MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. N° 2007-0133

 

Adjunto a oficio N° CSCA-2007-0125 de fecha 16 de enero de 2007, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa, el expediente contentivo de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las abogadas Deyanira Salazar Martín y Alicia Carolina Gamboa Martínez, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 54.382 y 49.462, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (INAGER), creado por Ley publicada en la Gaceta Oficial Nº 2.303 extraordinario de fecha 1° de septiembre de 1978, contra la Providencia Administrativa N° 139 de fecha 15 de abril de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, SAN DIEGO, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS, CARLOS ARVELO, BEJUMA, MONTALBÁN Y MIRANDA EN EL ESTADO CARABOBO, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Marlene Coromoto Páez Arias, titular de la cédula de identidad N° 12.109.917, contra el mencionado Instituto.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por esa Corte en fecha 30 de junio de 2005, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la presente causa, planteando ante esta Sala conflicto negativo de competencia.

El 7 de febrero de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a fin de decidir “la regulación de competencia”.

El 07 de febrero de 2007, se eligió la Junta Directiva de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 6 de julio de 2004, ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribución, las abogadas Deyanira Salazar Martín y Alicia Carolina Gamboa Martínez, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER), interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 139 de fecha 15 de abril de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arvelo, Bejuma, Montalbán y Miranda en el Estado Carabobo.

Por auto del 21 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al cual correspondió el conocimiento del presente caso, se declaró incompetente para conocer el recurso de nulidad interpuesto y, en consecuencia, acordó declinar la competencia en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

A través de oficio N° 1760 de fecha 21 de septiembre de 2004, el prenombrado Juzgado remitió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el expediente contentivo de las actuaciones correspondientes al presente recurso contencioso administrativo de nulidad, siendo recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo el día 22 de octubre de ese mismo año.

Mediante sentencia de fecha 9 de marzo de 2005, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a la cual correspondió la causa previa distribución, aceptó la competencia.

Por decisión del 30 de junio de 2005, la prenombrada Corte se declaró incompetente para conocer del presente recurso y planteó de oficio conflicto negativo de competencia ante esta Sala Político-Administrativa.

En fecha 5 de febrero de 2007, se recibió el expediente.

II

DE LA COMPETENCIA

Debe esta Sala determinar su competencia para resolver el conflicto negativo planteado, y en tal sentido se observa que el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece: “Las reglas del Código de Procedimiento Civil, regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Así, disponen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”.

“Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al  Tribunal  Superior de la Circunscripción para que decida la regulación.  En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción...”. (Subrayado de la Sala).

 

Por su parte, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, prevé:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (…omissis…) 51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido…”.

 

En el presente caso se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente recurso, por tanto, esta Sala Político-Administrativa, actuando como cúspide de la jurisdicción contencioso-administrativa, y visto que los tribunales involucrados forman parte de esta jurisdicción, se declara competente para conocer el conflicto planteado. Así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia para resolver el conflicto suscitado, se observa que en el presente caso ha sido interpuesto un recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 139 de fecha 15 de abril de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arvelo, Bejuma, Montalbán y Miranda en el Estado Carabobo, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Marlene Coromoto Páez Arias, contra el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER).

Ahora bien, atendiendo al criterio actualmente sostenido por este Máximo Tribunal, el cual establece que la competencia para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo corresponde en primera instancia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales y, en segunda instancia, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, esta Sala concluye que el competente para conocer de la causa es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro- Norte. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que es COMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia planteado.

2.- Que CORRESPONDE al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO- NORTE la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (INAGER), contra la Providencia Administrativa N° 139 de fecha 15 de abril de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, SAN DIEGO, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS, CARLOS ARVELO, BEJUMA, MONTALBÁN Y MIRANDA EN EL ESTADO CARABOBO.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal declarado competente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintiuno (21) de marzo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00483.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN