MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. N° 2009-0318

Por decisión N° 00845, publicada en fecha 10 de junio de 2009, la Sala aceptó la competencia que le fuese declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir el recurso de nulidad ejercido conjuntamente con suspensión de efectos en fecha 21 de diciembre de 2004, por los abogados Gerardo Fernández, María Alejandra Estévez y Víctor Robayo de la Rosa, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 20.082, 69.985 y 70.933, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 13 de octubre de 2003, bajo el N° 5, Tomo 146-A, contra la Resolución N° 189, de fecha 16 de junio de 2004, dictada por el entonces MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), mediante la cual dicho funcionario se abstuvo de resolver el recurso jerárquico impropio intentado por la parte recurrente contra el acto administrativo dictado en fecha 25 de agosto de 2003 por el Consejo Directivo del entonces Instituto Para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (INDEPABIS), en virtud del cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico y en consecuencia, ratificó la multa  que por la cantidad de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,oo), ahora expresados en diez mil quinientos sesenta bolívares (Bs. 10.560,00), le fuera impuesta al ente bancario accionante, dentro del procedimiento administrativo instaurado en su contra por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, titular de la cédula de identidad N° 2.099.806. En la referida decisión se declaró la nulidad de las actuaciones posteriores al auto dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de abril de 2007 y se acordó reponer la causa al estado en que tuviera lugar la primera etapa de la relación de la causa, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Una vez notificadas las partes de dicho fallo, el 21 de julio de 2009 se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se fijó el tercer (3°) día de despacho para comenzar la relación.

El 28 de julio de 2009 comenzó la relación de este juicio y se fijó oportunidad para la celebración del acto de informes.

En fecha 17 de septiembre de 2009, oportunidad fijada para que tuviese lugar el acto de informes, se difirió el mismo para el 25 de febrero de 2010.

En fecha 25 de febrero de 2010 tuvo lugar el acto de informes, al cual sólo compareció la sustituta de Procuradora General de la República y expuso sus argumentos. Asimismo, consignó por Secretaría sus conclusiones escritas, las cuales fueron agregadas al expediente.

El 21 de abril de 2010, terminó la relación y se dijo “VISTOS”.

Para decidir, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Por escrito presentado en fecha 21 de diciembre de 2004 ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, los abogados Gerardo Fernández, María Alejandra Estévez y Víctor Robayo De La Rosa, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, contra la resolución dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, hoy Ministro del Poder Popular para el Comercio, mediante la cual decidió abstenerse de conocer el recurso jerárquico impropio incoado por la mencionada empresa contra el acto de fecha 25 de agosto de 2003, dictado por el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (INDEPABIS) que, a su vez, declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra el acto dictado por la Presidencia del referido Instituto el 27 de junio de 2003, mediante el cual se ratificó la multa por la cantidad de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,oo), impuesta a la sociedad mercantil recurrente, por haber violentado lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente para ese momento.

Por decisión del 14 de abril de 2005, la prenombrada Corte se declaró competente para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, admitió el mismo, negó la solicitud de suspensión de efectos, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación del mencionado órgano jurisdiccional y la notificación de la Procuraduría General de la República.

Practicadas las notificaciones de ley, en fecha 31 de octubre de 2006, compareció la abogada Alicia Jiménez de Meza, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 22.977, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público y consignó escrito de opinión fiscal.

El 01 de noviembre de 2006, compareció la abogada Giovanna Mascetti, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 77.469, actuando en su carácter de apoderada judicial del Banco de Venezuela y consignó su escrito de promoción de pruebas.

 En fecha  15 de noviembre de 2006, compareció el abogado Guido Puche, incrito en el INPREABOGADO bajo el N° 98.853, en su condición de apoderado judicial del Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), y consignó escrito de oposición a las pruebas promovidas por la contraparte.

Por decisión dictada el 16 de noviembre de 2006, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo expuso con relación a la oposición a las pruebas formulada, lo siguiente: “… este Tribunal en razón de que no ha sido promovido medio de prueba alguno, no tiene materia sobre la cual pronunciarse con respecto a los alegatos expuestos por la promovente, en consecuencia, tampoco tiene materia sobre la cual pronunciarse con respecto a la oposición formulada (…)

Mediante diligencia presentada en fecha 28 de febrero de 2007, el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, asistido por el abogado Raúl Antonio Jiménez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 39.087, consignó copias simples del expediente N° F-642.938, llevado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

Por auto del 10 de abril de 2007, el Juzgado de Sustanciación visto que no quedaban actuaciones por realizar, ordenó remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de continuar el curso de ley.

Por decisión de fecha 28 de septiembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declinó la competencia para conocer del presente asunto en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Alega la representación judicial de la accionante en su escrito libelar, lo siguiente:

Que el 03 de agosto de 2000, el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, acudió al INDECU para denunciar que le fueron sustraídos “7 cheques de los cuales fueron cobrados 5 con un valor de Bs. 13.414.237,50. Los cuales les fueron falsificación (sic) de firma, cobrados por taquilla”.

Que agotada la vía conciliatoria sin que las partes hubiesen llegado a un acuerdo satisfactorio que pusiera fin a la controversia, el 27 de noviembre de 2001 la Sala de Conciliación y Arbitraje del INDECU ordenó la remisión del expediente a la Sala de Sustanciación.

Que sustanciado en su totalidad el correspondiente procedimiento administrativo, el 10 de julio de 2002 se decidió sancionar a la entidad bancaria recurrente con multa de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,00), equivalentes a dos mil (2000) días del salario mínimo para la época.

Que contra la citada decisión se ejerció recurso de reconsideración ante el Presidente del órgano sancionador, el cual fue declarado sin lugar mediante providencia de fecha 09 de mayo de 2003.

Que el 27 de junio de 2003, se ejerció recurso jerárquico ante el Consejo Directivo del INDECU, el cual fue desestimado en fecha 25 de agosto de 2003.

Que a su vez fue ejercido contra el último acto aludido, recurso jerárquico impropio por ante el otrora Ministro de la Producción y el Comercio, hoy Ministro del Poder Popular para el Comercio.

Que a través de la Resolución N° 091 del 16 de junio de 2004, el entonces Ministro de la Producción y el Comercio se abstuvo de conocer y decidir dicho recurso “…por imperativo de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente, artículo 24 de la Constitución y artículos 3 y 9 del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, aduciendo para ello que en razón de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, no tenía atribuida la competencia para resolver como instancia superior los recursos jerárquicos impropios que cursaban ante dicho Despacho…”.

Que en consecuencia, el recurso de nulidad era ejercido contra el acto administrativo dictado por el Consejo Directivo del INDECU en fecha 25 de agosto de 2003, que declaró sin lugar el recurso jerárquico propio ejercido contra la providencia de fecha 09 de mayo de 2003, dictada por el Presidente de ese organismo, que a su vez declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto de fecha 10 de julio de 2002, mediante el cual se sancionó a su representado con multa por la cantidad de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,00).

Que el acto impugnado está viciado de nulidad por incurrir en falso supuesto, tanto de hecho, como de derecho, además de haber sido dictado por una autoridad manifiestamente incompetente y con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, ser de ilegal ejecución y por violar derechos constitucionales de la entidad bancaria recurrente.

Que el falso supuesto de hecho se configura, en virtud de que el Consejo Directivo del INDECU fundamentó su decisión en una apreciación errada de los hechos contenidos en el expediente administrativo, pues de la denuncia efectuada por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, no se evidencia la comisión de algún hecho ilícito por parte del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, por lo cual no existe fundamento fáctico para sancionar a su representado con base en el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario derogada.

Al respecto destacó, que su representada cumplió a cabalidad con las normas y procedimientos estipulados para el pago de los cheques, como lo son: verificar que las firmas que suscriben los cheques sean coincidentes en sus rasgos generales con las que aparecen registradas al cliente en la tarjeta de firma que reposa en los archivos del Banco; verificar el endoso de los mismos y tomar fotografía a las personas que los hicieron efectivos, entre otros, lo cual, en su criterio, demuestra que es falso que su representado no haya actuado como un buen padre de familia en la custodia del dinero depositado.

Que incurre también la Administración en falso supuesto de hecho, cuando afirma en el acto impugnado que al recurrente no se le lesionó, ni menoscabó, su derecho a la defensa ni al debido proceso, pues en su criterio,  el INDECU no cumplió con los formalismos esenciales tales como la omisión de notificación de los cargos imputados y de las actuaciones necesarias para determinar los hechos denunciados.

Que el acto administrativo impugnado se fundamenta en un error de hecho, pues si bien es cierto que de las actas contenidas en ese expediente resulta que el supuesto denunciante compareció ante las oficinas del INDECU en la fecha allí señalada, también es cierto que de ninguna parte aparece que la misma haya formulado denuncia alguna contra el Banco.

Que en el acto administrativo recurrido no se señalan las pruebas utilizadas por la Administración para sustentar la sanción impuesta, omitiéndose toda consideración sobre los hechos que quedaron fijados con tales pruebas, por lo que en su decir, no existió por parte del INDECU probanza alguna que demostrara la comisión de ilícitos administrativos, circunstancia que de igual forma vicia a la providencia administrativa impugnada de falso supuesto de hecho.

Que el falso de supuesto de derecho se configura por erróneas interpretaciones de las normas que sirvieron de sustento al acto recurrido.

Que el primero de los errores se refiere a la interpretación que se hizo del artículo 128 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, manifestando la Administración que dicho dispositivo ordena únicamente llamar al notificado a comparecer ante la Sala de Sustanciación, independientemente del conocimiento de los cargos por los cuales se le investiga.

Que asimismo, fue erróneamente interpretado el artículo 129 de la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, pues la actividad probatoria del INDECU se limitó a apreciar las pruebas consignadas por las partes intervinientes en el procedimiento administrativo, obviando la carga probatoria que tenía.

Que igualmente, se hace una errónea interpretación en el acto impugnado de los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, deviniendo en abuso de poder, por violación del principio de que nadie puede ser sancionado sino en virtud de la comisión de hechos definidos como infracciones en la ley.

Que el hecho de que la respuesta dada por el banco al denunciante no haya sido satisfactoria, no implica que haya incumplido con la obligación contenida en el citado artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Que los derechos constitucionales violados por el acto recurrido son: el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser oído y a obtener oportuna respuesta.

Que la Administración, pese a haber sustanciado un procedimiento previo a la imposición de la sanción, no fue el legalmente establecido, pues estuvo viciado desde el inicio, toda vez que se inició la averiguación a raíz de una solicitud que no cumplía con los requisitos legales de existencia y eficacia; la entidad bancaria recurrente nunca fue notificada de los cargos que se le imputaban; el procedimiento conciliatorio fue írritamente tramitado; el INDECU no realizó las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que debía decidir y se notificó al Síndico Procurador Municipal del Municipio Libertador para rendir un informe respecto al caso, cuando dicho funcionario no ostenta competencia alguna en lo que respecta a los procedimientos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha establecido que el falso supuesto, además de dotar de ilegalidad la ejecución del acto, origina una incompetencia del funcionario que lo emite, pues se excede en sus límites, potestades y funciones al modificar una norma o su interpretación, con el fin de aplicar una consecuencia legal que atenta contra principios, garantías y derechos constitucionales.

Que en virtud de las razones de hecho y de derecho expresadas, solicitaban la nulidad del acto administrativo recurrido.

II

DE LOS ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La abogada Ana Lucila Vejar Barajas, previamente identificada, actuando en su condición de sustituta de la Procuradora General de la República, en la oportunidad de presentar su escrito de informes, señaló:

            1.- En cuanto a la presunta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, señaló que se puede apreciar en el expediente que a la empresa recurrente se le respetó en todo momento su derecho a la defensa y al debido proceso, derechos inherentes a toda persona y de rango constitucional, por cuanto fue debidamente notificada para ser oída, se le respetó el lapso para aportar las pruebas que considerara conveniente y tuvo acceso al expediente administrativo.

            2.- Sobre la denuncia de violación del derecho a la presunción de inocencia, indicó que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), así como el Ministerio de la Producción y el Comercio, sustanciaron el correspondiente procedimiento administrativo, donde se analizaron las actas y demás documentos que evidenciaron la falta en la prestación de la actividad económica desarrollada por la recurrente. Por consiguiente, en el caso de marras, se realizó una actividad de comprobación de los hechos investigados que destruyó la presunción de inocencia de la empresa recurrente.

            3.- Respecto al vicio de falso supuesto de hecho, refirió que en el presente caso quedó demostrado que no se configuró el vicio alegado, por cuanto el acto administrativo fue dictado de conformidad con los hechos existentes, con base en las pruebas contenidas en el expediente administrativo y debidamente valoradas por la Administración.

            4.- Con relación al vicio de falso supuesto de derecho, acotó que la empresa recurrente fue debidamente notificada de la apertura de la averiguación administrativa, concediéndole todos los lapsos establecidos por ley para que se hiciera parte en la misma, así como el inicio del lapso probatorio de diez (10) días hábiles, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en concordancia con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, salvaguardando así las garantías constitucionales del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal.

            Asimismo, señaló que a la empresa recurrente se le respetó en el transcurso del procedimiento, el lapso para aportar las pruebas que considerara convenientes, las cuales no consignó, “pero sus valores probatorios no desvirtuaron los cargos contra ella presentados”.

            En cuanto a la denuncia de la parte accionante sobre la errónea interpretación de lo dispuesto en los artículos 15 y 95 de la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, expresó que le correspondía al Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, demostrar que la cantidad de dinero objeto de reclamo, fue debitada indebidamente de la cuenta corriente de la sociedad mercantil recurrente, hecho éste que no fue probado, infringiendo con su omisión los derechos de uno de sus usuarios.

            5.- En lo que se refiere a la supuesta prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para imponer la multa a la empresa recurrente, indicó esa representación judicial que en la Resolución objeto de impugnación los hechos concuerdan perfectamente con los supuestos previstos en la norma que le sirvió de fundamento, actuando el organismo administrativo apegado a los principios de legalidad y proporcionalidad de los actos administrativos, aplicándose la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para el momento, y la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta.

            6.- Sobre la supuesta incompetencia manifiesta del autor del acto impugnado, resaltó que la competencia es de orden público, no se presume y tiene que ser otorgada de manera expresa, así, la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario otorgaba al Presidente del INDECU la potestad de imponer sanciones administrativas ante la infracción de sus disposiciones por parte de los proveedores, toda vez que correspondía a ese Instituto la fiscalización de los operadores económicos; coordinar y velar por el cumplimiento de la Ley por parte de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; fomentar, promover la educación y asesoramiento de los consumidores en su condición de débiles jurídicos.

Finalmente solicitó que el presente recurso de nulidad sea declarado sin lugar.

III

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Por escrito presentado en fecha 31 de octubre de 2006, la abogada Alicia Jiménez de Meza, antes identificada, presentó la opinión del Ministerio Público, resumidamente en los siguientes términos:

Que el Ministro de la Producción y el Comercio, mediante Resolución N° 091 de fecha 16 de junio de 2004, resolvió abstenerse de conocer y decidir dicho recurso por imperativo de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente, aduciendo que en razón de la entrada en vigencia de la nueva Ley, no tenía atribuida la competencia para resolver como instancia superior los recursos jerárquicos impropios que cursaban en dicho despacho, razón por la que la parte recurrente interpuso el recurso de nulidad contra el acto dictado por el Consejo Directivo del INDECU.

Que efectivamente la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario derogada establecía la posibilidad de recurrir ante el Ministerio de la Producción y el Comercio, los actos emanados del Consejo Directivo del INDECU; no obstante, en fecha 04 de mayo de 2004, fue sancionada la nueva Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.930, la cual elimina la instancia recursiva ante el Ministro de la Producción y el Comercio, por lo que emitida la decisión del INDECU el interesado podrá acudir a la vía contencioso administrativa.

Que en el caso de autos, el recurso jerárquico impropio fue ejercido en fecha 27 de noviembre de 2003, siendo el 05 de mayo de 2004 la fecha en que fue sancionada la nueva Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, por lo que el administrado, al ejercer su recurso gozaba de una expectativa de derecho, en el sentido de que tenía la certeza jurídica de que su recurso sería conocido y resuelto por el Ministerio como órgano jerárquico.

Que para el Ministerio Público es claro, que para el momento de la interposición del recurso jerárquico impropio se encontraba vigente la Ley de Protección al Consumidor y al usuario anterior que establecía la posibilidad de recurrir administrativamente de los actos emanados del Consejo Directivo del INDECU, lo que obligaba al Ministerio de la Producción y el Comercio a decidir el recurso interpuesto a la brevedad posible, en atención al derecho de petición del administrado.

Finalmente, solicitó se declarase la declinatoria de competencia del presente asunto en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

IV

DEL ACTO ADMINISTRATIVO

            Mediante Resolución Nº 189 del 16 de junio de 2004, el Ministro de la Producción y el Comercio se abstuvo de conocer el recurso jerárquico impropio ejercido contra la decisión dictada en fecha 25 de agosto de 2003, mediante la cual el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor (INDECU) declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto  contra la decisión emitida por el Presidente de dicho Instituto, ratificando, en consecuencia, la multa por la cantidad de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,00), ahora expresados en diez mil quinientos sesenta bolívares (Bs. 10.560,00), impuesta a la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por la infracción del artículo 15  de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

            En esta decisión el Ministro de la Producción y el Comercio, visto que el artículo 151 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.930 de fecha 4 de mayo de 2004, dispone que las decisiones del Consejo Directivo del INDECU agotan la vía administrativa, resolvió lo siguiente:

“…abstenerse de conocer y decidir el presente Recurso Jerárquico Impropio interpuesto por los ciudadanos GERARDO FERNÁNDEZ y MARIANA MELÉNDEZ, en fecha 27 de noviembre de 2003, Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., Banco Universal, contra la decisión de fecha 25 de agosto de 2003,  emanada del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)…”

            Ahora bien, la decisión de fecha 25 de agosto de 2003, emanada del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en virtud de la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico y en consecuencia se confirmó la decisión dictada por la Presidencia del mencionado Instituto el 10 de julio de 2002, estableció:

“Este Directorio para decidir observa:

Comparte este Consejo el criterio sostenido reiteradamente por la Presidencia de este Instituto ya que en el presente caso la administración cumplió con todo lo necesario para garantizarle el derecho a la defensa al administrado de autos, respeto por los derechos del particular interesado, por cuanto fue notificado para ser oído, se le respetó el lapso para aportar las pruebas que considerarán convenientes y tuvo acceso al expediente administrativo. Asimismo, se les señala que la violación del Derecho a la Defensa en la actualidad corresponde al debido proceso de las actuaciones administrativas consagrado en el numeral 1 del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes términos:

‘El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales, administrativas y, en consecuencia:

1.- La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para ejercer su defensa serán anuladas las pruebas obtenidas mediante violación al debido proceso.’

Al respecto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02.05.00, recaída en el caso de Asociación Civil Colegio Santiago León de Caracas vs. Ministerio de Fomento señaló lo siguiente:

…omissis…

De tal manera que al recurrente no se le lesionó ni menoscabó, su derecho a la defensa ni al debido proceso, en la configuración del acto administrativo que se recurre; tal como se constata al expediente administrativo signado con el N° 2522-01.

Ahora bien, y en lo que respecta al falso supuesto de hecho y de derecho alegado también es desestimado por este Consejo Directivo, por cuanto el acto administrativo recurrido fue dictado de acuerdo a reglas jurídicas adecuadas y precisas que concuerdan con la situación que dio origen al acto administrativo. Así pues, la administración no actuó caprichosamente, sino que se tomaron en consideración las circunstancias correspondiéndolas con la fundamentación legal del caso, los hechos fueron comprobados adecuadamente, así como adecuadamente subsumidos en el presupuesto de derecho correspondiente. Por lo tanto en consideración a las razones expuestas y de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 96 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos este Despacho,

Por último, se desestima el vicio de inmotivación del acto y al respecto se señala, que este vicio se tipifica tan solo en los casos en los cuales, está ausente la determinación prevista en el artículo 9 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esto es, cuando no se expresa ni las razones de hecho, ni las razones jurídicas, ni puede deducirse la presencia de tales elementos del contexto general del acto. En consecuencia, es evidente que el sentido al cual alude el legislador es el de exigir la determinación de las circunstancias (hechos) que puedan subsumirse (supuestos jurídicos) en las normas expresas para configurar la inmotivación.

En efecto, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en numerosas sentencias reiteró su criterio acerca de la motivación de los actos administrativos, cuando sostuvo que esta no tenía por que ser extensa, por cuanto, podía ser sucinta, siempre que fuese informativa e ilustrativa y en ocasiones, cuando la norma en la cual se apoya el acto es entera y exclusivamente con el caso en cuestión, la simple cita de la disposición aplicada puede equivaler a motivación. Y, en definitiva, los motivos de hecho del acto se encuentran en el expediente administrativo.

RESUELVE

Declarar SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto en fecha 27 de junio de 2003, por el ciudadano GERARDO FERNÁNDEZ, en su carácter de Apoderado de la sociedad mercantil denominada BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, y en consecuencia se CONFIRMA la decisión dictada por la Presidencia de este Instituto, de fecha 10.07.02…” (Sic).

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Efectuada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la parte recurrente y por la Procuraduría General de la República, así como la opinión presentada por la representación del Ministerio Público, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 189, de fecha 16 de junio de 2004, dictada por el entonces MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio) mediante la cual dicho funcionario se abstuvo de resolver el recurso jerárquico impropio intentado por la parte recurrente contra el acto administrativo dictado en fecha 25 de agosto de 2003 por el Consejo Directivo del entonces Instituto Para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), que confirma la multa impuesta a la recurrente por la cantidad de diez millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs. 10.560.000,oo), ahora expresados en diez mil quinientos sesenta bolívares (Bs. 10.560,00), por la transgresión del artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente para el momento en que se suscitaron los hechos.

Los representantes de la sociedad mercantil accionante, señalan en su recurso que el acto administrativo impugnado es el emitido por el Consejo Directivo del INDECU el 25 de agosto de 2003, mediante el cual se declaraba sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y en consecuencia, se ratificaba la multa que se le había impuesto a aquélla por la trasgresión del artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

Refieren que procedían contra ese acto en virtud de la negativa del entonces Ministro de la Producción y el Comercio a decidir el recurso jerárquico impropio que ante él habían ejercido.

  Tal negativa, conforme se desprende del capítulo relativo al acto impugnado, fue sustentada por el Ministro en la eliminación en la Ley de Protección al Consumido y al Usuario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.930 del 4 de mayo de 2004, del recurso jerárquico impropio, al señalarse en el artículo 151 de dicho cuerpo normativo, que las decisiones del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), agotaban la vía administrativa.

Al respecto, debe destacar la Sala que el recurso jerárquico impropio fue ejercido por los recurrentes el 27 de junio de 2003, cuando todavía no se había dictado la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 2004, por lo que correspondía al Ministro emitir el pronunciamiento pertinente con relación al asunto sometido a su consideración.

 Ahora bien, el Ministro en dicha negativa no sólo indicó que se abstenía de decidir, sino que simultáneamente señaló que confirmaba la decisión emanada del Consejo Directivo el 25 de agosto de 2003; ante tal situación y visto que esta Sala aceptó la declinatoria de competencia que le fuera realizada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la sentencia Nº 00845, publicada en fecha 10 de junio de 2009, al estimar que en este caso el acto impugnado era el dictado por el Ministro de la Producción y el Comercio, corresponde a la Sala con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los recurrentes, pronunciarse sobre la legalidad de dicho proveimiento administrativo, tomando en consideración la motivación expuesta por el Consejo Directivo del INDECU, por haber sido la misma acogida por el referido Ministro.

1. En este sentido, se observa que los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente alegan la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, en razón de que: a) de la denuncia formulada en sede administrativa no se evidencia la comisión de ningún hecho ilícito por parte de su representada; b) la Administración le notificó de manera defectuosa del procedimiento administrativo sancionador que se realizó en su contra, sin indicarle los cargos y hechos que se le imputaban, y omitió realizar las actuaciones necesarias para determinar la comisión de los hechos denunciados y c) consideró la solicitud realizada por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, no constituía una denuncia contra su representado pues en su criterio, la referida actuación no reunía los requisitos atinentes a dicha figura.

Asimismo adujeron los apoderados de la Institución bancaria recurrente, la existencia de un falso supuesto de derecho, por la errónea interpretación de los artículos 15, 95, 128 y 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario aplicable ratione temporis al caso bajo estudio.

 Para analizar la procedencia de estas denuncias, en el orden en que fueron expuestas, observa la Sala lo siguiente:

La jurisprudencia de esta Sala ha determinado que el vicio de falso supuesto de hecho se verifica cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo; mientras que el falso supuesto de derecho tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da un sentido que ésta no tiene.

A efectos de verificar la existencia del aludido vicio en cualquiera de sus dos modalidades, se advierte que en el caso de autos, el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) inició un procedimiento administrativo que concluyó con la imposición de una multa al Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por considerar ese órgano administrativo que la mencionada sociedad mercantil, como proveedor de servicios, había infringido la obligación impuesta en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la cual consistía en el respeto de los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio.

Ahora bien, los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, aplicable ratione temporis  al presente caso, prevén lo siguiente:

“Artículo 15. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si el proveedor incumpliere con las obligaciones antes mencionadas, el consumidor o usuario tendrá el derecho de desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido.”.

 “Artículo 95. Los proveedores que no respeten las estipulaciones a que se refiere el Artículo 15 serán sancionados con multa, equivalente en bolívares, de veinte (20) a dos mil (2.000) días de salario mínimo urbano”. 

Como puede apreciarse, el precitado artículo 15 establece una obligación genérica exigible a todo proveedor de bienes y servicios, que consiste en el respeto de los términos, plazos, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario.

Dicha obligación general se concreta a partir del momento en que el consumidor o usuario contrata con el proveedor de un bien o servicio, de manera que el incumplimiento de esas obligaciones estipuladas en el contrato, será sancionado con la multa prevista en el precitado artículo 95 eiusdem. 

En el caso de autos, del análisis de las actas procesales, aprecia la Sala que el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), al momento de decidir el procedimiento administrativo y vista la falta de comparecencia del accionante al mismo, no aportando probanzas que desvirtuaran la información declarada por el denunciante en su solicitud, consideró que la recurrente incumplió con los deberes que establece el artículo 15 eiusdem, al no brindar al particular las garantías ofrecidas en la custodia del dinero puesto a su cargo a través de la cuenta corriente indicada.

 Así las cosas, esta Sala estima que el mencionado instituto empleó las normas que estaban vigentes y que eran perfectamente aplicables a las circunstancias fácticas probadas en el caso de autos, interpretándolas adecuadamente.

En tal sentido, considera necesario reiterar la Sala el criterio establecido en su sentencia Nº 1.731 del 6 de julio de 2006, en la cual se dispuso que los bancos, y en este caso concreto el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, deben garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero y bienes que los clientes colocan bajo su custodia, así como los servicios adicionales que ofrecen para la movilización y uso del dinero confiado, es decir, cajeros automáticos, puntos de venta, consultas y transferencias telefónicas, así como las operaciones bancarias vía Internet; servicios en los que deben implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en el banco no sólo su dinero sino también su confianza.

Respecto a la consideración de la solicitud realizada por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez como una denuncia, se observa que corre inserto al folio N° 2 del expediente administrativo, escrito de fecha 02 de agosto de 2000, dirigido al Dr. Samuel Ruth, en su condición de Presidente del INDECU, donde indicó brevemente el motivo de su denuncia, cual fue la sustracción de siete (7) cheques de su oficina y el posterior cobro de cinco (5) de ellos por un monto total de trece millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos bolívares (Bs. 13.347.500,00), ahora trece mil trescientos cuarenta y siete bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 13.347,50), los cuales fueron aparentemente conformados por su persona, por los teléfonos de su oficina en las fechas correspondientes al lunes y martes de la semana santa del año 2000, oportunidad en que no se encontraba en Caracas.

Consta en las actas procesales la existencia del mencionado escrito, así como los reclamos realizados ante el Banco de Venezuela, donde explicaba detalladamente los hechos que dieron origen a su reclamo, así como la denuncia formulada en fecha 24 de abril de 2000, ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial; estado de cuenta de la cuenta corriente N° 384-757604-5 correspondiente al mes de abril de 2000 y la respuesta negativa del Banco a su solicitud.

Por otra parte, de la revisión de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, constata la Sala que el aludido texto legal no determina los extremos que debe cumplir la denuncia que se formule ante el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU); sin embargo, es indudable que debe cumplir con unos requisitos mínimos que permitan su tramitación, entre otros: la identificación del denunciante y del denunciado, así como una explicación breve de los hechos que dieron origen a la denuncia.

En el caso de autos y bajo los parámetros expuestos, observa la Sala que sí existió una denuncia, que a juicio del Presidente del mencionado instituto y de esta Sala llenaba los requisitos mínimos para ser presentada ante esa instancia administrativa, tales como: explicación del problema planteado, identificación del denunciante y constancia de los reclamos efectuados al proveedor del bien o del servicio, y carta de respuesta emitida por el presunto infractor. No obstante lo expuesto, este Tribunal reitera el criterio establecido en casos similares al que nos ocupa, en el sentido siguiente:

“ (…) la inexistencia o posible deficiencia de la denuncia por la cual se inicie un procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria por la eventual violación de los derechos de los consumidores o usuarios -denuncia ésta para la cual la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario aplicable al caso no exige requisitos específicos-, no es óbice para que el órgano administrativo ordene abrir dicho procedimiento, toda vez que el artículo 126 de la referida Ley dispone que el procedimiento se iniciará de oficio, bien sea por denuncia de la parte afectada en sus derechos o por iniciativa del propio Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en los casos en que existan elementos suficientes que le hagan presumir la comisión de tales ilícitos; por lo que el alegato formulado debe desestimarse. (…)” (Sentencia de esta Sala Nº 939, de fecha 20 de abril de 2006).

En atención a los argumentos expuestos así como al criterio jurisprudencial citado, estima la Sala que no existe el falso supuesto denunciado, por cuanto la solicitud presentada por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, cumplía con los requisitos mínimos para considerarse como una denuncia y que, además, el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU) le dio a la misma, el trámite que prevé la ley que regula al mencionado instituto, cumpliendo así con el procedimiento legalmente establecido.

De otra parte, respecto a los presuntos vicios en la notificación, referidos a la presunta omisión de notificar los cargos que se le imputan, verifica la Sala que consta tanto en el expediente administrativo como de los recaudos presentados junto con el escrito de demanda, que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) dio inicio a un procedimiento administrativo con motivo de la denuncia signada con el Nº  09935-00, interpuesta en fecha 03 de agosto de 2000 por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, ya identificado, contra el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por la sustracción de siete (7) cheques de los cuales fueron cobrados (5) por un monto total de trece millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos bolívares (Bs. 13.347.500,00), ahora trece mil trescientos cuarenta y siete bolívares con cincuenta céntimos (BsF. 13.347,50), falsificando su firma y presentados ante las taquillas del banco.

A su vez, cursa al folio cuarenta y cuatro (44) del expediente administrativo, una Boleta de Citación dirigida al Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por la Sala de Sustanciación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), recibida en fecha 13 de junio de 2002, en la que se le indicaba que debía comparecer por ante dicha Sala en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de su notificación, a fin de imponerlo de los hechos, rindiese su declaración y promoviese sus pruebas, con ocasión de la  denuncia N° 09935-01, esto es, la formulada ante ese Instituto por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez.

De lo expuesto se colige que desde la recepción de la referida Boleta (ver folio 44 del expediente administrativo), la empresa recurrente estuvo al tanto de que el mencionado ciudadano había formulado una denuncia en su contra. 

Asimismo, alega la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal la existencia de un falso supuesto de derecho, por la errónea interpretación del artículo 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, al haber invertido la Administración la carga de la prueba; en este sentido se advierte que dicho artículo expresa lo siguiente:

Artículo 129.- “El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites”.

Al respecto, observa la Sala que en el presente caso la Administración dio inicio al procedimiento sancionador de conformidad con las normas legales que regulaban el mismo, contenidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995 aplicable ratione temporis, lo cual se evidencia del expediente y ha sido ya señalado en este fallo, impulsando en todo momento la actividad administrativa hasta culminar tanto el procedimiento de primer grado como el procedimiento de segundo grado que finalizó con la decisión que resolvió el recurso jerárquico impropio, la cual es objeto de impugnación en el caso de autos.

Conforme se evidencia de los autos, contrariamente a lo alegado por la recurrente, la Administración no invirtió la carga de la prueba, pues si bien puso de relieve la inactividad probatoria en el procedimiento administrativo de la parte actora, la sanción impuesta a la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, se fundamentó en las circunstancias fácticas que se hallaban probadas en el expediente y en la correspondiente subsunción de esos hechos en las normas legales pertinentes; en virtud de lo cual, estima la Sala que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU) no incurrió en falso supuesto alguno en la interpretación del artículo 129 eiusdem, por lo que resulta forzoso desestimar la denuncia formulada por la actora en ese sentido.

Denunció la recurrente la supuesta errónea interpretación del artículo 128 de la entonces vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, dicho dispositivo es del tenor siguiente:

“Artículo 128. La Sala de Sustanciación notificará al presunto infractor para imponerlo de los hechos por los cuales se inicia el procedimiento y para que exponga sus pruebas y alegue sus razones en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, contando a partir de la fecha en que reciba la referida notificación, conforme lo prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En los casos de especial complejidad, determinada por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), este podrá prorrogar por una sola vez y hasta por diez (10) días hábiles el lapso señalado en el párrafo anterior.”

De allí se desprende el deber de la Administración de notificar al presunto infractor del inicio, en la Sala de Sustanciación del INDECU, del procedimiento administrativo abierto para determinar la probable violación de la referida Ley, a los fines de que comparezca a procurarse una defensa adecuada.

Al respecto se advierte, tal como se dejó sentado supra, al momento de examinar los presuntos vicios en la notificación, que la Administración notificó correctamente a la entidad bancaria recurrente para que compareciera al procedimiento administrativo instaurado en su contra, otorgándole el lapso legal previsto para que ejerciera adecuadamente su defensa con ocasión de la denuncia presentada por el ciudadano Ángel Víctor Jiménez, la cual era de su conocimiento, por lo que se desestima la pretensión de la actora en este sentido.

Desvirtuados en su totalidad los argumentos relacionados con la supuesta existencia de los vicios de falso supuesto de hecho y derecho, debe la Sala desecharlos. Así se declara.

2. Los derechos constitucionales que se denuncian violados por la providencia administrativa impugnada son el derecho a la defensa y al debido proceso, a la presunción de inocencia, a ser oído y a obtener oportuna respuesta.

Respecto a la presunta violación del derecho a la defensa y al debido proceso sostuvo la representación de la parte actora, que su representada fue notificada de manera defectuosa del procedimiento administrativo sancionador que se realizó en su contra, sin indicarle los cargos y hechos que se le imputaban, y el lapso que le otorgaron para ejercer su defensa dentro del aludido procedimiento fue insuficiente para tal fin.

Juzga la Sala que tales consideraciones fueron resueltas al momento de pronunciarse sobre el denunciado vicio de falso supuesto, quedando demostrado que la recurrente fue debidamente notificada del procedimiento instaurado en su contra y que se le otorgó el lapso legalmente previsto para ejercer su defensa.

Asimismo pudo la Sala constatar, bastando para ello los alegatos expuestos por la propia accionante, que ésta tuvo acceso en todo momento a participar en el procedimiento seguido en su contra y ejerció todos los recursos, administrativos y judiciales, contemplados en la normativa aplicable al caso, por lo que en modo alguno puede sostener que hubo lesión a su derecho a la defensa y al debido proceso. Así se declara.

Con relación a la denunciada violación del derecho a la presunción de inocencia adujo la representación judicial de la sociedad de comercio accionante, que el Ministerio de la Producción y el Comercio consideró ciertas las declaraciones del denunciante, sin antes verificarlas; al respecto se advierte que la referida garantía constitucional encuentra consagrado en nuestro ordenamiento en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expresamente establece lo siguiente:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

(…)

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.

Conforme a esta norma, toda persona que sea acusada de una infracción se reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario, en este sentido el criterio sostenido por la Sala en torno a la violación de este principio, es el siguiente:

“Al respecto, observa la Sala que esta garantía requiere que la acusación aporte un prueba individual de culpabilidad, más allá de la duda, lo cual implica el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.

(…)

En efecto, el hecho de que la Administración tenga la carga de probar los hechos con base a los cuales considera que es procedente la aplicación de la sanción correspondiente, no implica que el administrado no tenga la carga de traer al expediente administrativo, pruebas que permitan evidenciar ante la Administración, la licitud de su actuación. Por tanto, estima esta Sala que en el presente caso, no se vulneró la presunción de inocencia, ya que la actividad desplegada por la Administración, se efectuó en virtud de cumplir con la carga probatoria que le correspondía. Así se decide”.  (Sentencia de esta Sala Nº 0378 de fecha 21 de abril de 2004, caso: MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A. vs. MINISTERIO DE FINANZAS)

 En el presente caso, según se desprende de las actuaciones, la institución bancaria denunciada fue considerada inocente al inicio del procedimiento, quedando desvirtuada tal presunción una vez que sustanciado el procedimiento administrativo y habiéndose otorgado a la recurrente oportunidades suficientes para su defensa, no probó nada en su favor al no comparecer al procedimiento administrativo, valorando la Administración las pruebas existentes en su contra y constatando la infracción del artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

De esta forma, considera la Sala que en el presente caso no se violentó la presunción de inocencia de la actora, pues la determinación de su incursión en el tipo legal por el cual fue sancionada, se realizó después de un procedimiento administrativo en el que se garantizaron las posibilidades de defensa de la recurrente, y en el que se concluyó en su culpabilidad con base en las probanzas existentes en los autos de dicho procedimiento. Así se decide.

Finalmente, con relación a la denunciada violación al derecho a obtener oportuna respuesta, alegó la representación judicial de la recurrente que la Administración al conocer de los recursos administrativos omitió pronunciarse sobre los alegatos expuestos, referidos a la supuesta violación de su derecho a la defensa, a ser oído, del vicio de falso supuesto, e inmotivación. Al respecto, se señala lo siguiente:

Los aludidos derechos se encuentran consagrados en los artículos 49 numeral 3 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual prevé:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

(…)

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad (…)”.

 “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

 Estas normas obligan a los órganos administrativos y judiciales a oír a los particulares -como una manifestación del ejercicio de su derecho a la defensa- en los procesos en que se encuentren involucrados, así como a dar de manera oportuna la respuesta a los asuntos que sean sometidos a su conocimiento.

En el caso de autos se observa que la recurrente ejerció los recursos administrativos (reconsideración, jerárquico, y jerárquico impropio), siendo los dos primeros de ellos conocidos y decididos de manera oportuna por la Administración, otorgando, contrariamente a lo denunciado, respuesta a los alegatos planteados por la representación judicial del banco, tal como se observa del acto administrativo S/N de fecha 09 de mayo de 2003, emanado de la Presidencia del INDECU (folios 120 y 121 del expediente administrativo, dictado con ocasión del recurso de reconsideración), y del acto administrativo S/N de fecha 25 de agosto de 2003, emanado del Consejo Directivo del INDECU (folios 124 al 128 del expediente administrativo, dictado con ocasión del recurso jerárquico), en los que fueron desestimadas, entre otras, las denuncias de falso supuesto, violación del derecho al debido proceso e inmotivación.

En tal sentido, visto que la Administración sí se pronunció sobre los argumentos de la recurrente, esta Sala debe señalar que el hecho de que la Administración no haya decidido conforme a la pretensión de la accionante, no implica per se vulneración alguna de los derechos de la administrada. Así se declara.

3. En cuanto al argumento referente a la improcedencia de la notificación al Síndico Procurador Municipal del Municipio Libertador para que rindiera informe, observa la Sala lo siguiente:

De la revisión del expediente administrativo se evidencia que, mediante Oficio s/n del 20 de abril de 2002 (folio 43 del expediente administrativo) emanado de la Sala de Sustanciación del INDECU, se le notificó al Síndico Procurador Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital sobre la apertura de un procedimiento administrativo contra la empresa recurrente, a fin de dar cumplimiento al artículo 131 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

El referido artículo 131 dispone que una vez recibido el Informe de la Junta de Sustanciación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), el Presidente de dicho organismo dictará la decisión correspondiente siguiendo las normas contenidas en el Título III, Capítulo I, Sección Tercera de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, no se desprende de las disposiciones aludidas la obligación de notificar al Síndico Procurador Municipal de la apertura de un procedimiento sancionatorio por presuntas transgresiones a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, ya que este artículo se refiere a la terminación del procedimiento a través de la emisión del acto administrativo correspondiente.

La participación que, eventualmente, podría tener el Municipio en los procedimientos como el de autos, es la descrita en el artículo 76 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, el cual establece que  ante la ausencia de una oficina del referido Instituto en algún Municipio, será el Alcalde de éste quien conocerá de la aplicación de la normativa sobre protección al consumidor y al usuario, hasta tanto el Organismo competente, INDECU, asuma dichas funciones.

Ahora bien, a pesar de que se realizó la notificación al Síndico, no consta en el expediente que éste haya emitido un Informe y, mucho menos, que se tomara en cuenta al momento de que el INDECU impuso la multa recurrida, razón por la que debe ser desechado el alegato analizado. Así se decide.

En atención a las consideraciones que anteceden, esta Sala estima que el acto impugnado se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia, procede a declarar sin lugar el presente recurso.  Así se declara.

 VI

DECISIÓN

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 189, de fecha 16 de junio de 2004, dictada por el entonces MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, hoy MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO, que ratificó el acto administrativo emanado del Consejo Directivo del entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (INDEPABIS). En consecuencia, queda firme el acto recurrido.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

              La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                   La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

              Ponente

 

 

                                                                HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En cinco (05) de mayo del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00386.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN