Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2008-0635

Adjunto al oficio N° 1795-08 de fecha 4 de julio de 2008, recibido el día 21 de este mismo mes y año, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Edgar Enrique Omaña Saenz, titular de la cédula de identidad N° 9.216.353, actuando con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil INVERSIONES SAENZ, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 19 de diciembre de 1994, bajo el N° 35, Tomo 21-A, asistido por el abogado Gillmer José Amaya Quiñones, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 53.219, contra la Providencia Administrativa N° GRLA-DJT-ARJ-2006-0081 de fecha 24 de febrero de 2006, dictada por la GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGIÓN LOS ANDES DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente y confirmó “el Acto Administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI/RLA/DF/N-505500026, de fecha 15-04-2005, por concepto de multa, en la cantidad de BOLÍVARES UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL (Bs. 1.470.000,00)”.

La remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie acerca de la consulta obligatoria de la sentencia dictada por el Tribunal a quo el 29 de noviembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, aplicable ratione temporis.

El 29 de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini para decidir la consulta.

Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, se pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 4 de agosto de 2005 ante la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes, el ciudadano Edgar Enrique Omaña Sáenz, actuando con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil Inversiones Sáenz, C.A., ejerció recurso jerárquico y subsidiariamente recurso contencioso tributario contra “la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI/RLA/DF/N-505500026, de fecha 15-04-2005, por concepto de multa, (…) en la cantidad de BOLÍVARES UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL (Bs. 1.470.000,00)”.

Dicha Resolución fue dictada con fundamento en los artículos 93, 127 y 173 del Código Orgánico Tributario de 2001, en virtud de “que la contribuyente lleva el Libro de Compras del Impuesto al Valor Agregado con atraso superior a un mes (1), correspondiente al período impositivo marzo 2005, en contravención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y 70 de su Reglamento, (…), todo de conformidad con lo establecido en el artículo 102, Numeral 2, Segundo Aparte del Código Orgánico Tributario”.

Posteriormente, mediante Providencia Administrativa N° GRLA-DJT-ARJ-2006-000081 de fecha 24 de febrero de 2006, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT, declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente y confirmó la prenombrada Resolución N° GRTI/RLA/DF/N-505500026.

Luego, mediante oficio N° RLA-DJT-ARJ-2005-083 de fecha 24 de marzo de 2006, la prenombrada Gerencia Regional de Tributos Internos remitió al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, las actas correspondientes al recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente de manera subsidiaria.

II

DE LA DECISIÓN OBJETO DE CONSULTA

Mediante sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 2006, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto con fundamento en las consideraciones siguientes:

“(…) Del Recurso Jerárquico se desprende que el recurrente fue sancionado en 12,5 UT por el libro de ventas, siendo tal como se explicó un solo ilícito, la sanción no debió ser de 50 UT sino de 25 UT por ambos libros por cuanto es una violación a la ley y no al número de registros, en este sentido debe anularse el Recurso Jerárquico y ordenarse emitir una planilla por 12,5 UT que será el complemento para la sanción de 25 UT que le corresponde por el ilícito. Y así se decide.

(…)

Por las razones que anteceden ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGIÓN LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA:

1.-CON LUGAR, El Recurso Contencioso, interpuesto por (…) la empresa INVERSIONES SAENZ, C.A. (…).

2.- En consecuencia, SE ANULA la Resolución del Recurso Jerárquico GRLA-DJT-ARJ-2006-000081 de fecha 24/02/2006, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la planilla para pagar N° 050100225000526, de fecha 15/04/2005.

3.- SE ORDENA, al Gerente de Tributos Internos de la Región los Andes a emitir una (01) nueva planilla de conformidad con el presente fallo, por el siguiente monto y concepto:

PERIODO CONCEPTO UNIDADES TRIBUTARIAS

Desde 01/03/2005

Hasta 31/03/2005

Multa 12,5 UT

4. NO HAY CONDENA EN COSTAS…”.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, aplicable ratione temporis, y al efecto observa:

En fecha 29 de noviembre de 2006, el prenombrado Juzgado declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido el día 4 de agosto de 2005, por la contribuyente Inversiones Sáenz, C.A., contra la Providencia Administrativa N° GRLA-DJT-ARJ-2006-0081 de fecha 24 de febrero de 2006, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes del SENIAT, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y confirmó “el Acto Administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI/RLA/DF/N-505500026, de fecha 15-04-2005, por concepto de multa, en la cantidad de BOLÍVARES UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL (Bs. 1.470.000,00)”; constituyéndose la mencionada suma en la cuantía del presente recurso.

Así las cosas, se desprende que la representación judicial del Fisco Nacional no intentó el recurso de apelación previsto en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario vigente, por lo que el a quo remitió en consulta la presente causa a esta Alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, aplicable ratione temporis.

Ahora bien, tomando en cuenta que la presente causa versa sobre un juicio de naturaleza tributaria que, conforme al Código Orgánico Tributario, debe ser resuelto siguiendo los principios y normas contenidos en dicho instrumento, es de observar que el artículo 278 del citado Código contempla el principio de apelabilidad de las sentencias, indicando respecto a ello, el tipo de las decisiones apelables, el tiempo en que puede hacerse y, en su aparte único, los casos en que es procedente tal recurso de apelación, al establecer que: “Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) para las personas naturales y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) para las personas jurídicas”. (Destacado de la Sala).

Ello así, resulta necesario señalar que previamente esta Sala se ha pronunciado en torno al alcance que debe dársele a la citada norma en concordancia con lo previsto en los artículos 63 y 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, vigente para ese momento. En tal sentido, en sentencia N° 00566 del 2 de marzo de 2006, caso: Agencias Generales CONAVEN, S.A., ratificada mediante fallo No. 00924 del 6 de agosto de 2008, caso: Supermercado Patria, C.A., esta Máxima Instancia estableció lo siguiente:

“…   ‘Artículo 63.- Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República.’.

‘Artículo 70.- Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente.’. (Destacado de la Sala).

Del examen concatenado de las normas contenidas en los artículos 63 y 70 antes transcritos, puede observarse que, efectivamente, se consagra una prerrogativa a favor de la República en la última de las disposiciones reseñadas, al establecer que cuando se produzca una sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas, ésta deberá someterse a la consulta del Tribunal Superior competente para su revisión. Ello persigue, como reiteradamente lo ha establecido este Alto Tribunal, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho.

Sin embargo, es menester advertir que cuando la norma expresa que tal decisión ‘debe ser consultada al Tribunal Superior competente’, ha de entenderse que se trata de una sentencia recurrible, esto es, de un fallo que conforme a la Ley sea revisable por la vía ordinaria del recurso de apelación, y el cual por alguna circunstancia, imputable o no al representante de la República, no fuere ejercido. Como señala la misma norma, se refiere a sentencias definitivas, que pudieran quedar firmes; en cuyo caso, surge el mandato legislativo al Juez, de someter a consulta tal decisión en aras de preservar, como se indicó, el interés colectivo implícito en el hecho de que las sentencias adversas donde tenga injerencia la República, no queden firmes sin que hayan sido revisadas por la instancia superior. Así, como puede apreciarse, el impulso procesal en estos casos lo tiene el Juez, por mandato legal.

Ahora bien, en el caso de autos, se trata de un juicio de naturaleza tributaria, que conforme al Código Orgánico Tributario debe ser resuelto siguiendo los principios y normas tributarias contenidos en dicho instrumento, pues el mismo funge como cuerpo normativo de preferente aplicación en estas causas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1º eiusdem, de acuerdo al cual sus disposiciones son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos.

Así, dentro de esos principios consagra en el artículo 278 citado, la apelabilidad de las sentencias; indicando respecto a ello, el tipo de las decisiones apelables, el tiempo en que puede hacerse y, en su aparte único, señala los casos en que es procedente tal recurso de apelación, al establecer que ‘Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.) para las personas naturales y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) para las personas jurídicas.’…” (Destacado del fallo).

 

A tal efecto, se concluyó en esa oportunidad que la prerrogativa prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001, aplicable ratione temporis, debía armonizarse con la normativa especial que rige los juicios contencioso-tributarios, por lo que la consulta establecida en la referida norma, sólo procedería en aquellas sentencias que resultaran apelables conforme a las condiciones dispuestas en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario, específicamente la relativa a la cuantía mínima de la causa para el ejercicio del recurso de apelación.

En este sentido, pudo observar esta Sala como se indicó supra, que en el presente caso la multa impuesta por la Administración Tributaria al contribuyente recurrente fue por la cantidad de un millón cuatrocientos setenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.470.000,00), por lo que una vez concordado el referido monto con lo establecido en la Providencia Administrativa Nº 0007 de fecha 4 de enero de 2006, dictada por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.350 de la misma fecha), mediante la cual se reajusta el valor de la Unidad Tributaria de veintinueve mil cuatrocientos bolívares (Bs. 29.400,00) a treinta y tres mil seiscientos bolívares (Bs. 33.600,00), vigente para la fecha en que fue dictada la decisión consultada (29 de noviembre de 2006), se constata que la cuantía de la presente causa equivale a cuarenta y tres con setenta y cinco unidades tributarias (43,75 U.T.), las cuales resultan inferiores al mínimo de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) exigido por la precitada norma, a los efectos de la procedencia del referido recurso de apelación para personas jurídicas.

De esta manera, siendo que la cuantía de dicha causa está representada por la suma de un millón cuatrocientos setenta mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.470.000,00), y dicho monto no alcanza el quantum requerido para las personas jurídicas, concluye este Alto Tribunal que la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2006, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, no era susceptible de ser apelada y por ende consultada. Por tal motivo, juzga la Sala que no procede la referida consulta y, por consiguiente queda firme dicho fallo. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones expresadas, esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE NO PROCEDE la consulta respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes en fecha 29 de noviembre de 2006. En consecuencia, queda FIRME dicho fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

       La Vicepresidenta

     YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

     HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

        En fecha quince (15) de octubre del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01241.

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN