Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 1999-16510

 

El 7 de octubre de 1999, los abogados Carmen Sánchez González y Alberto Balza Carvajal, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 9.665 y 991, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad Nro. 4.522.356, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo “mediante el cual se DESTITUYE NUEVAMENTE a (su) mandante del cargo de JUEZ PROVISORIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, HACIENDA Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN”, dictado por el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura el 8 de abril de 1999.

El 13 de octubre de 1999, la Sala ordenó oficiar al extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, a los fines de la remisión del expediente administrativo.

Mediante Oficio N° 0032 del 17 de febrero de 2000, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial remitió el expediente administrativo solicitado, el cual fue recibido el 27 de marzo de 2000, ordenándose formar pieza separada con el mismo.

En fecha 29 de marzo de 2000, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El 12 de abril de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso de nulidad interpuesto, ordenó las notificaciones de Ley, así como expedir el cartel de emplazamiento a que se refería el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, ordenó oficiar al Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, remitiéndole para su conocimiento, copia del auto de admisión.

El 18 de mayo de 2000, se ordenó formar pieza separada con el expediente administrativo recibido.

Realizadas las notificaciones ordenadas, el 24 de mayo de 2000 el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.

El 24 de mayo de 2000, el abogado Guillermo Rafael Balza García, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 75.098, consignó documento poder que acreditaba su representación y retiró el cartel de emplazamiento, consignando un ejemplar de su publicación el 30 del mismo mes y año.

En fecha 4 de julio de 2000, la abogada Rosa Elena Aponte Pérez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 71.045, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, consignó su escrito de promoción de pruebas.

El 13 de julio de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas.

Concluida la sustanciación del caso, el 13 de julio de 2000 se acordó pasar el expediente a la Sala.

El 19 de julio de 2000, se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco y se fijó el quinto día de despacho para comenzar la relación.

En fecha 1° de agosto de 2000, comenzó la relación de la causa y se fijó oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.

El 19 de septiembre de 2000, tuvo lugar el acto de informes al cual comparecieron los apoderados judiciales de la recurrente Decsi Margot García Gutiérrez, así como la abogada Yudmila del Valle Flores Bastardo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 43.820, actuando con el carácter de representante de la Procuraduría General de la República, y consignaron sus respectivos escritos de informes.

Por auto del 10 de enero de 2001, se dejó constancia de la incorporación a este Tribunal Supremo de Justicia de los Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero y Hadel Mostafá Paolini, así como de la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quienes se juramentaron el 26 de diciembre de 2000 ante la Asamblea Nacional, quedando conformada la Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrados, Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero. Asimismo, se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

El 23 de enero de 2001, se dijo “Vistos”.

Mediante diligencias de fechas 7 de junio y 8 de agosto de 2001, el apoderado judicial de la parte actora solicitó se dicte sentencia en la presente causa.

El 6 de noviembre de 2001, la abogada Melanie Bendahan, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 13.629, actuando con el carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público, presentó escrito solicitando se declare con lugar el recurso interpuesto.

En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Realizado el estudio de las actas que integran el presente expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones:

I

DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante decisión del 8 de abril de 1999, el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, destituyó a la ciudadana Decsi Margot García Gutiérrez, del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, e igualmente declaró inejecutable el anterior pronunciamiento, sustentado en las siguientes consideraciones:

“…este Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, al examinar todos y cada uno de los elementos cursantes en autos, observa que los hechos que motivaron la apertura del presente procedimiento disciplinario están referidos a irregularidades enmarcadas dentro de la actuación de las ciudadanas NANCY ARIAS DE MORENO Y DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, Defensora Pública Tercera de Presos y Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, respectivamente.

…(omissis)…

Se basa la apertura del presente procedimiento disciplinario, en el escrito de denuncia suscrito por el ciudadano LEON IZAGUIRRE NUÑEZ, (…) y los Informes (…) practicados por la Inspectoría de Tribunales (…) en los cuales se le imputan presuntas irregularidades a la Dra. NANCY ARIAS DE MORENO (…) y a la Dra. DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, (…) en la tramitación del mismo expediente, tales como: ‘Infringió el Parágrafo Primero del artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal, al otorgarle el Beneficio de libertad, toda vez que sobre el Sobreseimiento por el delito de Homicidio por ella dictado a favor de JOSÉ GREGORIO CLEMENTE ROLAS, el Juzgado Superior Segundo en lo Penal no se había pronunciado, y por tanto no se encontraba firme y ejecutada, conducta ésta que encuadra dentro del numeral 11 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial’.

…(omissis)…

Es de observar, que como justificación para acordar la libertad plena del encausado Jesús Guillermo Clemente Rolas, la ciudadana Juez DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, en sus alegatos presentados ante este Tribunal Disciplinario, trajo a colación un telegrama que le enviara el Ex-Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. JOSÉ RAFAEL MENDOZA, exhortándola a darle prioridad a aquellos expedientes que aconsejaren decretar la libertad plena o que las condenas fuesen de poca monta, debiéndose extremar las exigencias legales respecto a los delincuentes primarios antes de dictárseles auto de detención. De tal exhortación no se evidencia que se le haya dado potestad a dicha funcionaria para que violentara la referida disposición de orden público prohibitiva de la Ley, la cual estaba obligada a acatar, pues tal recomendación estaba referida más bien a darle preferencia y celeridad a aquellas causas que al ser decididas pudiesen hacer acreedores a los enjuiciados de su libertad o que las sentencias a dictar fuesen de condenas pequeñas, pero obviamente sin violentar las normas legales aplicables. Por otro lado, en sus alegatos la Juez en cuestión, resaltó el manifiesto interés que en su caso tenía en perjudicarla, la Inspectora de Tribunales Sheyla Fortoul Henriquez, quien realizó la inspección en su despacho, ya que manifestó esta Juez, que la referida Inspectora se encuentra vinculada de estar emparentada por consanguinidad con los abogados Kersy Henriquez Franco, esposa y cuñada del denunciante LEON IZAGUIRRE NUÑEZ, quienes según ella son sus enemigos como también del Dr. CARLOS LATUFF CROES. No obstante este señalamiento, la Juez investigada en el debate probatorio no desvirtuó los hechos a que hace referencia la Inspectora de Tribunales en su informe, referente a la irregularidad procesal del acordar la libertad plena al procesado Jesús Guillermo Clemente Rolas, sin estar firme el decreto de sobreseimiento de la causa que se le seguía por el delito de Homicidio, más bien como ya lo dijimos antes, lo que hizo fue confirmarlo.

Consecuencialmente de lo antes expuesto, considera este Tribunal que la conducta de la ciudadana Juez DECSY MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, se encuentra tipificada como falta disciplinaria establecida en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial, por haber cometido un hecho grave que, sin constituir delito, comprometió la dignidad de su cargo, haciéndose acreedora de la sanción de DESTITUCIÓN. Y ASÍ SE DECLARA.

…(omissis)…

III

DE LA DECISIÓN

Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Consejo de la Judicatura actuando como Tribunal Disciplinario, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

1) DESTITUYE  a la ciudadana DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y de cualquier otro que detente dentro del Poder Judicial, por encontrarse incursa en la falta disciplinaria establecida en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial, por haber cometido un hecho grave que, sin constituir delito, comprometió la dignidad de su cargo, pero en vista de que este mismo Tribunal en fecha 29 de enero de 1998, dictó fallo mediante el cual destituyó a la referida ciudadana, se declara INEJECUTABLE EL ANTERIOR PRONUNCIAMIENTO dictado en la presente decisión.”

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

En el escrito contentivo del recurso de nulidad expusieron los apoderados judiciales de la actora lo siguiente:

Que el 28 de agosto de 1991, “en razón de un escrito suscrito por el ciudadano LEÓN IZAGUIRRE NUÑEZ, de fecha 25-06-91, se inicia el procedimiento disciplinario que culminó con el acto administrativo aquí impugnado…”.

Que de la transcripción del acto se evidencia que el entonces Consejo de la Judicatura le imputó a su representada una falta grave, por otorgarle el beneficio de libertad al ciudadano José Gregorio Clemente Rolas, sin que la sentencia de sobreseimiento por el delito de homicidio se encontrara firme.

Que tal “argumentación” fue “acogida sin ninguna reserva por el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, quien sin detenerse a analizar la legalidad de su decisión, procedió a ‘redestituir’ a (su) mandante mediante un acto inconstitucional, ilegal, arbitrario, notoriamente injusto, preñado de abuso o desviación de poder, que no guarda la debida adecuación con los supuestos de hecho y de derecho de las normas que dice aplicar”.

Sostienen que a su representada se le sancionó por circunstancias ocurridas dentro del desempeño de sus labores jurisdiccionales, y que además en el caso bajo examen se ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 60, ordinal 7° y 68 de la Constitución de 1961, incurriendo el acto impugnado en vicios que lo hacen absolutamente nulo de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la misma Constitución, artículo 19 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículos 28 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y 54 de la Ley de Carrera Judicial.

En este sentido explican que el acto administrativo impugnado es nulo, por imponerle a su representada una pena universal “indeterminada e infamante”, en violación de lo dispuesto en el artículo 60, ordinal 7° de la Constitución de 1961.

Por otra parte denuncian que el Consejo de la Judicatura incurrió en un falso supuesto, “ya que el Sobreseimiento fue confirmado por el Juzgado Superior Primero en lo Penal, quedando definitivamente firme y ejecutoriado y siendo devuelto el expediente a (su) mandante en fecha 17-10-90, para su ejecución.”

Agrega que “el Consejo de la Judicatura, no puede sancionar a un Juez por hechos ocurridos dentro de la esfera de su ejercicio jurisdiccional, sobre todo cuando la situación surgida ha encontrado remedio dentro de ese mismo campo jurisdiccional.”

Alegan que en el procedimiento administrativo iniciado contra su representada no se analizaron los elementos “que antes hemos reseñado y alegado”, lo que generó un estado de indefensión para la recurrente, toda vez que el Inspector de Tribunales “encargado de revisar la legalidad de las actuaciones y dictar una decisión, evitó tener por norte de sus actos la verdad, la cual no escudriñó en los límites de su Oficio, y no probó, en modo alguno, la responsabilidad de (su) mandante en los ‘hechos’ imputados”.

Indican que su representada fue destituida “en circunstancias que la hacen desmerecer ante la opinión pública y gremial, rompen su Carrera Administrativa Judicial, sin que pueda siquiera dar una explicación lógica y clara de su destitución y sin que pueda DEFENDERSE de las imputaciones que se hagan, ya que ignora los motivos, los hechos y fundamentos reales del acto en cuestión.”

Afirman que el acto recurrido carece “absolutamente de motivación y de fundamento jurídico, conforme a lo pautado en el Ordinal (sic) 1° del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 9 eiusdem y los Artículos 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74 y 78 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicables al caso concreto por expresa disposición del Artículo 28 de la propia Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.”

Por las razones expuestas los apoderados judiciales de la actora solicitan la nulidad del acto de “(RE) DESTITUCIÓN”, ordenándose en consecuencia, el restablecimiento de la situación jurídica infringida, con la reincorporación de su representada y el respectivo pago de todos los beneficios económicos que le corresponden.

III

INFORMES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En escrito de fecha 19 de septiembre de 2000, la representante de la Procuraduría General de la República señaló lo siguiente:

En cuanto a la denuncia de la parte actora respecto a que el acto impugnado vulnera lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 60 de la Constitución de 1961, es decir, la prohibición de imponer penas “perpetuas o infamantes”, sostuvo que dicha normativa es aplicable a los procesos judiciales penales, y en el caso de autos, no puede considerarse que la destitución del cargo impuesta a la actora sea una pena perpetua, infame o mayor de 30 de años, “simplemente se le impuso la consecuencia, que arrojó el resultado de una averiguación disciplinaria, que conllevó a la sanción máxima en este sentido, cual es la destitución, la cual le fue impuesta de acuerdo a las previsiones de la Ley de Carrera Judicial, que en modo alguno, podría generar las consecuencias previstas en el texto constitucional en comento.”

En todo caso agregó dicha representación que el alegato se formuló de manera genérica, pues la actora se limitó a denunciar la violación de la referida norma, sin relacionar o probar de qué manera el acto administrativo la había transgredido.

Con respecto al falso supuesto alegado por no haberse valorado que la decisión sobre el sobreseimiento había sido confirmada por el Juzgado Superior respectivo, lo cual -de acuerdo a la recurrente- constituyó además una intromisión al ejercicio de la actividad jurisdiccional que desempeñaba la actora, indicó la sustituta de la Procuradora General de la República que el extinto Consejo de la Judicatura no se pronunció sobre las razones de hecho y de derecho que tuvo la recurrente para tomar la decisión de sobreseer la causa, sino que se limitó a determinar, en uso de una competencia legal y constitucional, un hecho grave que comprometió la dignidad del cargo de Juez.

Por otra parte, respecto al alegato de la actora según el cual se le colocó en un estado de indefensión al haberse fundamentado el acto impugnado en la opinión de la Inspectoría General de Tribunales, la cual no escudriñó ni probó su responsabilidad en los hechos imputados, expuso la representación de la República que los Inspectores de Tribunales tienen el deber legal de informar la existencia de hechos que, en su concepto, pudieran dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias, estando facultado el entonces Consejo de la Judicatura de iniciar un procedimiento disciplinario cuando tuviese conocimiento de alguna presunta irregularidad denunciada por dicha inspectoría.

Agrega, que en el caso de autos la recurrente no demostró que los hechos imputados y por los cuales se le sancionó no ocurrieron, por lo que tampoco puede prosperar la denuncia en análisis.

En cuanto al argumento de la actora respecto a que no tuvo conocimiento de los motivos del acto impugnado, lo cual “la hacen desmerecer ante la opinión pública y gremial”, al no poder defenderse de tales imputaciones, afirmó la sustituta de la Procuradora General de la República que la ciudadana Decsi Margot García Gutiérrez en el procedimiento disciplinario del cual fue objeto, presentó escrito de descargos así como las pruebas que consideró pertinentes para su defensa, por lo que tal denuncia no resulta procedente.

Con respecto al alegato de inmotivación del acto “conforme a lo pautado en el Ordinal (sic) 1° del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 9 eiusdem y los Artículos 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74 y 78 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicables al caso concreto por expresa disposición del Artículo 28 de la propia Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, expuso la abogada representante de la República que del texto del acto impugnado se evidencian las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó el extinto Consejo de la Judicatura para destituir a la recurrente, razones que conocía la actora, por lo que no puede considerarse inmotivado el acto.

Agrega que la denuncia de violación de los artículos 28, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74 y 78 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, fue genérica y que en cualquier caso dichas normas no guardan relación alguna con el régimen disciplinario de jueces, vigente para la época, por lo que debe ser desestimada.

Por tales razones, solicita la representación de la República que se declare sin lugar el recurso de nulidad interpuesto.

IV

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2001, la representación del Ministerio Público expuso:

Que en el presente caso el acto impugnado se dictó con fundamento en los hechos que se encontraban debidamente acreditados en el expediente administrativo y que no fueron desvirtuados por la parte actora; no obstante, el órgano decisor al adoptar la medida sancionatoria la declaró inejecutable, por cuanto el 29 de enero de 1998 se había destituido igualmente a la actora.

Al respecto, considera la representación del Ministerio Público que conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el acto administrativo aquí impugnado es inejecutable, al haber sido objeto la actora de una destitución previa a la que en este caso se recurre, por lo que debe ser declarada su nulidad, siendo inoficioso que dicha representación analice “el resto de los alegatos esgrimidos por los apoderados judiciales de la recurrente”.

Por tanto, considera el Ministerio Público que el recurso de nulidad debe ser declarado con lugar y así lo solicita a esta Sala.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido en el presente caso y a tal efecto observa:

En primer lugar, previo a la decisión que haya de proferirse en este caso, debe señalar esta Sala que pese a la extinción del Consejo de la Judicatura con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las situaciones surgidas bajo la existencia de dicho órgano que son anteriores a los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente y a los realizados bajo el imperio del Texto Constitucional vigente, no se oponen a los procesos de religitimación y reestructuración del Poder Judicial. Más aún, debe acotarse que atendiendo al existente régimen de transición se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la cual asumió, de inmediato, las funciones que correspondían al hoy extinto Consejo de la Judicatura.

Ello, por consiguiente, conduce a la confirmación de las facultades revisoras que posee esta Sala como guardián de la constitucionalidad y legalidad de la actividad administrativa en los términos establecidos en la ley, en virtud de las cuales pasa, a continuación a examinar el acto impugnado en el presente procedimiento.

Determinado lo anterior, considera la Sala necesario pronunciarse sobre el alegato formulado por la representante del Ministerio Público, respecto a que el acto impugnado debe ser declarado nulo por ser de imposible ejecución de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Al respecto se observa que el acto aquí recurrido, señaló en su dispositivo:

“1) DESTITUYE  a la ciudadana DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y de cualquier otro que detente dentro del Poder Judicial, (…) pero en vista de que este mismo Tribunal en fecha 29 de enero de 1998, dictó fallo mediante el cual destituyó a la referida ciudadana, se declara INEJECUTABLE EL ANTERIOR PRONUNCIAMIENTO dictado en la presente decisión.”

En este sentido, observa la Sala que por notoriedad judicial se constató que el acto sancionatorio al que aludió el extinto Consejo de la Judicatura de fecha 29 de enero de 1998, notificado a la ciudadana Decsi Margot García Gutiérrez el 9 de marzo del mismo año, que la destituyó del cargo de Juez Provisorio Primero de Primera Instancia en lo Penal, Hacienda y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y la excluyó del Poder Judicial “sin que pueda reingresar al mismo”, fue impugnado ante esta Sala Político-Administrativa mediante recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto el 14 de mayo de 1998, y declarado parcialmente con lugar por sentencia N° 2.054 del 24 de octubre de 2000.

En efecto, la Sala en dicha decisión revocó parcialmente el acto, declarando inexistente la prohibición de reingreso al Poder Judicial recaída sobre la mencionada ciudadana, dejando expresa constancia que la destitución había quedado firme.

Así las cosas se observa que en el caso bajo análisis, el acto aquí impugnado destituyó igualmente a la actora del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y de cualquier otro que detente dentro del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento, por haber cometido un hecho grave que, sin constituir delito, comprometió la dignidad de su cargo. No obstante, el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura declaró inejecutable el anterior pronunciamiento por haber sido destituida la actora con anterioridad, sanción ésta que quedó definitivamente firme en virtud de la sentencia de esta Sala a la que se aludió supra.

Ante tales circunstancias, se debe señalar que la eficacia del acto administrativo viene dada en la medida en que produce efectos jurídicos; dicho en otros términos, en tanto reconoce derechos y obligaciones o declara su extinción. De este modo el contenido del acto administrativo se constituye en el efecto práctico que el sujeto emisor se propone lograr a través de su acción, el cual puede ser positivo o negativo, pero siempre determinable, posible y lícito; en forma tal que la imposibilidad de dar cumplimiento al acto administrativo, constituye un vicio que ocasiona su nulidad absoluta, pues la presunción de legitimidad que lo apareja no puede prevalecer contra la lógica y, por eso, el numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sanciona con la nulidad absoluta a los actos cuyo contenido sea de imposible o ilegal ejecución.

De esta manera, cuando el legislador se refiere a la aludida imposibilidad, ésta puede ser material o jurídica. 

En el primer supuesto se trata de un impedimento físico en su ejecución. Entre los casos que la doctrina menciona como ejemplo de este tipo, se encuentra el de una sanción pronunciada contra un funcionario público que no puede ser ejecutada por haber éste renunciado o fallecido, o un decreto de expropiación sobre un inmueble destruido.

Por otra parte existe la imposibilidad jurídica de cumplir con el acto administrativo, cuando el mismo es de ilegal ejecución. Se trata de aquel acto cuyo objeto es ilícito per se, es decir, tiene un vicio de ilegalidad en sentido objetivo como conducta prohibida por la ley o ilegalidad en abstracto; por ejemplo, un decreto de expropiación sobre un bien declarado por la Ley inexpropiable, o un acto que imponga a un funcionario público una sanción no contemplada en el ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, se observa que en el caso bajo análisis el acto recurrido tenía por objeto determinar si las irregularidades imputadas a la actora, podían considerarse como hechos susceptibles de ser sancionados disciplinariamente. Así, el órgano administrativo luego de analizar el caso, concluyó que “…la conducta de la ciudadana Juez DECSY MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, se encuentra tipificada como falta disciplinaria establecida en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial, por haber cometido un hecho grave que, sin constituir delito, comprometió la dignidad de su cargo, haciéndose acreedora de la sanción de DESTITUCIÓN.”. No obstante, y ante la situación de que ya la recurrente se encontraba destituida, el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura declaró inejecutable esa sanción.

Bajo tales premisas, observa la Sala que si bien es cierto que formalmente el órgano administrativo no debió declarar nuevamente la “destitución” de la actora, sino limitar su pronunciamiento a establecer que la conducta imputada estaba prevista como sancionable con la destitución en la Ley, dejándose constancia en su expediente administrativo de tal situación, por otra parte, también es cierto que expresamente advirtió que tal “destitución” era inejecutable, toda vez que la relación jurídico funcionarial ya se encontraba extinguida con anterioridad.

Por tanto, no puede considerarse en este caso, que existe el vicio alegado por la representación del Ministerio Público, ya que precisamente el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, actuó conforme a derecho al decidir el procedimiento disciplinario iniciado contra la actora, toda vez que aun cuando la juez estaba separada del cargo, tal situación no era óbice para poder ser objeto de un procedimiento disciplinario por hechos ocurridos durante el ejercicio del mismo, siendo además que en el acto impugnado se dejó expresa constancia de su imposible ejecución, en cuanto a la destitución. Por consiguiente, debe desecharse el alegato del Ministerio Público. Así declara.

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre los vicios imputados al acto por la recurrente y al efecto observa:

En primer término, observa la Sala que de una forma genérica la actora alegó la violación de los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin ser suficientemente explícita en cuanto a la aludida violación. No obstante, resulta necesario señalar que, en el primer caso, esto es el referido al numeral 1, el legislador consagró como supuesto de nulidad absoluta de los actos emanados de la Administración, cuando éstos han sido dictados de forma contraria a derecho, es decir, en detrimento de la Constitución o de la Ley.

Así, se entiende que la señalada nulidad sólo tendría lugar cuando así expresamente lo indique una norma de rango constitucional o legal, o bien cuando el acto sea manifiestamente contrario a lo previsto en tales textos, lo que en el caso de autos no resulta probado de forma alguna. Por el contrario, se aprecia que el acto en cuestión es la consecuencia del procedimiento administrativo disciplinario abierto, lo que resulta perfectamente legal, de conformidad con la competencia expresamente atribuida al órgano administrativo por virtud de la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para ese entonces. 

En relación con el otro numeral, es decir, el 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual plantea también la nulidad absoluta de los actos de la Administración, por una parte, cuando hayan sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, y por otra, por ausencia absoluta de procedimiento; la Sala considera importante destacar que, doctrinariamente, ha sido definida la competencia como la capacidad legal de actuación de la Administración. En ese sentido, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por Ley, de allí que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente en la norma legal.

Determinar la incompetencia de un órgano de la Administración, supone  demostrar que ésta ha actuado sin tener un poder jurídico previo que legitime su actuación, lo cual en aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acarrearía la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado.

Con base en lo señalado,  es menester indicar que el extinto Consejo de la Judicatura tuvo su origen en la Constitución de 1961 y se consagró como un órgano orientado a asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los tribunales de la República, dejándose a cargo de la respectiva Ley, su organización y atribuciones.

Sobre esa base, el mencionado ente se constituyó como el órgano destinado a supervisar administrativamente la actividad judicial, circunscribiendo su actuación al ejercicio de la competencia conforme a los términos expuestos en el instrumento normativo que regía sus funciones.

Siendo ello así, resulta improcedente sostener el vicio de incompetencia manifiesta alegado, pues sin lugar a dudas, era el Consejo de la Judicatura,  en ese entonces, el ente llamado a revisar y a sancionar, de ser preciso, las conductas de los miembros del Poder Judicial sometidos a su competencia. Por esa razón, esta Sala estima infundado el argumento de incompetencia señalado. Así se decide.

En cuanto a la segunda parte del mencionado numeral 4, referido a la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, advierte la Sala que esto supone la existencia de una evidente o grotesca transgresión del proceso legalmente estatuido, de tal entidad que implique una determinante violación a las garantías establecidas a favor de las partes. Igualmente, es preciso apuntar que tal principio de orden constitucional no solamente está dirigido a regir la actividad jurisdiccional sino que también se extiende al campo de los procedimientos administrativos. Ahora bien, la parte afectada con la actuación de la Administración no sólo omitió la referencia de los hechos que, en su criterio, dan lugar a la presencia del vicio alegado, sino que, además, a juicio de la Sala, no se deriva del expediente administrativo estudiado la existencia del vicio acotado; muy al contrario, se aprecia efectuado, en todas sus fases, el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos. Por tanto, se desestima el planteamiento aludido. Así se decide.

También alegó la recurrente, que el acto impugnado vulnera lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 60 de la Constitución de 1961, dispositivo normativo que establecía:

“Artículo 60.- La libertad y seguridad personales son inviolables y en consecuencia:

(…omissis…)

7° Nadie podrá ser condenado a penas perpetuas o infamantes. Las penas restrictivas de la libertad no podrán exceder de treinta años;”

 

La norma parcialmente transcrita (actualmente prevista en el artículo 44 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), establecía la prohibición de imponer penas perpetuas o infamantes, señalando que cualquier pena restrictiva de la libertad no podía exceder de treinta (30) años. Tales disposiciones constitucionales también resultan aplicables en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio o disciplinario, toda vez que la actuación de la Administración debe estar supeditada al principio de legalidad, y por ende, al principio que trata sobre los límites a las penas; según el cual “...No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes...” (Artículo 44 numeral 3 de la Constitución vigente).

Ahora bien, como ha quedado descrito con anterioridad en este fallo, y tal como lo consideró la representación de la Procuraduría General de la República, el acto impugnado no impuso una sanción “perpetua o infamante” a la actora, pues el órgano administrativo se limitó a declarar su responsabilidad disciplinaria, aplicando la consecuencia jurídica prevista para las actuaciones que le fueron imputadas conforme a las previsiones de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento, sin que se evidencie del texto del acto que exista una sanción accesoria, que pudiera considerarse “perpetua o infamante”, por lo que no puede afirmarse que se está vulnerando lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 60 de la Constitución de 1961. Así se declara.

Por otra parte, alegaron los apoderados judiciales de la recurrente que el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura incurrió en un falso supuesto, “ya que el Sobreseimiento fue confirmado por el Juzgado Superior Primero en lo Penal, quedando definitivamente firme y ejecutoriado y siendo devuelto el expediente a (su) mandante en fecha 17-10-90, para su ejecución.”

Respecto a la referida denuncia, observa la Sala que la irregularidad que se le imputó a la ciudadana Decsi Margot García Gutiérrez, en el ejercicio del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, fue acordar la libertad plena de un procesado, sin que la decisión sobre el sobreseimiento estuviera definitivamente firme, contraviniendo lo establecido en el artículo 320 Parágrafo Primero del Código de Enjuiciamiento Criminal, actuación que -a criterio del Órgano Administrativo- constituyó un hecho grave que comprometió la dignidad del cargo, tipificada como falta disciplinaria en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento.

Así pues, constató la Sala de los recaudos que conforman las distintas piezas del expediente administrativo sustanciado contra la actora, los siguientes hechos:

Mediante sentencia del 31 de julio de 1990, la juez recurrente decretó el sobreseimiento en la causa que por homicidio se le seguía al ciudadano Jesús Guillermo Clemente Rolas, señalando en dicho fallo que “…por cuanto de autos consta que el referido JESÚS GUILLERMO CLEMENTE ROLAS, se encuentra detenido en el local Ad Hoc en la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón, Punto Fijo, a la orden de este Tribunal, se acuerda su inmediata libertad.- Líbrese la correspondiente BOLETA DE EXCARCELACIÓN y con oficio remítase la referida Boleta a la Base Naval (…). Regístrese, publíquese y consúltese con el Juzgado Superior Primero Penal de este Estado…”.

En la misma fecha, es decir, 31 de julio de 1990 se libró la Boleta de Excarcelación conjuntamente con el Oficio dirigido al Comandante de la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón, a los fines de “la inmediata libertad del procesado”.

Posteriormente, mediante auto de fecha 1° de agosto de 1990, la recurrente ordenó remitir las copias certificadas pertinentes al Juzgado Superior respectivo, a los fines de la consulta legal sobre el sobreseimiento de la causa.

El 8 de octubre de 1990, el Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, confirmó la sentencia de sobreseimiento.

Explanados los anteriores hechos, considera la Sala pertinente aludir a lo que en materia de libertad del procesado disponían los artículos 318 ordinal 5° y 320 Parágrafo Primero del Código de Enjuiciamiento Criminal, ley adjetiva vigente para el momento en que ocurrieron las supuestas irregularidades imputadas a la actora; a saber:

“Artículo 318.- Después de ejecutada la detención de una persona, su libertad plena procede sólo en los casos siguientes:

(…omissis…)

5º.- Cuando queden firmes el sobreseimiento, la absolución o la cesación o suspensión del procedimiento, por cualquier motivo que no sea el indicado en el inciso 4º.”

Artículo 320.- La libertad provisional, o sea bajo fianza de cárcel segura, procede en los casos siguientes:

(…omissis…)

Parágrafo primero: No se concederá, sin embargo, el beneficio acordado en este artículo:

a) A los detenidos o enjuiciados por el delito de lesiones no culposas, si constare cuando se pide la libertad provisional que el lesionado no esté completamente curado de aquéllas, salvo que se hubiere dictado una providencia de sobreseimiento;.

b) A los detenidos o enjuiciados por los delitos de homicidio no culposo o violación.

A éstos no se les concederá la libertad provisional sino, cuando pronunciada la absolución, el sobreseimiento o la suspensión de la causa en segunda instancia, quedare pendiente el recurso de casación, que anunciara el Representante del Ministerio Público o el acusador y mientras este recurso sea decidido.”

 

De las normas antes transcritas, cuyo examen se efectúa sólo a los fines de determinar si la conducta de la Juez recurrente era sancionable desde el punto de vista disciplinario, se evidencia entre otros supuestos, que decretado el sobreseimiento, para que proceda la libertad del procesado, era necesario que la sentencia se encontrara firme.

Atendiendo a las anteriores premisas, constató la Sala que la actora en el escrito de descargos presentado en vía administrativa en fecha 17 de octubre de 1991 (folios 2 al 8 de la segunda pieza del expediente administrativo), afirmó que “esta juzgadora efectivamente procedió a dar libertad al Teniente de Fragata Jesús Guillermo Clemente Rolas, una vez acordado el Sobreseimiento, por cuanto de las actas del proceso se desprende que dicho ciudadano procedió a actuar en Legítima Defensa y que era injusto que por cumplir con la norma dicho ciudadano continuase detenido en la Base Naval Juan Crisóstomo Falcón, cuando podía estar cumpliendo con las labores que el Estado le imponía…”.

De todo lo expuesto, constata la Sala que la recurrente, una vez decretado el sobreseimiento el 31 de julio de 1990, acordó la inmediata libertad del procesado Jesús Guillermo Clemente Rolas, según se evidencia de la boleta de excarcelación N° 45 librada en esa misma fecha, sin que dicha sentencia se encontrara firme, tal y como lo exigían las normas aplicables en la materia, por cuanto el momento en que el Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, confirmó el fallo, fue en fecha 8 de octubre de 1990, es decir, cuando ya se encontraba ejecutada la decisión dictada por la hoy recurrente. Además, la propia actora, como lo expuso el órgano administrativo en las motivaciones del acto impugnado, aceptó expresamente que no le dio cabal cumplimiento a la norma; razón por la cual, efectivamente su actuación debía ser considerada como un hecho grave que comprometió la dignidad del cargo, y por ende como una falta disciplinaria tipificada en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial vigente para el momento en que ocurrieron los hechos. Por tanto, considera la Sala que el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura al dictar el acto impugnado no incurrió en el alegado vicio de falso supuesto. Así se declara.

Se alegó igualmente que el extinto Consejo de la Judicatura “no puede sancionar a un Juez por hechos ocurridos dentro de la esfera de su ejercicio jurisdiccional”. Al respecto debe la Sala reiterar lo que en numerosas decisiones ha señalado sobre la facultad del entonces Consejo de la Judicatura para iniciar, sustanciar y decidir un procedimiento administrativo sancionatorio, facultad que si bien no implica que el referido órgano podía revisar los actos propiamente jurisdiccionales, habida cuenta que dicho control compete a otros órganos también jurisdiccionales, sí se permitía su examen desde el punto de vista disciplinario, para determinar si la actividad jurisdiccional excedía del simple error u omisión, o del justificado desconocimiento de alguna especialidad. Es decir, cuando se tratara de casos en los cuales resulta inexcusable o sin justificación razonable el error en la decisión del juez, por cuanto su actuación revela que no es idóneo para el ejercicio del cargo.

En el presente caso, se constata de la narración de los hechos, así como de la documentación cursante en actas y del propio acto recurrido, que el entonces Consejo de la Judicatura calificó, desde el punto de vista disciplinario, como un hecho grave la inobservancia por parte de la juez sancionada de las normas que en materia de libertad del procesado establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal, situación que además, como se aludió supra, fue aceptada por la propia actora, limitándose el órgano administrativo a actuar dentro del marco de las funciones disciplinarias que le están expresamente conferidas en la normativa correspondiente. Así se declara.

Por otra parte, indica la parte actora que se le colocó en un estado de indefensión, toda vez que el Inspector de Tribunales “encargado de revisar la legalidad de las actuaciones y dictar una decisión” no escudriñó ni probó su responsabilidad en los hechos imputados.

Sobre el anterior particular, debe señalarse que los Inspectores de Tribunales, a través de la Inspectoría General de Tribunales, formaban parte del Consejo de la Judicatura, y en atención a ello coadyuvaban en la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República, así como en la instrucción de los expedientes disciplinarios de los jueces y demás funcionarios judiciales, pero en definitiva era el referido Consejo quien tenía atribuida la competencia disciplinaria para sancionar a los jueces y, por ende, para valorar las pruebas que se produjeran en el procedimiento y finalmente dictar una decisión, la cual en este caso, según lo expuesto supra, se atuvo a los hechos probados en la investigación disciplinaria, por lo que la denuncia en análisis debe ser desestimada. Así se declara.

De otro lugar, alegaron los apoderados judiciales de la actora que el acto impugnado adolece del vicio de inmotivación, lo cual igualmente viola su derecho a la defensa, al no poder “dar una explicación lógica y clara de su destitución (…) ya que ignora los motivos, los hechos y fundamentos reales del acto en cuestión.”

Al respecto, cabe precisar que esta Sala ha sido constante en afirmar la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, por cuanto la inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho.

No obstante lo anterior, esta Sala observa que el acto impugnado contiene suficientemente las razones de hecho y de derecho que tuvo el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura para considerar que la actora había incurrido en la conducta que la hizo responsable disciplinariamente, motivos a los que se ha aludido a lo largo de este fallo y que eran conocidos por la actora, quien como se precisó con anterioridad, presentó escrito de descargos en vía administrativa alegando lo que consideró pertinente. Por tanto, resulta improcedente el vicio de inmotivación alegado. Así se declara.

Finalmente, en cuanto a la genérica violación de las normas contenidas en los “artículos 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74 y 78 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicables al caso concreto por expresa disposición del Artículo 28 de la propia Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, ” observa la Sala que tales disposiciones normativas están referidas a la realización del procedimiento disciplinario, el cual como se señaló, fue efectuado en todas sus fases, garantizándole a la actora su derecho a la defensa, por lo que la denuncia debe ser desestimada no sólo por ser genérica, sino por infundada. Así se declara.

Con fundamento en lo expuesto, desechados los alegatos formulados por la parte actora, debe la Sala declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto. Así se declara.

VI

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido por los abogados Carmen Sánchez González y Alberto Balza Carvajal, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana DECSI MARGOT GARCÍA GUTIÉRREZ, antes identificados, contra el acto administrativo de fecha 8 de abril de 1999, dictado por el extinto Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura, que destituyó a la actora del cargo de Juez Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, e igualmente declaró inejecutable el anterior pronunciamiento.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y remítase el administrativo.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (07) día del mes de marzo del año dos mil seis (2006). Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

      La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

                                                                      Ponente

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En ocho (08) de marzo del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00616.

La Secretaria (E),

                                                                                   SOFÍA YAMILE GUZMÁN