MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 2004-0006

 

Los abogados Cecilia Acosta Mayoral, Beatrice Sansó de Ramírez, Mauricio Izaguirre Luján y María Daniela Barrios Quintana, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 26.422, 31.948, 68.361 y 98.595 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil HUGO BOSS AG., debidamente constituida conforme a las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Dieselstr, 12, 7430, Metzingen, República Federal de Alemania,  interpusieron ante esta Sala recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 412 de fecha 24 de abril de 2003, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 457, de fecha 27 de junio de 2003, dictado por el Viceministro de Industria, actuando por delegación efectuada por el ciudadano Ministro de la Producción y el Comercio (hoy denominado Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), según Resolución N° 008 de fecha 24 de enero de 2003, en la cual se declaró “...CON LUGAR el recurso jerárquico presentado por el ciudadano LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, actuando en su carácter de Vice-Presidente de la firma comercial CITADINO INTERNACIONAL, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 2.581 de fecha 04 de junio de 1997, por la que se declaró sin lugar los recursos de reconsideración interpuestos el 01 de septiembre de 1995, y en consecuencia, ordena la continuación del trámite administrativo correspondiente...”.

El 13 de enero de 2004, se dio cuenta en Sala y de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó oficiar al Ministerio de la Producción y el Comercio, solicitándole la remisión del expediente administrativo correspondiente.

Mediante diligencia de fecha 3 de febrero de 2004, la apoderada judicial de la sociedad mercantil recurrente, solicitó a esta Sala remitir el expediente contenido del recurso de nulidad interpuesto al Juzgado de Sustanciación a  fin de que éste se pronunciara acerca de su admisibilidad y el 6 de febrero de 2004, se pasó el expediente al referido Juzgado.

El 11 de febrero de 2004, las apoderadas judiciales de la parte actora solicitaron al Juzgado de Sustanciación se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto.

En fecha 26 de febrero de 2004, visto el Oficio N° 217 de 20 de febrero de 2004, mediante el cual el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio remitió las copias certificadas del expediente administrativo requerido, se ordenó formar piezas separadas con el mismo.

El 9 de marzo de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso interpuesto cuanto ha lugar en derecho y ordenó la notificación del Fiscal General de la República, del Ministro de la Producción y el Comercio, de la Procuradora General de la República y de la sociedad mercantil CITADINO INTERNACIONAL, C.A., así como librar el cartel al que se refería el artículo 125 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el tercer día de despacho siguiente a aquél en que constaran en autos las notificaciones ordenadas. Asimismo, en el referido auto con respecto a la solicitud de medida cautelar estableció que por auto separado ordenaría abrir el respectivo cuaderno separado “...en acatamiento de la decisión de esta Sala de fecha 14.2.96, ratificadas mediante decisiones de fechas 27.3.96 y 1°.7.03, en la cual se establece que ‘a juicio de esta Sala, la medida cautelar innominada exige que haya habido la constitución de las partes en el proceso, es decir, que la litis se hubiere trabado’...”.

Practicadas las referidas citaciones ordenadas, el 23 de marzo de 2004, se libró el mencionado cartel.

Por auto de fecha 1° de junio de 2004, el Juzgado de Sustanciación, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó expedir el cartel ordenado en el auto de fecha 9 de marzo de 2003, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 eiusdem.

El referido cartel fue expedido nuevamente el 1° de junio de 2004, de conformidad con el mencionado artículo de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.

El 16 de junio de 2004, el apoderado judicial de la empresa accionante, consignó el cartel de emplazamiento, el cual fue publicado en la edición del diario “El Universal” de fecha 15 de junio de 2004.

El día 7 de julio de 2004, el abogado Mauricio Izaguirre Luján, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil accionante, solicitó al Juzgado de Sustanciación ordenara la apertura del lapso probatorio en el presente juicio, lo cual fue aprobado por auto de fecha 13 de julio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Mediante escrito consignado en fecha 14 de julio de 2004, el abogado Mauricio Izaguirre Luján, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente, ratificó la solicitud de medida cautelar innominada a favor de su representada, de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.

El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 15 de julio de 2004, acordó abrir el correspondiente cuaderno separado de medidas y ordenó remitirlo a la Sala a los fines de la decisión correspondiente.

El 21 de julio de 2004, fue consignado por la representante de la Procuraduría General de la República, escrito de promoción de pruebas y poder, el cual se ordenó agregar a los autos en la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil.

Por escrito de fecha 29 de julio de 2004, la sustituta de la Procuraduría General de la República, se opuso a la admisión de las pruebas de testigos promovidas por la sociedad mercantil accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

El abogado Carlos Domínguez Hernández inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 31.491, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HUGO BOSS AG., en fecha 11 de agosto de 2004 solicitó al Juzgado de Sustanciación admitir el capítulo VII del escrito de promoción de pruebas promovido, previa desaplicación por vía de control difuso de constitucionalidad, del parágrafo decimoprimero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicitó admitir, evacuar y valorar el resto de las pruebas documentales, inspecciones judiciales y prueba de informe promovidas.

El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 9 de septiembre de 2004, en relación a la solicitud de fecha 11 de agosto de 2004, expuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil accionante, acordó lo siguiente: “...vista la solicitud relacionada con la desaplicación de la norma antes referida, este Sustanciador, como quiera que su decisión corresponde al Juez del mérito (Sala Político-Administrativa), acuerda remitirle estas actuaciones; y, una vez resuelta dicha solicitud, devuelto como sea el expediente, se dictará el pronunciamiento relativo a la admisibilidad de las pruebas promovidas y a la oposición planteada...”.

El 15 de septiembre de 2004 se pasó el expediente a la Sala y el día 23 del mismo mes y año, se dio cuenta y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO “...a los fines de decidir la solicitud referida a la desaplicación del parágrafo decimoprimero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela...”.

Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2004, el abogado Carlos Domínguez Hernández, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa recurrente, solicitó a la Sala “....proceda a pronunciarse sobre la desaplicación de la anterior disposición vía control difuso de la constitucionalidad, a los fines de que sean admitidas las pruebas testimoniales que fueron promovidas oportunamente, las cuales servirán para evidenciar el grado de conocimiento y distintividad que tienen las marcas propiedad de Hugo Boss Ag., dentro del mercado nacional...”.

Por diligencia de fecha 20 de octubre de 2005, el apoderado judicial de la sociedad mercantil accionante solicitó “...se sirva dictar sentencia en relación a la desaplicación por control difuso del parágrafo undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitado por esta representación judicial en fecha 21 de julio de de 2004...”. Dicha solicitud fue reiterada en fecha 6 de julio de 2006.

Por auto del 12 de julio de 2006, se dejó constancia que el día 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz. Asimismo, se ordenó la continuación de la causa y se ratificó como Ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

En fecha 7 de febrero de 2007, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Pasa la Sala a decidir previas las consideraciones siguientes:

 

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

            El abogado Carlos Domínguez Hernández, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Hugo Boss A.G., solicitó a esta Sala la desaplicación por vía de control difuso de la constitucionalidad, del parágrafo undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que fueran admitidas las pruebas testimoniales promovidas por su representada, con base en los siguientes argumentos:

Señaló que la noción extensiva del debido proceso abarca una larga lista de derechos que en su conjunto forman un instrumento para la realización de la justicia, tal y como se evidencia del contenido del artículo 257 del Texto Fundamental y en tal sentido argumentó que el constituyente otorgó un mandato al legislador para que las leyes procesales que éste dictase, observaran los principios de simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites.

Asimismo, refirió que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece claramente la importancia de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de toda persona y que dicha tutela radica en el respeto del principio de legalidad procesal, el rechazo al formalismo no esencial, el reconocimiento de los derechos consagrados y de los instrumentos internacionales como fuente de derecho procesal, el derecho al juez natural y por supuesto, el derecho a la defensa, entre muchos otros.

En relación a la solicitud planteada señaló que “...las pruebas testimoniales promovidas tienen por objeto evidenciar el grado de conocimiento, distintividad y notoriedad que tienen las marcas propiedad de Hugo Boss AG., dentro del mercado nacional; y si bien es cierto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia admite el desarrollo de la actividad probatoria a través de otros medios distintos a la prueba de testigos, la ley sustantiva aplicable al caso, es decir, la Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comisión Andina de la Comunidad Andina, en su Título XIII, artículo 224, establece la definición de lo signos distintivos notoriamente reconocidos, como ‘.el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido’...”. (destacado del escrito).

En este sentido, indicó expresamente que el alcance del referido “sector pertinente” como elemento de referencia para determinar la notoriedad del signo, está previsto en el artículo 230 de la mencionada Decisión 486 de la Comisión Andina, en el sentido siguiente:

“...a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique o; c) lo círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique...”.

Alegó que “...la ley sustantiva Decisión 486 establece que la forma más idónea de apreciar la notoriedad y distintividad de la marca se hace en base al conocimiento de las personas del ‘sector pertinente’, siendo éstos los que por sus costumbres, y por su condición o profesión, tienen la mayor posibilidad de estar en conocimiento de la notoriedad y distintividad del signo o marca. Y, adicionalmente, si el juez está atado por el principio  dispositivo a decidir con base a lo alegado y probado en autos, ¿no se viola el derecho a la defensa, y por ende, el del debido proceso de mi mandante, al obligársele  a prescindir del medio probatorio más idóneo en el ejercicio de su acción?...”.

En virtud de lo anterior, refirió que el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el control difuso de la constitucionalidad, el cual existe en nuestro sistema jurídico desde el siglo XIX y no sólo se encuentra previsto en el Texto Fundamental, sino también en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto alegó que esta Sala mediante decisión N° 01676 de fecha 6 de octubre de 2004, dejó “sin valor” la disposición  establecida en el referido parágrafo undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones indicadas agregó que: “...considerando igualmente lo establecido en el parágrafo undécimo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece un sistema de pruebas tasadas, en las cuales no se prevé las pruebas testimoniales, siendo que éste constituye el medio probatorio más idóneo para evidenciar la notoriedad de un signo distintivo, solicito a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de garantizar el derecho a la defensa de mi mandante, proceda a pronunciarse sobre la desaplicación de la anterior disposición vía control difuso de la constitucionalidad, a los fines de que sean admitidas las pruebas testimoniales que fueron promovidas oportunamente, las cuales servirán apara evidenciar el grado de conocimiento y distintividad que tienen las marcas propiedad de Hugo Boss Ag., en el mercado nacional...”.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la remisión por parte del Juzgado de Sustanciación de la solicitud hecha por el apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, relativa a la desaplicación por vía de control difuso de la constitucionalidad, del aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que se admitan en el presente juicio, las pruebas testimoniales promovidas, por considerarlas esenciales para garantizar el derecho a la defensa de su representada, ya que afirma que dichas pruebas sirven para evidenciar el grado de conocimiento y distintividad que tienen las marcas propiedad de Hugo Boss AG., en el mercado nacional.

Al respecto, se observa que el ponunciamiento del Juzgado de Sustanciación de fecha 9 de septiembre de 2004, tuvo lugar con ocasión a la solicitud de fecha 11 de agosto de 2004, expuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil accionante, de allí que el mencionado Juzgado en dicho auto acordó: “...vista la solicitud relacionada con la desaplicación de la norma antes referida, este Sustanciador, como quiera que su decisión corresponde al Juez del mérito (Sala Político-Administrativa), acuerda remitirle estas actuaciones; y, una vez resuelta dicha solicitud, devuelto como sea el expediente, se dictará el pronunciamiento relativo a la admisibilidad de las pruebas promovidas y a la oposición planteada...”.

Ahora bien, la Sala en relación a este tema debe referir tal y como lo indicó también el apoderado judicial de la empresa accionante en su solicitud de fecha 23 de noviembre de 2004 (es decir, con posterioridad al referido auto de fecha 9 de septiembre de 2004), que esta Sala en sentencia N° 01676 de fecha 6 de octubre de 2004, recaída en el caso: Rosa Aura Chirinos Nava Vs. Municipio José Laurenciao Silva del Estado Falcón y otros, al decidir acerca de la apelación ejercida por la representación judicial del ciudadano Oscar Sánchez Gómez, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de fecha 15 de julio de 2004, mediante el cual declaró inadmisible, por ser manifiestamente ilegales las testimoniales promovidas por el referido ciudadano, estableció lo siguiente:

“...Al respecto, observa esta Sala que la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.942, de fecha 20 de mayo de 2004, dispone expresamente en su artículo 19, aparte once, lo siguiente

En los procedimientos que se tramiten ante el Tribunal Supremo de Justicia sólo se admitirán como medios probatorios la experticia, la inspección judicial, incluyendo aquellos documentos que formen parte de los archivos de la Administración Pública, cuando haya constancia  que la prueba que de ellos se pretende deducir no puede llevarse de otro modo a los autos; las posiciones juradas y los instrumentos públicos o privados.” (Resaltado de la Sala).

Como puede apreciarse del texto de la norma transcrita supra, el legislador estableció expresamente los medios de prueba que se pueden promover en aquellas demandas, recursos o solicitudes que se erijan, en primera instancia, por ante este Máximo Tribunal.

Ante la limitación impuesta por la norma antes transcrita, resulta pertinente destacar que en nuestro ordenamiento jurídico el sistema probatorio sufrió acentuados cambios con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil en fecha 16 de septiembre de 1986, pues se pasó de un sistema restrictivo, en el cual sólo se admitía el empleo de los medios probatorios tasados en la ley, a un régimen probatorio amplio, al permitir que las partes puedan valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideraren conducente a la demostración de sus pretensiones.

Así, la propia Comisión redactora del referido Código justificó tal ampliación aduciendo lo siguiente:

“Se consideró conveniente introducir una ampliación de estos medios de prueba, con el propósito de que el debate probatorio sea lo más amplio posible, y de que las partes puedan aportar cualquier otro medio no regulado expresamente en el Código Civil, haciendo posible de este modo una mejor apreciación de los hechos por parte del juez, y la posibilidad de una decisión basada en la verdad real y no solamente formal, procurándose además, de este modo, una justicia más eficaz. Se asocia así (…) a la corriente doctrinal y positiva, hoy dominante en esta materia, de permitir el uso de medios de prueba no regulados expresamente en el Código Civil, pero que son aptos, sin embargo, para contribuir al triunfo de la verdad y a la justicia de la decisión”. (Resaltado de la Sala).

 

De tal manera que, esta evolución en cuanto a los medios probatorios que se pueden producir en juicio, tuvo su justificación en que las partes tuvieran un mayor acceso a la justicia y ejercieran su derecho a la defensa, pues tal y como lo ha afirmado la doctrina: “La prueba tiene como finalidad demostrar el efectivo acaecimiento de los hechos alegados, los cuales, por haberse verificado fuera y antes del proceso, deben ser demostrados al órgano jurisdiccional. Todos los medios de prueba, (con exclusión de la confesión provocada mediante el juramento decisorio y de la confesión espontánea), persiguen precisamente demostrar al Juez el efectivo acaecimiento de los hechos alegados” (pesci feltri martínez, mario, Estudios de Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. 83). 

En consecuencia, a raíz de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la regla general es que cualquier medio probatorio es válido y conducente al hacimiento de la prueba, salvo que esté expresamente prohibido por la ley, al resultar evidente que el derecho a probar lo pretendido en juicio, o a desechar lo señalado por la parte contraria, responde precisamente a la concepción general del derecho a la defensa, cuya consagración actualmente se encuentra contenida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que en materia probatoria se concretiza en dos principios que le son inherentes: el de la contradicción y el de control de la prueba. (ver, cabrera romero, jesús eduardo, Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., Caracas, p. 19)

Tales concepciones han sido igualmente recogidas por la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, inclinándose a establecer que en principio debe admitirse cualquier tipo de prueba con fundamento al principio de la libertad probatoria, salvo las excepciones que la propia ley prevé como ilegales o impertinentes (artículo 398 del Código de Procedimiento Civil).

...Omissis...

Conforme a lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mantiene su criterio en cuanto a la libertad de los medios de pruebas y rechaza cualquier intención o tendencia restrictiva sobre la admisibilidad del medio probatorio que hayan seleccionado las partes para ejercer la mejor defensa de sus derechos e intereses, con excepción de aquellos legalmente prohibidos o que no resulten pertinentes para la demostración de sus pretensiones.

Precisado lo anterior, estima esta Sala que si bien el legislador puede establecer cuales medios de prueba pueden hacer valer las partes en juicio para demostrar sus pretensiones, esa limitación no puede ser excesiva ni arbitraria, pues podría violentar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los particulares así como al sistema de la constitucionalidad.

Así las cosas y volviendo al examen del aparte once del artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, considera esta Sala que la limitación consagrada en dicho dispositivo, respecto de los medios de prueba que pueden promover las partes en aquellas demandas, solicitudes o recursos ejercidos, en primera instancia, por ante este Supremo Tribunal, constituye una limitación excesiva al derecho a la defensa de los justiciables consagrado en el artículo 49 de la Constitución, la cual vacía prácticamente dicho derecho de contenido, toda vez que se excluyen otros medios probatorios que en determinados casos, por estarse ventilando en primera y única instancia, resultan pertinentes e incluso los únicos para demostrar las pretensiones que se quieren hacer valer en juicio.

En ese orden de ideas y atendiendo al marco de Estado de Derecho y de Justicia que abarca nuestro ordenamiento constitucional vigente, considera esta Sala que el legislador debió contemplar en la Ley que regula los procedimientos que se ventilan ante este Máximo Tribunal un sistema amplio de pruebas para las causas que se tramitan y sustancian en primera instancia, especialmente si se parte del hecho de que esos juicios –los que se conocen y deciden en primera instancia- no tienen alzada, surgiendo así la imperiosa necesidad de permitir que las partes, a través de los medios probatorios que dispone el ordenamiento jurídico, prueben lo que ha (sic) bien tengan, poniendo en  conocimiento del juez los elementos de juicios necesarios para la mejor solución de la controversia planteada.

Advertida como ha sido la excesiva limitación al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva derivada del aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, debe destacar esta Sala que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado el sistema del control difuso de la constitucionalidad de normas, el cual permite desaplicar en el caso concreto una norma legal o sub-legal que colida con alguna disposición o principio Constitucional

...Omissis...

Ahora bien, en este contexto resulta forzoso para esta Sala desaplicar de oficio y para el caso en concreto lo dispuesto en el aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a aquellos medios probatorios que se admiten en los procedimientos que se sustancian por ante este Máximo Tribunal en primera instancia. Por lo tanto, deben admitirse en el presente caso, todos los medios probatorios que no estén expresamente prohibidos por el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República.

En virtud de lo anterior, se declara con lugar la apelación interpuesta contra el auto de fecha 15 de julio de 2004, y en consecuencia, se revoca dicho auto sólo en lo que se refiere a la inadmisibilidad de las testimoniales promovidas el 5 de mayo de 2004 por el prenombrado ciudadano. Por tanto, se ordena al Juzgado de Sustanciación admitir dichas testimoniales a la luz del Código de Procedimiento Civil. Así se decide...”. (negrillas de la citada decisión).

   De la sentencia transcrita anteriormente se evidencia en primer término, que la decisión adoptada en aquella oportunidad por esta Sala, fue con ocasión a la apelación ejercida contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 15 de julio de 2004, mediante el cual declaró inadmisible, por ser manifiestamente ilegales, las testimoniales promovidas por la representación judicial del ciudadano Oscar Sánchez Gómez.

Por el contrario, en el presente caso, se observa que la remisión del expediente a la Sala se efectuó a fin de que ésta decidiera acerca de la solicitud de desaplicación por vía de control difuso de la constitucionalidad, del mencionado aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que en el que caso que se analiza, no existe un pronunciamiento previo del Juzgado de Sustanciación sobre la admisibilidad o no de las testimoniales promovidas por los apoderados judiciales de la empresa accionante y por ende, tampoco la parte actora ha tenido la oportunidad de apelar del correspondiente auto, en el supuesto que dicho Juzgado hubiese declarado inadmisibles dichas pruebas testimoniales.

       En razón de lo anterior, debe enfatizar esta Sala que el control difuso de la constitucionalidad, es un método de la justicia constitucional previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual todos los jueces de la República pueden y deben desaplicar aquellas normas contrarias al Texto Fundamental, normas éstas que en principio, resultaban aplicables al caso concreto que les correspondía conocer y decidir. Asimismo, cabe destacar que el referido método de control de la constitucionalidad se encuentra previsto actualmente en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la manera siguiente:

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales, en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente...”.

Conforme a lo expuesto, la Sala debe destacar que la utilización del método de control difuso de la constitucionalidad de las leyes, si bien le corresponde a todo juez de la República y por ende, es susceptible de ser ejercido en cualquier instancia, su aplicación no se justifica sino en virtud de la existencia de un caso concreto que deba ser resuelto por el juez que lo ejerce al momento de determinar que la ley que resultaba aplicable a un determinado supuesto del cual venía conociendo, es entonces inconstitucional.

En el caso que nos ocupa, observa la Sala que este Máximo Tribunal no puede emitir un pronunciamiento aislado acerca de la constitucionalidad o no de la referida disposición, ya que corresponde al Juzgado de Sustanciación pronunciarse acerca no sólo de la legalidad, sino también de la pertinencia de las pruebas promovidas, declarando expresamente su admisión o no en el presente juicio y es por ello, que es a dicho Juzgado al que corresponde (conforme al criterio establecido por esta Sala en sentencia N° 01676 de fecha 6 de octubre de 2004) ejercer directamente el control difuso de la constitucionalidad, previsto en el citado artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y proceder a desaplicar la referida disposición de la ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal. Así se declara.

Para una mejor compresión del asunto se debe precisar que en el caso particular que se analiza, la decisión adoptada por el Juzgado de Sustanciación en el auto de fecha 9 de septiembre de 2004, al remitir las actuaciones a fin de que la Sala se pronunciara acerca de la solicitud de desaplicación por vía de control difuso de la menciona disposición, para así pronunciarse con posterioridad, sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por la empresa accionante, tuvo lugar con anterioridad al criterio expuesto en la referida decisión de esta Sala N° 01676 de fecha 6 de octubre de 2004.

Así, se ha observado que con posterioridad a dicho fallo, el Juzgado de Sustanciación, concretamente a partir del auto de fecha 3 de noviembre de 2004, dictado con ocasión a la admisión de las pruebas testimoniales promovidas en otro juicio, luego de transcribir el criterio expuesto por la Sala en la tantas veces mencionada sentencia de fecha 6 de octubre de 2004, procedió a desaplicar, en aquella oportunidad de oficio, en el caso concreto, lo dispuesto en el aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, “...en lo que se refiere a aquellos medios probatorios que se admiten en los procedimientos que se sustancian por ante este Máximo Tribunal en primera instancia...”.

En consecuencia, visto que a partir de la referida sentencia de fecha 6 de octubre de 2004, el Juzgado de Sustanciación ha venido desaplicando, incluso de oficio, la mencionada disposición, se ha de precisar que en el caso que se analiza, es a dicho órgano sustanciador, al que corresponde ejercer directamente, el control difuso de constitucionalidad y proveer acerca de lo solicitado por el apoderado judicial de la accionante, con ocasión al pronunciamiento referido a la admisibilidad de las pruebas promovidas.

Por lo expuesto, la Sala en esta oportunidad y conforme a lo indicado, declara que corresponde al Juzgado de Sustanciación pronunciarse sobre la solicitud referida a la desaplicación del aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo considera, a fin de preservar la tutela judicial efectiva invocada por la recurrente, que las presentes actuaciones deben ser remitidas al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie acerca de la admisibilidad de las pruebas documentales, inspecciones judiciales, y prueba de informe promovidas en el presente juicio, así como en relación a la prueba de testigos, previa desaplicación por vía del control difuso de constitucionalidad, del aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con base en el criterio jurisprudencial antes expuesto. Así se decide.

III

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que corresponde al Juzgado de Sustanciación pronunciarse sobre la solicitud expuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil HUGO BOSS A.G., referida a la desaplicación del aparte once del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que emita pronunciamiento relativo a la admisibilidad de las pruebas promovidas, conforme a la motiva expuesta en este fallo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta y uno (31) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00826.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN