MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. N° 2010-0272

 

Mediante Oficio Nro. 119/10 del 18 de marzo de 2010 el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente signado con letras y números AP41-U-2009-000155 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelación ejercidos en fechas 28 de septiembre y 9 de octubre de 2009, por las abogadas Yajaira Rivas e Isabel Cecilia Esté, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 23.105 y 56.467, respectivamente; actuando, la primera, con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según se evidencia del documento poder autenticado el 8 de abril de 2008, ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el Nro. 44, Tomo 18, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina Notarial; y la segunda, como apoderada judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS), adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo (hoy Ministerio del Poder Popular para  Planificación y Finanzas), creado por la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.968 de fecha 8 de junio de 2000, conforme consta en el instrumento poder autenticado el 26 de febrero de 2009, ante la Notaría Pública Tercera del Estado Vargas, inserto bajo el Nro. 52, Tomo 09, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; contra la sentencia definitiva Nro. 1274 dictada por el Tribunal remitente en fecha 18 de septiembre de 2009, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos el 2 de marzo de 2009 por los abogados Leonel Alfonso Ferrer e Isabel Cecilia Esté, el primero inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 65.719, y, la segunda, ya identificada; representación que consta en el documento poder antes descrito.

El aludido recurso fue incoado contra el acto administrativo contenido en la Resolución identificada con letras y números  SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008 000370 de fecha 19 de agosto de 2008, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente contra la Resolución-Planilla Nro. 011001130050955 del 21 de enero de 2005, que determinó a cargo del instituto recurrente la obligación de pagar en materia de retenciones del impuesto sobre la renta la cantidad expresada en moneda actual de Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 843.016,60), en concepto de sanción de multa, así como Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Nueve Céntimos (Bs. 52.356,09) por intereses moratorios, para el período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, cuyo monto total asciende a la suma de Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 895.372,69).

Según consta en auto de fecha 18 de diciembre de 2009, el Tribunal de instancia oyó las apelaciones en ambos efectos y remitió el expediente a esta Sala Político-Administrativa.

El 7 de abril de 2010 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable ratione temporis, y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar las apelaciones.

En fecha 12 de mayo de 2010 la abogada Daniela Camacho Ustáriz, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 70.921, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, tal como se evidencia del documento poder autenticado ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el 14 de diciembre de 2009, inserto bajo el Nro. 22, Tomo 102, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina Notarial, consignó el escrito de fundamentación de la apelación.

Mediante auto de fecha 13 de mayo de 2010,  por no haber presentado el contribuyente los fundamentos de su apelación, se ordenó realizar el cómputo de los días de despacho transcurridos desde que comenzó la relación de la causa, exclusive, hasta que venció el lapso establecido en el auto del 7 de abril de 2010, inclusive. Efectuado dicho cómputo se dejó constancia de haber transcurrido quince (15) días de despacho, correspondientes al 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 de abril; 04, 05, 06, 11 y 12 de mayo, todos del año 2010.

Por auto de fecha 8 de junio de 2010 se fijó el quinto (5to.) día de despacho para que tuviera lugar el acto de informes, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable en razón del tiempo.

Mediante auto del 17 de junio de ese mismo año, se difirió la celebración del  acto de informes para el día 24 de febrero de 2011.

En fecha 20 de julio de 2010, por encontrarse vencido el lapso de contestación a la apelación, la causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.447 del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.451 del 22 del mismo mes y año.

Realizado el estudio del expediente pasa la Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

                                                                                             I

ANTECEDENTES

La Administración Tributaria realizó una investigación fiscal al Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), conforme a lo previsto en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, en la cual se constató que dicho Instituto enteró tardíamente la cantidad retenida o percibida correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, fuera del lapso legalmente establecido, en contravención a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de retenciones.

La investigación culminó con el levantamiento de la Resolución-Planilla Nro. 011001130050955 dictada en fecha 21 de enero de 2005 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, notificada el 11 de junio de 2007, que determinó a cargo del instituto recurrente la obligación de pagar la cantidad expresada en moneda actual de Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 843.016,60), en concepto de sanción de multa, así como Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Nueve Céntimos (Bs. 52.356,09) por intereses moratorios, para el período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, cuyo monto total asciende a la suma de Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 895.372,69), derivado del impuesto sobre la renta.

El 17 de julio de 2007 la abogada Florangel Josefina Delgado, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 110.387, actuando con el carácter de apoderada judicial de la recurrente, conforme consta en el instrumento poder autenticado el 28 de octubre de 2004, ante la Notaría Pública Tercera del Estado Vargas, inserto bajo el Nro. 67, Tomo 55, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, ejerció el recurso jerárquico contra el aludido acto administrativo.

En fecha 19 de agosto de 2008 la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dictó la Resolución identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008 000370, notificada el 21 de enero de 2009, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente contra la Resolución-Planilla Nro. 011001130050955 del 21 de enero de 2005, resolución esta última que quedó confirmada en los términos siguientes:

 “(…) esta Alzada observa que la estructura de la sanción prevista en el artículo 113 del mencionado Código [Código Orgánico Tributario del año 2001], combina los porcentajes del tributo (impuesto retenido) con el tiempo de mora (días de atraso), es decir, es una sanción proporcional fija, ya que señala un porcentaje específico (50%), independientemente del tipo de tributo dejado de enterar, que no admite rebaja ni aumento, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del citado Código, el incremento o no de la sanción se encuentra condicionado al transcurrir del tiempo. De modo pues, que la mencionada sanción al no encontrarse contenida entre dos límites (mínimo y máximo), impide al operador jurídico graduar las penas a través del sistema de atenuantes y agravantes.

Aunado a lo anterior, cabe advertir que nuestro ordenamiento jurídico tributario no prevé la posibilidad de eximir la responsabilidad de los agentes de retención por razones presupuestarias o financieras, debido a que son situaciones totalmente externas y ajenas al hecho de la infracción cometida por el contribuyente.

Por la motivación que antecede, esta Gerencia Regional desestima el alegato expuesto por el recurrente [Instituto Autónomo Corporación Para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)] referido a su situación presupuestaria y financiera y así se declara (…)”. (Agregado de la Sala).

El 18 de noviembre de 2008 la Administración Tributaria emitió el Acta de Cobro signada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DCE/CC-2008-000285, notificada en fecha 21 de enero de 2009, donde emplazó el instituto hoy apelante al pago de la cantidad expresada en moneda actual de Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 843.016,60), en concepto de sanción de multa, así como Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Nueve Céntimos (Bs. 52.356,09) por intereses moratorios, para el período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, cuyo monto total asciende a la suma de Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 895.372,69), derivado del impuesto sobre la renta.

En fecha 2 de marzo de 2009 los abogados Leonel Alfonso Ferrer e Isabel Cecilia Esté, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), según se evidencia en el documento poder supra descrito, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, el recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra la mencionada Resolución. Fundamentaron su recurso en los argumentos siguientes:

1.- “De la caducidad”.

Como punto previo, alegaron la “caducidad” de la Administración Tributaria para determinar y ordenar la liquidación de las planillas a que hubiere lugar, por haber transcurrido el lapso de cuatro (4) años previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 2001.

Señalan que el hecho imponible del caso bajo examen, se produjo “en el período fiscal correspondiente al año 2002, y no fue sino hasta el 11 de junio de 2007 que su mandante fue notificada de la Planilla Nro. 011001130050955 del 21 de enero de 2005, por lo que el plazo de caducidad venció el 1° de enero de 2007.

2.- “Del procedimiento de verificación previsto en el Código Orgánico Tributario y las Garantías constitucionales consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Respecto al procedimiento de verificación, señalan que al no haber previsto el legislador un iter procedimental para la verificación como en los procedimientos de fiscalización y determinación, se vulneran y transgreden derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, incurriendo la Administración en una violación al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo tanto, en el caso bajo examen -afirman- existe ausencia de un procedimiento legalmente establecido, toda vez que de las actas procesales se puede observar que la Administración Tributaria en ningún momento notificó a su representada del inicio del procedimiento de verificación y sólo determinó la imposición de una sanción de multa sin posibilidad de presentar alegatos para defenderse de la misma.

En consecuencia, solicitan la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado por ausencia total y absoluta de un procedimiento, previo a la imposición del acto sancionatorio.

3.- “Exención tributaria”.

En lo atinente a la exención en materia tributaria, arguyen que el artículo 14 de la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, establece que su representada no estará sujeta al pago de impuestos o contribuciones nacionales de ninguna naturaleza y especie, de lo cual se colige que la misma tiene asignado un objeto que requiere de la preservación de su patrimonio para poder alcanzar las metas que se ha propuesto y que constituyeron una emergencia nacional.

Aseguran que “el incumplimiento de un deber tributario formal pudiera dar lugar a la merma de su patrimonio por una eventual ejecución de un crédito fiscal, o a una disminución presupuestaria que pudiera determinar la interrupción o suspensión de los planes y proyectos que se adelantan en el Estado para recuperarlo de una catástrofe natural que devastó su territorio y acabó con los bienes de cientos de familias, comercios (…)”.

Por las razones antes mencionadas, solicitan la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado hasta tanto se produzca la sentencia definitivamente firme, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001.

El 7 de abril de 2009 Tribunal a quo suspendió los efectos del acto administrativo impugnado por considerar que CORPOVARGAS demostró en juicio la presunción del buen derecho, así como la existencia del periculum in damni, toda vez que la ejecución de la sanción de multa aplicada por la Administración Tributaria al referido instituto, “podría afectar el desarrollo y la ejecución de los planes de recuperación del Estado Vargas”.

II

DECISIÓN JUDICIAL APELADA

Mediante sentencia definitiva Nro. 1274 de fecha 18 de septiembre de 2009, el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por los representantes judiciales del Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), en los términos que de seguidas se indican:

“(…) Vistos los términos en que ha quedado planteada la controversia, este Tribunal observa que la misma se circunscribe a determinar: i) Si en el presente asunto operó la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el acto impugnado; ii) Si el acto impugnado está viciado de ausencia total del procedimiento previo para la determinación de la multa y los intereses moratorios en el acto impugnado; y iii) Si CORPOVARGAS goza por su Ley de creación de una exención total impositiva, dado los objetivos y fines que persigue.

(…) i) Respecto al alegato de la prescripción de las determinaciones contenidas en el acto impugnado por haber transcurrido el lapso de cuatro (4) años requerido por el artículo 55 del Código Orgánico Tributario, este Tribunal observa:

El artículo 55 del Código Orgánico Tributario dispone:

(…) Por su parte, el artículo 56 eiusdem, establece lo siguiente:

(…) A su vez, el artículo 60 del ibidem, establece:

(…) Respecto a la interrupción y suspensión de los lapsos prescriptivos, los artículos 61 y 62 del Código Orgánico Tributario disponen lo siguiente:

(…) Analizada la normativa anterior, se observa que en el caso de autos la obligación tributaria se generó en diciembre de 2002, siendo la fecha máxima para declarar y enterar el monto correspondiente el 07 de enero de 2003, lo cual no hizo el contribuyente, razón por la cual el lapso de prescripción en el presente asunto es de (…) (06) años, de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 56 del Código Orgánico Tributario antes transcrito, iniciándose dicho lapso el 08 de enero de 2003, siendo interrumpido con la declaración y pago por parte de la recurrente de la obligación correspondiente a diciembre de 2002, en fecha (…) (23) de diciembre de (…) (2003), tal como consta en la copia certificada del expediente administrativo consignada en los autos.

En virtud de la referida declaración y pago realizado por la recurrente en fecha (…) (23) de diciembre de (…) (2003) y, de conformidad con la norma tipificada en el numeral 2 del artículo 60 eiusdem, se reinició el lapso de prescripción en fecha (…) (24) de diciembre de (…) (2003), el cual fue interrumpido en fecha (…) (11) de junio de (…) (2007), al notificarle a la recurrente la Resolución-Planilla de Liquidación N° 01 10 01 1 30 050955 de fecha (…) (21) de enero de (…) (2005), habiendo transcurrido en ese momento (…) (3) años (…) (5) meses y (…) (17) días desde el inicio de la misma.

Seguidamente la recurrente interpuso recurso jerárquico contra la Resolución- Planilla de Liquidación N° 01 10 01 1 30 050955, en fecha (…) (17) de julio de (…) (2007), suspendiéndose entonces el lapso de prescripción que se reinició en fecha (…) (12) de junio de (…) (2007), después de notificada la referida Resolución Planilla de Liquidación, habiendo transcurrido (…) (01) mes y (…) (06) días; continuando el cómputo de dicho lapso de prescripción el día (…) (11) de diciembre de (…) (2007), en virtud de haberse agotado los lapsos establecidos en los artículos 249, 251 y 254 del Código Orgánico Tributario para que la Administración Tributaria decidiera el recurso, más los (…) (60) días que establece el artículo 62 del mismo Código.

Ahora bien, el referido recurso fue decidido con la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/DJT/CRA/2008-000370 de fecha (…) (19) de agosto de (…) (2008), notificada en fecha (…) (21) de enero de (…) (2009), habiendo transcurrido entonces, (…) (1) año (…) (2) meses y (…) (16) días.

Finalmente, en fecha (…) (09) de marzo de (…) (2009), la recurrente interpuso el recurso contencioso tributario que nos ocupa suspendiéndose nuevamente la prescripción, teniendo que concluir forzosamente que para la fecha de notificación de la Resolución-Planilla de Liquidación N° 01 10 01 1 30 050955, no se encontraban prescritas las determinaciones tributarias contenidas en la misma, al no haber transcurrido íntegramente el lapso exigido por la ley para ello. Así se declara.  

ii) Respecto al argumento de la nulidad del acto impugnado por prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido al no haber sido levantada un acta cuya notificación diera lugar a la apertura del sumario administrativo, este Tribunal observa que los procedimientos de verificación, dada su naturaleza, no contemplan un procedimiento contradictorio, pues esto solo (sic) procede en los supuestos de fiscalización y no en los de verificación basados en la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y en los procedimientos de determinación de oficio de las obligaciones tributarias, por lo que no hay lugar a la apertura de un sumario administrativo, sino que se trata de la determinación de la diferencia entre lo aportado y lo que se debió aportar como consecuencia de la verificación efectuada.

Respecto a éste (sic)  punto, este Tribunal comparte el criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 330, de fecha (…) (26) de febrero de (…) (2002), según la cual:

(…) Ahora bien, el Parágrafo Primero del artículo 149 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis, dispone:

(…) De la normativa antes transcrita y por el criterio que antecede, este Tribunal concluye que el presente procedimiento administrativo de verificación estuvo totalmente ajustado a derecho, cumpliéndose a cabalidad con las fases del mismo, siendo forzoso desestimar la delación de la recurrente respecto a este punto. Así se declara.

iii) Respecto al argumento de que CORPOVARGAS goza por su Ley de creación de una exención total impositiva, dados los objetivos y fines que persigue, este Tribunal observa lo siguiente:

El artículo 14 de la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, dispone:

(…) La disposición transcrita establece con claridad meridiana que CORPOVARGAS no queda obligada al pago de ningún impuesto o contribución de carácter nacional, esto por lo que respecta a las operaciones que ella realiza. Ello es así en función del objeto de su creación y las finalidades sociales y de recuperación estadal que persigue, más (sic) ello no la exime del pago de los impuestos que debe retener a los terceros en su condición de agente de retención, ya que en este caso no se trata de una obligación tributaria que le sea propia, sino de la obligación tributaria de los terceros de los cuales adquiere bienes o la prestación de servicios, por lo que no puede considerarse que al tener la obligación de enterar en el lapso correspondiente las retenciones efectuadas del Impuesto sobre la Renta, se esté afectando el patrimonio que tiene asignado para llevar a cabo sus funciones, razón por la cual no puede pretender CORPOVARGAS no estar obligada a efectuar el enteramiento de las retenciones del Impuesto sobre la Renta que realiza a sus proveedores de bienes y servicios con base en la norma antes transcrita.

(…) Dadas las consideraciones anteriores, este Tribunal estima improcedente el alegato de la recurrente respecto al beneficio de exención legal del pago de impuestos y contribuciones de carácter nacional, por no tratarse de obligaciones tributarias que le sean propias. Así se declara.

Ahora bien, dado el eminente carácter de interés público y social que tiene la función y los fines realizados por CORPOVARGAS y que se trata de un ente descentralizado de la Administración Pública Nacional, cuyo funcionamiento económico lo determina la Ley de Presupuesto Público Nacional Anual, que goza además de las Prerrogativas del Fisco Nacional este Tribunal considera que se deben aplicar al caso concreto el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 85 al 87 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se declara.

Sin embargo, quien aquí decide, considera necesario emitir pronunciamiento sobre la determinación tributaria referida a los intereses moratorios en el acto impugnado, en ejercicio de los poderes inquisitivos de los que está investido el Juez Tributario y en ejercicio de la tutela judicial efectiva.

El acto impugnado determina intereses moratorios con cargo a la recurrente desde la fecha en que venció el plazo para el enteramiento de las retenciones del impuesto sobre la renta y por ello es preciso dejar sentado que:

(…) El artículo 59 del Código Orgánico Tributario dispone:

(…) Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha (…) (13) de julio de 2.007, Caso: TELCEL, C.A., expediente 06-1860, expuso:

(…) Así las cosas, con fundamento en el criterio anteriormente señalado, observa quien aquí decide que, en el caso concreto, la obligación de pagar intereses moratorios sólo surgirá en el momento en que el acto recurrido se encuentre definitivamente firme, y encontrándose impugnado el acto de determinación de intereses, no se cumplen los requisitos exigidos para la existencia de la mora tributaria, por lo que no tiene derecho la administración tributaria a estimar y liquidar intereses moratorios respecto a la cantidad impugnada, ya que los mismos solo (sic)  podrán ser liquidados una vez que la sentencia que recaiga en el presente asunto se encuentre definitivamente firme. Así se declara.

(…) En virtud del razonamiento precedente, este Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el presente recurso por resultar procedente la delación referida a la improcedencia de los intereses moratorios, resultando improcedentes las delaciones referidas a la prescripción de las determinaciones tributarias contenidas en el acto impugnado y el vicio de ausencia total del procedimiento previo para la determinación de la multa y los intereses moratorios impuestos en el acto impugnado; así como también la justificación alegada sobre CORPOVARGAS al gozar por su Ley de creación de una exención total impositiva, dados los objetivos y fines que persigue, en el recurso contencioso tributario interpuesto (…) por los (…) apoderados judiciales de la recurrente ‘INSTITUTO AUTONOMO CORPORACION PARA LA RECUPERACION Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS)’, (…) contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000370, de fecha (…) (19) de agosto de (…) (2008) emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del (…) (SENIAT) que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y confirmó la Resolución-Planilla N° 01 10 01 1 30 050955, de fecha (…) (21) de enero de (…) (2005), que impuso a la recurrente la obligación de pagar la cantidad de (…) (Bs. F 843.016,60) por concepto de multa por incumplimiento de deberes formales del Impuesto sobre la Renta, y la cantidad de (…) (Bs. F 52.356,09), por concepto de intereses moratorios.

En consecuencia:

1.- SE ANULA la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000370, (…).

2.- Se ORDENA a la Administración Tributaria emitir un nuevo acto en completa sujeción a los términos que han quedado expresados en el presente fallo.

3.- NO HAY CONDENA EN COSTAS, de conformidad con lo establecido en el Artículo 327 del Código Orgánico Tributario, en virtud que ninguna de las partes resultó totalmente vencida.

(…).”. (Sic). (Destacado del fallo apelado).

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El 12 de mayo de 2010 la representación judicial del Fisco Nacional presentó ante esta Sala el escrito de fundamentación de su apelación, en el cual expresa lo siguiente:

            Señala que la sentencia dictada por el Tribunal a quo, incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho por errónea interpretación del artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que declaró improcedentes los intereses moratorios calculados por la Administración Tributaria al Instituto recurrente.

Como corolario de lo expuesto, solicita se declare con lugar la apelación ejercida y se revoque la sentencia apelada en lo que desfavorece a la República; pero señala que de resultar improcedente su petición se le exima del pago de las costas procesales al Fisco Nacional, en virtud de la sentencia Nro. 1238 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz, criterio adoptado por la Sala Político-Administrativa en el fallo Nro. 00113 del 3 de febrero de 2010, caso: Citibank, C.A.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a la Sala pronunciarse en esta oportunidad sobre los recursos de apelaciones interpuestos por el Fisco Nacional y por la apoderada judicial del Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), contra la sentencia definitiva Nro. 1274 dictada en fecha 18 de septiembre de 2009 por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por el referido contribuyente.

No obstante lo anterior, esta Alzada pudo constatar -como se indicó- que en la causa objeto de análisis, una de las partes apelantes (Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)) no consignó el escrito de fundamentación de la apelación, por lo que la Secretaría de la Sala en auto del 13 de mayo de 2010, dejó constancia de haber realizado el cómputo que evidencia el vencimiento del lapso del que disponía el Instituto para cumplir esta carga procesal. En efecto, quedó demostrado que desde el día en que se comenzó la relación de la causa, exclusive; hasta que venció el lapso establecido en el auto del 7 de abril de 2010, inclusive; transcurrieron quince (15) días de despacho correspondientes al 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 de abril; 04, 05, 06, 11 y 12 de mayo, todos del año 2010.

En tal sentido, se pasa a decidir la controversia planteada a tenor de lo contemplado en el aparte décimo octavo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable ratione temporis, que dispone:

“Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte...”. (Destacado de la Sala).

Del artículo parcialmente transcrito se desprende la carga procesal de la parte apelante, para presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la relación de la causa, un escrito de exposición de las razones de hecho y de derecho en las que fundamente su apelación. De igual forma, establece como consecuencia jurídica que la falta de comparecencia de la parte apelante para fundamentar su apelación se considerará como desistimiento tácito, y así será declarado de oficio o a instancia de la otra parte.

Por esta razón, juzga la Sala que al no haber consignado el instituto recurrente el mencionado escrito en el cual exprese los fundamentos para solicitar la revocatoria del pronunciamiento judicial atacado por el referido medio de impugnación, no puede esta Máxima Instancia suplir la carga procesal correspondiente a dicha parte y entrar a conocer y decidir la apelación incoada, por lo que debe declararse desistida dicha apelación. Así se decide.

1.      Consulta:

Resuelto lo anterior y visto que el ente recurrente en el caso de autos es un Instituto Autónomo, son de obligatorio examen los artículos 98 y 101 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.890 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008 -que reproducen lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del año 2001- los cuales establecen lo que se transcribe a continuación:

Privilegios y prerrogativas de los institutos públicos

Artículo 98. Los institutos públicos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios.

 

 

Institutos Autónomos

Artículo 101. Los institutos autónomos se regularán conforme a las disposiciones previstas en la presente sección, y todas aquellas normas que le sean aplicables a los institutos públicos”.

Por consiguiente, siendo la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS) un instituto autónomo creado por la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, las sentencias de instancia en que este Instituto resulte perdidoso, deben ser consultadas por ante el Tribunal Superior competente, en el caso concreto, la Sala Político-Administrativa, por ser la alzada natural de los tribunal superiores de lo contencioso tributario, al igual como ocurre en los casos donde la República es parte.

Por lo tanto, en atención a la prerrogativa prevista a favor de la República en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (publicado en la Gaceta Oficial Nro. 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008), corresponde a esta Máxima Instancia, pronunciarse en consulta sobre la juridicidad de la sentencia definitiva Nro. 1274 dictada en fecha 18 de septiembre de 2009 por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por el referido responsable.

En orden a lo anterior y a los fines de conocer en consulta la decisión de de instancia, resulta oportuno examinar los requisitos plasmados en las sentencias Nros. 00566, 00812 y 00911 dictadas por esta Sala Político-Administrativa en fechas 2 de marzo de 2006, 9 de julio y 6 de agosto de 2008, casos: Agencias Generales Conaven, S.A., Banesco Banco Universal, C.A. e Importadora Mundo del 2000, C.A., respectivamente; así como en el fallo Nro. 2.157 del 16 de noviembre de 2007, emanado de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, caso: Nestlé de Venezuela C.A. Tales requisitos son:

1.- Que se trate de sentencias definitivas o de las interlocutorias que causen un gravamen irreparable, es decir, revisables por la vía ordinaria del recurso de apelación.

2.- Que la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) cuando se trate de personas naturales; y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) cuando se trate de personas jurídicas.

3.- Que las sentencias definitivas o las interlocutorias que causen un gravamen irreparable resulten contrarias a las pretensiones de la República.

            Al circunscribir el enunciado criterio jurisprudencial al caso bajo análisis, la Sala constata el cumplimiento de los antes señalados requisitos pues, en efecto: a) se trata de una sentencia definitiva; b) la cuantía de la presente causa asciende a la cantidad expresada en moneda actual de Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 895.372,69), la cual excede sobradamente las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) exigidas como elemento cuantitativo equivalente a la fecha en que se dictó la decisión del Tribunal de instancia (18 de septiembre de 2009); c) la sentencia objeto de consulta resultó parcialmente contraria a las pretensiones del Instituto recurrente.

            Sobre la base de lo antes expuesto, ciertamente se constata que la causa objeto de examen reúne las características necesarios para que esta Máxima Instancia conozca en consulta la parte desfavorable a los intereses del  Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), en el fallo proferido por el Tribunal de instancia. En tal sentido, se pasa de seguidas a revisar su conformidad al derecho y, al respecto, la Sala observa:

Los pronunciamientos desfavorables al mencionado Instituto contenidos en la sentencia de instancia, se refieren a: i) rechazo de la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el acto impugnado; ii) rechazo a la denuncia de inexistencia de un procedimiento administrativo de verificación iniciado por la Administración Tributaria estuvo totalmente ajustado a derecho; y iii) rechazo del beneficio de exención legal del pago de impuestos y contribuciones de carácter nacional, por no tratarse de obligaciones tributarias derivadas de actividades económicas propias del Instituto. A los efectos anteriores se observa:

 

 

            1.1. De la Prescripción.

En lo que respecta al pronunciamiento efectuado por el Tribunal de instancia, referido a que las obligaciones tributarias en materia de retenciones de impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, no se encuentran prescritas, por no haber transcurrido íntegramente el lapso exigido por la ley; esta Alzada observa que los apoderados judiciales del Instituto Autónomo Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), afirman en el recurso contencioso tributario haber operado el lapso prescriptivo de las obligaciones exigidas por la Administración Tributaria, habida cuenta que el hecho imponible se verificó en el año 2002 y la Planilla de Liquidación Nro. 01-10-01-1-30-050955 fue notificada a su representada el 11 de junio de 2007, por lo que transcurrieron más de cuatro (4) años de acuerdo a la normativa vigente.

Por su parte, la representación fiscal de la República señaló con relación a esta objeción en su escrito de informes (folios 183 al 195) presentado ante el Tribunal de la causa, la improcedencia de la prescripción alegada por el instituto recurrente, de acuerdo al análisis de la normativa prevista en el Código Orgánico Tributario del año 2001.

A tal efecto, pasa esta Sala a verificar la prescripción como un medio extintivo de las obligaciones tributarias, prevista en los artículos 55, 56, 60, 61 y 62 del mencionado Código de 2001, en los términos que de seguidas se expresan:

Artículo 55: Prescriben a los cuatro (4) años los siguientes derechos y acciones:

1. El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación           tributaria con sus accesorios.

2. La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de la libertad.

3. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos.”.

Artículo 56: En los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término establecido se extenderá a seis (6) años cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes:

 (…)”.

Artículo 60: El cómputo del término de prescripción se contará:

1. En el caso previsto en el numeral 1 del artículo 55 de este Código, desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible.

2. En el caso previsto en el numeral 2 del artículo 55 de este Código, desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquél en que se cometió el ilícito sancionable”.

Artículo 61: La prescripción se interrumpe, según corresponda:

1. Por cualquier acción administrativa, notificada al sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo por cada hecho imponible.

2. Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda.

3. Por la solicitud de prórroga  otras facilidades de pago.

4. Por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo.

5. Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda ejercer el derecho de repetición o recuperación ante la Administración Tributaria, o por cualquier acto de esa Administración en que se reconozca la existencia del pago indebido, del saldo acreedor o de la recuperación de tributos.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente al día siguiente de aquél en que se produjo la interrupción.

PARAGRAFO ÚNICO: El efecto de la interrupción de la prescripción se contrae a la obligación tributaria o pago indebido, correspondiente al período o a los períodos fiscales a que se refiera el acto interruptivo y se extiende de derecho a las multas y a los respectivos accesorios”.

Artículo 62. El cómputo del término de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos o judiciales o de la acción del juicio ejecutivo, hasta sesenta (60) días después de que se adopte resolución definitiva sobre los mismos.

En el caso de interposición de peticiones o recursos administrativos, la resolución definitiva puede ser tácita o expresa.

En el caso de la interposición de recursos judiciales o de la acción del juicio ejecutivo, la paralización del procedimiento en los casos previstos en el artículo 66, 69, 71 y 144 del Código de Procedimiento Civil hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.

(…)”. (Destacado de la Sala).

De las normas anteriormente transcritas se observa que la prescripción como medio de extinción de la obligación tributaria y sus accesorios ocurre por el transcurso del tiempo, sin que exista alguna actuación de la parte a favor de quien obra que implique su interrupción o suspensión. (Vid. Sentencia Nro. 00434 del 19 de mayo de 2010, caso: Distribuidora Santos, S.R.L.).

Asimismo, del contenido del artículo 61 del Código Orgánico Tributario de 2001, se desprende que una vez ocurrida alguna de las causales antes señaladas, se interrumpe el lapso de prescripción y se inicia de inmediato un nuevo período prescriptivo; es decir, que verificada alguna de las causales señaladas se comenzará a computar un nuevo lapso de cuatro (4) años para que la prescripción opere, sin que pueda contarse en modo alguno el tiempo que había transcurrido con anterioridad al hecho interruptivo.

De esta manera, en el caso de autos la prescripción de la obligación tributaria, en principio debe producirse en el término de cuatro (4) años, en atención a la declaración y pago de las retenciones en materia de impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002. Pero examinadas las actas que conforman el expediente, la Sala observa que para el referido ejercicio fiscal (1° hasta el 31 de diciembre de 2002), el cómputo de la prescripción de la obligación tributaria se inició el 1° de enero de 2003 para finalizar cuatro (4) años más tarde, es decir, el 1º de enero de 2007; lapso este que fue interrumpido por un acto fehaciente idóneo para impedir la prescripción, como lo fue que el instituto recurrente en su condición de Agente de Retención enteró las obligaciones tributarias  correspondientes a las retenciones efectuadas en el mes de diciembre de 2002, mediante la Planilla de Pago Nro. 0000200344211 el 23 de diciembre de 2003, reanudándose el lapso de prescripción a partir del 24 de diciembre de 2003.

La aludida prescripción volvió a interrumpirse el 21 de enero de 2005 con la notificación de la  Planilla de Liquidación Nro. 01-10-01-1-30-050955, mediante la cual se le aplicó al referido instituto, sanción de multa e intereses moratorios por enterar extemporáneamente el tributo respectivo,  comenzando a contarse de nuevo dicho lapso el 22 de ese mismo mes y año, el cual en principio culminaría el 22 de enero de 2009.

En fecha 17 de julio de 2007, el instituto recurrente interpuso ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT el recurso jerárquico, contra la Planilla de Liquidación señalada en el párrafo anterior, recurso con el cual quedó suspendido el lapso de prescripción.

            El 19 de agosto de 2008 dicho recurso fue declarado “sin lugar” por la Administración Tributaria, según Resolución identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000370, quedando suspendida la prescripción hasta sesenta (60) días después de haberse dictado la mencionada resolución, es decir, hasta el 19 de octubre de 2008, a tenor de lo previsto en el aludido artículo 62 eiusdem, reanudándose el curso de la prescripción al día siguiente, es decir, el  20 de octubre de 2008 hasta el 2 de marzo de 2009, fecha ésta última en la que el Agente de Retención ejerció el recurso contencioso tributario después de haber transcurrido un lapso de dos (2) años, diez (10) meses y siete (7) días.

En consecuencia, en atención a lo antes señalado esta Sala verifica que las obligaciones tributarias reclamadas por el Instituto CORPOVARGAS, comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002 no se encuentran prescritas, por lo que se confirma la sentencia del Tribunal de la causa, en los términos del presente fallo. Así se declara.

1.2. Del Procedimiento de Verificación:

La representación judicial del instituto recurrente alegó que al no haber previsto el legislador un iter procedimental para la verificación como existe en los procedimientos de fiscalización y determinación, en el acto que le ha sido notificado se vulneran y transgreden derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes, incurriendo en una violación al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna.

Por lo tanto, en el caso bajo examen -a su decir- existe ausencia de un procedimiento legalmente establecido, toda vez que de las actas procesales que cursan en autos se puede observar que la Administración Tributaria en ningún momento notificó a su representada del inicio del procedimiento de verificación, sólo determinó la imposición de una sanción de multa sin posibilidad de presentar alegatos para defenderse de tal imposición.

En consecuencia, solicitan la declaratoria de nulidad del acto administrativo impugnado por ausencia total y absoluta de un procedimiento, previo a la imposición del acto sancionatorio.

Sin embargo, el Tribunal de instancia concluyó que el procedimiento administrativo de verificación estuvo totalmente ajustado a derecho, por considerar que se cumplieron a cabalidad todas las fases de dicho procedimiento. Por tanto, desestimó la denuncia del recurrente.

Con vista a lo expuesto, considera esta Alzada oportuno transcribir el contenido de los artículos 172 al 176 del Código Orgánico Tributario del año 2001, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 172: La Administración Tributaria podrá verificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables a los fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar las diferencias a que hubiere lugar.

Así mismo la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales previstos en este Código y demás disposiciones de carácter tributario y los deberes de los agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar.

Parágrafo Único: La verificación de los deberes formales y de los deberes de los agentes de retención y percepción podrá efectuarse en la sede de la Administración Tributaria o en el establecimiento del contribuyente o responsable. En este último caso, deberá existir autorización expresa emanada de la Administración Tributaria respectiva. Dicha autorización podrá hacerse para un grupo de contribuyentes utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o actividad económica.

Artículo 173: En los casos que se verifique el incumplimiento de deberes formales o de deberes de los agentes de retención y percepción, la Administración Tributaria impondrá la sanción respectiva mediante resolución que se notificará al contribuyente o responsable, conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 174: Las verificaciones a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, se efectuará con fundamento exclusivo en los datos en ellas contenidos, y en los documentos que se hubieren acompañado a la misma, y sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda utilizar sistemas de información automatizada para constatar la veracidad de las informaciones y documentos suministrados por los contribuyentes o requeridos por la Administración Tributaria.

Artículo 175: En los casos en que la Administración Tributaria al momento de las verificaciones practicadas a las declaraciones, constate diferencias en los tributos autoliquidados o en las cantidades pagadas a cuenta de tributo, realizará los ajustes respectivos mediante resolución que se notificará conforme a las normas previstas en este Código.

En dicha Resolución se calculará y ordenará la liquidación de los tributos resultantes de los ajustes, o las diferencias de las cantidades pagadas a cuenta de tributos con sus intereses moratorios, y se impondrá sanción equivalente al diez por ciento (10%) del tributo o cantidad a cuenta de tributos omitidos, y las sanciones que correspondan por la comisión de ilícitos formales.

Parágrafo Único: Las cantidades liquidadas por concepto de intereses moratorios se calcularán sin perjuicio de las diferencias que resulten al efectuarse el pago del tributo o cantidad a cuenta de tributos omitidos.

Artículo 176: Las resoluciones que se dicten conforme al procedimiento previsto en esta sección no limitan ni condicionan el ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación atribuidas a la Administración Tributaria.”. (Resaltado de la Sala)

De las normas transcritas se desprende el procedimiento de verificación de las declaraciones que presentan los contribuyentes o los responsables, consagrado en el Código Orgánico Tributario del año 2001 y, asimismo, faculta a la Administración Tributaria para constatar el cumplimiento de los deberes formales a los que están obligados los sujetos pasivos de la obligación tributaria e imponer las sanciones a que haya lugar, mediante resolución, en caso de incumplimiento.

En la causa bajo examen se observa que la Administración Tributaria mediante la Resolución-Planilla Nro. 011001130050955, dictada en fecha 21 de enero de 2005 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, notificada a la recurrente el 11 de junio de 2007 (folio 35 al 39), determinó a cargo del Instituto recurrente la obligación de pagar la cantidad expresada en moneda actual de Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Dieciséis Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 843.016,60), en concepto de sanción de multa, así como Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis Bolívares con Nueve Céntimos (Bs. 52.356,09) por intereses moratorios, para el período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, cuyo monto total asciende a la suma de Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Dos Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 895.372,69), derivado del impuesto sobre la renta.

En conexión con lo anterior, es importante traer a colación el fallo Nro. 02179 del 17 de noviembre de 2004, caso: Mantenimiento Quijada, C.A., criterio reiterado según Sentencia Nro. 01867 de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Super Panadería La Linda, C.A., mediante el cual esta Sala Político-Administrativa dejó sentado lo siguiente:

(…) No obstante lo anterior, la norma prevista en el artículo 149, Parágrafo Primero del prenombrado Código, permite la omisión del levantamiento previo del acta fiscal en aquellos casos de imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales, infracciones por parte de los agentes de retención y percepción en casos que no constituya presunción de delito, determinación de oficio sobre base cierta cuando dicha determinación se haga con fundamento exclusivo en los datos contenidos en las declaraciones aportadas por los contribuyentes, o en caso que se trate de errores de cálculo que dieren lugar a una diferencia de tributo.

Analizando el caso objeto de análisis en la presente sentencia, se desprende del contenido de los actos administrativos impugnados, que la Administración Tributaria procedió a imponer la sanción correspondiente a la contribuyente al haber presentado de manera tardía las declaraciones correspondientes a los ejercicios fiscales coincidentes con los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1995 y enero, febrero, marzo y noviembre de 1996.

(…)

Indicó el apoderado judicial de la contribuyente que los actos administrativos recurridos se encontraban viciados en el procedimiento, debido a que supuestamente la Administración omitió el levantamiento del acta fiscal respectiva, lo que acarreaba la nulidad de las planillas de liquidación, de conformidad con la norma prevista en el artículo 19, numeral 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Ante tal alegato, esta Sala observa que la norma prevista en el artículo 149, Parágrafo Primero del Código Orgánico Tributario de 1994, antes comentada, permite la omisión del levantamiento del acta fiscal en aquellos casos en que se impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales.

Con base en lo anterior, es criterio de esta Sala que no era exigible el levantamiento del acta fiscal por parte de la Administración, ya que su actuación se basó en la imposición de la sanción correspondiente al haberse presentado de manera tardía las declaraciones de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, razón por la cual, atendiendo al mandato normativo supra referido, podía proceder de inmediato a imponer la sanción y los intereses moratorios correspondientes.

En atención a las consideraciones anteriores, es por lo que en casos específicos como el que se dilucida en el presente fallo, en los que la actuación de la Administración simplemente se contrae a imponer una sanción por incumplimiento de deberes formales, no es exigido el previo levantamiento del acta fiscal, por lo que no puede alegarse de manera alguna prescindencia del procedimiento, resultando en consecuencia, improcedente la denuncia con arreglo a la norma prevista en el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara…”. (Destacado de la Sala).

En orden a lo anterior, esta Sala ha establecido reiteradamente que cuando el acto sancionatorio se genera como consecuencia de un procedimiento de verificación por el incumplimiento de deberes formales, no resulta necesario el levantamiento del acta fiscal que conlleve al inicio de un procedimiento predeterminado. (Vid. Sentencia Nro. 01867 de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Super Panadería La Linda, C.A.).

Bajo la óptica de lo antes expresado se observa que la División de Contribuyentes Especiales de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, con ocasión de la verificación realizada a la Planilla de Pago Nro. 0000200344211 de fecha 23 de diciembre de 2003, correspondiente a las retenciones efectuadas durante el período fiscal comprendido desde el 1° al 31 de diciembre de 2002, pudo constatar el incumplimiento de deberes formales por parte de CORPOVARGAS en su carácter de Agente de Retención, toda vez que declaró y enteró al Fisco Nacional los impuestos retenidos de manera extemporánea, habida cuenta que la fecha de vencimiento para declarar y enterar las referidas retenciones había culminado el 7 de enero de 2003.

Ahora bien, de las actas que conforman el expediente, específicamente del acto administrativo impugnado, se observa que la Administración Tributaria fundamentó su actuación -imposición de la sanción de multa e intereses moratorios aplicado al Agente de Retención- en los artículos 172 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001. Por esta razón, mal puede alegar la representación judicial del instituto recurrente la vulneración de los derechos constitucionales anteriormente señalados, pues la Administración Tributaria ciñó su actuación al procedimiento legalmente establecido; sin que se pueda soslayarse que el recurrente tuvo la posibilidad de ejercer el recurso jerárquico en vía administrativa y el contencioso tributario en sede judicial, para impugnar el acto administrativo que le fue notificado.

En armonía con lo indicado, es oportuno resaltar que la intención del legislador al establecer a favor de la Administración Tributaria la función de verificación, fue la de sistematizar en forma más acabada los procedimientos que debe seguir para el ejercicio de sus facultades, sin que ello impida el despliegue simultáneo de la potestad sancionadora que ostenta.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alzada concluye que la decisión proferida por el Tribunal a quo se encuentra ajustada a derecho, por cuanto no hubo en la causa objeto de análisis vulneración por parte de la Administración Tributaria de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del instituto recurrente y, por ende, no existe ausencia total y absoluta de un procedimiento previo a la imposición del acto sancionatorio; éste se cumplió conforme a lo establecido en los artículos 172 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001, y en acatamiento a interpretaciones reiteradas en jurisprudencia de esta Sala Político-Administrativa. Así se declara.

1.3. De la Exención.

Arguyen los apoderados judiciales del recurrente que el artículo 14 de la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), establece que su representada no estará sujeta al pago de impuestos o contribuciones nacionales de ninguna naturaleza y especie, pues tiene asignado un objeto que requiere la preservación de su patrimonio para poder alcanzar las metas que se ha propuesto orientadas a resolver una emergencia nacional.

Agregan que “el incumplimiento de un deber tributario formal pudiera dar lugar a la merma de su patrimonio por una eventual ejecución de un crédito fiscal, o a una disminución presupuestaria que pudiera determinar la interrupción o suspensión de los planes y proyectos que se adelantan en el Estado para recuperarlo de una catástrofe natural que devastó su territorio y acabó con los bienes de cientos de familias, comercios (…)”.

Al respecto, el Tribunal de la causa consideró improcedente el alegato del recurrente respecto al beneficio de exención legal del pago de impuestos y contribuciones de carácter nacional, por no tratarse de obligaciones tributarias propias del instituto.

Con vista a lo indicado, la Sala estima pertinente transcribir la normativa regulatoria de la institución de la exención como figura jurídica en materia tributaria, contenida en los artículos 3, 4 y 73 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable al caso por razón del tiempo, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 3.- Sólo a la ley corresponde regular con sujeción a las normas generales de este Código, las siguientes materias:

(…)

2.- Otorgar exenciones y rebajas de impuesto; (…).

Artículo 5.- En materia de exenciones, exoneraciones, desgravámenes, rebajas y demás beneficios fiscales, las leyes determinarán los requisitos o condiciones esenciales para su procedencia.”.

Artículo 73.- Exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, otorgada por la ley. (…).

En atención a las citadas normas puede observarse que la materia de incentivos fiscales, específicamente, las exenciones, está regida por el principio de la legalidad tributaria, el cual posee fundamentalmente dos características: por una parte, sólo la Ley puede otorgar exenciones, exoneraciones y demás beneficios fiscales; mientras que por la otra, únicamente, la Ley puede establecer los términos y condiciones para su procedencia.

Sobre tan delicada materia, esta Máxima Instancia en consonancia con la doctrina más autorizada, ha interpretado que la exención tributaria se consagra como un mecanismo por el cual el legislador dispensa al contribuyente del pago de la obligación tributaria, que no es más que la principal consecuencia jurídica del acaecimiento del hecho imponible. En la práctica se traduce en eximir del pago impuesto, mas no del cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la Ley. (Vid. Sentencias Nros. 00757 y 00520 de fechas 3 de junio de 2009 y 9 de junio de 2010, casos: Liga Venezolana de Beisbol Profesional y Colegio Universitario Monseñor de Talavera, S.R.L., respectivamente).

En orden a lo anterior, la regulación específica en materia de exenciones establecida en el artículo 14, numeral 1 y 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2001, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 5.566 Extraordinario del 28 de diciembre de 2001, aplicable ratione temporis, dispone lo siguiente:

Artículo 14.- Están exentos de impuesto:

(…)

1. Las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela y Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, así como los demás Institutos Autónomos que determine la Ley.

(…)”.  (Destacado de la Sala).

La referida disposición tiene como objetivo fundamental crear un incentivo para las entidades venezolanas de carácter público, lo cual se justifica por la circunstancia de los privilegios y garantías del Fisco Nacional, que se extienden a los diferentes organismos del Estado conforme a su Ley de Creación.

            En armonía con lo antes expuesto es oportuno traer a colación los artículos 2 y 14 de la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.968 de fecha 8 de junio de 2000, que señalan:

Artículo 2. La Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas tendrá como objeto general promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de naturaleza físicoambiental, económica y social, para el Estado Vargas afectado por la catástrofe natural ocurrida en diciembre de 1999”.

Artículo 14. La Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), no estará sujeta al pago de impuestos o contribuciones nacionales de ninguna naturaleza o especie y gozará de las prerrogativas y privilegios conferidos al Fisco Nacional, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y demás leyes”. (Resaltado de la Sala).

Del conjunto de normas transcritas se puede inferir que CORPOVARGAS, es un instituto autónomo creado para la recuperación y desarrollo del Estado Vargas y dada la labor social que desempeña en atención a las facultades otorgadas por el Ejecutivo Nacional, no estará sujeto al pago de impuestos o contribuciones nacionales de ninguna naturaleza o especie; por lo que, en principio, no estaría obligado al pago de tributos o contribuciones con relación a las operaciones por ella realizadas, habida cuenta que goza por mandato expreso de la aludida Ley de las mismas prerrogativas y privilegios conferidos al Fisco Nacional.

Ahora bien, con el fin de analizar si el aludido Instituto es responsable de enterar al Fisco Nacional el impuesto bajo examen o por el contrario está exento de dicha obligación, debe esta Máxima Instancia iniciar el análisis del caso de autos con las normas contenidas en los artículos 27 y 28 del Código Orgánico Tributario de 2001, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 27. Son responsables directos, en calidad de agentes de retención o de percepción, las persona designadas por la ley o por la Administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.

Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas, no tendrán el carácter de funcionarios públicos.

Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente.

El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la Administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria el reintegro o la compensación correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Se considerarán como no efectuados los egresos y gastos objeto de retención, cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto correspondiente conforme a los plazos que establezca la ley o su reglamento, salvo que demuestre haber efectuado efectivamente dicho egreso o gasto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada, serán responsables de los tributos dejados de retener, percibir o enterar, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la retención, percepción o enteramiento respectivo.

 Artículo 28.- Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios  derivados de los bienes que administre, reciban o dispongan:

1.   Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces de los incapaces y de herencias yacentes.

2.   Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida.

3.   Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica.

4.   Los mandatarios, respecto de los bienes que administren o dispongan.

5.   Los síndicos y liquidadores de las quiebras y los liquidadores de las quiebras; los liquidadores de sociedades, y los administradores judiciales o particulares de las sucesiones; los interventores de sociedades  y asociaciones.

6.- Los socios o accionistas de las sociedades liquidadas.

7.- Los demás que conforme a las leyes así sean calificados.

PARÁGRAFO PRIMERO: La responsabilidad establecida en este artículo sólo se limitará al valor de los bienes que se reciban, administren o dispongan.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Subsistirá la responsabilidad a que se refiere este artículo respecto de los actos que hubieren ejecutado durante la vigencia de la representación, o del poder de administración o disposición, aún cuando haya cesado la representación o se haya extinguido el poder de administración o disposición”.  (Resaltado de la Sala).

Como puede observarse el Código Orgánico Tributario del 2001, incluyó como responsables solidarios a los administradores, por lo que es necesario destacar lo sostenido por esta Sala Político-Administrativa mediante sentencia Nro. 00555 de fecha 16 de junio de 2010, caso: Universidad Nacional Experimental del Táchira, en la cual se plasmó lo siguiente:

 “(…)

 De conformidad con las normas transcritas, el responsable solidario ‘lo está ‘al lado’ o ‘junto’ al contribuyente, de manera que la Administración puede legítimamente exigir el cumplimiento de la misma al uno o al otro de manera disyuntiva, o mejor, indistintamente a cualquiera de los dos obligados’. (Vid sentencia N° 01162 del 31 de agosto de 2004, caso: Cementos Caribe, reiterada entre otras, en las decisiones Nros. 00991 y 01661, de fechas 18 de septiembre de 2008 y 18 de noviembre de 2009, casos: SUPPLY SVIM, C.A. y Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico, respectivamente).

(…)

 De las normas anteriormente indicadas, se desprende que el deber de retención no sólo es aplicable a las personas jurídicas de derecho privado, sino que la Ley también establece que los entes de carácter público se encuentran compelidos a cumplir con tal obligación. En tal sentido, es importante destacar que el responsable directo en estos casos será el funcionario de mayor jerarquía ordenador de pagos, el cual, a su vez, se constituirá en responsable solidario, en la medida que deje de retener los impuestos correspondientes.

Al respecto, esta Sala mediante sentencia N° 01416 de fecha 7 de octubre de 2009, caso: William Daniel Dávila Barrios, interpretó lo siguiente:

(…) la Administración Tributaria fundamentó las sanciones impuestas al ciudadano Williams Daniel DÁVILA BARRIOS en el Parágrafo Tercero del artículo 78 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1995, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.023 del 18 de diciembre de 1995, así como en los Decretos de Retenciones del Impuesto sobre la Renta Nros. 507, 1.344 y 1.808, publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela bajo los Nros. 4.836, 5.075 y 36.203, de fechas 30 de diciembre de 1994, 27 de junio de 1996 y 12 de mayo de 1997, respectivamente, por incumplimiento de deberes formales en su condición de agente de retención de la Gobernación del Estado Mérida. En las referidas disposiciones normativas se estableció lo siguiente:

 (…omissis…)

 (…) se desprende que el ciudadano Williams Daniel DÁVILA BARRIOS, actuando como Gobernador del Estado Mérida, representaba el funcionario de mayor jerarquía, y por tanto tenía la facultad de ordenar los pagos que debía sufragar dicho órgano a cargo de sus respectivos presupuestos, lo que lo convierte en responsable frente al Fisco Nacional de los impuestos dejados de retener o enterar que se deriven de dichos pagos, salvo que esa potestad la haya delegado en otro funcionario de inferior rango, a través de un acto expreso de delegación de atribuciones, el cual consiste en que ‘…un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades (…) tanto la competencia como la responsabilidad que trae aparejada su ejercicio...’ (Vid. Sentencia N° 00928 del 30 de marzo de 2005, caso: COOPERATIVA COLANTA LIMITADA (VZLA)’. (Resaltado de la Sala).

Asimismo, el artículo 87, Parágrafo Cuarto de la Ley de Impuesto sobre la Renta publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.566 Extraordinario de fecha 8 de diciembre de 2001, cuyo texto es del tenor siguiente:

Artículo 87.- Los deudores de los enriquecimientos netos e ingresos brutos a los que se contrae el artículo 27 párrafo octavo,  31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 64, 65, y 77  de esta Ley, están obligados a hacer la retención en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dentro de los plazos y formas que establezcan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Igual obligación de retener y enterar el impuesto en la forma señalada, tendrán los deudores de los enriquecimientos netos, ingresos brutos o renta bruta a que se refiere el parágrafo cuarto de este artículo. Con tales propósitos el reglamento fijará normas que regulen a esa materia.

 A los efectos de la retención parcial o total prevista en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias, el Ejecutivo Nacional podrá fijar tarifas o porcentajes de retención en concordancia con las establecidas en el Título III.

(…)

PÁRAGRAFO CUARTO: El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá designar como agentes de retención de los profesionales que actúen por cuenta propia, a las clínicas, hospitales y otros centros de salud; a los bufetes, escritorios, oficinas, colegios profesionales y a las demás instituciones profesionales donde estos se desempeñen o sean objeto de control. Igualmente podrá designar como agente retención a las personas naturales o jurídicas que actúen como administradoras de bienes inmuebles arrendados o subarrendados, así como a cualesquiera otras personas que por sus funciones públicas o privadas intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar pagos directos o indirectos.  (Destacado de la Sala).

Del texto normativo antes señalado se desprende que a la luz del Código Orgánico Tributario de 2001, el legislador patrio estableció de manera categórica que las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada serán responsables de los tributos dejados de retener y enterar en la respectiva Oficina Receptora de Fondos Públicos.

De igual manera, concedió a dichas instituciones la facultad de ejercer las acciones tendentes para determinar la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar la retención, percepción o enteramiento respectivo.

Por otra parte, el Parágrafo Cuarto del artículo 87 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 2001, otorga al Ejecutivo Nacional la potestad de nombrar agentes de retención a otras personas que por sus funciones públicas o privadas intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar pagos directos o indirectos, por lo que considera esta Alzada que a los efectos de determinar el deber de los funcionarios como agentes de retención se requiere expresamente el nombramiento que a tales efectos realice el órgano implicado.

Conforme a la normativa antes transcrita, precisa esta Alzada determinar en el caso de autos, quién es el funcionario responsable de realizar la retención y enterar al Fisco Nacional las cantidades recaudadas en materia de impuesto sobre la renta, tomando en cuenta el artículo 4 y numeral 3 del artículo 7 de la Ley de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.968 de fecha 8 de junio de 2000, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 4. La dirección y administración de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), estará a cargo de una Junta Administradora, integrada por un Presidente, quien será su representante legal, y seis miembros principales con sus respectivos suplentes, los cuales serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República”.

“Artículo 7. Son atribuciones del Presidente de la Junta Administradora:

3. Ejercer la superior dirección y administración del Instituto Autónomo conforme a las previsiones de la presente Ley y sus reglamentos”. (Resaltado de la Sala).

En atención a lo indicado, observa esta Alzada que el instituto recurrente posee una Junta Administradora bajo la responsabilidad de un Presidente, quien ejerce la dirección y administración de CORPOVARGAS, el cual debe velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las actividades desarrolladas por el referido instituto; por lo que esta Sala considera que CORPOVARGAS no puede ser compelido por la Administración Tributaria Nacional al pago de las multas exigidas, toda vez que la responsabilidad subsistirá en el funcionario que ejercía para el año fiscal sancionado el cargo de Presidente.

En atención a lo anterior, aprecia esta Sala que en la Planilla de Pago Nro. 0000200344211 de fecha 23 de diciembre de 2003, el Fisco Nacional aplicó sanción de multa e intereses moratorios a CORPOVARGAS, por considerar que enteró tardíamente las retenciones de impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2002; razón por la cual concluye esta Sala que el mencionado acto administrativo no se encuentra ajustado a derecho y, por ende, está viciado de nulidad absoluta. Así se declara.

No obstante,  debe esta Máxima Instancia confirmar el pronunciamiento emitido por el Tribunal de instancia referente a que al citado organismo (CORPOVARGAS), no se encuentra exento de declarar y enterar las mencionadas retenciones. Así se declara.

Con vista a la decisión que antecede, considera esta Alzada inoficioso pronunciarse sobre el alegato del Fisco Nacional relativo a los intereses moratorios determinados por la Administración Tributaria a cargo CORPOVARGAS, para el período fiscal comprendido desde el 1° hasta el 31 de diciembre de 2002, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que el acto administrativo recurrido quedó anulado en la presente decisión.  Así se declara.

V

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1) DESISTIDA la apelación ejercida por el INSTITUTO AUTÓNOMO CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS), contra la sentencia definitiva Nro. 1274 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 18 de septiembre de 2009, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el aludido instituto recurrente contra la Resolución identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008 000370 del 19 de agosto de 2008, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

2) PROCEDE la consulta de la aludida sentencia.

2.1. Conociendo en consulta:

2.1.1. SE CONFIRMAN los puntos referidos a los aspectos siguientes: i) rechazo de la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el acto impugnado; ii) rechazo a la denuncia de inexistencia de un procedimiento administrativo de verificación iniciado por la Administración Tributaria estuvo totalmente ajustado a derecho; y iii) rechazo del alegato referido al beneficio de exención legal del pago de impuestos y contribuciones de carácter nacional, por tratarse de obligaciones tributarias derivadas de actividades económicas no propias del instituto.

3) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el aludido instituto recurrente contra la Resolución identificada con letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008 000370 del 19 de agosto de 2008, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); acto administrativo que se ANULA, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva Nro. 1274 dictada por el Tribunal remitente en fecha 18 de septiembre de 2009, la cual queda FIRME en los términos del presente fallo.

4.- Se ORDENA al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que inicie el procedimiento administrativo para exigir las obligaciones tributarias derivadas del incumplimiento de los deberes formales, teniendo como sujeto pasivo al Presidente de CORPORVARGAS para el ejercicio investigado, conforme a la normativa legal analizada en este fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

     La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                  La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

 

 

                                                                HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En seis (06) de octubre del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00959, la cual no está firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN