Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS

Exp. Nº 2005-5366

 

Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2005 ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 37.517, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ANA CRISTINA AGUILERA CARROZ, titular de la cédula de identidad N° 6.503.891, interpuso recurso por abstención o carencia contra la conducta omisiva de la DIRECCIÓN DE INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación) “en cuanto al cumplimiento de su deber de tramitar el ingreso y remuneración de [su] representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida”.

El 20 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la admisión del recurso.

En diligencia de fecha 3 de noviembre de 2005, la apoderada judicial de la recurrente, requirió a la Sala librar oficio a fin de solicitar el expediente administrativo correspondiente.

Por auto dictado el 8 de noviembre de 2005, el referido Juzgado admitió el recurso interpuesto y, en consecuencia, ordenó practicar la citación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Ministro de Educación y Deportes, y  a la Procuradora General de la República; así como librar el cartel a que hace referencia el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicitó al órgano recurrido los antecedentes administrativos.

El 21 de noviembre de 2005, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, actuando con el carácter ya expresado, sustituyó la representación en los abogados Alberto José Nava Pacheco, Reina Teresa Rangel Rivas y Mayenis Tibisay Oliveros Quintero, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 17.443, 13.299 y 90.981, respectivamente.

En fechas 22, 29 y 30 de noviembre de 2005, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia en autos de las notificaciones practicadas a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Ministro de Educación y Deportes, respectivamente.

Posteriormente, el 10 de enero de 2006, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento, el cual fue retirado por la apoderada judicial de la parte recurrente el 17 de ese mes y año para su publicación, siendo consignado en el expediente un ejemplar del diario el 18 de enero de 2006.

El 31 de enero de 2006, la abogada Milagros Rivero Otero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 25.033, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, se dio por citada en el presente juicio.

Por diligencia de fecha 16 de febrero de 2006, la representante de la actora solicitó nuevamente que esta Sala oficie al órgano recurrido a fin de que remita los antecedentes administrativos del caso, lo cual fue acordado en esa misma fecha.

Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2006, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, ya identificada, solicitó se “proceda a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública”, conforme a lo establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 1.645 de fecha 19 de agosto de 2004 (caso: Constitución Federal del Estado Falcón), o que en caso contrario “se pronuncie sobre cuál es el procedimiento aplicable a los efectos de orientar el procedimiento”. En este mismo acto promovió pruebas.

En esa fecha, la representante de la República consignó los antecedentes administrativos correspondientes.

Por auto del 22 de febrero de 2006, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a esta Sala, a los fines de pronunciarse respecto a lo solicitado por la recurrente en el escrito presentado en esa misma fecha.

El 7 de marzo de 2006 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir sobre lo solicitado por la parte actora.

Mediante sentencia N° 00982 de fecha  20 de abril de 2006, esta Sala declaró improcedente la solicitud formulada por la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, ya identificada,  y ratificó que el procedimiento aplicable para la tramitación de los recursos de abstención o carencia, es el establecido en los artículos 18 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 17 de mayo de 2006, la abogada Carmen Josefina Gil, ya identificada, solicitó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, lo cual fue acordado el 13 de junio de 2006.

Por auto de fecha 22 de junio de 2006, el referido Juzgado ordenó notificar a la Procuradora General de la República de la decisión dictada por esta Sala el 20 de abril de 2006, y ordenó la continuación de la causa una vez que conste en autos la referida notificación.

En fecha 5 de octubre de 2006 el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas presentadas por la parte actora.

El 15 de noviembre de 2006, concluida la sustanciación, se pasó el expediente a la Sala.

En fecha 5 de diciembre de 2006 se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, y se fijó el tercer (3er) día de despacho para comenzar la relación de la causa.

El 12 de diciembre de 2006 comenzó la relación y se fijó el acto de informes para el décimo (10) día de despacho siguiente. Dicho acto fue diferido los días 18 de enero y 22 de febrero de 2007.

El 7 de febrero de 2007, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, Presidenta; Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Vicepresidenta; y los Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

En fecha 17 de mayo de 2007, oportunidad fijada para el acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de las partes y de la consignación de sus respectivos escritos.

En fecha 4 de julio de 2007, se dijo “Vistos”.

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2005, la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, actuando con el carácter ya expresado, interpuso recurso por abstención o carencia contra la conducta omisiva del “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, con fundamento en lo siguiente:

Que su representada es Licenciada en Música, mención educación, y desde el 1° de noviembre de 2001 ingresó “como personal contratado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (…) con carácter de interino  en el área de Música, para el Centro Educativo Escuela Básica Carlos Soublete” en la población La Azulita del Estado Mérida.

Que el 16 de septiembre de 2001 el referido Ministerio, convocó a nivel nacional un concurso de credenciales para la provisión de cargos, ingresos y ascensos a la carrera docente para el período 2001-2002, al que se inscribió su representada consignando la documentación requerida.

Que la Junta Calificadora, luego de examinar las credenciales de su representada y dejar sentado mediante acta de fecha 12 de marzo de 2002 que “En la confrontación no se observó nada irregular”, la declaró ganadora del referido concurso el 30 de mayo de 2002, “ocupando la posición número uno (1), con una puntuación de cinco coma noventa puntos (5,90 Ptos) (…) por lo que a partir de esa fecha es TITULAR DEL CARGO por el cual concursó”.

Que el 6 de junio de 2002 la Jefa de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, le otorgó la credencial a la ciudadana Ana Cristina Aguilera Carroz, para ejercer el cargo en el que resultó ganadora, en sustitución del ciudadano Ortega L. Ramón.

Que dicho ciudadano se rehusó a entregarle el cargo a su representada, lo cual provocó que la Jefe de División de Personal de la Zona Educativa N° 14, enviara comunicación a la Directora del Núcleo Estatal Rural N° 159, dependencia donde debería desempeñar el cargo, ordenándole que colocase en posesión del cargo a la legítima ganadora del concurso.

Que el ciudadano Ortega L. Ramón fue trasladado físicamente a otra institución, pero continúa apareciendo en la nómina de personal del Núcleo Estadal Rural N° 159, donde fue designada su representada y no en la que le corresponde, “es decir, se le continúa pagando con la misma partida  del cargo que le corresponde a la Ganadora del Concurso (…), irregularidades que el Ministerio de Educación a nivel central no ha corregido…”.

Que a partir del 16 de septiembre de 2002, la recurrente fue ingresada por la Zona Educativa N° 14, en el Centro Educativo NER N° 159 (Mesa Alta), “La Azulita” como Docente Ordinaria I/Aula/Música, prestando sus servicios con una carga horaria  de 33, 33 horas, “pero hasta la fecha ha sido imposible que el Ministerio de Educación a nivel central la incluya en la nómina regular del Ministerio de Educación y Deportes con el cargo de Docente de Aula con 33,33 horas (…) a pesar de estar cumpliendo con la prestación integral de sus servicios en el cargo por el cual concursó” (sic).

Que lo anterior ha traído como consecuencia, que no se le cancele a la recurrente el salario acorde al cargo que ocupa actualmente, pagándosele todavía como contratada, “es decir, sólo por veinte (20) horas contratadas, como interina no graduada…”.

Que su representada realizó múltiples diligencias ante las autoridades de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,  para solicitar su inclusión en la nómina de personal del referido Ministerio, siendo la última de ellas la comunicación de fecha 18 de agosto de 2005, dirigida al Director y al Jefe de División de Personal de la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, en la que les solicitó información sobre los trámites realizados.

Que en respuesta a dicha petición se le informó que las actuaciones referidas a la tramitación de su ingreso, reposan en el expediente N° 5376.04 que cursa ante el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes.  

Que una vez obtenidas las copias certificadas de dichas actuaciones se pudo evidenciar que la Zona Educativa N° 14 de Estado Mérida, tramitó el procedimiento de ingreso ante el Ministerio de Educación y Deportes, como se observa de las planillas de proposición de movimientos de personal.

Que de dichas actuaciones se observó igualmente una “planilla de relación de movimientos devueltos”, expedida por la División de Trámites de Pago Docente del Ministerio de Educación y Deportes de fecha 8 de junio de 2004, con la que se devuelven los recaudos de su representada “por falta de datos del saliente”.

Que de igual forma aparece el memorando N° 5779 del 8 de septiembre de 2003, con el que la Dirección de Ingreso y Clasificación solicitó a la Dirección de Relaciones Laborales y Gremiales del referido Ministerio, que emitiera opinión relacionada con la acreditación como profesionales de la docencia a los Licenciados en Música mención Educación.

Que en respuesta a dicha solicitud la Dirección de Relaciones Laborales y Gremiales, en memorando N° 1672 de fecha 3 de mayo de 2004, indicó que “el título de Licenciado en Música mención docencia no acredita a la ciudadana Aguilera Carroz Ana Cristina (…) como profesional de la docencia”, y que “el referido título la capacita para el conocimiento musical teórico y de ejecución incluyendo la actividad de enseñanza en el área de su competencia y en consecuencia el título de licenciado en música no es un título docente y su mención educación no modifica su denominación principal”

Que todo lo anterior “demuestra que hasta la presente fecha su representada no ha sido incluida en la nómina de personal docente ordinario titular fijo, dependiente del Ministerio de Educación…”.

Que la Dirección de Asuntos Gremiales y Laborales del referido Ministerio, “a casi tres (3) años de haberse acreditado por la Zona Educativa N° 14, como titular del cargo a ANA CRITINA AGUILERA quien detenta el título de Licenciada en Música mención Educación, dictamina que el mismo no se enmarca dentro del perfil que requiere el cargo que le fue asignado en virtud del concurso, colocándola en una grave situación de incertidumbre con respecto a su ubicación dentro del sistema educativo, que lesiona y desmejora además su condición profesional, económica, laboral, moral y gremial…”  (sic). 

Que el título obtenido por su representada sí la acredita para desempeñarse como docente  en la especialidad de música al servicio de las entidades públicas o privadas, y por ello la Junta Calificadora de la Zona Educativa del Estado Mérida la declaró ganadora del concurso de ingreso y ascenso del personal docente, cumpliendo lo establecido en el artículo 67 de la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente.

Que mediante Resolución N° 01 de fecha 15 de enero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.881 del 17 de enero de 1996, el Ministerio de Educación “a los fines de definir los títulos y certificados necesarios para el desempeño de la función docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema estableció entre otros aspectos importantes, los lineamientos necesarios para delimitar el ingreso al servicio de la docencia en la condición de personal ordinario, tomando como punto de partida la modalidad de ingreso, por concurso, y el título obtenido por el aspirante”.

Que una vez obtenidos los resultados del concurso dando como ganadora a su representada, “correspondía a la Oficina de División de Personal coordinar con la Junta Calificadora Zonal N° 14 del Estado Mérida, la tramitación de la proposición de movimiento de personal  ante el Nivel Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su inclusión en la nómina definitiva, de conformidad con las previsiones del artículo 161 del Reglamento Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de Diciembre de 1999 (…)”.

Que tramitado el procedimiento para el ingreso de su representada a nivel central por la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida, “correspondía de conformidad con las estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y específicamente a la Dirección de Ingreso y Clasificación de Dicho Ministerio, tramitar lo concerniente al movimiento de personal, en lo referente al ingreso, remuneración, incorporación  y cambio de sueldo de (su) representada”.

Que dicha dependencia ministerial “en vez de cumplir con tal obligación (…),  se limitó a enviar oficio a la Dirección de Asuntos Gremiales y Laborales, a los fines de emitir opinión sobre la validez del título de (su) representada”.

Que “la Dirección de Ingreso y Clasificación de Personal Docente del Ministerio de Educación a Nivel Central, violó el debido proceso administrativo para el ingreso como personal ordinario a (su) representada (…), incurriendo así en una abstención formal de la actividad administrativa a la que se encuentra sometido por imperio de la Ley, ocasionándole a (su) representada, violación en sus derechos laborales, económicos, gremiales y profesionales, al obstaculizar indebidamente su ingreso al sistema educativo, con justificaciones contrarias a derecho” (sic).

En tal sentido, solicitó “se declare la abstención del Ministerio de Educación y Deportes en cuanto al cumplimiento de su deber de tramitar el ingreso y remuneración de (su) representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida (…); se ordene al Ministerio de Educación y Deportes incluir en la nómina de personal ordinario titular fijo de dicho Ministerio, a la Licenciada en Música, mención Educación: ANA CRISTINA AGUILERA CARROZ”, y “se ordena igualmente a dicho Ministerio el pago a (su) representada, correspondiente a la diferencia de salario que le corresponde por la prestación de servicio de las 33,33 horas que efectivamente cumple…” (sic).

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre el fondo del asunto, considera la Sala necesario examinar, como punto previo, su competencia para conocer de la acción incoada, presupuesto procesal de orden público revisable en cualquier estado y grado de la causa. Al respecto, observa:

En el caso de autos la abogada Carmen Josefina Gil Lugo, actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana Ana Cristina Aguilera Carroz, ambas ya identificadas, interpuso el presente recurso contencioso administrativo de abstención o carencia contra la presunta conducta omisiva del “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes” (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación), en cumplir con su deber de tramitar el ingreso y remuneración de su representada como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida, quien a su decir resultó ganadora del concurso de credenciales para la provisión de dicho cargo celebrado por el referido Ministerio para el período 2001-2002.

A tal efecto adujo que el conocimiento del presente asunto corresponde a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a tenor de lo establecido en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica que rige sus funciones, el cual dispone:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

…omissis…

Conocer de la abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes;

…omissis…

El Tribunal conocerá (…) En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37”.

Conforme la norma anterior, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia detenta la competencia para ejercer el control sobre las inactividades u omisiones de los máximos representantes de los órganos de la Administración Pública Nacional, entre los que se encuentran  los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, y de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa, y del Alcalde del Distrito Capital, que lesionen o infrinjan la esfera de los derechos subjetivos de los particulares al no cumplir con determinados actos a que están obligados por la ley.

Sin embargo, de las actas procesales se observa que la apoderada judicial de la recurrente igualmente señaló que conforme al procedimiento administrativo de ingreso como docente al sistema educativo, “correspondía a la Oficina de División de Personal coordinar con la Junta Calificadora Zonal N° 14 del Estado Mérida, la tramitación de la proposición de movimiento de personal  ante el Nivel Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su inclusión en la nómina definitiva, de conformidad con las previsiones del artículo 161 del Reglamento Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de Diciembre de 1999”.

Asimismo, indicó que una vez tramitado dicho procedimiento por la Zona Educativa N° 14 del Estado Mérida ante el nivel central,  “correspondía de conformidad con las estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y específicamente a la Dirección de Ingreso y Clasificación de Dicho Ministerio, tramitar lo concerniente al movimiento de personal, en lo referente al ingreso, remuneración, incorporación  y cambio de sueldo de (su) representada”, y que dicha Dirección de Ingreso “en vez de cumplir con tal obligación (…),  se limitó a enviar oficio a la Dirección de Asuntos Gremiales y Laborales, a los fines de emitir opinión sobre la validez del título de (su) representada”.

En tal virtud, denunció que la Dirección de Ingreso y Clasificación de Personal Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes violó el debido proceso administrativo de su representada para el ingreso como personal ordinario, incurriendo así en una abstención formal de la actividad administrativa a la que se encuentra sometida por imperio de la Ley, ocasionándole “violación en sus derechos laborales, económicos, gremiales y profesionales, al obstaculizar indebidamente su ingreso al sistema educativo, con justificaciones contrarias a derecho”, estimando en consecuencia que se encuentran llenos los requisitos exigidos para que sea declarada la procedencia del recurso por abstención o carencia “puesto que existe la obligación específica de la Administración, es decir, del Ministerio de Educación y Deportes, a través de la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal Docente (…), para tramitar oportunamente el ingreso y la remuneración correspondiente” (Negrilla de la Sala).

De los argumentos expuestos por la apoderada judicial de la recurrente, se desprende que, en principio, la acción aparece interpuesta contra el “Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, precisando que es deber del Ministerio cumplir con la obligación específica demandada, pero a través de la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal Docente de dicho Ministerio, órgano al que le atribuye directamente la facultad de tramitar el procedimiento de ingreso de su representada, “de conformidad con las estipulaciones del artículo 9, numeral 4 del Reglamento Interno del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, contenido de la Resolución 270 de fecha 22 de diciembre de 1999.

Por lo tanto, conforme a lo señalado por la actora, es la Dirección de Ingreso y Clasificación del Personal  Docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación el órgano al que corresponde tramitar lo referente al ingreso del personal docente adscrito a ese Ministerio, razón por la cual debe entenderse que lo pretendido por la recurrente mediante la acción propuesta, es atacar la inactividad administrativa de dicha Dirección y no la abstención del ciudadano Ministro como máximo representante del organismo querellado.

En virtud de lo anterior, no encontrándose el presente recurso dirigido contra alguna de las autoridades señaladas en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente contra el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación, como máxima autoridad del organismo, esta Sala resulta incompetente para decidir el presente recurso. Así se declara.

Establecido lo anterior, corresponde ahora analizar cuál tribunal es el competente para decidir del caso de autos, y en este sentido se observa:

Conforme a lo indicado por su apoderada judicial, la hoy recurrente ingresó “como personal contratado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (…) con carácter de interino  en el área de Música, para el Centro Educativo Escuela Básica Carlos Soublete” en la población La Azulita del Estado Mérida, y que virtud de haber resultado ganadora del concurso de credenciales para la provisión de cargos, ingresos y ascensos a la carrera docente para el período 2001-2002, se desempeña como personal docente dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el Centro Educativo NER N° 159 (Mesa Alta), “La Azulita” como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS).

Alegó que no obstante haber ganado el concurso “hasta la fecha ha sido imposible que el Ministerio de Educación a nivel central la incluya en la nómina regular del Ministerio de Educación y Deportes con el cargo de Docente de Aula con 33,33 horas (…) a pesar de estar cumpliendo con la prestación integral de sus servicios en el cargo por el cual concursó” (sic), pagándosele todavía como contratada, “es decir, sólo por veinte (20) horas contratadas, como interina no graduada…”, motivo por el cual ejerció el presente recurso con el fin de que se ordene al órgano competente incluir a su representada en la nómina de personal ordinario titular fijo con el referido cargo, así como al pago correspondiente a la diferencia de salario que se le adeuda.

Como se observa, en el caso bajo examen la accionante se desempeña como personal docente dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el cual forma parte de la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, por lo que es necesario determinar el régimen legal que rige su relación de empleo con la Administración Pública y específicamente su relación con el ente administrativo recurrido.

Debe destacarse que esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que los docentes al servicio de la Administración Pública Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, son funcionarios públicos, y por tanto, se encuentran amparados por el conjunto de derechos y deberes contemplados en la Ley que al efecto los regule (vid. sentencia N° 01699 del 24 de octubre de 2007).

En este sentido, se ha indicado con respecto al ámbito de aplicación de la derogada Ley de Carrera Administrativa, que ésta se encontraba limitada por mandato constitucional a los funcionarios públicos de la Administración Pública Nacional, con las excepciones establecidas en el artículo 5 eiusdem, en las cuales no se excluía a los docentes dependientes del Poder Ejecutivo, ya que sólo lo hacía respecto a los miembros del personal directivo, académico, docente y de investigación de las Universidades Nacionales; por tanto, al estar los funcionarios docentes amparados por la referida Ley, la competencia para conocer y decidir los litigios surgidos entre éstos y la Administración Pública en lo referente a sus relaciones laborales, era de la jurisdicción contencioso- administrativa, a través del Tribunal de la Carrera Administrativa.

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se dictó la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002, reimpresa en fecha 6 de septiembre de 2002, mediante Gaceta Oficial Nº 37.522, la cual derogó la Ley de Carrera Administrativa, y unificó la normativa jurídica aplicable a las relaciones de empleo público de la Administración Pública nacional, estadal y municipal, señalando en el Parágrafo Único de su artículo 1º, los funcionarios excluidos de su ámbito de aplicación, el cual no abarcó al personal docente dependiente del Poder Ejecutivo.

Asimismo, la mencionada ley suprimió el Tribunal de la Carrera Administrativa, asignándoles sus competencias a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo; en consecuencia, los tribunales competentes para conocer y decidir casos como el presente, donde se evidencia una relación de empleo público, son, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias de dicha ley.

En consecuencia, al ser la recurrente una funcionaria pública al servicio de la Administración Pública, el presente caso debe ser conocido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, atendiendo a la relación funcionarial existente y al lugar donde la recurrente presta sus servicios, conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública. (Vid. Sentencia N° 1365, de fecha 6 de abril 2005).

Finalmente, determinada como ha sido la competencia en el presente asunto, se advierte al referido Juzgado Superior que este juicio fue sustanciado en su totalidad por esta Sala Político-Administrativa, conforme a los términos establecidos en sentencia N° 00982 de fecha 20 de abril de 2006, recaída en esta causa, cumpliéndose las formalidades indispensables para salvaguardarles a las partes sus derechos a la defensa y al debido proceso; en tal sentido, en aras de preservar la doble instancia, deben pasar los autos al tribunal declarado competente, manteniéndose todo lo actuado, en virtud de que si se anulasen todos los actos se ocasionaría un perjuicio a las partes. En consecuencia, deberá dicho Juzgado considerar como válidas las actuaciones practicadas y pasar a decidir el fondo de la controversia con los elementos cursantes en autos, garantizando así una tutela judicial efectiva y una justicia sin formalismos o reposiciones inútiles. Así se decide.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. Su INCOMPETENCIA para decidir el recurso por abstención o carencia interpuesto por la ciudadana ANA CRISTINA AGUILERA CARROZ, contra la conducta omisiva de la DIRECCIÓN DE INGRESO Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, en cuanto al cumplimiento de su deber de tramitar el ingreso y remuneración de la recurrente como Docente I/AULA/MÚSICA (33,33 HORAS), para la Dependencia Núcleo Estadal Rural (NER) 159, Escuela Básica Mesa Alta, La Azulita, Municipio Andrés Bello del Estado Mérida.

2. Que CORRESPONDE al Juzgado en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, la competencia para conocer dicho recurso.

3.  Se ORDENA al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que debe decidir la presente causa con los elementos cursantes en autos.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al referido Juzgado Superior, a los fines consiguientes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintiocho (28) de noviembre del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01935, la cual no esta firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN