MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

EXP. Nº 2011-1071

 

Mediante Oficio Nº 2572-2011 de fecha 05 de octubre de 2011, recibido el día 14 de octubre del mismo año, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por la abogada Marianela Maluff Luna, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 35.362, actuando en su carácter de apoderada judicial de la asociación civil UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PABLO NERUDA, inscrita en el Registro Subalterno del Primer Circuito del Estado Lara el 25 de julio de 2003, bajo el Nº 26, Folios 139 al 144, Tomo 5, Protocolo 1º, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000331, de fecha 11 de julio de 2007, emanada del entonces INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), a través de la cual se le impuso a la parte recurrente una multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.), equivalentes a la cantidad de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil doscientos bolívares (Bs. 22.579.200,00), expresados actualmente en veintidós mil quinientos setenta y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 22.579,20). 

Dicha remisión fue efectuada en virtud del conflicto negativo de competencia planteado por el referido Juzgado Superior, mediante decisión de fecha 27 de septiembre de 2011.

El 18 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir el conflicto de competencia.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 13 de julio de 2007, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la abogada Marianela Maluff Luna, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la asociación civil Unidad Educativa Colegio Pablo Neruda, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000331, de fecha 11 de julio de 2007, emanada del entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), a través de la cual se le impuso a la parte recurrente una multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.), equivalentes a la cantidad de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil doscientos bolívares (Bs. 22.579.200,00), expresados actualmente en veintidós mil quinientos setenta y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 22.579,20). 

En el mencionado escrito, se argumentó lo siguiente:

Que en fecha once (11) de julio del presente año [2007] se presentó en las instalaciones de mi patrocinada, una comisión del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), autorizados por la Coordinadora Regional [del Estado Lara] Mileyba Galavis, orden signada con el No. 0600-07, de fecha 11-07-2007, dejándose constancia de ello, según acta levantada, donde explanan que constataron que la Institución en comento esta haciendo un cobro a los representantes por concepto de aporte a matrícula por capacitación formación Turística y Formación Moral Pastoral, Orientación y Actividades Complementarias de Bs. 16.500 para alumnos de 7mo a 9no y de Bs. 18.000 para alumnas de 7mo a 9no y de 1º y 2º de Ciencias respectivamente. De igual manera se le comunica a los representantes el aporte por concepto de Donación Única y Voluntaria (no obligatoria) por la cantidad de Bs. 100.000,00. (sic).

Que en la referida visita, los funcionarios actuantes por delegación, Yasmin Guinand Gutiérrez y Nereyda Peña, quienes en todo momento parecieron estar molestos o parcializados con alguna posición que desconocemos su procedencia, dejaron constancia de anexar copias de recibos numerados 3161, 3170 y 3187, y del comunicado del proceso de Inscripción y reinscripción del año escolar 2007-2008.

Que concluyeron las funcionarias actuantes que de los hechos constatados se evidencia la transgresión de las disposiciones previstas en el Decreto No. 5.197 de fecha 16 de febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No. 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007, específicamente en su artículo 16 literales: a) Se alteren la calidad o los precios de los productos sometidos a control de precio, b) Se niegue (…) realizando además un Informe de Inspección de Oficio rotulado con el No. 0600-07, en el que concluyen diciendo: se deja constancia de lo siguiente: Según fiscalización de ley se pudo constatar que la Institución está haciendo un cobro a los representantes por concepto de aporte a matrícula por capacitación formación turística y Formación Moral Pastoral, orientación y actividades complementarias, así como también se evidencia el cobro de aporte mensual programa permanente, por un monto de Bs. 16.500,00 mensualmente para los niveles de 7mo a 9no y de Bs. 18.000 para 1º y 2º de ciencias. De igual manera se le comunica a los representantes el aporte por concepto de Donación única y voluntaria (no obligatoria) por la cantidad de  Bs. 100.000,00 (…).

Que procedieron entonces los precitados funcionarios a imponer sanción administrativa de multa a mi poderdante, por seiscientas unidades tributarias, equivalentes a la cantidad de veintidós millones quinientas setenta y dos nueve mil doscientos bolívares sin céntimos, sin poder realizar el acto de defensa oportunamente en ese momento, sin estar asistido de abogado en ese instante y conminando al director de mi patrocinada a efectuar el citado pago en 72 horas, so pena de proceder contra la misma por vía ejecutiva jurisdiccional. Es decir, con lo anterior se materializa una figura en desuso como lo es pague primero y recupera después (solve et repete), lo cual es una tesis superada según sentencia reciente de la Sala Constitucional (…) (Sic)

Que desconoce la motivación de la medida sancionatoria, si la misma es de carácter provisional o definitiva, pues en el acta de inspección y en el informe de inspección, no aparece cual fue la motivación para hacer que cuadraran los cobros de las matrículas por actividades extraacadémicas (y complementarias, o sea, no forman parte del pensum ordinario de estudio, lo que no las hace obligatorias, en perfecto y sano razonamiento de derecho, cómo se hizo esa hilación coherente que permita concluir el porque mi representada violentó o transgredió (…) el Decreto No. 5.197 de fecha 16 de febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No. 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007, específicamente en su artículo 16 literales a) (…) y b) (…).(sic).

Que todo acto administrativo exige la doctrina y la Ley Mater (LOPA) tiene que ser motivado; el artículo 18 de la citada legislación, en su numeral 5, requiere la fundamentación del acto, cuestión que no se corresponde con el asunto de marras, en el cual surge indudablemente para ser aplicado el 19 de la misma ley procesal administrativa. (sic).

Denunció que el acto administrativo impugnado está viciado de falso supuesto de hecho y de derecho, y que el mismo es inconstitucional.

Finalmente, solicitó que el amparo cautelar fuese declarado procedente y con lugar el recurso de nulidad.

El 16 de julio de 2007, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, juzgado al cual fue distribuida la causa, ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la República. De igual manera, acordó la notificación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), a los fines de solicitarle la remisión del expediente administrativo.

Por diligencia del 25 de septiembre de 2007, el Alguacil del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental dejó constancia de haber practicado la notificación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU).

Mediante Oficio Nº 0893-07 de fecha 26 de septiembre de 2007, la Coordinación Regional del Estado Lara del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU) remitió copias certificadas del expediente administrativo.

Mediante diligencia de fecha 09 de abril de 2008, se dejó constancia de haberse practicado la notificación de la Procuraduría General de la República.

Por auto del 30 de julio de 2008, se dejó constancia de haberse practicado la notificación, mediante comisión librada al Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República.

El 31 de julio de 2008, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, se declaró incompetente para conocer de la presente causa y declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, indicando lo que a continuación se transcribe:

Ahora bien de la revisión realizada, se constata que la recurrente ASOCIACIÓN CIVIL “UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PABLO NERUDA”, fue sancionada por incumplimiento del Decreto N° 5.197 de fecha 16 de Febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.629 de fecha 21 de Febrero de 2007 y en tal sentido se evidencia que los actos administrativos, cuyo nulidad se demanda mediante un Recurso de Nulidad con Amparo Cautelar, no se origina de ninguna obligación tributaria, no se deriva de un tributo municipal, ni del incumplimiento de un deber formal asociado al mismo, ni de la comisión de ilícitos tributarios; sino que proviene de la responsabilidad declarada mediante la referida Acta de Inspección No. FC-000331 de fecha 11 de julio de 2007 emitida por el Instituto Autónomo Para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), Estado Lara.

En este orden de ideas, se tiene que a los fines de interponer un recurso contencioso tributario, el acto administrativo cuya nulidad se solicite debe originarse de una obligación tributaria o de las relaciones jurídicas que se originan producto de ésta, entendiendo por aquella la que surge entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, producto de una ley de la que emergen para la Administración el ejercicio de su ius imperium, donde es necesario la ocurrencia de hechos imponibles capaces de generar una deuda a favor de los entes tributarios, sean estos Nacionales, Estadales o Municipales; bien sea por concepto de cobro de tributo, aplicación de sanciones, liquidación de intereses generados a favor de la Administración Tributaria como consecuencia de la falta de pago o pago extemporáneo de la obligación, entre otros.

Así tenemos, que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia N° 01990, de fecha 06 de diciembre de 2007, determinó la competencia en razón de la materia de los Tribunales Superiores Contencioso Administrativo, la cual parcialmente transcrita, dispone:

…omissis…

De la sentencia parcialmente transcrita se infiere que en aquellas causas donde se demanda la nulidad de actos administrativos sancionatorios emitidos en este caso, por un Instituto Autónomo y cuya cuantía no excede de 10.000 Unidades Tributarias, aun cuando se indique que de no cancelarse la multa se iniciará su cobro ejecutivo por el procedimiento de ejecución de créditos fiscales previstos en el Código de Procedimiento Civil su conocimiento escapa de la competencia de los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios, que en el caso concreto se entiende que la multa que se origina a favor del Instituto Autónomo Para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), Estado Lara, lo fue por el supuesto incumplimiento del Decreto N° 5.197 de fecha 16 de Febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.629 de fecha 21 de Febrero de 2007 en lo cual incurrió la ASOCIACIÓN CIVIL “UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PABLO NERUDA”.

En este sentido, quien decide observa que el Recurso de Nulidad interpuesto por ante este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, mediante el cual la recurrente solicita la nulidad absoluta de los actos administrativos identificados supra, no tiene ninguna relación con la materia tributaria, por lo que corresponde el conocimiento de la presente causa al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Así de decide.

Por lo antes expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa y DECLINA la competencia en razón de la materia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en esta ciudad de Barquisimeto del Estado Lara. En consecuencia, una vez quede firme la presente decisión, se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Superior declinado, a los fines de la sustanciación y decisión.” (sic).

Mediante diligencias del 17 de septiembre de 2008, el Alguacil del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental dejó constancia de haber practicado la notificación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU) y de la parte recurrente, de la sentencia supra mencionada.

Por auto del 25 de septiembre de 2008, el referido tribunal ordenó remitir la presente causa al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

El 21 de enero de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental admitió el recurso de nulidad, ordenó citar a la entonces Procuradora General de la República, a la Coordinadora Regional del Estado Lara del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), notificar al Fiscal Duodécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y librar cartel de emplazamiento a los terceros interesados.

En la misma fecha, se declaró improcedente el amparo cautelar solicitado por la parte accionante.

Mediante decisión del 27 de septiembre de 2011, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental se declaró incompetente para conocer el caso sub examine  y planteó conflicto de competencia ante esta Sala Político-Administrativa.

En dicha decisión, se estableció lo siguiente:

“(…), considera quien aquí Juzga hacer mención a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (…) cuyo artículo 25, establece la competencia de los Juzgados Superiores Estadales para conocer de las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, al precisar (…)

…omissis…

La competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el anteriormente denominado Instituto Autónomo para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS), incluyendo las que se propongan contra las Coordinaciones Regionales de dicho Instituto, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son competencia de las actuales Cortes de lo Contencioso Administrativo (…)

Así pues, en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, expresamente dispuso:

…omissis…

Dicha regulación legislativa alude a una competencia residual atribuida a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para conocer de todas aquellas demandas de nulidad, no atribuidas a otro tribunal en razón de la materia cuando se trate de actos administrativos distintos a (…) artículo 23 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y distintos a (…) artículo 25 numeral 3 eiusdem.

No obstante ello, dado que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto con anterioridad a la entrada en vigencia del referido instrumento legal, este Tribunal debe hacer mención al principio perpetuito fori previsto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil según el cual (…)

En atención a ello, este Tribunal debe entrar a revisar el régimen competencial establecido por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En tal sentido, durante el año 2004, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dictó decisiones donde, transitoriamente (…) estableció la competencia para los órganos que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En tal sentido, mediante la decisión Nº 01900 del 27 de octubre de 2004, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció las competencias de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo señalando:

…omissis…

Establecido lo anterior, y al observar las competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia previstas en el artículo 5 de la Ley que organiza al Máximo Tribunal, se puede apreciar que de igual forma no correspondía a esa Sala el conocimiento de los recursos de nulidad que se interpongan contra los actos administrativos de los funcionarios del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

Siendo así, corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo conocer del presente recurso, con fundamento en la competencia residual que tiene dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

…omissis…

De tal manera que, el referido Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, no se encuentra entre las autoridades que disponía el artículo 5 numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ni se trata de una autoridad regional (Vid. SPA/TSJ sentencia Nº 01900 de fecha 27 de octubre de 2004, caso: Marlon Rodríguez).

En consecuencia, no corresponde a este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental la competencia para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad, razón por la cual, debe forzosamente declarar su incompetencia, y así se decide.

Ahora bien, siendo esta instancia judicial la segunda en declararse incompetente, corresponde plantear el conflicto negativo de competencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo cual se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que sea resuelto el referido conflicto, por ser dicha instancia la cúspide y rectora de la materia contencioso administrativa y tributaria.”

Finalmente, la causa fue remitida a este órgano jurisdiccional, a los fines legales consiguientes.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

En primer término, pasa esta Sala a determinar si le corresponde el conocimiento del conflicto de competencia planteado, a cuyos fines debe atender a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen:

Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”.

Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior...”.

Por su parte, el artículo 23, numeral 19 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece lo siguiente:

Artículo 23.- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

…omissis…

 19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ”

Asimismo, el artículo 12 del mencionado cuerpo normativo prevé:

Artículo 12. La jurisdicción especial tributaria forma parte de la    Jurisdicción Contencioso Administrativa, su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario”.

En atención a las normas antes transcritas, se observa que corresponde a esta Sala conocer y resolver el conflicto de competencia planteado, en razón ser la cúspide de los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la cual forma parte la jurisdicción especial tributaria. Así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecido lo anterior, pasa la Sala a determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar por la apoderada judicial de la asociación civil Colegio Pablo Neruda, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000331, de fecha 11 de julio de 2007, emanada del entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), mediante la cual se le impuso a la parte recurrente una multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.), equivalentes a la cantidad de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil doscientos bolívares (Bs. 22.579.200,00), expresados actualmente en veintidós mil quinientos setenta y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 22.579,20). 

 A tal efecto, se observa:

Ha señalado esta Sala que la jurisdicción tributaria, “como jurisdicción especial le corresponde conocer y resolver respecto a la legalidad de aquellos actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario, esto es, los que determinen tributos, apliquen sanciones (derivadas del incumplimiento de obligaciones tributarias) o afecten de cualquier forma los derechos constitucionales y legales de los administrados en el campo de la tributación, vale decir, los vinculados a la relación jurídica tributaria que se materializa entre un determinado sujeto pasivo y un sujeto activo, sea éste, Fisco Nacional, Estadal, Municipal o un ente parafiscal, al verificarse el presupuesto de hecho generador de los tributos exigidos con fundamento en el deber general de rango constitucional de contribuir con las cargas públicas”. (Vid. sentencia de esta Sala No. 00902 de fecha 18 de junio de 2009, caso: Isabel Febres de Bolla).

En el caso bajo examen, se advierte que el recurso de nulidad interpuesto por la representación judicial de la asociación civil Colegio Pablo Neruda no versa sobre una reclamación que haya sufrido la parte actora como consecuencia de una actuación de la Administración Tributaria, en la que se hayan determinado tributos, aplicado sanciones o afectado de cualquier forma sus derechos constitucionales y legales en el campo de la tributación, conforme a lo previsto en el artículo 242 del Código Orgánico Tributario de 2001.

Así, se advierte que dicha sanción pecuniaria impuesta a la parte recurrente por el entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), hoy Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), deriva del supuesto incumplimiento en que incurrió la accionante al Decreto Nº 5.197 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precio, en su artículo 16, literal a), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se constata que se está en presencia de un acto administrativo sancionatorio emanado de la Administración Pública, como consecuencia de que: “… la Asociación Civil Unidad Educativa Pablo Neruda (…) solicita el aporte a la matrícula y el aporte mensual, como pago para actividades extra cátedras; que significa un incremento directo por estos conceptos. Todo ello en virtud del congelamiento de las matrículas y mensualidades para el año escolar 2007-2008 según Resolución NM Nº 253 del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y Resolución DM Nº 131 del Ministerio de Educación y Deporte, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.712 del 25 de junio de 2007, artículo 1 …”,  y no frente a un acto administrativo de efectos particulares de contenido tributario, toda vez que no se evidencia una relación jurídica de naturaleza tributaria, entre el órgano sancionador y la parte accionante, por lo tanto, se trata de un acto administrativo sujeto al procedimiento administrativo ordinario. Así se establece.

Determinada la naturaleza del acto recurrido, debe esta Máxima Instancia decidir cuál es el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa competente para conocer la presente acción de nulidad.

En este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, establece las competencias de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa, a saber: (i) esta Sala Político-Administrativa (artículo 23), (ii) los Juzgados Nacionales (artículo 24), (iii) los Juzgados Superiores Estadales (artículo 25) y (iv) de los Juzgados de Municipio (artículo 26).

Sin embargo, se advierte que el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil consagra un principio según el cual, durante todo el transcurso del proceso, deben tomarse en cuenta ante los cambios sobrevenidos sobre la jurisdicción y la competencia, las reglas o criterios atributivos que existían para el momento de la presentación de la demanda, en este caso en concreto, el 13 de julio de 2007, fecha en la que fue interpuesto el recurso de nulidad.

En efecto, dicha norma establece:

 “Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”

Este principio general proveniente del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis, y tradicionalmente la doctrina ha abarcado en él a la jurisdicción y a la competencia.

La variación en la competencia, conforme a lo expuesto por el Maestro Luis Loreto, es el principio de la llamada  perpetuatio fori (Ensayos Jurídicos, “Principios Fundamentales en la reforma del Código de Procedimiento Civil  Venezolano”, Fundación Roberto Goldschmidt. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987. p. 19) igualmente contenido en la norma antes transcrita; en el entendido de que dicho principio se aplica a las circunstancias que constituyen los criterios atributivos sobre los cuales un tribunal puede conocer una causa, esto es la materia, el valor, el territorio, o el grado del tribunal.

Este principio de la perpetuatio fori se encuentra igualmente consagrado en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. (Publicación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, N° 47, Caracas, 1994, pág. 93). 

En efecto, el artículo 12 del citado Código dispone:

“Artículo 12.- Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan a los procesos en trámites.

No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni en los casos en que se supriman instancias, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.

Asimismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto, continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.”  

 De todo lo anterior se evidencia, que respecto a la potestad de juzgamiento y, en este caso, la competencia del órgano jurisdiccional, cuando la ley no disponga expresamente lo contrario, será determinada por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda, sin que pueda modificarse, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal o la jurisprudencia que verse sobre criterios atributivos de competencia.

Ahora bien, visto que las actuaciones que conforman el expediente bajo examen se realizaron antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en aplicación del principio antes mencionado, esta Sala pasa a decidir la competencia de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia imperante aplicable a los casos como el de autos.

Así las cosas, y visto que el presente recurso de nulidad fue interpuesto el 13 de julio de 2007, es necesario atender a lo dispuesto por esta Sala en Ponencia Conjunta No. 02271 dictada en fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes’Card, C.A., mediante la cual se estableció el ámbito de competencias que corresponden a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en los términos siguientes:

“(…) ante el silencio de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la inexistencia de una Ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, es propicia la ocasión para que la Sala, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades (véase sentencias Nos. 1.209 del 2 de septiembre, 1.315 del 8 de septiembre y 1.900 del 27 de octubre todas del año 2004), actuando como ente rector de la aludida jurisdicción, delimite el ámbito de competencias que deben serle atribuidas, en el caso concreto, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, siguiendo a tales efectos y en líneas generales, los criterios competenciales de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como las interpretaciones que sobre la misma fue produciendo la jurisprudencia, todo ello armonizado con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y los principios contenidos en el texto constitucional vigente.

Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:

…omissis…

3.- De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal.

…omissis…

Finalmente debe advertir esta Sala, que las competencias establecidas supra, son transitorias hasta tanto se dicte la ley respectiva, por lo que en ejercicio de su función rectora esta Sala por vía jurisprudencial podrá, ampliar, modificar o atribuir otras competencias a los órganos jurisdiccionales que conforman el contencioso-administrativo. Así se declara.” (Destacado de la Sala).

En el caso que nos ocupa, se observa que el acto administrativo de efectos particulares impugnado, fue dictado por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU), instituto autónomo, de rango nacional, adscrito al entonces Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio, por lo que al ser una autoridad distinta a las indicadas en los numerales 30 y 31 del referido artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad al artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y en aplicación de la sentencia parcialmente transcrita, corresponde el conocimiento de la presente causa, en primer grado de jurisdicción, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político­ Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. QUE ES COMPETENTE para conocer del conflicto de competencia planteado.

2. Que CORRESPONDE A LAS CORTES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por la representación judicial de la asociación civil UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PABLO NERUDA, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000331, de fecha 11 de julio de 2007, emanada del entonces INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual se le impuso a la parte recurrente una multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.), equivalentes a la cantidad de veintidós millones quinientos setenta y nueve mil doscientos bolívares (Bs. 22.579.200,00), expresados actualmente en veintidós mil quinientos setenta y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 22.579,20). 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                   La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

              Ponente

 

 

                                                                                                                                      EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01583, la cual no está firmada por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN