encuentra ubicada dentro de la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, a quien le exigieron productos procesados del cerdo, según consta en el acta de entrevista rendida por este ciudadano, en fecha 12 de noviembre del presente año y nota de entrega N° 1524, de la empresa Cárnicos Aragua C.A., donde se estipula como cliente a la Guardia Nacional.

El día 10 de septiembre del presente año, el S/2. MONCADA CÁRDENAS DANIEL y DTG. MORENO MANZABEL ROGER, se presentan en la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, con el fin de recibir la cantidad de 20 millones de bolívares, por parte del ciudadano Andrés Darío Carpico, como arreglo de las infracciones halladas por estos efectivos a la distribuidora de carne, propiedad de este ciudadano, la cual funciona dentro de la Beneficiadora Industrial. Según denuncia formulada por el señor Andrés Darío Carpico, acta de entrevista de la señora Doris Noemí Scout, Argenis Eduardo Nieves y Freddy Ricardo Alfano.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS Y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, se presentan en la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, con el fin de ejecutar un allanamiento en materia de ubicar elementos de interés Criminalístico, en relación a 140 reses en canal, producto de un delito contra la propiedad (robo), pero al no obtener ningún indicio, solicitan el apoyo al S/2. Moncada Cárdenas Daniel y Dtg. Moreno Manzabel Roger, para ejecutar una inspección en materia fiscal y tributaria, procedimiento no amparado en la respectivo Orden de allanamiento expedida por el tribunal, y sin la respectiva autorización de su comando natural, además de no poseer boleta de comisión y oficio de presentación de la unidad que emite la orden para ejecutar el procedimiento en cuestión.

Que los efectivos militares DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS Y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, en compañía de dos agente de la red de inteligencia, abusando de su condición de militar e identificándose como efectivos de la División de Inteligencia del Comando Regional N° 2, desarman al personal de vigilancia interna, incomunican al personal de empleados y obreros reteniéndoles los teléfonos celulares y aislándolos en el patio central de la empresa, además de paralizar las actividades en la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, creando un clima de amedrantamiento (sic) y zozobra, según se puede verificar en la actas de las entrevistas tomadas al personal de empleados de dicha empresa y a los efectivos militares C/2 MÁXIMO PÉREZ WATEIMA y C/2 AGUILERA AQUINO ANDRÉS JAVIER, situación que fue rotundamente negada por los dos efectivos involucrados en este caso, falseando la verdad de los hechos acaecidos en esta empresa.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, mienten descaradamente en las actas de entrevistas tomadas en presencia de la Dra. GRACE MATILETH RODRÍGUEZ (…) abogado de confianza, al manifestar que se trasladaron para realizar el allanamiento a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, en un vehículo taxi, color blanco, de los llamados patas blancas, motivado a que el traslado para este procedimiento, lo ejecutaron en un vehículo marca Fiat, de color blanco, lo cual se puede verificar en la boleta de comisión, elaborada por el C/1 Orellana Ismael, denuncia de los dos propietarios y actas de entrevistas tomadas a los empleados de mencionada (sic) Beneficiadora.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, mienten descaradamente al manifestar en las respectivas entrevistas que el armamento utilizado para ejecutar el allanamiento en la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, se encontraba asignado a su unidad natural, (Destacamento N° 24). Motivado a que fue solicitado al comando de la 1ra. Cia. del Destacamento N° 21, como se puede verificar en las copias del libro de control de armamento tipo U.Z.I. folios 52 – 53, y libro de control de armamento tipo pistola P.G.P. 9mm. Folios 152 – 153, y en la entrevista tomada al C/2 (GN) MÁXIMO PÉREZ WATEIMA de fecha 13 de noviembre de 2003.

Que los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENA DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER, DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, mienten descaradamente en las respectivas actas de entrevistas, al asegurar que no se efectuó inspección en materia fiscal y tributaria a la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay y demás empresas que laboran dentro de este establecimiento comercial, igualmente los efectivos MAURY VERENZUELA WILLIAMS y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, aseguran el no haber visitado este establecimiento comercial el día 05 de septiembre del presente año, lo que es totalmente falso según consta en las denuncias formuladas por los propietarios y demás empleados de dicho establecimiento, además del libro de novedades diarias de este mismo local comercial.

Que los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL y DTG. MORENO MANZABEL ROGER, admiten haber visitado la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, en fecha 05 de de septiembre del año en curso, justificando su visita en continuar con el allanamiento, cuestión que es totalmente falsa ya que el día anterior 04 de septiembre. Según acta de visita domiciliaria, acta procesal del procedimiento, entrevista de los testigos presenciales CONTRARAS ÁNGEL MARÍA y RAMÍREZ TORO YSAC DE JESÚS, culminó ese mismo día en horas de la tarde.

Que el S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, admite haber visitado la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay, el día 10 de septiembre del año 2003, con la finalidad de verificar algunos establecimiento que hubiesen normalizado la situación de las guías de compra y movilización de ganado, irregularidad que no reflejo (sic) en las actuaciones elaboradas de este procedimiento, y el DTG. MORENO MANZABEL ROGER, manifiesta no recordar si asistió ese mismo día a este establecimiento comercial, pudiéndose verificar en el libro de novedades diarias de la Beneficiadora Industrial y Frigorífico Maracay la visita de estos dos efectivos, y que según denuncia del ciudadano ANDRÉS DARÍO CARPICO, asistieron con el fin de cobrar veinte millones de bolívares por infracciones en materia fiscal, localizadas a la distribuidora de carne personal del ciudadano antes mencionado.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS, DTG. MORENO MANZABEL  y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, mienten descaradamente en la actas de entrevistas respectivas, al asegurar que no se realizo (sic) allanamiento el día 16 de septiembre del presente año, al Matadero Industrial de Turmero, lo que se puede verificar en las entrevista (sic) tomadas a los funcionarios C/1. ORELLANA MUÑOZ ISMAEL, C/2. RANGEL GUZMÁN GONZALO Y DTG. DETANCOURT CARRILLO JUAN, además del libro de novedades diarias de este matadero en los folios 491- 492 – 493, donde se refleja el procedimiento ejecutado, reincidiendo en falsear la verdad nuevamente al asegurar que en los allanamientos ejecutados en los frigoríficos Industriales de Maracay como en el de la población de Turmero no asistieron Agentes de Inteligencia, versión que se puede evidenciar en las entrevistas tomadas al personal de efectivos que asistieron de seguridad a estos procedimientos adscritos a la primera Compañía del Destacamento N° 21.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS, DTG. MORENO MANZABEL y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, niegan rotundamente en las actas de entrevistas respectivas, haber realizado inspección en materia fiscal y tributaria, al Frigorífico Industrial de Turmero, la cual se ejecuto (sic), según consta las entrevista (sic) tomadas a los funcionarios C/1. ORELLANA MUÑOZ ISMAEL y C/2. RANGEL GUZMÁN GONZALO, y hoja de solicitud de requerimientos fiscales y tributarios de fecha 16/09/2003, firmada por el DTG. MORENO MANZABEL ROGER.

Que los efectivos DTG. MAURY VERENZUELA WILLIAMS, DTG. MORENO MANZABEL y DTG BARRETO TULIO RAFAEL, aseguran en las actas de entrevistas respectivas, que dicho allanamiento al Frigorífico Industrial de Turmero, no se llevo (sic) a efecto, motivado a que la comisión de apoyo de la 1ra. Cia. del Destacamento N° 21, se retiro (sic) del sitio sin causa justificable, situación que es totalmente falsa ya que el C/1. ORELLANA MUÑOZ ISMAEL, al reverso de la boleta de comisión elaborada señala que el procedimiento no se efectuó ajustado a derecho, por cuanto la orden de allanamiento estaba dirigida a la revisión de ganado en pie y no a una visita de tipo fiscal, el acta de visita domiciliaria fue firmada por testigos presenciales adscritos a la empresa y no los que seleccionaron inicialmente (AJENOS A LA EMPRESA), igualmente los efectivos integrantes de la comisión de inteligencia del Comando Regional N° 2, se marcharon de las instalaciones del Matadero dejando abandonada a la comisión de apoyo en el lugar.

Que los efectivos S/2 MONCADA CÁRDENAS DANIEL, DTG. MORENO MANZABEL ROGER y DTG. BARRETO TULIO RAFAEL, en las respectivas actas de entrevistas cuando se les pregunta sin (sic) participaron en la visita de inspección fiscal efectuada a la Distribuidora Gran Éxito C.A. ubicada en la ciudad de Maracay, Edo. Aragua, responden que no la pueden responder por que no guarda relación con la presente averiguación administrativa, dicha visita de inspección se puede constatar en el acta de entrevista tomada al CAP. (GN) HERNÁNDEZ DA COSTA DELIO AMADO, plaza del Destacamento N° 21, y copia del acta de verificación fiscal N° CR2/EM/DI-183-03”.

 

Ahora bien, de la revisión del análisis pormenorizado efectuado por la Administración al momento de evaluar los hechos objetos de investigación, esta Sala pudo corroborar las afirmaciones efectuadas en el informe supra transcrito, cotejándolos con los elementos contenidos en el expediente administrativo sustanciado. 

Por lo tanto, se concluye que la Administración efectuó una correcta apreciación y calificación de los hechos derivados de la conducta asumida por los recurrentes y aplicó las normas jurídicas que al efecto consideró pertinentes. Es decir, la investigación se abrió por hechos originados en la conducta asumida por los actores y que dieron razones suficientes a la Administración para calificarlas dentro de los dispositivos legales que se prevén para esos casos, situación que conduce a desestimar la denuncia de falso supuesto de hecho alegada. Así se declara.

5. De la violación del derecho al trabajo

Adicionalmente, sostuvo la apoderada judicial de los recurrentes que con la actuación de la Administración se le estaría violentado a sus mandantes el derecho al trabajo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 89 de la Constitución, por haber sido dados de baja y retirados del organismo donde prestaban servicios.

Respecto a la presunta violación del derecho al trabajo, resulta pertinente señalar que, tal como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, éste no es un derecho absoluto, pues se encuentra sometido a ciertas limitaciones legales autorizadas por el propio constituyente. Siendo ello así, en el caso bajo examen estima la Sala que el mencionado derecho no se ha infringido por cuanto las sanciones dictadas contra los ciudadanos Roger Moreno Manzabel y Tulio Rafael Barreto no le impiden procurarse una ocupación productiva, dentro de las condiciones previstas en las leyes.

Adicionalmente, es pertinente destacar que las medidas disciplinarias de pase a situación de retiro de las cuales fueron objeto los recurrentes, fueron adoptadas previa sustanciación de un procedimiento administrativo en el cual se verificó que habían infringido con su conducta normas inherentes a la vida militar, tipificadas como faltas graves, que ameritaban la imposición de dicha sanción, razón por la que resulta improcedente la denunciada violación del derecho al trabajo, siendo que el cese de sus funciones se produjo como consecuencia de su actuación. (Al respecto ver sentencia N° 623 del 25 de abril de 2007).

Aunado a ello, debe advertirse que si bien el Estado debe procurar que toda persona apta pueda obtener un trabajo que le proporcione una existencia digna y decorosa, sin embargo, ello no representa que necesariamente este logro dependa únicamente del cargo ejercido por ella en dicha institución. En consecuencia, se desestima la denuncia bajo análisis. Así se declara.

Finalmente, se debe destacar que la representación del Ministerio Público en la oportunidad de emitir su opinión en relación al presente juicio, sostuvo que debe ser declarada sin lugar la denuncia relativa a la violación del derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, presuntamente esgrimida por los recurrentes. No obstante, se aprecia que tal alegato no fue sostenido por los actores, razón por la cual no procede pronunciamiento alguno sobre el particular.

Desechados como han sido los argumentos de los accionantes, esta Sala debe declarar sin lugar el presente recurso de nulidad y así finalmente se declara.

VI

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano WILLYAMS R. MAURY VERENZUELA, contra el acto administrativo identificado con las letras y números GN-8397 de fecha 15 de marzo de 2004, dictado por el COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL.

2. REVOCA el auto de fecha 18 de octubre de 2005, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, sólo respecto de la admisión del recurso interpuesto por el ciudadano Willyams R. Maury Verenzuela.

3. SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por los ciudadanos ROGER L. MORENO MANZABEL y TULIO R. BARRETO, contra los actos administrativos identificados con las letras y números GN-8399 y GN-8398 de fecha 15 de marzo de 2004, dictados por el COMANDANTE GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Asimismo, notifíquese a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo establecido en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En trece (13) de junio del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00964.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN