SALA ACCIDENTAL

Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. Nº 2000-0906

 

El 28 de agosto de 2000, la abogada ALCAHALIZ ANTONIA MORALES DE ROSALES, titular de la cédula de identidad N° 3.146.255 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 12.618, actuando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra la decisión de fecha 22 de mayo de 2000, dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, a través de la cual se le sancionó con destitución del cargo de Juez Décimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y de cualquier otro cargo que desempeñase en el Poder Judicial, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

El 1° de septiembre de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco, a los fines de decidir la acción de amparo cautelar.

El 6 de septiembre de 2000, la parte recurrente presentó escrito de reforma al recurso de nulidad interpuesto.

El 17 de abril de 2001, en virtud de la reconstitución de la Sala, fue reasignada la Ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, ordenándose la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.

El 26 de abril de 2001, la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero se inhibió de conocer la presente causa, siendo declarada con lugar el 10 de mayo de ese mismo año.

En fecha 25 de mayo de 2001, fue convocado el Primer Suplente, el cual presentó excusa el 29 de ese mismo mes y año, procediéndose a convocar al Primer Conjuez, quien aceptó conocer de la causa el 14 de junio de 2001.

El 28 de junio de 2001, se constituyó la Sala Accidental para conocer de la presente causa, y en la misma fecha se designó Ponente al Magistrado Conjuez Alfredo Enrique Morles Hernández.

Mediante sentencia N° 1316 de fecha 12 de noviembre de 2002, esta Sala admitió el recurso de nulidad y declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, ordenando remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El 9 de enero de 2003, el Juzgado de Sustanciación ordenó oficiar a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a los fines de solicitarle el expediente administrativo correspondiente.

Por Oficio N° 012-2003 de fecha 13 de febrero de 2003, el Presidente del mencionado organismo remitió, en anexo, el expediente administrativo solicitado.

El 18 de febrero de 2003, visto el Oficio antes referido, el Juzgado de Sustanciación ordenó agregarlo a los autos y formar pieza separada con las actuaciones administrativas recibidas.

Por auto de fecha 19 de marzo de 2003, el Juzgado de Sustanciación ordenó la notificación del Fiscal General de la República y de la Procuradora  General de la República, y acordó librar el cartel de emplazamiento a los interesados, de conformidad con lo dispuesto el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, ordenó oficiar al Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, remitiéndole copia certificada de dicho auto.

En fechas 21 y 22 de mayo de 2003, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de las notificaciones practicadas a la Procuradora General de la República y al Fiscal General de la República.

El 17 de junio de 2003, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento, el cual fue retirado en esa misma fecha por la recurrente.

Por auto del 19 de junio de 2003, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia que el 18 de ese mismo mes y año la parte recurrente consignó un ejemplar de la publicación del cartel de emplazamiento en el Diario Últimas Noticias.

El 17 de julio de 2003, el Juzgado de Sustanciación se reservó hasta el día siguiente a aquel en que venciera el lapso de promoción, el escrito de pruebas presentado por la parte recurrente.

El 23 de julio de 2003, la abogada María Isabel Arteaga Díaz, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 87.522, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, consignó escrito de promoción de pruebas.

Por autos separados de fecha 19 de agosto de 2003, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por las partes y ordenó la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se cumplió en fecha 8 de octubre de ese mismo año.

Concluida la sustanciación, por auto del 22 de octubre de 2003, se ordenó pasar las actuaciones a la Sala.

El 18 de mayo de 2004, se dio cuenta en Sala y se fijó el quinto (5°) día de despacho para comenzar la relación.

En fecha 27 de mayo de 2004, comenzó la relación de la causa y se fijó la oportunidad para llevarse a cabo el acto de informes, el cual tendría lugar el décimo (10°) día de despacho a las 10.00 a.m.

Por auto del 22 de junio de 2004, fue diferido el acto de informes para el 8 de julio de ese mismo año, a las 10.00 a.m.

Mediante escrito de fecha 8 de julio de 2004, el abogado Antonio José Reyes V., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.749, actuando con el carácter de representante de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, consignó poder que acreditaba su representación.

En esa misma fecha, oportunidad fijada para que tuviera lugar el Acto de Informes, comparecieron ambas partes y se dejó constancia de la presentación del escrito respectivo por parte de la accionada.

El 13 de julio de 2004, la parte recurrente presentó escrito de informes, solicitando le fueran pagados los salarios dejados de percibir.

El 25 de agosto de 2004, terminó la relación de la causa y se dijo “VISTOS”.

Mediante diligencias de fechas 15 de marzo, 29 de septiembre y 27 de octubre de 2005, la parte recurrente solicitó se dictara sentencia en la presente causa.

Por auto del 27 de octubre de 2005, se dejó constancia que en fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

El 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

El 29 de noviembre de 2005, la parte recurrente solicitó se dictara sentencia en la presente causa.

Habiéndose declarado con lugar la inhibición de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y en virtud del cambio de los suplentes por la nueva constitución de la Sala, se efectuaron las convocatorias respectivas a los fines de seguir conociendo del recurso de nulidad. Quedando el 1° de febrero de 2006, definitivamente constituida la Sala Accidental de la siguiente manera: Presidenta Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, Vicepresidente Magistrado Levis Ignacio Zerpa, Magistrados: Hadel Mostafá Paolini, Emiro García Rosas; Magistrado Suplente: Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, ratificándose la Ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

El 22 de febrero de 2006, la parte recurrente consignó recaudos del tiempo de servicio prestados a la Administración Pública, así como los cargos desempeñados.

En fecha 14 de marzo de 2006, la parte recurrente solicitó se dictara decisión en la presente causa.

Por escrito de fecha 29 de marzo de 2006, la accionante dejó constancia de la consignación de los antecedentes de servicios prestados en la Administración Pública, además, solicitó le fueran pagados sus salarios dejados de percibir.

I

Alegatos de la parte Recurrente

La abogada Alcahaliz Antonia Morales de Rosales, actuando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la decisión de fecha 22 de mayo de 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a través de la cual se le sancionó con destitución del cargo de Juez Décimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Señaló en el escrito libelar, así como en su ampliación, lo siguiente:

Que el 3 de mayo de 2000, recibió una comunicación sin número de fecha 4 de abril de ese mismo año, por medio de la cual el ciudadano René Molina Galicia, en su condición de Inspector General de Tribunales, le notificó de la apertura en su contra de “UN PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN”.

Señaló que una de las razones que le imputan es el hecho de haber acordado indebidamente un beneficio de libertad a un reo, “solo con vista al Expediente administrativo que reporta su condición de interno en el Internado Judicial Capital El Rodeo, excediéndose en su potestad JURISDICCIONAL y actuando fuera de su competencia, por cuanto no era [ella] quien se encontraba bajo el conocimiento de la causa”.

Indicó que con esa “afirmación, denota una grave desinformación acerca de las Condiciones y Requisitos establecidos en la Ley de Régimen Penitenciario para la Concesión de los Beneficios de Pre-Libertad, así como las medidas que fueron tomadas por la extinta Asamblea Nacional Constituyente a través de la COMISIÓN DE EMERGENCIA PENITENCIARIA, cuando en fecha 1 de octubre [de 1999] se APROBÓ, EL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DEL PAÍS, CREANDO UNA COMISIÓN INTER INSTITUCIONAL DESTINADA A LA EJECUCIÓN DEL MISMO, HABIENDO SIDO MI PERSONA DESIGNADA PARA CONSTITUIRSE EN EL INTERNADO JUDICIAL REGIÓN CAPITAL EL RODEO I, Según Oficio N° 1265-99, de fecha 5-10-99, suscrito por la Presidenta del Hoy extinto Consejo de la Judicatura, con el fin de tomar medidas a los fines de Solucionar y enfrentar los problemas penitenciarios”. (Subrayado del texto).

Continuó expresando que de todas las actividades que le correspondió conocer, está el caso del ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, “quien reunía y reúne el PERFIL requerido por nuestro ordenamiento jurídico para ser acreedor de un BENEFICIO DE PRE LIBERTAD y para concederle el mismo”.

Asimismo indicó, que la referida medida “solamente” implica un beneficio, el cual puede ser “DESTACAMENTO DE TRABAJO o un RÉGIMEN ABIERTO”, mediante el cual el penado se mantiene bajo vigilancia supervisada “ya que no existe libertad plena sólo se le concede realizar una labor, un oficio, ejercer una profesión”, en el sitio de destacamento que le sea asignado.

Señaló, que el mencionado ciudadano realiza labores en el Comando de la Segunda Compañía del Destacamento N° 55 del Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional, con sede en el Internado Judicial Región Capital, el Rodeo II, “y lo único que hace, es dormir en un área aparte DENTRO del Recinto Carcelario, a los fines de proteger su integridad Física”.

Acotó, que al momento de otorgar la referida medida de Pre-Libertad como lo es el Destacamento de Trabajo, “tomé en cuenta los siguientes estamentos legales que son de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de parte de los Jueces de Ejecución…”, por una parte, el artículo 7 de la Ley de Régimen Penitenciario del 8 de julio de 1981, vigente a la fecha de aplicación para el otorgamiento del referido beneficio, así como los artículos 68, 72 y 74 de la aludida Ley. Asimismo, hizo mención a los artículos 65 y 67 de la actual Ley de Régimen Penitenciario del 19 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.975 de esa misma fecha.

Después de transcribir cada uno de los mencionados artículos, indicó que “en la Antigua Ley de Régimen Penitenciario del año 1981 y su actual reforma del año 2000, no han variado los conceptos básicos en lo que atañe al otorgamiento del Destacamento de Trabajo”.

Señaló, que de acuerdo con las mencionadas normas legales, así como del Informe Social y Psicológico practicados en la persona del ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, “el primero en fecha 25/01/00, días antes de otorgar el Beneficio de Destacamento de Trabajo, y el último el 3/03/2000 fecha en que se otorgó el citado beneficio, tenemos que la progresividad carcelaria, es el crecimiento, mejoramiento, florecimiento, prosperidad, desarrollo y/o avance del penado dentro del Establecimiento Penal, en el cual se encuentra recluido”.

Acotó, que en todas nuestras Cartas Magnas ha sido y sigue siendo “un derecho preponderante el derecho a la Vida, así como el respeto a la Dignidad Humana. En ese sentido, es determinante, la idea de rehabilitación y Reinserción Social de la persona que ha delinquido…”.

Expresó, que uno de los elementos más relevantes del acto administrativo impugnado, es aquel que señala que “abusó del poder y de la autoridad de la que [se] encontraba investida”. Con relación a este punto, refirió que el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla las facultades que le corresponden a los Tribunales de Ejecución.

Continuó afirmando que en el acto donde se le destituye se señala, entre otras cosas, que el tantas veces mencionado beneficio había causado conmoción “y que debió ser tratado con mucho cuidado”, indicando al respecto que “todos los casos deben ser tratados de igual forma por el Mandato Constitucional de IGUALDAD ANTE LA LEY”.

Sostuvo, que el acto impugnado señaló asimismo “que el penado ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ no le correspondía el BENEFICIO POR MI OTORGADO, toda vez que el mismo procedía a partir del 11 DE MAYO DEL AÑO 2001 (…). Esto se CONTRADICE ABIERTAMENTE con el Informe suscrito por la Inspectora Comisionada ponente, OBVIO QUE MI PERSONA, como punto previo al otorgamiento del beneficio, aplicó las disposiciones contenidas en la LEY DE REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO. Aplicando tal disposición, se sumó a la Pena en concreto de dos (02) años y diez (10) meses”. (Resaltado del escrito).

Acotó, que otros de los puntos por los cuales fue destituida lo constituyó el hecho que actuó “pasando por encima del Juez que tenía a su cargo la Ejecución de la Sentencia y haber transgredido las normas y hacer caso omiso a la obligación de verificar el Informe psicológico como la información que pudo haberlo aportado el Juez que llevaba el Expediente”.

Señaló, que el beneficio otorgado por ella pudo haber sido objeto bien sea “de apelación o bien de un conflicto de competencia, cuestiones estas que no sucedieron”, señalando que la referida decisión fue revisada por el Fiscal Décimo del Ministerio Público del Estado Miranda con competencia en materia de Régimen Penitenciario, “manifestando su tácita conformidad al no ejercer el recurso de Apelación, y en segundo lugar el Juez Quinto (5to) de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, desconocía las COMISIONES OTORGADAS PARA ACTUAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ASÍ COMO TAMPOCO PLANTEÓ EL CONFLICTO DE COMPETENCIA, sino que por el contrario, un mes después de haber otorgado el Beneficio, dicta la ‘Insólita Decisión’ de anular un Beneficio en forma inexplicable, cuando debió plantear este conflicto ante la Corte de Apelaciones y no lo hizo, por lo tanto su acto es inejecutable”.

Mencionó, que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial “pretende señalar, por encima de la Ley, el camino a seguir por los Ciudadanos Jueces de Ejecución, violando con esta situación la Autonomía de los Jueces, perfectamente establecida en el Artículo 4 del Código Procesal Penal”, no correspondiéndole a la referida Comisión atribuirse funciones jurisdiccionales al querer revisar un dictamen que fue conocido por el Ministerio Público, que en ningún momento ejerció el recurso de apelación, “por el contrario, el Representante de la Vindicta Pública en la persona del ciudadano FISCAL DÉCIMO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE RÉGIMEN PENITENCIARIO, elevó a conocimiento de su superior un informe mediante el cual manifiesta su total ACUERDO y conformidad con la decisión por [ella] tomada”.

Solicitó, que de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se declare nula la decisión recurrida, por haber sido dictada por una autoridad manifiestamente incompetente para sancionar la conducta que se le imputó, “ya que dicha conducta que la Comisión sancionó como ilícita se corresponde con aspectos de carácter meramente jurisdiccional”.

Refirió, que si bien a la mencionada Comisión le corresponde el ejercicio de la actividad disciplinaria, “no es menos cierto que dicha autoridad no puede intervenir y sancionar la Actividad Jurisdiccional del Juez, entrando al conocimiento de la interpretación de la Norma Jurídica”.

Acotó, que al haber acordado un beneficio de acuerdo con la Ley “si la Comisión no estuvo de acuerdo, lo menos que tendría que haber hecho es llamarme y solicitar una aclaratoria al respecto, pero todo lo contrario, no se me permitió el derecho a la defensa; sólo se me destituyó sin contar con la autonomía e independencia de los jueces…”, destacando asimismo que en ningún momento se analizaron las pruebas, limitándose a cuestionar un beneficio ajustado a derecho, haciendo por tanto, ineficaz cualquier pronunciamiento al respecto.

De igual forma, indicó que el acto impugnado es inmotivado, al afirmar “que el ilícito disciplinario configurado por [sus] actuaciones en el expediente (…) caso de marras lesiona la respetabilidad y Majestad del Poder Judicial presente en el artículo 44 numeral 2 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento en que ocurrió el otorgamiento del beneficio en cuestión”, sin expresar, de qué manera quedó lesionada la respetabilidad y majestad de la institución “ni en qué consiste el gravamen grave de la dignidad del Poder Judicial, lo cual es de obligatorio señalamiento ya que ello constituye la motivación de la decisión y mas aún cuando se trata de la sanción más grave como es la Destitución”.

Asimismo, señaló que la mencionada Comisión no analizó las declaraciones de los testigos promovidos por su persona, los cuales sustentaban sus alegatos y pruebas “de lo que tantas veces afirmé el porque  otor[gué] el beneficio de acuerdo a la Ley”.

Finalmente, indicó que la Comisión de Reestructuración del Sistema Judicial vulneró los principios constitucionales previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al debido proceso, derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y el derecho a ser oído, así como los previstos en el artículo 60 eiusdem, referidos a la protección a su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

Por las razones antes expuestas, solicita que el presente recurso de nulidad sea declarado con lugar, y como consecuencia, anuladas la decisión recurrida.

II

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

 

El acto administrativo cuya nulidad se solicita, parcialmente dispone lo siguiente:

“REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

 Caracas, 22 de mayo de 2000

190º y 141º

(…)

Al analizar y comparar los elementos que cursan en autos, resultan comprobados los siguientes hechos:

Del estudio de las actas integrantes del presente expediente, se pudo constatar según se desprende del folio 571 (tercera pieza) que en fecha 03 de febrero de 2000 la Jueza encausada otorgó un beneficio de Pre-Libertad por Destacamento de Trabajo al ciudadano ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ, quien cumplía pena de presidio por la comisión del delito de Homicidio Calificado previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal Venezolano, en perjuicio de la ciudadana CARLA MALDONADO ROLON (occisa), dicha causa era conocida por el Juzgado Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas bajo el expediente N° 5E/942-99.

Para decidir sobre el beneficio mencionado, la Jueza Décima de Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en lugar de solicitarle la remisión del expediente al Juez Quinto de Ejecución, recabó copia certificada de la sentencia contentiva de la condena contra el convicto y del auto de ejecución de la misma, las cuales le fueron remitidas y con vista a ello y del informe social, psicológico y previo otorgamiento de la redención de la pena conforme a lo previsto en la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el estudio  y todas las constancias  que supuestamente demostraban su progresividad intramuros, aprobó la libertad del ciudadano ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ. La encausada no tomó en cuenta las normas relativas a la competencia que necesariamente imperan en el proceso penal.

El controversial beneficio lo otorga la Jueza encausada sobre la base de estar autorizada para ello por el Plan de Atención Integral para la Población Penal del País emanado de la Comisión de Emergencia Penitenciaria y de la Comisión de Emergencia Judicial. Sin embargo, no existió orden que le permitiera decidir causas previamente asignadas a otros jueces y es obvio que el simple llamado  a participar en el diagnóstico de casos penitenciarios, de lo que efectivamente se trató, no puede servir de base ni justificar la extralimitación de funciones y el abuso de autoridad por parte de los jueces encargados de ejecutarlo y llevarlo a cabo. En tal sentido, es evidente del análisis del caso que por una parte, la aludida Jueza era manifiestamente incompetente para conceder el beneficio otorgado por corresponder el conocimiento de la causa a otro Tribunal de Ejecución, y por la otra, que al penado ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ, no le correspondía para esa fecha el beneficio otorgado, lo que se desprende del oficio de fecha 02 de marzo de 2000 emanado de la Coordinación Regional de Tratamiento no Institucional de la Región Capital del Ministerio de Justicia cursante al folio 413 de la segunda pieza del expediente, mediante el cual luego de haber sido hecho el cómputo de Ley por parte de ese organismo, se evidencia que ese beneficio sólo procedería a partir del 11 de mayo de 2001.

Tal actuación de la Jueza encausada configura a juicio de esta Comisión, una clara y evidente extralimitación en sus funciones y abuso de autoridad, dado que, como ha sido señalado, en primer lugar actuó con manifiesta incompetencia y en segundo lugar concedió un beneficio no ajustado a derecho, violando con su proceder las reglas del debido proceso que debe ser el punto cardinal de las actuaciones de todos los Jueces de la República. (…) En forma alguna puede interpretar un funcionario judicial que las órdenes dadas por este organismo incluyan actuar fuera de la Ley, pues por el contrario, la idea y razón de ser de la anterior Comisión de Emergencia Judicial y de esta Comisión de Reestructuración del Sistema Judicial, ha sido rescatar al máximo y en el menor tiempo posible el respeto a las leyes y al estado de derecho de la República. Si bien la jueza encausada fue llamada a atender la emergencia penitenciaria, ello no le autorizó para actuar por vía ilegal y decidir el caso del ciudadano ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ de forma arbitraria, sin recabar el expediente de manos del juez que lo conocía y sin examinar la totalidad de los recaudos y elementos que determinaban la procedencia del beneficio solicitado por el convicto, lo cual representó una flagrante extralimitación en sus funciones y abuso de autoridad, por lo que se considera procedente sancionar a la ciudadana ÁLCAHALIS MORALES ROSALES, Jueza Décima de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por encontrarse incursa en el ilícito disciplinario contemplado en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, normas éstas que prevén la sanción de destitución del cargo y así se decide”.

 

III

DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO POR

LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

 

Luego de referir a los antecedentes del caso, esto es, a los hechos y actuaciones que dieron lugar al acto administrativo objeto del presente recurso, el abogado Antonio José Reyes Valbuena, actuando con el carácter de representante de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, señaló lo siguiente:

Que consta en el expediente disciplinario que el 28 de mayo de 1998, el Juzgado Superior Décimo Cuarto Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que había recibido el expediente en consulta, sentenció y condenó al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, a veintitrés (23) años de presidio, por la comisión del delito de homicidio calificado, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 408, ordinal 2° del Código Penal.

Aduce que, dicho expediente fue remitido a la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, la cual declaró perecido el recurso y lo remitió a la oficina distribuidora, que a su vez lo envió el 2 de febrero de 2000, al Juzgado Quinto de Ejecución, el cual en esa misma fecha dictó el auto de ejecución de la sentencia e hizo el cómputo del tiempo de detención del penado, siendo que para esa fecha era de cuatro (4) años y cinco (5) días.

Señaló, que consta asimismo que el 3 de febrero de 2000, la ciudadana Alcahaliz Morales, en su carácter de Juez Décimo de Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “redimió la referida pena en un año y diez meses y dio la orden de pre-libertad con el beneficio de Destacamento de Trabajo al penado, librando la respectiva orden de excarcelación, todo ello, por considerar, de la revisión del expediente administrativo del penado Zonder Ramírez, que se habían cumplido todos los requisitos de Ley para el otorgamiento de este beneficio”.

Indicó, que en virtud de la referida decisión la madre de la “menor ultimada”, así como la Procuradora de Menores, solicitaron ante el Juzgado Quinto de Ejecución “la revocatoria del beneficio otorgado”.

Sostuvo, que el 2 de marzo de 2000, el Juzgado Quinto de Ejecución “declaró ineficaz-Nula” la decisión del Juzgado Décimo de Ejecución que decretó la medida de pre-libertad y ordenó la inmediata detención del penado, remitiendo la respectiva boleta de encarcelación.

Afirmó, que la sentencia definitivamente firme condenatoria a la pena corporal de 23 años de presidio impuesta, al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, por haber dado muerte a la “menor” Carla Melisa Maldonado, “le correspondía dar cumplimiento al Juez Quinto de Ejecución en ejercicio de sus atribuciones”, por lo que la Jueza Décima de Ejecución no podía ordenar un beneficio, ya que no tenía facultades para ello, ya que si bien es cierto que a la mencionada Jueza se le había conferido la tarea de realizar una inspección carcelaria, “la misma debió enviar el respectivo informe al Juez de Ejecución que tenía a su cargo el cumplimiento de la sentencia de dicho penado”; agregó que la protección de los derechos humanos del penado “no puede hacerse en abstracción de los Derechos de la víctima…”.

            Acotó, con relación al tiempo requerido para aplicar las disposiciones de Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, que cursa al folio 413 del expediente administrativo, Oficio emanado de la Coordinación Regional de Tratamiento no Institucional de la Región Capital del Ministerio de Justicia, del cual se evidencia que el referido beneficio otorgado el 3 de febrero de 2000, “sólo procedería a partir del 11 de mayo de 2001, todo eso aunado a la incompetencia de la Juez ÁLCAHALIS MORALES para conocerlo, siendo que el conocimiento de la causa le correspondía a otro Tribunal de Ejecución”.

Expresó, con relación al alegato de la recurrente según el cual la decisión recurrida fue dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, que el Tribunal Supremo de Justicia dictó la normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.014 del 15 de agosto de 2000, que establece en el artículo 30 de sus Disposiciones Transitorias y Finales lo siguiente: “… la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración… sólo tendrá a su cargo funciones disciplinarias, mientras se dicta la legislación y se crean los correspondientes Tribunales Disciplinarios…”, resultando evidente de lo transcrito, la competencia de la Comisión para dictar el acto sancionatorio, ya que para la fecha en que se dictó el acto recurrido la potestad sancionatoria que ejercía la mencionada Comisión, la facultaba “para examinar y analizar, no la forma y circunstancias de la función ni las actuaciones jurisdiccionales de los Jueces, sino el ejercicio diáfano de la justicia (…) y en el presente caso está suficientemente probado en el procediendo disciplinario instruido que la ciudadana ÁLCAHALIS MORALES incurrió en abuso o exceso de poder…”.

Respecto al alegato de la recurrente relativo a que la Comisión en ningún momento realizó un análisis de las pruebas, sino se limitó a cuestionar un beneficio ajustado a derecho, indicó que en la página 4 del acto recurrido, se evidencia que el referido órgano hace referencia a las defensas presentadas por la recurrente, lo que demuestra que los mismos fueron “oídos  y valorados por este órgano colegiado, en la oportunidad correspondiente”, por lo que el vicio alegado de inmotivación debe ser desestimado, “ya que resulta evidente que conocía los motivos que sustentan la decisión recurrida…”.

En lo que se refiere a la alegada violación de los derechos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señaló que la actora “conocía el fundamento de los actos por los cuales fue destituida del cargo que ocupaba como Juez Décima de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no sólo porque se desprende del acto administrativo sancionatorio, sino porque también la recurrente hace referencia a ellos en su libelo y demás escritos presentados durante la sustanciación del procedimiento disciplinario”.

Por las razones antes expuestas, solicita que se declare improcedente el presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la abogada Alcahaliz Morales de Rosales, actuando en su propio nombre, contra la decisión de fecha 22 de mayo de 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a través de la cual se le sancionó con destitución del cargo de Juez Décimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y de cualquier otro cargo que desempeñase en el Poder Judicial, por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

            En primer lugar denuncia la recurrente que el acto administrativo impugnado debe ser declarado nulo de conformidad con el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo, por haber sido dictado por una autoridad manifiestamente incompetente para sancionar la conducta que le fue imputada, “ya que dicha conducta que la Comisión sancionó como ilícita se corresponde con aspectos de carácter meramente jurisdiccional”.

            Al respecto, atendiendo al vicio alegado por la actora según el cual la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial era incompetente para analizar su actividad jurisdiccional, debe precisarse que la competencia ha sido definida como la capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por ley. De allí, que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal.

            Por tanto, determinar la incompetencia de un órgano de la Administración, supone demostrar que ésta ha actuado sin que medie un poder jurídico previo que legitime su actuación; en este sentido, sólo de ser manifiesta la incompetencia, ella acarrearía la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Establecido lo anterior, a los fines de determinar si efectivamente la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial era competente para aplicar dicha sanción, debe señalarse que el Decreto sobre Régimen de Transición del Poder Público, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente en fecha 22 de diciembre de 1999, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.859 de fecha 27 del mismo mes y año, dispone en su artículo 24, lo siguiente:

“La competencia disciplinaria judicial que corresponde a los Tribunales disciplinarios, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de acuerdo con el presente régimen de transición y  hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislación que determine los procesos y tribunales disciplinarios”.

 

Al respecto, esta Sala en diversos fallos ha indicado que “el examen de la disciplina de los jueces incluye la revisión de aspectos jurisdiccionales, aun cuando vinculando este examen a la idoneidad del funcionario para continuar en el ejercicio de su cargo, dada la responsabilidad que supone la función de juzgar. (Sentencia Nº 000401 de fecha 18 de marzo de 2003, caso: Inspectoría General de Tribunales).

De tal manera que conforme a la jurisprudencia de esta Sala, no le está vedado a la Comisión en el ejercicio de su potestad disciplinaria analizar las sentencias o actos dictados por los jueces, siempre que limite su examen a la idoneidad del funcionario tanto en lo moral como en lo profesional.

Dicho esto, a juicio de la Sala, la Comisión en el caso de autos actuó en ejercicio de una competencia claramente atribuida al sancionar a la actora por considerar que otorgó un beneficio no ajustado a derecho, “violando con su proceder las reglas del debido proceso que debe ser el punto cardinal de las actuaciones de todos los Jueces de la República”.

Así pues, independientemente de la correcta apreciación de la Comisión respecto de los hechos imputados a la actora, cuyo estudio se efectuará infra en este fallo, considera la Sala que la actuación del órgano administrativo se ajustó a los limites de su competencia, al analizar la actuación de la jueza desde el punto de vista disciplinario, atendiendo a su idoneidad o no para ocupar el cargo; por tanto, se desestima el alegato en análisis y así se declara.

Como segundo planteamiento, la recurrente alegó la violación del derecho a la defensa, por considerar que su actuación se ajustó a la normativa aplicable respecto al otorgamiento de beneficios en el juicio penal, por lo que si la Comisión no estaba de acuerdo con el beneficio acordado por ella, ha debido solicitar una aclaratoria al respecto, “pero todo lo contrario no se [le] permitió el derecho a la defensa, sólo se [le] destituyó sin contar con la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Sobre este aspecto es importante precisar que la doctrina de esta Sala ha dejado sentado que el derecho a la defensa puede concretarse a través de distintas manifestaciones, entre ellas, el derecho a ser oído, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que pueda proveer en su ayuda, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración.

Así, del examen del expediente administrativo se logró constatar que desde el mismo momento de las primeras investigaciones iniciadas por la Inspectoría General de Tribunales, la recurrente estuvo en pleno conocimiento de todo lo acontecido en su caso, tanto es así que al ser dictado el auto de investigación respectivo, el órgano auxiliar dio cumplimiento con el requisito de la notificación establecido en la Ley. (Folio 458 de la segunda pieza del expediente administrativo).

Igualmente se observa que la actora en el procedimiento disciplinario del cual fue objeto, se defendió de las imputaciones efectuadas por el órgano administrativo, concretamente al señalar en su escrito de descargos que el ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, reunía el perfil requerido por la Ley para ser acreedor de un beneficio de “Pre-libertad” y por ende concedérselo.

En este sentido, la apreciación de la actora respecto a que se le violó el derecho a la defensa por cuanto la Comisión si consideraba que no estaba bien otorgado el beneficio debió pedirle a ella “una aclaratoria”, no resulta acertada, toda vez que, precisamente, ese punto fue el controvertido en el procedimiento disciplinario, siendo que la Comisión con fundamento en los alegatos esgrimidos por la recurrente en su escrito de descargos y además en las pruebas existentes en autos, emitió la decisión recurrida, no pudiéndose afirmar en consecuencia que el órgano administrativo vulneró su derecho a la defensa. Por tanto, esta Sala desestima la denuncia en análisis y así se declara.

En tercer lugar, la accionante alegó la supuesta inmotivación del acto administrativo impugnado, sustentando este vicio en que el órgano disciplinario expresó en su acto que las actuaciones desplegadas por la recurrente lesionaron la respetabilidad y majestad del Poder Judicial, sin expresar de qué manera quedó lesionada la referida respetabilidad, ni en qué consiste el gravamen de la dignidad del Poder Judicial, lo cual considera “de obligatorio señalamiento ya que ello constituye la motivación de la decisión y más aún cuando se trata de la sanción mas grave como es la destitución”.

            Antes de otra consideración, es importante señalar que la doctrina administrativa ha concebido la motivación como la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que dan lugar a la emisión de un acto por parte de la administración, independientemente de la falsedad o no de la fundamentación allí contenida, siendo así necesario distinguir entre la motivación y el motivo del acto administrativo, el cual constituye parte esencial de sus elementos de fondo.

            De allí, que la falsedad del motivo podría acarrear la nulidad absoluta  del acto, mientras que los vicios en la motivación sólo producirían su anulabilidad, siendo subsanables en cualquier tiempo, salvo que lleve implícita la afectación del derecho a la defensa del particular.

            Hecha la diferenciación anterior, se evidencia la necesidad que existe de cumplir con el requisito de motivación para la emisión de todo acto administrativo, en atención al mandato contenido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el numeral 5 del artículo 18 eiusdem, pero sobre todo, con el fin último de proporcionar al administrado la posibilidad de conocer los presupuestos fácticos y jurídicos en los cuales se ha basado la Administración para dictar el acto, y a partir de ello, poder ejercer idóneamente los recursos dispuestos ex lege para rebatir la actuación administrativa que se ha producido en su contra.

Ahora bien, se observa que el acto administrativo impugnado señala expresamente que la recurrente incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, relativa al abuso o exceso de autoridad, y en el ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en virtud de haber otorgado un beneficio a un reo sin que tuviera competencia para ello, violentando con su proceder las reglas del debido proceso en materia penal.

Así las cosas, advierte la Sala que de la simple lectura del acto recurrido se evidencian tanto los fundamentos de hecho como de derecho en los que se basó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para sancionar a la recurrente, permitiéndosele así el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, mediante la impugnación y ataque de los razonamientos utilizados por la Administración para proceder a aplicar la sanción de destitución.

Además, en cuanto al alegato específico de la actora según el cual no se señaló en el acto impugnado de qué manera su actuación afectó la respetabilidad del Poder Judicial, debe precisarse que contrariamente a lo argumentado por la accionante, los hechos analizados por la Comisión y que posteriormente fueron subsumidos en el supuesto disciplinario aplicado, esto es, el abuso o exceso de autoridad, fueron precisamente los motivos por los que se consideró que su actuación irrespetaba el Poder Judicial. Por lo tanto, el vicio de inmotivación alegado debe ser desechado. Así se declara.

En lo que se refiere a lo alegado por la recurrente con relación a que la Comisión no analizó las testimoniales que fueron promovidas en su oportunidad y las cuales sustentaban -a su decir- los alegatos y pruebas “de lo que tantas veces afirmé el porque otor[gué] el beneficio de acuerdo a la Ley”, esta Sala observa:

Consta a los folios 464 al 494 de la tercera pieza del expediente administrativo, escrito de descargos presentado por la actora en fecha 10 de mayo de 2000, de donde se aprecia que promovió una serie de testimoniales a los fines de sustentar el correcto otorgamiento del referido beneficio; sin embargo, en el curso del procedimiento disciplinario la actora no impulsó en modo alguno su evacuación, por lo que en definitiva no se materializaron.

Así pues, aun cuando el procedimiento disciplinario objeto del presente recurso se inició de oficio, la actora, a los fines de demostrar las defensas alegadas, debió ser diligente en cuanto al menos solicitar al organismo administrativo la evacuación de esas pruebas.

Siendo ello así, se pone de manifiesto que no existió ninguna testimonial objeto de valoración por parte de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, por lo que debe desecharse el alegato relativo a que no se tomaron en cuenta tales pruebas. Así se declara.

Finalmente, en cuanto a las denuncias de vulneración de los principios constitucionales consagrados en el artículo 49 de la Carta Magna, referidos al debido proceso, derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y el derecho a ser oído, así como los previstos en el artículo 60 eiusdem, referidos a la protección a su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, observa la Sala que dichas denuncias en modo alguno fueron fundamentadas por la parte actora, quien se limitó a enunciar los artículos sin sustentar los motivos por los cuales consideraba que tales normas le fueron supuestamente vulneradas por la Comisión, por tanto debe desecharse la mencionada denuncia por genérica. Así se declara.

Desechados los anteriores alegatos, pasa esta Sala a examinar los presupuestos fácticos y jurídicos en que se sustentó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para sancionar a la entonces Jueza Alcahaliz Morales de Rosales, con la destitución del cargo, a fin de verificar si el acto administrativo objeto de impugnación fue dictado o no conforme a derecho.

En el caso de autos el 22 de mayo de 2000, el órgano administrativo sancionador acordó la destitución de la Jueza antes nombrada por considerar que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, incurrió en las faltas disciplinarias contempladas en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y en el ordinal 7° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Al efecto, la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Sistema Judicial consideró, por una parte, que la entonces jueza otorgó un beneficio de Pre-libertad por “Destacamento de Trabajo” al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, el cual cumplía pena de presidio de veintitrés (23) años por la comisión del delito de homicidio calificado, sin tener competencia para ello, ya que la causa le estaba asignada a otro Juzgado de Ejecución y, por otra parte, que al referido ciudadano no le correspondía tal beneficio para el momento en que se otorgó, esto es, para el 3 de febrero de 2000, toda vez que no había cumplido con el término que la ley señala a los fines de esa concesión.

Sobre este último punto la Sala debe dejar establecido lo siguiente: Consta a los folios 293 al 295 de la segunda pieza del expediente administrativo auto de fecha 2 de febrero de 2000, emanado del Juzgado Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

“Firme como quedó la sentencia dictada en fecha 23-5-98, por el Juzgado Superior Decimocuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contra del ciudadano ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ, este Juzgado de Ejecución, en cumplimiento de lo ordenado en el auto anterior de esta misma fecha, y de conformidad con los artículos 472 y 475 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a su inmediata ejecución en los siguientes términos:

PRIMERO: El penado ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ fue condenado a cumplir la pena de veintitrés (23) años de presidio, por la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto en el artículo 408 ordinal 2° del Código Penal.

SEGUNDO: El condenado ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ fue detenido en fecha 27-01-96 (…) y ha permanecido recluido hasta el día de hoy durante cuatro (4) años y cinco (5) días de detención.

…omissis…

TERCERO: La cuarta (1/4) parte de la pena impuesta al penado ZONDER RAMÍREZ ALVIAREZ, equivale a cinco (5) años y nueve (9) meses que cumplirá el 27-10-2001”.

 

De lo antes transcrito se puede observar que el Juzgado Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de dar ejecución a la sentencia dictada en fecha 28 de mayo de 1998, por el Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que condenó al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez a veintitrés (23) años de presidio por el delito de homicidio calificado, dejó constancia del cómputo de los días de detención cumplidos por el prenombrado penado desde el 27 de enero de 1996, fecha de su detención, hasta el 2 de febrero de 2000, fecha en que se efectuó ese cómputo, arrojando como resultado un tiempo de cuatro (4) años y cinco (5) días de detención.

Igualmente se observa que el caso fue remitido al Juzgado Superior Décimo Cuarto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la consulta legal y el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, al cual se adhirió su defensor definitivo, ciudadano Melvin Jesús Barrios Rodríguez, Defensor Público Duodécimo de Presos de la misma Circunscripción Judicial, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia  en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de febrero de 1998, mediante la cual condenó al referido ciudadano a cumplir la pena de veintiséis (26) años de presidio por la comisión del delito de homicidio calificado.

Por otra parte, consta a los folios 110 y 111 de la primera pieza del expediente administrativo, copias certificadas de los autos dictados el 3 de febrero de 2000 (un día después que se efectuó el cómputo supra mencionado), por el Juzgado Décimo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Jueza Alcahaliz Morales de Rosales, donde en el primero de ellos se observa que, la entonces jueza, al considerar que se encontraban llenos los requisitos de Ley, otorgó al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez el beneficio de “DESTACAMENTO DE TRABAJO”;  por otra parte, se observa que la referida Jueza procedió a redimir la pena en un lapso de un año (1) y diez (10) meses, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio.

Así las cosas, a los fines de evaluar si efectivamente estaba ajustado a derecho el beneficio otorgado por la mencionada jueza en lo que respecta al tiempo transcurrido para que al penado se le pudiera otorgar tal beneficio, se observa que la Ley de Régimen Penitenciario publicada en la Gaceta Oficial N° 2.841 del 17 de agosto de 1981, vigente para el momento que ocurrieron los hechos, establecía en sus artículos 72 y 74 lo siguiente:

“Artículo 72. El destino a establecimiento abierto podrá concederse por el Ministerio de Justicia a los penados que hayan extinguido por lo menos una tercera parte de la pena impuesta y que habiendo observado conducta ejemplar, pongan de relieve espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad individual, familiar y social.

Artículo 74. Podrán ser integrados en los destacamentos de trabajo, los penados que hayan extinguido por lo menos una cuarta parte de la pena impuesta y reúnan las demás condiciones exigidas por el artículo 72”.

 

Con fundamento en los artículos antes transcritos y específicamente con base en el artículo 74 de la mencionada Ley, por ser ésta disposición la que establece el beneficio de “destacamento de trabajo”, a los fines de verificar si efectivamente en el presente caso había transcurrido el tiempo otorgado por la norma para conceder el mencionado beneficio, se observa que al ciudadano Zonder Ramírez Alviarez, tal como se señaló anteriormente, le fue impuesta una pena de presidio de veintitrés (23) años por el delito de homicidio calificado, siendo que su fecha de detención -según se desprende del expediente- ocurrió el 27 de enero de 1996.

Sobre tales premisas y  tomando en consideración que el beneficio se otorga, entre otras cosas, cuando el penado haya extinguido por lo menos una cuarta (1/4) parte de la pena impuesta, en el caso específico se evidencia que la cuarta parte (1/4) de veintitrés (23) años, son cinco (5) años y nueve (9) meses, con lo cual, si el imputado estuvo detenido desde el 27 de enero de 1996, la fecha a partir de la cual podía ser otorgado el beneficio, en caso que procediera, era el 27 de octubre de 2001, tal como lo dejó establecido el Juzgado Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal de