MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2011-0392

 

Mediante oficio No. 11-0333 de fecha 29 de marzo de 2011 la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala el expediente contentivo del “recurso por inconstitucionalidad” interpuesto por el abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 53.219, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos WILFREDO ANTONIO CLARK FLORES, JOSÉ RAMÓN NOGUERA VEGA, LOURDES ESMERALDA CÁRDENAS ZAMBRANO, MIRIAM DELFINA PERNÍA, MARILUS JOSEFINA SUÁREZ DE MÁRQUEZ, PABLO DELGADO DUQUE, LUIS HUMBERTO RAMÍREZ LUGO, SERAFÍN ENRIQUE MÁRQUEZ SÁNCHEZ y ALFONSO DEL COROMOTO MEDINA MORENO, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.733.449, 4.955.304, 6.859.788, 11.491.285, 11.337.176, 13.587.518, 4.018.323, 10.275.970 y 3.792.740, respectivamente, en su condición de Concejales del Municipio Cárdenas del Estado Táchira; contra las Circulares Nros. 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna otra remuneración distinta a la dieta; y, la segunda, que ratifica el criterio de improcedencia de pago de remuneraciones y otros conceptos distintos a los que alude el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002.

La remisión se efectuó con ocasión a la sentencia dictada por la referida Sala en fecha 16 de marzo de 2011, mediante la cual declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa para conocer del recurso interpuesto.

El 12 de abril del mismo año se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de pronunciarse sobre la declinatoria de competencia.

Pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 16 de septiembre de 2010 ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, el abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Wilfredo Antonio Clark Flores, José Ramón Noguera Vega, Lourdes Esmeralda Cárdenas Zambrano, Miriam Delfina Pernía, Marilus Josefina Suárez de Márquez, Pablo Delgado Duque, Luis Humberto Ramírez Lugo, Serafín Enrique Márquez Sánchez y Alfonso Del Coromoto Medina Moreno, en su condición de Concejales del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, ejerció “recurso por inconstitucionalidad” contra las Circulares N° 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, emanadas de la Contraloría General de la República; relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna otra remuneración distinta a la dieta; y, la segunda, que ratifica el criterio de improcedencia de pago de remuneraciones y otros conceptos distintos a los que alude el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002. Fundamenta su solicitud en los siguientes alegatos:

Que a través de las Circulares Nros. 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, la  Contraloría General de la República ha establecido un criterio según el cual los concejales, no pueden recibir remuneraciones distintas a la percepción de dietas y, por ende, no puede desprenderse ningún otro beneficio o percepción adicional, tales como bonificaciones de fin de año. Asimismo, señala, que tal posición resulta lesiva de la progresividad, irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales.

Aduce que “el hecho que generó los recursos para el Crédito Adicional distribuidos para el pago a los Concejales del Concejo Municipal del Municipio Cárdenas, se efectuaron amparándose en criterio Constitucional y Legal como aparece reflejado en el Acuerdo Nro. 029/2009 del Concejo Municipal de Cárdenas, de fecha 30/0972009, Considerando; artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 1,2 y 7 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, artículos 24,25,27,28 89 y 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establecen los derechos constitucionales y beneficios laborales, de los Concejales del Concejo Municipal del Municipio Cárdenas como funcionarios públicos. (…) (sic). (Subrayado del escrito).

Indica el apoderado actor, que el pago realizado a los Concejales del aludido Municipio por concepto de adelanto de prestaciones sociales, bono vacacional y aguinaldos del periodo comprendido entre el 29 de marzo de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 está ajustado a derecho, por cuanto los legisladores municipales deben ser considerados funcionarios públicos, y por cuanto el concepto de emolumentos previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, debe comprender las remuneraciones, sueldos, bonos, dietas, primas y cualquier tipo de ingreso mensual, percibido por el funcionario en razón de su función pública.

Expone que la referida Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, establece que los concejales en sus funciones legislativas son considerados funcionarios públicos, por lo que mal puede la Contraloría General de la República “limitar el concepto de funcionarios a los concejales cuando estos prestan un servicio a la Administración Municipal, en virtud de sus funciones legislativas, trayendo como consecuencia desde el punto de vista constitucional, que los concejales deben ser considerados trabajadores del sector público con derechos a sus prestaciones sociales”.

Señala que delimitar legalmente el concepto de dieta como parte no integrante de una remuneración, sería violentar los derechos constitucionales de estos funcionarios legislativos, que por lo particular de sus actividades “son funcionarios en función legislativa, con los mismos derechos constitucionales, con la diferencia que para el caso de los Concejales existe COLISION DE NORMAS DE CARÁCTER LEGAL Y SUBLEGAL y es la Sala Constitucional (…) la competente para determinar el alcance, aplicabilidad y control Constitucional de las normas que mejor les favorece a estos funcionarios legislativos”. (Resaltado del escrito).

Con fundamento en lo anterior, solicita se declare la inconstitucionalidad de las Circulares Nros. 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, por colidir con las disposiciones contenidas en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, pide se decrete medida cautelar de conformidad con lo establecido “en el aparte 10 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, a los fines de que se ordene a la Contraloría General de la República “deje sin efecto lo ordenado, en las actuaciones administrativas emitidas en las circulares mencionadas, donde se ordena por criterio Institucional, vinculante al órgano de control fiscal municipal en el Estado Táchira, específicamente en el acto administrativo de fecha 2 de septiembre del año 2010, Capítulo III, numerales 2.2 y 2.3 el reintegro de la cantidad de [Setenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco Bolívares con Noventa y Dos Céntimos (Bs. 76.375,92)].

Mediante sentencia N° 267 del 16 de marzo de 2011, la Sala Constitucional declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa para conocer del recurso interpuesto, con fundamento en las siguientes consideraciones:

(…) corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la demanda incoada y, a tal efecto observa, que se trata de un recurso de nulidad contra unas Resoluciones dictadas por un órgano del Poder Público Nacional -Contraloría General de la República-, en el marco de las potestades de control, vigilancia y fiscalización que establecen los artículo 2 y 9.4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal sobre los órganos del Poder Público Municipal, tales como el Concejo Municipal del Municipio Cárdenas del Estado Táchira. 

Así las cosas, la Sala advierte que, en materia de nulidades, su competencia está regulada en la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, (…), en el artículo 25, el cual, atribuye a esta Sala la competencia para el ejercicio del control concentrado de los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, tal como se estableció supra, las actuaciones impugnadas, fueron dictadas conforme a las competencias que le atribuye la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con lo cual, tienen rango sub legal y, por tanto, una evidente naturaleza administrativa, que bien fue reconocida por los propios accionantes cuando concluyeron solicitando como cautelar que se dejara sin efecto ‘…las actuaciones administrativas emitidas en las circulares mencionadas’. 

Ello así, la situación planteada no se encuentra sujeta al control concentrado que ejerce esta Sala sobre actos infra constitucionales, sino que como actuación administrativa que es, dictada por la máxima autoridad de un órgano de rango constitucional, concretamente un órgano del Poder Ciudadano como es la Contraloría General de la República, se encuentra bajo el fuero de la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal, en concordancia con el artículo 23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta Sala se declara incompetente para conocer del presente asunto y declina el conocimiento del mismo en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y, así se decide.”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, para lo cual observa:

En el caso bajo examen el abogado Gillmer José Amaya Quiñonez, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Wilfredo Antonio Clark Flores, José Ramón Noguera Vega, Lourdes Esmeralda Cárdenas Zambrano, Miriam Delfina Pernía, Marilus Josefina Suárez de Márquez, Pablo Delgado Duque, Luis Humberto Ramírez Lugo, Serafín Enrique Márquez Sánchez y Alfonso Del Coromoto Medina Moreno, en su condición de Concejales del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, ejerció “recurso por inconstitucionalidad” contra las Circulares N° 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, emanadas de la Contraloría General de la República, relativas, la primera, a la prohibición de que los Concejales perciban alguna otra remuneración distinta a la dieta; y, la segunda, que ratifica el criterio de improcedencia de pago de remuneraciones y otros conceptos distintos a los que alude el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.412 del 26 de marzo de 2002.

Ahora bien, a los fines de determinar la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, debe atenderse a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde se establece lo siguiente:

Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

(…)

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.”.

 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001), aplicable ratione temporis, dispone en el artículo 108 lo siguiente:

Artículo 108. Contra las decisiones del Contralor General de la República o sus delegatarios, señalados en los artículos 103 y 107 de esta Ley, se podrá interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a su notificación” (Negrillas de la Sala).

Conforme a las normas parcialmente transcritas, y visto que en el caso bajo examen se interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad contra unas Circulares emanadas del Contralor General de la República, quien es el máximo representante de ese órgano de rango constitucional, debe la Sala aceptar la competencia para conocer del presente recurso de nulidad. Así se declara.

III

DECISIÓN

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ACEPTA la competencia que le ha sido declinada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de los ciudadanos WILFREDO ANTONIO CLARK FLORES, JOSÉ RAMÓN NOGUERA VEGA, LOURDES ESMERALDA CÁRDENAS ZAMBRANO, MIRIAM DELFINA PERNÍA, MARILUS JOSEFINA SUÁREZ DE MÁRQUEZ, PABLO DELGADO DUQUE, LUIS HUMBERTO RAMÍREZ LUGO, SERAFÍN ENRIQUE MÁRQUEZ SÁNCHEZ y ALFONSO DEL COROMOTO MEDINA MORENO, en su condición de Concejales del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, contra las Circulares N° 01-00-000-492 y 01-00-000-637 de fechas 21 de junio de 2005 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de pronunciarse sobre la admisión del recurso, con prescindencia de la competencia ya decidida en el presente fallo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

     La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                  La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

                                                                                                                                         EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veinticinco (25) de mayo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00684.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN