MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2010-0829

 

Mediante Oficio Nº 31838/10 de fecha 11 de agosto de 2010, recibido en Sala el día 23 de septiembre del mismo año, el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano JOSÉ LUIS MELÉNDEZ MATERAN titular de la cédula de identidad Nº 6.145.291, contra la sociedad de comercio INVERSIONES OPENCROM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 24 de abril de 2008, bajo el N° 9, Tomo 1805-A; en virtud de que dicho tribunal declaró su falta de jurisdicción frente a la Administración Pública para conocer de la presente causa.

El 28 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.

I

ANTECEDENTES

En fecha 21 de junio de 2010, el ciudadano José Luis Meléndez Materan, antes identificado, compareció ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y consignó solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, contra la sociedad mercantil Inversiones Opencrom, C.A., exponiendo, entre otros aspectos, los siguientes:

Que comenzó a prestar sus servicios en la referida sociedad desde el día 18 de enero de 2010, ejerciendo el cargo de “Consultor DBA”.

Que el día 15 de junio de 2010, fue despedido por la ciudadana Titina Sánchez, quien se desempeñaba como “Directora” de la mencionada sociedad de comercio y que el último salario devengado mensualmente fue de diez mil ochenta bolívares (Bs. 10.080,00).

Finalmente, solicitó la calificación del despido, el reenganche y pago de salarios caídos de conformidad con el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por considerar, que el despido era injustificado, según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por auto de fecha 28 de junio de 2010, el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, juzgado al cual correspondió el conocimiento de la causa previa distribución de la misma, admitió la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada y ordenó emplazar a la sociedad mercantil Inversiones Opencrom, C.A. A tales efectos se libró boleta de citación.

Mediante diligencia del 09 de julio de 2010, la abogada María Veruschka Dávila, en su carácter de Secretaria titular del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia que la citación de la parte demandada se practicó de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En fecha 22 de julio de 2010, el ciudadano Pedro Pablo Ojanguren Pavesa, titular de la cédula de identidad Nº 6.215.861, actuando en su carácter de “Director-Gerente” de la sociedad mercantil Inversiones Opencrom, C.A., otorgó poder apud acta a los abogados María del Rosario Condo Samaniego, y Luis Enrique Romero, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 44.290 y 33.374, respectivamente.

En la misma fecha, el ciudadano José Luis Meléndez Materan otorgó poder apud acta a las abogadas Mercedes Corro González y Dennys Lurúa Fajardo, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 98.965 y 77.816, respectivamente.

El 22 de julio de 2010, el ciudadano José Luis Meléndez Materan, asistido por la abogada Dennys Lurúa Fajardo, antes identificada consignó escrito de ampliación de la demanda.

En fecha 02 de agosto de 2010, el Tribunal Vigésimo Primero de  Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la presente demanda por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos y ordenó la remisión de la causa a esta Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal a los fines de la consulta obligatoria.

El 09 de agosto de 2010, la apoderada judicial del accionante apeló de la sentencia supra señalada.

Mediante auto del 11 de agosto de 2010, el tribunal a quo estableció lo siguiente: “En virtud de la diligencia consignada por la Abog. Dennys Lurea, (…); a través de la cual Apela de la decisión, dictada por este Tribunal, en fecha 02 de Agosto de 2010; y visto que, en el dispositivo del fallo referido up supra, se declara la FALTA DE JURISDICCIÓN, para conocer y decidir la solicitud de Calificación de Despido, Reenganche y Pago de Salarios Caídos (…); este Juzgado acuerda no tramitar el Recurso de Apelación interpuesto, por cuanto no es el procedimiento idóneo”. (Sic).

En la misma fecha, el tribunal remitente ordenó elevar la consulta ante esta Sala Político-Administrativa. A tales efectos se libró oficio de remisión.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de pasar a emitir pronunciamiento acerca de la “consulta obligatoria” planteada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, vista la sentencia dictada en fecha 02 de agosto de 2010, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del caso de autos, al considerar que le correspondía a la Inspectoría del Trabajo respectiva el conocimiento del asunto, por encontrarse el trabajador presuntamente amparado por la inamovilidad laboral de fuero paternal, advierte esta Sala que el 09 de agosto de 2010, la apoderada judicial del accionante “apeló”, contra el mencionado fallo, en lugar de haber ejercido el recurso de regulación de jurisdicción, medio de impugnación idóneo.

Al respecto, la Sala se percata que mediante auto dictado el 11 de agosto de 2010, el referido juzgado acordó “no tramitar el Recurso de Apelación interpuesto, por cuanto no es el procedimiento idóneo” y por auto separado de igual fecha acordó “elevar la consulta ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”.

Efectivamente, la apelación ejercida contra la decisión “consultada”, debe entenderse como una solicitud de regulación de jurisdicción, y aun cuando el a quo se abstuvo de oír la “apelación” y remitió el expediente erróneamente en “consulta obligatoria”, debió asumir que se trataba del medio de impugnación aludido y enviar los autos a este Máximo Tribunal, por lo que debe esta Sala entrar a decidir sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la parte demandante. Así se establece.

Determinado lo anterior, pasa esta Sala pronunciarse acerca del recurso de regulación de jurisdicción interpuesto contra la sentencia de fecha 02 de agosto de 2010, dictada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010 y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido se observa:

El artículo 29 de la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente:

 “Artículo 29.- Los Tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral; (…). (Destacado de la Sala).

Sin embargo, si bien en principio corresponde a los tribunales del trabajo el conocimiento de la acción incoada, debe precisarse que la Ley Orgánica del Trabajo establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar los trabajadores en un momento determinado. En efecto, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral, y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas.

Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren, además de los previstos en leyes especiales.

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se observa que la apoderada judicial del accionante, en fecha 22 de julio de 2010, consignó escrito de ampliación de la demanda en el cual alegó: “(…) El día Quince (15) de Junio, me fue entregada Carta de Notificación de despido y/o finalización intempestiva de contrato? Firmada por la ciudadana María E. Villarroel. A escasos días, antes de producirse esta notificación, mi compañera de vida, mi concubina, Victoria Paredes Díaz, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, portadora de la cedula de identidad numero V-8.974.070, me había comunicado que espera un hijo, nuestro primer hijo, producto de la relación concubinaria que mantenemos desde hace mas de diez (10) años, situación esta que fue informada en la empresa sin mayores formalidades”. (Sic).

Visto lo anterior, esta Sala observa en cuanto a la mencionada causal de inamovilidad laboral en la que se fundamenta el fallo consultado, que el artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.773 en fecha 20 de septiembre de 2007, dispone lo siguiente:

El padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector o Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la legislación del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social.

 La inamovilidad laboral prevista en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de adopción de niños o niñas con menos de tres años de edad.

En caso de controversias derivadas de la garantía prevista en el presente artículo, en las cuales estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán dirimidas por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial.” (Destacado de la Sala).

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional en sentencia Nº 609 de fecha 10 de junio de 2010, decisión en la cual el juzgado a quo fundamentó la declaratoria de falta de jurisdicción en la presente causa, estableció lo siguiente:

En este sentido, la Sala juzga, ante el vacío de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad en la determinación del punto de partida de la inamovilidad por fuero paternal, que ésta comienza desde la concepción, todo ello en coherencia con lo que preceptúa la Ley Orgánica del Trabajo respecto de la inamovilidad por fuero maternal y en salvaguarda al derecho a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, la Sala determina que, para la demostración ante el patrono de la paternidad, cuando no sean aplicables las presunciones de Ley, bastará con el reconocimiento voluntario que se haga conforme con lo que preceptúa el artículo 223 del Código Civil.

…omissis…

En conclusión, por las razones que preceden, esta Sala decide ejercer su potestad de revisión y, en consecuencia, declara que ha lugar a la solicitud que se planteó y anula parcialmente el veredicto n.° 00741 que la Sala Político-Administrativa expidió, el 28 de mayo de 2009, en lo tocante a la interpretación del artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Así se decide.

Finalmente, esta Sala establece con carácter vinculante la interpretación que se recoge en este fallo, razón por la cual ordena la publicación del mismo en la Gaceta Oficial, bajo el título “Interpretación constitucional del artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad”, así como su publicación, con especial reseña en la página principal del sitio web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Se fijan los efectos del presente veredicto desde su publicación, en el entendido de que gozan de fuero paternal los trabajadores padres de quienes estén concebidos actualmente. Así, igualmente, se decide.” (Destacado de la Sala).

De la norma supra transcrita, se constata que sólo podrá despedirse a un trabajador que se encuentre investido de fuero paternal, mediante una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad antes transcrito, y que los padres gozan de inamovilidad por fuero paternal desde el momento de la concepción, ello en correspondencia con el criterio establecido en la sentencia antes citada.

Ahora bien, en el presente caso del escrito de ampliación de la demanda presentado por la representación judicial de la parte actora en fecha 22 de julio de 2010, se observa que el ciudadano José Luis Meléndez Materan alegó que para el momento del despido, esto es el 15 de junio de 2010, “A escasos días, antes de producirse esta notificación, mi compañera de vida, mi concubina, Victoria Paredes Díaz, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, portadora de la cedula de identidad numero V-8.974.070, me había comunicado que espera un hijo, nuestro primer hijo, producto de la relación concubinaria que mantenemos desde hace mas de diez (10) años, situación esta que fue informada en la empresa sin mayores formalidades”. (Sic), razón por la cual debe tenerse que el prenombrado ciudadano para el momento de haberse producido dicho despido estaba, presuntamente, amparado por la inamovilidad laboral prevista en el referido artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, de conformidad con la sentencia dictada por la Sala Constitucional antes señalada. Tal circunstancia hace que la solicitud de autos deba ser conocida por la respectiva Inspectoría del Trabajo. Así se declara.

III

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la parte demandante en el presente juicio, contra la decisión dictada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 02 de agosto de 2010. En consecuencia, se confirma dicha sentencia.

2.- EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano JOSÉ LUIS MELÉNDEZ MATERAN, contra la sociedad de comercio INVERSIONES OPENCROM, C.A.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado  de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                   La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

              Ponente

 

 

                                                                HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veintiuno (21) de octubre del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01036.

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN