Caracas, 28 de mayo de 2002

Años 192º  y 143º

 

Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2000, el abogado Jesús Alejandro Piñerúa De Lima, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 53.414, actuando en su carácter de apoderado judicial de la CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO (C.A.Y.P.E.I.C.A.P.), ejerció por ante esta Sala demanda por cobro de bolívares contra el INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO (I.C.A.P.), y solicitó medida preventiva de embargo sobre bienes de este último.

El 14 de marzo de 2000 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El 29 de marzo de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda interpuesta y ordenó emplazar a la Junta Liquidadora del Instituto demandado, en la persona de su Presidente, a los fines de que compareciera a dar contestación a la demanda. Igualmente, ordenó notificar al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En la misma oportunidad, el Juzgado de Sustanciación ordenó abrir cuaderno de medidas y remitirlo a esta Sala.

Mediante decisión de fecha 6 de junio de 2000, esta Sala declaró sin lugar la medida cautelar de embargo solicitada por la parte actora.

El 14 de junio de 2000 los abogados Antonieta Guzmán Hernández y Jesús Alejandro Piñerúa De Lima, la primera inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 18.330 y actuando en su condición de Presidenta de la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, y el segundo, actuando en representación de la Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados de dicho Instituto, consignaron escrito mediante el cual celebraron una transacción judicial en la presente causa, solicitando su homologación.

El 15 de junio de 2000 se acordó pasar el expediente a la Sala, donde se dio por recibido el día 20 del mismo mes y año.

El 21 de junio de 2000 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Magistrado José Rafael Tinoco, a los fines de la homologación de la transacción celebrada.

El 26 de octubre de 2000, esta Sala, vista la transacción consignada en el expediente, acordó oficiar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, a la Junta Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, a fin de que remitiera a esta Sala, en un lapso de cinco (5) días continuos, la decisión por medio de la cual autorizan a la abogada Antonieta Guzmán Hernández, Presidenta de dicha Junta, a transigir en nombre y representación de esta última.

Por Oficio Nº CL/611, de fecha 21 de noviembre de 2000, la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, remitió a esta Sala la información que le fuera solicitada.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 26 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, ordenándose la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

El 24 de abril de 2001, los apoderados judiciales de la parte demandante y demandada, manifestaron lo siguiente: “En cumplimiento a lo dispuesto en la Transacción Judicial cursante en autos, la demandada hace entrega en este acto, de la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 03/100 BOLÍVARES (Bs. 684.923.345,03), (…) girado a favor de C.A.Y.P.E.I.C.A.P., contra el Banco de Venezuela; quedando así cancelado la totalidad del saldo deudor pagadero en efectivo, conforme a la transacción celebrada”.

El 12 de julio de 2001 el apoderado judicial de la parte demandante solicitó la homologación de la presente transacción.

Para decidir la Sala observa:

 

I

 

El 14 de junio de 2000 los representantes de la parte demandante y de la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, consignaron escrito contentivo de la transacción judicial por ellos celebrada, solicitando su homologación y, en consecuencia, la terminación del proceso y el archivo de la presente causa. En el mencionado escrito convinieron en lo siguiente:

“(…) PRIMERO: ‘EL INSTITUTO’ reconoce la existencia de una deuda total e integral a favor de ‘CAYPEICAP’, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 28/100 BOLIVARES (Bs. 1.397.481.253,28), a pesar de que la presente acción judicial fue estimada en la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 50/100 BOLIVARES (Bs. 1.317.138.270,50), siendo que la acreencia fue calculada hasta el mes de OCTUBRE DE 1999, fecha en la que ‘CAYPEICAP’, realizó un corte contable a los fines de preparar la demanda. En consecuencia el saldo diferencial corresponde a acreencias generadas con posterioridad al mes de Octubre de 1999, específicamente hasta el mes de Marzo de 2000, oportunidad en que cesaron las relaciones laborales ordinarias.

 

SEGUNDO: ‘EL INSTITUTO’ conviene en pagar a ‘CAYPEICAP’ el monto adeudado, a través de la dación en pago de los bienes inmuebles que se indican a continuación, cuyos valores fueron determinados mediante avalúos levantados por ingenieros inscritos en la Sociedad de la Ingeniería de la Tasación (SOITAVE), bienes éstos que en su conjunto ascienden a la suma de Bs. 712.557.908,25, quedando un saldo deudor por la cantidad de Bs. 684.923.345,03, que será pagado en dinero efectivo de curso legal, mediante tres (03) porciones de Bs. 228.307.781,67 cada una, pagaderas cada cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la fecha del otorgamiento de la presente transacción; o lo que es igual, la primera cuota pagadera a los 45 días, la segunda a los 90 días y la tercera y última cuota, a los 135 días.

TERCERO: ‘EL INSTITUTO’ mediante documentos separados, que se otorgarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la presente transacción, se compromete a ceder formalmente en dación en pago, libre de todo gravamen y a favor de ‘CAYPECAP’ los bienes inmuebles cedidos; en el mismo término supra referido, se levantarán los títulos supletorios de las edificaciones carentes de titularidad, para su posterior cesión. Por otra parte ‘EL INSTITUTO’ se compromete a sanear legalmente la titularidad de los bienes dados en dación de pago, siendo que muchos de ellos carecen de documentos de propiedad y se encuentran edificados sobre terrenos ejidos, por lo que deben levantarse sendos títulos supletorios, con antelación a la formalización de la dación en pago a favor de ‘CAYPECAP’, por ante funcionarios notariales o regístrales. De seguidas se enumeran los bienes cedidos junto a su respectivo justiprecio:

 

Sede Icap Libertad de Barinas

Bs. 35.829.000,00

Sede Barinas

Bs. 48.222.265,20

Sede Churuguara

Bs. 40.452.907,00

Sede Ospino

Bs.  24.451.931,36

Sede Píritu 

Bs.  18.769.703,59

Sede San Felipe 

Bs.  29.867.341,80

Edificio Corporac Valencia

Bs. 279.831.837,52

Galpón Puerto Cabello

Bs.   65.508.364,78

Galpón Catia

Bs.  157.265.652,00

Hangar 17

Bs.    12.358.905,00

TOTAL GENERAL     

Bs.   712.557.908,25

 

CUARTO: En virtud que la transferencia de bienes inmuebles, se encuentra afecta al pago de impuestos nacionales a costa del vendedor, a través de la denominada ‘Planilla de Enajenación de Inmuebles’ (Forma 33 Seniat); y que dicho impuesto corresponde exclusivamente al vendedor, ‘EL INSTITUTO’ se comprome (sic) a tramitar los respectivos ‘Certificados de Exención fiscal’,  por ante el Ministerio de Finanzas o Seniat, según sea el caso. Asimismo se compromete a obtener el certificado de ‘Solvencia de Impuesto Sobre Inmuebles Urbanos’, por ante los Municipios que correspondan a la jurisdicción del inmueble de que se trate; igualmente ‘EL INSTITUTO’ queda obligado a pagar las cuotas pendientes de condominio, u otras cargas de los inmuebles, por concepto de servicios públicos de electricidad, agua, gas u otros servicios de que se sirvan los inmuebles. QUINTO: Las partes acuerdan que si por razones de deficiencia presupuestaria debidamente comprobada; o bien, en virtud de causas no imputables a ‘EL INSTITUTO’ como caso fortuito, fuerza mayor o hecho del príncipe, no fuere posible pagar las porciones fijadas en la Cláusula Segunda del presente documento; ‘CAYPEICAP’ se abstendrá de solicitar la ejecución forzosa de las cuotas insolutas, hasta tanto cese la condición que imposibilita el pago. No obstante ‘EL INSTITUTO’, dará un tratamiento prioritario a las obligaciones con ‘CAYPEICAP’, dentro de su ejecución presupuestaria y/o financiera. El término de mora jamás podrá extenderse por mas de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde la fecha en que se hizo exigible el pago, aun cuando medien las circunstancias excepcionales aquí previstas.

Finalmente las partes acuerdan dar por terminada la causa, SOLICITANDO se proceda a la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL de la presente transacción, para que surta efectos de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, declarándose la terminación del proceso y el archivo de la presente causa, una vez consignados los documentos formales y definitivos de dación en pago de los inmuebles, y los recibos de pago expedidos por la actora, en que se den por canceladas las tres porciones pagaderas a plazo” (Resaltado del escrito).

 

           

Ahora bien, el artículo 95 de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dispone:

“Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora de General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente notificado”.

 

Conforme a la norma transcrita supra, resulta forzoso para esta Sala, previo a cualquier pronunciamiento, notificar a la Procuradora General de la República de la solicitud de homologación de la transacción realizada en la presente controversia, y cuyo objeto es darla definitivamente por concluida, toda vez que de manera indirecta pueden quedar afectados los intereses patrimoniales de la República, por cuanto la parte demandada era un Instituto del Estado Venezolano (actualmente suprimido). A los fines de la notificación antes ordenada, líbrese oficio, anexo al cual se acompañarán copias certificadas de los siguientes recaudos:

1.- Del auto dictado por esta Sala en fecha 26 de octubre de 2000;

2.- Del Oficio Nº CL/611 de fecha 21 de noviembre de 2000, suscrito por la Presidente de la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, y sus anexos;

3.- De las diligencias de fechas 24 de abril y 12 de julio de 2001;

4.- De la transacción consignada en el expediente.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el citado artículo debe esta Sala suspender la presente causa por un lapso de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de la consignación en autos de la aludida notificación. Así se declara.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente auto a la Presidente de la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario. Cúmplase lo ordenado.

          El Presidente,

 

LEVIS IGNACIO ZERPA                                                                         

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

                 Magistrada,

 

 

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 
La Secretaria,

 

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

 

Exp. Nº 0224

En veintinueve (29) de mayo del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00739.