MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

EXP. Nº 2012-0241

 

Mediante Oficio Nº M8/2012/057 de fecha 30 de enero de 2012, recibido el día 13 de febrero del mismo año, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara remitió a esta Sala el expediente contentivo de la solicitud por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el ciudadano RONAL SMIT BOCARANDA COLMENARES, titular de la cédula de identidad Nº 12.392.537, contra la sociedad de comercio PANADERÍA LA MANSIÓN DEL VALLE, C.A.,  sin identificación en autos; en virtud de que mediante decisión de fecha 20 de enero de 2012, dicho tribunal declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer de la presente causa.

El 16 de febrero de 2012 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.

I

ANTECEDENTES

En fecha 16 de enero de 2012, el ciudadano Ronal Smit Bocaranda Colmenares, antes identificado, compareció ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y consignó solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, contra la sociedad de comercio Panadería La Mansión del Valle, C.A., exponiendo, entre otros aspectos, los siguientes:

Que comenzó a prestar sus servicios para la parte demandada el día 2 de febrero de 2005, ejerciendo el cargo de Mesonero y devengando un salario mensual de siete mil novecientos bolívares sin céntimos (Bs. 7.900,00).

Que el día 12 de enero de 2012, fue despedido “(…) por el ciudadano Nelson (…)”, sin más identificación en los autos, en su carácter de Encargado de la parte accionada, sin haber incurrido, en su decir, en falta alguna prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Finalmente, solicitó la calificación del despido, el reenganche y el pago de los salarios caídos de conformidad con el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El 20 de enero de 2012, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, tribunal al cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución de la misma, declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el presente caso, indicando que:

“Este Tribunal, luego de haber revisado exhaustivamente la solicitud de calificación de despido observa que el demandante señala en su escrito de demanda, que se desempeñaba como mesonero y devengaba un salario de SIETE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES MENSUALES (Bs. 7.900,00) siendo despedido el 12 de enero de 2012 sin haber incurrido en falta alguna prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo; narrativa que indica que el trabajador se encuentra amparado por INAMOVILIDAD LABORAL decretada por el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 8.732 de fecha 26 de Diciembre de 2011, y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.828 correspondiendo al órgano administrativo dependiente del Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo del Estado Lara; y no a éste Tribunal, tramitar lo concerniente a la solicitud de calificación de despido, tal y como lo establece el citado Decreto, toda vez que de su exposición no se desprende que se encuentre exceptuado de dicho amparo pues no alegó condición de empleado de dirección o confianza; trabajador temporal, ocasional o eventual; y menos aún funcionario público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 ejusdem.

Por consiguiente, el demandante debe acudir ante dicho órgano para tramitar su reclamación conforme al procedimiento establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo”. (Mayúsculas del tribunal a quo).

El 27 de enero de 2012, el ciudadano Ronal Smit Bocaranda Colmenares, asistido por el abogado Wilmer Amaro D., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 132.002, consignó escrito de reforma de la demanda y solicitó el “pago de la respectivas Diferencia de Prestaciones Sociales” (sic).

Por auto del 30 de enero de 2012, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara estableció lo siguiente: “Visto el escrito presentado, quien juzga observa que se trata de una novación de la pretensión (Prestaciones Sociales), cuyo procedimiento es incompatible con una Calificación de Despido, aunado a ello en fecha 20 de enero de 2012 se declaró la falta de jurisdicción y por tanto es imperioso remitir las actuaciones a consulta ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”

Mediante auto de la misma fecha, el tribunal consultante ordenó la remisión de la causa a este órgano jurisdiccional; en dicho auto expresó: “Vista la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 20 de enero de 2012, y vencido como se encuentra el lapso para interponer los recursos pertinentes, éste Tribunal declara definitivamente firme la misma, en virtud de no haberse ejercido recurso alguno contra ella, en consecuencia dando cumplimiento a dicho dictamen se ordena remitir el presente asunto a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (…)” (sic).

Finalmente, la causa fue recibida en este órgano jurisdiccional el 13 de febrero de 2012.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de pasar a emitir el pronunciamiento correspondiente en la presente causa, vista la sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2012, mediante la cual el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer del caso de autos, advierte esta Sala lo siguiente:

Que en fecha 16 de enero de 2012, el ciudadano Ronal Smit Bocaranda Colmenares, interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, contra la sociedad de comercio Panadería La Mansión del Valle, C.A., en la cual expresó: “(…) vista la actitud asumida por mi patrono acudo ante su competente autoridad estando dentro del lapso previsto en el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de solicitar que sea calificado como injustificado el despido del cual fui objeto y en consecuencia, se ordene mi reenganche a mi puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía para el momento del despido, y se acuerde el pago de los salarios caídos”.

El 20 de enero de 2012, el tribunal a quo declaró:

“PRIMERO: LA FALTA DE JURISDICCIÓN de este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Decreto del Ejecutivo Nacional Nº 8.732 de fecha 26 de Diciembre de 2011.

SEGUNDO: En virtud de la falta de jurisdicción decretada se REMITE EN CONSULTA OBLIGATORIA a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a tenor de lo establecido en el Artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 62 ejusdem, norma aplicable en atención al artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Líbrense los oficios.

…omissis…”. (Mayúsculas del tribunal de origen).

Posteriormente, el 27 de enero de 2012, el ciudadano Ronal Smit Bocaranda Colmenares, asistido por el abogado Wilmer Amaro D., antes identificado, consignó escrito en el que expresó: “(…) a los fines de demandar, como en efecto lo hago, a la empresa Panadería La Mansión del Valle, C.A. (…) para que convenga en cancelar, y en caso de no hacerlo sean condenados por este Tribunal, según lo disponen los artículos 1.973 del Código Civil, 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 92 de nuestra Carta Magna, al pago de la respectivas Diferencia de Prestaciones Sociales [Horas Extras (…) Días de descanso (…) Antigüedad (…) Intereses (…) Utilidad (…) Vacaciones y Bono Vacacional (…) Despido (…) Indemnización de antigüedad (…) Indemnización sustitutiva del preaviso (…)]”.(sic).

De igual forma, demandó los intereses moratorios, la condenatoria en costas y la indexación o corrección monetaria.

Sobre la base de lo antes expuesto, estima este órgano jurisdiccional que el actor al haber interpuesto el último de los escritos señalados (27 de enero de 2012) cambió su pretensión, con relación a la originalmente planteada (16 de enero de 2012), esto es, de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos a cancelación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales; sin embargo, ya se había producido un fallo (20 de enero de 2012) por parte del tribunal remitente, mediante el cual se declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, razones por las cuales debe esta Sala pronunciarse sobre la consulta de jurisdicción planteada por el tribunal a quo, ello en aplicación de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; el numeral 20 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

Establecido lo anterior, observa la Sala que el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 20 de enero de 2012, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, al considerar que le corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva el conocimiento del caso, por encontrarse, el accionante, presuntamente amparado por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional.

En tal sentido, se observa que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra entre otras facultades, la que tiene el trabajador despedido de poder acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, si considera que el despido no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique, y en caso de constatar que se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos.

De igual forma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el ordinal 2° del artículo 29, la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de “...las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”; sin embargo, debe también precisarse que en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024 Extraordinario de fecha 06 de mayo de 2011, se prevén situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado los trabajadores.

Así, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa del ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral, d) los que estén discutiendo convenciones colectivas y e) aquellos que se encuentren protegidos por otras leyes especiales como la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.773 del 20 de septiembre de 2007.

Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa del respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral cuando esta es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.

Visto el último de los supuestos antes señalados, se evidencia que el Juzgado consultante declaró su falta de jurisdicción con fundamento en que el trabajador se encontraba, para el momento del despido, amparado por “(…) Decreto Nº 8.732 de fecha 26 de Diciembre de 2011, y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.828 (…)” (sic), vigente para el momento del despido (12 de enero de 2012), el cual en su artículo primero fijó la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. En efecto, el referido Decreto dispone:

Artículo 2°. Las trabajadoras y los trabajadores protegidos por el presente Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa calificada previamente por la Inspectora o el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 3º. En caso de que la trabajadora o el trabajador protegido por el presente Decreto sea despedido o desmejorado sin justa causa, o trasladado sin su consentimiento, podrá denunciar el hecho dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante la Inspectora o Inspector del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida.

…omissis…

Artículo 6º. Gozarán de la protección prevista en el presente Decreto, independientemente del salario que devenguen:

a)      Las trabajadoras y los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres (3) meses al servicio de una patrona o patrono;

b)      Las trabajadoras y los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato;

c)      Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación.

Quedan exceptuados del presente Decreto las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza, y las trabajadoras y trabajadores temporeros, ocasionales o eventuales.

La estabilidad de las funcionarias y los funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

…omissis…

Artículo 8º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y hasta el día 31 de diciembre de 2012.”

…omissis…. (Destacado de la Sala).

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que no puede despedirse a un trabajador amparado por la inamovilidad laboral especial, a menos que existiese una causa justificada debidamente comprobada ante el Inspector del Trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 444 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo de 2011. Asimismo, se señala en cuáles supuestos se exceptúa la aplicación de la referida prórroga de inamovilidad laboral especial.

En atención a las precedentes consideraciones, observa esta Sala que el accionante alegó: 1) que comenzó a prestar sus servicios en fecha 2 de febrero de 2005, siendo despedido el día 12 de enero de 2012, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad, 2) que se desempeñaba como “Mesonero”, sin que de los autos se desprenda que tenía atribuidas funciones de dirección o confianza y 3) no era un trabajador temporero, ocasional o eventual, razones por las que debe tenerse que el ciudadano Ronal Smit Bocaranda Colmenares, para el momento de su despido estaba presuntamente amparado por la inamovilidad prevista en el aludido Decreto Presidencial Nº 8.732, antes identificado, lo cual implica que la solicitud de autos deba ser conocida por la Inspectoría del Trabajo respectiva. Así se declara.

Por último, con relación al escrito presentado el 27 de enero de 2012, mediante el cual el accionante cambio su pretensión (cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales), y vista la anterior declaratoria, advierte esta instancia jurisdiccional, que lo decidido en el presente fallo, no constituye impedimento alguno para que el demandante acuda, si así lo estima conveniente, ante la vía judicial para la satisfacción de sus derechos e intereses.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el ciudadano RONAL SMIT BOCARANDA COLMENARES contra la sociedad de comercio PANADERÍA LA MANSIÓN DEL VALLE, C.A.

En consecuencia, se CONFIRMA la decisión de fecha 20 de enero de 2012, mediante la cual el juzgado consultante declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

            La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

                                                                                                                                        TRINA OMAIRA ZURITA

                                                                                                                                                          

MÓNICA G. MISTICCHIO TORTORELLA

                              Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En siete (07) de marzo del año dos mil doce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00189.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN