Magistrado Ponente HADEL  MOSTAFÁ  PAOLINI

 


En fecha 6 de diciembre de 2000, el ciudadano Omar Enrique Pérez, titular  de la cédula de identidad N° 5.419.294, procediendo con el carácter de Presidente del Consejo Legislativo del Estado Falcón, según consta del Acta de Instalación y Nombramiento de fecha 7 de agosto de 2000 publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado, número y edición extraordinaria, año LXVIII, de fecha 14 de agosto de 2000, asistido por el abogado Arnaldo Lugo Navarro, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 69.061, interpuso “recurso de interpretación en relación con los artículos 42 y 38 de la Constitución del Estado Falcón, respecto al período de un año de sesiones ordinarias y extraordinarias, para el cual fu(e) electo como Presidente del Consejo Legislativo del Estado Falcón”.

El 7 de diciembre de 2000 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco, a los fines de decidir el recurso interpuesto.

 

Por cuanto el día 27 de diciembre de 2000, tomaron posesión de sus cargos en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia los Magistrados LEVIS IGNACIO ZERPA (Presidente); HADEL MOSTAFÁ PAOLINI (Vicepresidente) y Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO; quienes designaron a su vez  a la Dra. ANAÍS MEJÍA CALZADILLA en su condición de Secretaria y al ciudadano ROLANDO JOSÉ GUEVARA en su carácter de Alguacil. Se ordenó la continuación de la presente causa al estado en que se encontraba. Se designó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini que con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previa las siguientes consideraciones:

 

Contenido del Recurso

 

El recurrente indicó que con la entrada en vigencia del Decreto de fecha 22 de diciembre de 1999 mediante el cual se estableció el Régimen de Transición del Poder Público, la Comisión Legislativa del Estado Falcón ejerció sus funciones como órgano reestructurador del Poder Legislativo Estadal hasta el día 4 de agosto de 2000, dando paso a la instalación del Consejo Legislativo de dicho Estado el 7 de agosto de 2000, como órgano del Poder Público Estadal que, conforme a lo dispuesto en la norma prevista en el artículo 162 de la Constitución de 1999, sustituyó a la extinta Asamblea Legislativa del Estado Falcón.

En tal sentido señaló, que la interpretación se refiere a, sí el período de un año de gestión para presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Legislativo del Estado Falcón debe empezar a contarse desde el día 7 de agosto de 2000 (fecha de la elección) hasta el 2 de diciembre de 2001 (fecha del término del período de sesiones), o si por el contrario, debe iniciarse el 7 de agosto de 2000 hasta el 7 de agosto de 2001, con excepción del término comprendido entre el 8 de agosto de 2001 (fecha en que se cumple el primer día del segundo año de elección), al 2 de diciembre de 2001 (fecha del término del período de sesiones).

A tal efecto, expuso que las normas contenidas en los artículos 38 y 42 de la Constitución del Estado Falcón, no prevén lo relativo a la transitoriedad que pudiera existir dada cualquier circunstancia que así lo amerite, “(...) sin embargo, puede afirmarse que los Consejos Legislativos de los Estados como órganos del Poder Legislativo Estadal, le dan continuidad a la institución jurídica representada en su momento por las Asambleas Legislativas, y en virtud de que la Constitución del Estado Falcón de 1997 está vigente, puesto que no ha sido derogada, se aplican con carácter MUTATIS MUTANDI sus instituciones, incluyendo las referidas a la ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación al Consejo Legislativo del Estado Falcón, así como todas aquellas disposiciones que no colidan con la novísima Constitución Bolivariana de Venezuela”.

Asimismo, indicó que la interpretación de las normas en referencia, es de suma importancia para todos los demás Diputados Principales y Suplentes que conforman el ente legislativo estadal, “dada la condición de estar conformado por fracciones de varias tendencias políticas; así como también es importante para todos los funcionarios y trabajadores que allí laboran, pero, es de la mayor importancia del pueblo soberano; es decir, para todos y cada uno de los electores que de una forma u otra representan al ciudadano común que reside en el Estado Falcón”.

De la Competencia

En el presente caso, se ha ejercido recurso de interpretación en relación a las normas contenidas en los artículos 38 y 42 de la Constitución del Estado Falcón de fecha 15 de diciembre de 1997, publicada en la misma fecha en la Gaceta Oficial de dicho Estado, año LXIX, número Extraordinario.

El recurso interpuesto, se encuentra previsto en las normas contenidas en el artículo 266, numeral 6 de la Constitución de 1999, en concordancia con lo establecido en el artículo 42, numeral 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en tal sentido debe esta Sala señalar lo siguiente:

La Constitución patria en su artículo 266, numerales 6 y 9 establece, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, “Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”, y “Las demás que le atribuya la ley”. Dispone también el último aparte del mismo artículo, que “La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Políticoadministrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley”.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece en su artículo 42, numeral 24 la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República de: “Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la Ley”. Asimismo, establece el artículo 43 de la referida Ley, que: “La Corte conocerá en Pleno de los asuntos a que se refiere el artículo anterior en sus ordinales 1 al 8. En Sala de Casación Civil, hasta tanto el Congreso decida la creación de nuevas Salas, de los enumerados en los ordinales 33, 20 y 21, si estos últimos correspondieren a la jurisdicción civil, mercantil, del trabajo o de alguna otra especial; de igual manera conocerá de los asuntos a que se refiere el ordinal 34. En Sala de Casación Penal, de los señalados en los ordinales 30 al 32 y en los ordinales 20, 21 y 34, cuando estos últimos correspondan a la jurisdicción penal, En Sala Político-Administrativa, de los mencionados en los restantes ordinales del mismo artículo y de cualquier otro que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas”.

 

Esta Sala observa, que el Texto Constitucional -a diferencia de lo previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia-, no señala de manera expresa cuál de las Salas que integran este Tribunal Supremo de Justicia, tiene atribuida la competencia para conocer del recurso de interpretación previsto en el numeral 6 del artículo 266; sin embargo, el último aparte del mismo artículo -como se expresó- dispone que las “demás” atribuciones conferidas a las diversas Salas se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley.

 

De esta manera, estima esta Sala, que en el presente caso, resulta aplicable la normativa prevista en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que la competencia para conocer de este recurso, de acuerdo con lo previsto en  los artículos 42, numeral 24 y 43 eiusdem, está atribuida a esta Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

De la Admisibilidad del Recurso Interpuesto

 

Determinada como ha sido la competencia de esta Sala, corresponde ahora pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto.

 

Han sido numerosas las oportunidades en que la Sala Político-Administrativa ha actuado dentro de la referida competencia, a los fines de resolver las dudas que determinados actos normativos han suscitado en su conocimiento, alcance y aplicación, delineando en dichas oportunidades las características de este especial recurso, así como las exigencias concurrentes que deben cumplirse, a fin de que la interpretación proceda.

 

La exigencia de supuestos precisos de admisibilidad del recurso de interpretación tiene un sentido lógico, ya que, la labor de esta Sala es dar soluciones a situaciones fácticas, no pretender que la misma resuelva solicitudes que simplemente aspiran a una labor intelectual, casi pedagógica o de asesoría de este Alto Tribunal.

 

Por lo tanto, la jurisprudencia de esta Sala Político-Administrativa (Casos: Fundación para los Derechos Humanos (Fundahumanos);  Alberto Franceschi, Jorge Olavaria y Gerardo Blyde y Jesús Alberto Bracho Acuña, de fechas 19 de enero de 1999, 21 de julio de 1999 y 22 de junio de 2000 respectivamente), ha delineado aquellos requisitos que debe cumplir un recurso de interpretación de leyes.

 

En primer lugar, se ha requerido que la norma cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal, pues sólo procede este recurso para fijar el alcance e inteligencia de textos legales.

 

En segundo lugar, se exige que la propia ley haya previsto de manera expresa el ejercicio de tal recurso respecto de las normas contenidas en ella, sin que sea posible extender el recurso a otras leyes, sea cual fuere el grado de afinidad que tenga con la ley susceptible de interpretación, salvo que la propia ley que prevé su interpretación, disponga de modo expreso la extensión  del recurso a otros textos normativos también legales (vgr. la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política).

 

En tercer lugar, se ha exigido que se demuestre la conexidad entre el recurso intentado y un determinado caso concreto, lo cual, tal como lo ha señalado esta Sala, posee un doble propósito: por una parte, la legitimación del recurrente evitando el simple ejercicio académico de interpretación y por la otra, permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que se alegue como fundamento.

 

Visto lo anteriormente señalado, esta Sala procede de seguidas a revisar si el recurso que cursa en autos, cumple con los requisitos concurrentes de admisibilidad. En tal sentido, observa lo siguiente:

 

En cuanto al primer requisito, esta Sala observa que la interpretación solicitada, se circunscribe a dos normas contenidas en los artículos 38 y 42 de la Constitución del Estado Falcón. A tal efecto, esta Sala encuentra satisfecho el cumplimiento del primer supuesto de admisibilidad antes señalado, debido a que las constituciones estadales aunque no tienen rango constitucional, ostentan el carácter de “ley orgánica” dentro del ámbito territorial al que se encuentra circunscrita la entidad estadal, con el fin de mantener una jerarquía y supremacía como ley organizativa sobre el resto de las leyes estadales de un ente estadal determinado.

 

En cuanto al segundo requisito, determinado este, por la necesidad de que la Ley que se pretende interpretar, contemple en su texto normativo dicha tarea hermenéutica de manera expresa, esta Sala observa una vez efectuada una revisión exhaustiva del texto legal contentivo de las normas objeto de interpretación, que dicho requisito no se encuentra cumplido en el caso de autos, debido a que en el articulado que contiene la Constitución del Estado Falcón, no se encuentra norma alguna que prevea de manera expresa, la facultad de esta Sala Político-Administrativa de interpretar dicho texto normativo.

Con base a lo anterior, resulta forzoso para esta Sala Político-Administrativa declarar inadmisible el recurso de interpretación interpuesto, por no satisfacer los requisitos concurrentes de admisibilidad enunciados anteriormente. Así se declara.

D e c i s i ó n

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Inadmisible el recurso de interpretación interpuesto por el ciudadano Omar Enrique Pérez, procediendo con el carácter de Presidente del Consejo Legislativo del Estado Falcón, asistido por el abogado Arnaldo Lugo Navarro, en relación con los artículos 38 y 42 de la Constitución del Estado Falcón de fecha 15 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Falcón, año LXLX, Nº Extraordinario.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los (06) días del mes de marzo de dos mil uno (2001). Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

          El Presidente,

 

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente-Ponente,

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

    Magistrada,

 
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. Nro. 1267

Sent. Nº 00304

En siete (07) de marzo del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00304.