MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2011-0478

 

 

Mediante Oficio N° 607-2011 de fecha 11 de abril de 2011 el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente identificado con el alfanumérico FP02-U-2009-000034 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo del recurso de apelación ejercido el 28 de marzo de 2011 por la abogada Deisy González Valera, INPREABOGADO N° 132.392, actuando con el carácter de apoderada judicial de la contribuyente CENTRO CLÍNICO ANDRÉS BELLO, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de Ciudad Bolívar en fecha 25 de octubre de 2001, bajo el N° 14, Tomo 27-A-Sgdo.; representación que consta en el documento poder autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar el 30 de abril de 2009, anotado bajo el N° 28, Tomo 56 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

El aludido recurso de apelación fue interpuesto contra la sentencia N° PJ0662010000150 dictada por el tribunal remitente el día 29 de octubre de 2010, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario incoado por la referida contribuyente contra la Providencia Administrativa N° DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2009, emanada de la Dirección de Hacienda Municipal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se designó a la mencionada compañía como agente de retención del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar causado en ese ente político-territorial.

Según se aprecia en auto de fecha 7 de abril de 2011, el tribunal a quo oyó en ambos efectos la apelación incoada por la representación judicial de la contribuyente y remitió el expediente a esta Sala Político-Administrativa.

El 5 de mayo de 2011 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó Ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia, previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010, y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación.

Mediante auto de fecha 1° de junio de 2011, esta Sala ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día en que se dio cuenta del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que venció el lapso establecido en el auto del 5 de mayo de 2011, inclusive. Efectuado dicho cómputo se dejó constancia de haber transcurrido diez (10) días de despacho, correspondientes a los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de mayo de 2011.

El mismo día (1° de junio de 2011), la representación en juicio de la contribuyente consignó ante esta Alzada escrito de fundamentación de la apelación interpuesta.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Máxima Instancia a decidir, previas las consideraciones siguientes.

 

I

DE LA SENTENCIA APELADA

 

 

El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, mediante la decisión N° PJ0662010000150 dictada el día 29 de octubre de 2010, declaró:

“(…) Inicialmente, se observa que la contribuyente alega que la Administración Tributaria Municipal erró al calificarla como Agente de Retención sin un proceso previo de determinación, así como tampoco indicó las razones de hecho y de derecho sobre las cuales fundó su decisión ni los recursos a ejercer en contra de la misma, quebrantándose así, los dispositivos contenidos en los artículos 49 y 257 de la Constitución Nacional (…).

 

Visto esto, esta Jurisdicente comprende que el acto administrativo impugnado, corresponde a una necesidad del fisco municipal de facilitar su actividad recaudatoria, a través de la designación de determinados contribuyentes, como Agente de Retención, que en este caso, lo vendría a ser, el contribuyente CENTRO CLINICO ANDRES BELLO, C.A., calificación especial, sobre la cual la Providencia Administrativa Nº DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2.009, dictada por la Alcaldía del Municipio Heres del Estado Bolívar, no hace referencia a ningún procedimiento previo, así como tampoco lo fue previsto por la Ordenanza Municipal de Agente de Retención de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industrias Comercio, Servicios o de Índole Similar, dictada por el Consejo Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, en fecha 12 de diciembre de 2.007 -normativa que regula esta materia-, de tal manera, que ante la ausencia de probanzas que demuestren alguna circunstancia lesiva en el que haya podido incurrir el acto administrativo impugnado, y que ocasione efectivamente un perjuicio dentro de la esfera jurídica de los derechos de la recurrente, por una parte y siendo que el examen de ilegalidad o inconstitucionalidad de la citada Ordenanza Municipal, sólo corresponde exclusivamente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 30 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259 del Código Orgánico Tributario vigente; a tal efecto, quien suscribe estima que al haber contado la empresa recurrente con la posibilidad de formular sus alegatos y probarlos, a través del presente iter procedimental, quedo subsanado (sic) cualquier omisión al respecto; lo que conlleva inevitablemente a esta Juzgadora a desestimar la denuncia formulada por la recurrente, de supuesta contravención a los artículos 49 y 257 de nuestro Texto Fundamental. Así se decide.-

 

Asimismo, en este mismo orden, la contribuyente denuncia que la Providencia impugnada carece de los elementos indispensables establecidos en el numeral 5º del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para ser válidamente considerada como un acto administrativo tributario de efectos particulares (…).

 

Visto esto, al analizar si la contradicha Providencia Administrativa, cumplen o no con los requisitos previstos en el citado artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, advierte esta Jurisdicente que en lo tocante al numeral 5º (sic) de la citada norma, (…) se evidencia que si bien es cierto, que la Administración Tributaria Municipal no señaló de manera detallada el proceso cierto ocurrido para la calificación de la recurrente como agente de retención, ni las razones de hecho consideradas por la administración tributaria al momento de tal designación (…) si se indica la fundamentación jurídica concerniente a ella, la cual según se verificó que corresponde con la contenida en la Ordenanza Municipal de Agente de Retención de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industrias Comercio, Servicios o de Índole Similar, la cual fuese trascrita supra e inserta en los autos. Disposición municipal ésta, de carácter general, que fuese publicada en la Gaceta Municipal el día 12 de diciembre de 2.007; de lo que, se comprende que la aludida Ordenanza fue legislada con suficiente anterioridad al acto administrativo que se contradice en el presente juicio (…). Tenemos entonces, que la recurrente una vez que le fue informada, mediante el Acta de Notificación de la Providencia Administrativa Nº DHM-016-09, de fecha 24 de marzo de 2.009 (v. folio 22), las disposiciones legales sobre las cuales descansa su designación, era proclive a conocer de manera integral su justificación, de hecho voluntariamente así lo reconoce la contribuyente en su escrito recursivo, supuesto suficiente para que esta Juzgadora proceda a desestimar la aparente inmotivación denunciada. En consecuencia, se reconoce como válido el acto administrativo de efectos particulares in examine, al haberse verificado en el mismo los requisitos contenidos en el comentado articulo 18 eiusdem. Así se decide.

 

De seguidas, la contribuyente afirma que tanto en la notificación como en el contenido de la Providencia que la acompaña, no hace referencia acerca de la oportunidad que debe otorgársele para oponerse y defenderse de la atribución que se le pretende endilgar y que tampoco indica los recursos que tiene para defenderse.

 

(…omissis…)

 

De hecho, a mayor abundamiento, en otra de las Ordenanzas legisladas en el Municipio Heres del Estado Bolívar, vigente para la época, se encontró la Ordenanza de Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, publicada en Gaceta en la Gaceta Extraordinaria Nº 0154, del mencionado Municipio, en fecha 06 de marzo de 2.003, que en su Capitulo XI, referido a los Recursos, artículos 56 al 59, se establecía lo siguiente (…):

 

Disposiciones legales, que percibidas supletoriamente le reconocen a la contribuyente la posibilidad de intentar los recursos en ellas señalados para contradecir -en etapa administrativa- cualquier acto gubernativo dictado por la Alcaldía del Municipio Heres del Estado Bolívar, que afectasen de cualquier forma los derechos de la prenombrada contribuyente. Y que debieron ser consideradas por los legisladores municipales al momento de dictar la aludida Ordenanza de Agentes de Retención, y/o en su defecto, la Dirección de Hacienda Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, al momento de emitir la contradicha Providencia Administrativa. Por tanto, ante la ausencia de tal señalamiento en la Providencia impugnada, este Tribunal haya demostrado el vicio de forma denunciado. Sin embargo, dicha omisión objetada, posteriormente quedó subsanado (sic) por la propia recurrente, a través de la interposición del presente recurso contencioso tributario (en fecha 05 de mayo de 2.009), ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), adscrita a esta Circunscripción Judicial. En consecuencia, se desestima dicha denuncia, por las razones precedentemente detalladas. Así se decide.-

 

(…omissis…)

 

Como segundo supuesto, respecto a que la Dirección de Hacienda Municipal con la Providencia Administrativa Nº DHM-016-09, creo (sic) una modalidad de tributo a las actividades económicas en el Municipio que no está previsto en normativa alguna (…) se observa que la precitada Ordenanza de Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, contiene las normas que regularizan el ejercicio de las actividades económicas, de tipo industrial y comercial, de servicios o de índole similar con fines de lucro, ejercidas de manera permanente o eventual dentro de la jurisdicción del Municipio Heres del Estado Bolívar, mientras que la Providencia Nº DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2.009, dictada por la Coordinación de Hacienda Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, solo constituye la opinión administrativa a través de la cual el órgano municipal no solo le notifica a la recurrente su nueva condición de Agente de Retención sino que también le informa sobre los lineamientos y condiciones que resultan necesarias para la aplicabilidad de la Ordenanza de Agentes de Retención del aludido Impuesto de sobre Actividades Económicas. En otras palabras, la debatida providencia administrativa sólo contiene los procedimientos y mecanismos que deberá cumplir la empresa CENTRO CLINICO ANDRES BELLO, C.A., en virtud de haber sido calificada como Agente de Retención de dicho impuesto municipal (…).

 

Visto esto, es dable comprender que el acto administrativo impugnado no se constituye como una nueva modalidad de tributo proveniente de las actividades económicas ejercidas dentro de la jurisdicción del Municipio Heres del Estado Bolívar, pues si bien la Providencia impugnada tiene relación con dicho impuesto a las actividades económicas, no es menos cierto, que el objeto de las mismas son (sic) totalmente diferente, manteniéndose incólume las disposiciones contenidas en la Ordenanza del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, publicada en Gaceta Extraordinaria Nº 0154 del Municipio Heres del Estado Bolívar, en fecha 06 de marzo de 2.003 (…). En consecuencia, esta Operadora de Justicia desestima que el acto administrativo impugnado pretenda modificar la recaudación y pago del impuesto municipal preexistente a la emisión del mismo. Así se decide.-

 

Por último, en lo concerniente a si las actividades profesionales de los médicos y el resto de los profesionales que desarrollan sus actividades ante la empresa CENTRO CLÍNICO ANDRES BELLO, C.A., se encuentran excluidas (actividades no gravables) del pago de dicho tributo.

 

(…omissis…)

 

Ante el propio reconocimiento que efectúa la contribuyente sobre las actividades que se realizan dentro de la citada empresa, no tiene más que comprender esta Jurisdicente que dentro de la misma se realizan actividades que no forman parte de la base imponible a considerar para el impuesto municipal in comento, y otras que si, como lo son las referidas (sic) aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias.

 

Por tanto, al ponderar el acto administrativo recurrido con las probanzas existentes en los autos, quien aquí decide, advierte inicialmente que la recurrente no se encuentra absolutamente dentro de los supuestos de excepción señalados en el Artículo 200 del Código de Comercio como para ser considerada una sociedad anónima de naturaleza civil, cuando es mercantil; admitir lo contrario, sería que esta Juzgadora por ejemplo, que se hubiese verificado que su objeto es agrícola, pecuario o que ello se haya determinado por una Ley especial, supuesto que no ocurrió en el caso subjudice, por lo que, se percibe que el objeto social de la contribuyente es de naturaleza mercantil. Así se decide.-

 

Por otra parte, es (sic) advertir que la Providencia Administrativa Nº DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2.009, tiene por finalidad la designación de la contribuyente CENTRO CLÍNICO ANDRÉS BELLO, C.A., como Agente de Retención del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar (v. folios 24 al 33), condicionada al momento del pago o abono en cuenta efectuados a sus contratistas, por concepto de ejecuciones de obra, prestación de servicios o cuando compren bienes muebles o cancelen cualquier tipo de servicios a proveedores que sean contribuyentes domiciliados o no domiciliados en concordancia con lo establecido en los Artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en jurisdicción del Municipio Heres del Estado Bolívar, conforme lo prevé el artículo 1 de la contradicha Providencia; circunstancia que conlleva a juzgar que en el caso de marras, la contribuyente deberá excluir los honorarios profesionales de los médicos al momento de cumplir con las obligaciones tributarias que le han sido conferidas por el órgano municipal, mas no así, el resto de las actividades mercantiles realizadas con los sujetos pasivos claramente delimitados en la Providencia in comento. Pues en este caso de tributación municipal -es necesario aclararle a la contribuyente- el tratamiento es distinto al realizado por el Fisco Nacional, debido a que los contribuyentes especiales designados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en los cuales se califica como agente de retención o contribuyente especial algún determinado contribuyente, ocurre en razón a sus ingresos brutos obtenidos iguales o superiores al equivalente estimado en la Providencia que diera lugar a ello, supuesto que no (sic) aplicable en el caso de marras. Visto esto, al no haber logrado desvirtuar en forma alguna, la recurrente CENTRO CLÍNICO ANDRÉS BELLO, C.A., su calificación como Agente de Retención del Impuesto Sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, debe forzosamente este Órgano Jurisdiccional de Instancia confirmar y por ende declarar legal, legítima y procedente tal designación, contenida en la Providencia Administrativa Nº DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2009, emanada de la Dirección de Hacienda del Municipio Heres del Estado Bolívar; en el entendido de que no son susceptibles de ser pechadas por el precitado impuesto municipal a las actividades económicas los honorarios profesionales de los médicos, en virtud del criterio precedentemente señalado. Así se decide.-

 

(…omissis…)

 

Por las razones anteriormente expuestas y cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, este Tribunal (…) declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso tributario (…). En consecuencia:

 

PRIMERO: Se CONFIRMA la Providencia Administrativa Nº DHM-019-09 de fecha 24 de marzo de 2009, emanada de la Dirección de Hacienda del Municipio Heres del Estado Bolívar.

 

SEGUNDO: Se EXIME de condenatoria en costas, visto los motivos racionales para litigar de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente, y así también así declara.-

 

TERCERO: Se ORDENA la notificación de las partes, en especial de los ciudadanos Sindico Procurador y Alcalde del Municipio Heres del Estado Bolívar, así como, al Fiscal y Contralor General de la República Venezuela de conformidad con el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Líbrense las correspondientes notificaciones (…)”.

 

 

 

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse en esta oportunidad sobre la apelación interpuesta por la representación judicial de la sociedad de comercio Centro Clínico Andrés Bello, C.A., contra la sentencia N° PJ0662010000150 del 29 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario incoado por la referida contribuyente contra la Providencia Administrativa N° DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2009, emanada de la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Heres del Estado Bolívar, mediante la cual se designó a la mencionada compañía como agente de retención del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar causado en ese ente político-territorial.

Sin embargo, pasa esta Alzada a decidir la controversia planteada, a tenor de lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010. El señalado dispositivo establece:

Artículo 92.- Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación.

 

La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación. (Destacado de la Sala).

 

 

El artículo citado establece la carga procesal para la parte apelante, de presentar dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su apelación. De igual forma, impone como consecuencia jurídica a la falta de comparecencia de la parte apelante el desistimiento tácito de la apelación.

Ahora bien, esta Máxima Instancia pudo verificar en la causa que se examina, que mediante auto del 1° de junio de 2011 la Secretaría de la Sala, dejó constancia del cómputo que evidencia el vencimiento del lapso del cual disponía la parte apelante para cumplir con la obligación de consignar el escrito en el que fundamentase su apelación. Así, quedó demostrado que desde el día en que se dio cuenta del ingreso del expediente (5 de mayo de 2011) exclusive, hasta el día en que venció el lapso establecido en el mencionado auto del 1° de junio de 2011 (31 de mayo de 2011) inclusive, se dejó constancia de haber transcurrido diez (10) días de despacho correspondientes a los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de mayo de 2011, lapso dentro del cual la contribuyente no presentó su escrito de fundamentación de la apelación.

No obstante lo anterior, es preciso destacar que el mismo día de la emisión del referido cómputo (a saber, 1° de junio de 2011) la representación en juicio del Centro Clínico Andrés Bello, C.A., domiciliada según los autos en la Avenida Andrés Bello del Municipio Heres del Estado Bolívar, fundamentó su apelación ante esta Máxima Instancia.

En este orden de ideas, esta Sala Político-Administrativa observa que todos los tribunales de la República se encuentran en la obligación de conceder el término de la distancia con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del derecho a la defensa de las partes. (Vid sentencia de esta Sala N° 01641 del 3 de octubre de 2007, caso: Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A., -TRIMECA-).

Sobre el particular, esta Sala Político-Administrativa en sentencias Nros. 01445 y 00181 de fechas 8 de octubre de 2009 y 3 de marzo de 2010, casos: Glani, C.A. y John Crane Venezuela, C.A., respectivamente, estableció lo siguiente:

(…) el término de la distancia es uno de los casos previstos en la ley mediante el cual se le autoriza al juez a fijar el lapso para permitir el traslado de personas o de los autos, conforme a lo dispuesto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil (…).

 

(…) consiste en aquel lapso que se establece a los efectos de permitir el desplazamiento de personas o de los autos desde un lugar a otro, cuando la sede del Tribunal en que se deba efectuar el acto del procedimiento resultare diferente de aquel donde se encuentran las personas o los autos solicitados, con el fin de evitar que el término o lapso para la actuación procesal resulte disminuido en la práctica.

 

Dicho término debe ser sumado al lapso ordinario establecido en la Ley para la realización del acto en particular (…).

 

Además (…) considera la Sala que, excepcional y prudencialmente, el término de la distancia puede ser concedido por el juez en aquellos casos y dependiendo de la circunstancia fáctica particular, en donde se pueda afectar de manera flagrante el derecho a la defensa, con la idea de preservar dicha garantía constitucional.

 

(…) esta Sala considera que no puede hacerse una interpretación aislada de la disposición legal prevista en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, (…) debe realizarse una interpretación integral y sistemática de esa disposición legal con los principios generales y demás normas antes mencionadas, es decir, considerar a la disposición más allá de su sentido literal, (…) y debiendo entenderse, en primer lugar, que cuando el artículo dice que el lapso deberá fijarse ‘en cada caso’, no se refiere a cada una de las actuaciones a realizar en el proceso, sino que se refiere al lugar, sitio o ubicación geográfica dónde se encuentre la parte que deba trasladarse en cada juicio; y en segundo lugar, que cuando la disposición dice ‘deberá fijarse’ no se refiere a que el juez tiene que fijarlo para todos los actos del proceso o en forma arbitraria, sino que el juez está autorizado para fijarlo según su prudente arbitrio y de manera razonable, de conformidad con la ley, en armonía con los valores y principios generales enunciados. Así se establece.” (Resaltado del fallo).

 

 

Asimismo, respecto a la posibilidad de otorgar el término de la distancia en la oportunidad de fundamentar la apelación, ha señalado esta Sala en las sentencias antes mencionadas, lo siguiente:

“(…) Asimismo, respecto a la posibilidad de otorgar el término de la distancia en la oportunidad de fundamentar la apelación, ha señalado la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en sentencia Nro. 3408, de fecha 4 de diciembre de 2003, caso: Luis Alexis Castro Lezama, lo siguiente:

 

‘Observa la Sala que en el proceso contencioso-administrativo, el Código de Procedimiento Civil es supletorio (…) y en este existe la institución del término de la distancia, como un desarrollo del derecho constitucional de la defensa, ya que permite a la parte que goza de él, poder viajar y por lo tanto concurrir a tiempo a los actos procesales, que tengan lugar fuera de su residencia.

 

En el presente caso, el aquí accionante, formalizante de la apelación se encontraba en el estado Anzoátegui, lugar donde además se dictó el fallo apelado. Si bien es cierto que el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia no previene el término de la distancia para añadirse al lapso de formalización de la apelación, tal silencio no es óbice para que no se otorgue, ya que se trata de una institución a favor de quien no se encuentra en la localidad del juicio, a efecto de su traslado.

 

El silencio del artículo 162 citado, sobre el término de la distancia, no puede cercenar el derecho de defensa del apelante que no tiene residencia en la localidad del Juez que ha de conocer la apelación y se ve en la necesidad de viajar, motivo por el cual la interpretación del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, debe hacerse en razón de la tutela de derecho de defensa y por tanto respetándose el término de la distancia del apelante que tiene que formalizar su recurso’.

 

En tal sentido, vista la precedente transcripción (…) respecto a la falta de fijación del término de la distancia, esta Sala considera que a pesar de las diferencias existentes en cuanto al tratamiento dado al procedimiento de segunda instancia previsto en la vigente ley que rige las funciones de este Alto Tribunal y el establecido en el derogado artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en aras de preservar el derecho a la defensa de la parte apelante, debe otorgársele el término de la distancia previsto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, dado que su domicilio está situado en el Estado Zulia. Así se declara”.

 

 

En virtud de lo anterior, esta Alzada considera que a pesar de las diferencias existentes en cuanto al tratamiento dado al procedimiento de segunda instancia previsto en la vigente ley que rige las funciones de esta Sala Político-Administrativa (específicamente el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previamente identificada) y el establecido en el derogado artículo 162 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en aras de preservar el derecho a la defensa de la parte apelante, debe otorgársele el término de la distancia previsto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, dado que su domicilio está situado en el Estado Bolívar. Así se declara.

Por ende, correspondería reponer la causa al estado de fijar nuevamente el lapso para la fundamentación de la apelación; no obstante, para garantizar la estabilidad del juicio, así como una justicia expedita, sin dilaciones indebidas o reposiciones inútiles, pasa esta Sala a revisar la tempestividad del escrito de fundamentación consignado por la apelante, en los siguientes términos:

1.- Que en el auto dictado por la Secretaría de esta Sala en fecha 1° de junio de 2011, se dejó constancia que desde el día en que se dio cuenta del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que venció el lapso fijado en el auto del 5 de mayo de 2011, inclusive, transcurrieron los diez (10) días de despacho correspondientes a los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de mayo de 2011.

2.- Que el término de la distancia en el asunto bajo análisis es de seis (6) días consecutivos, ello en virtud de la distancia que existe entre el Estado Bolívar, en el cual se encuentra domiciliada la contribuyente y la ciudad de Caracas, sede de este Máximo Tribunal; computados conforme a lo previsto en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, aplicable según lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2010, los cuales corresponden a los días 1°, 2, 3, 6, 7 y 8 de junio de 2011.

3.- Que el escrito donde la representación judicial de la sociedad mercantil Centro Clínico Andrés Bello, C.A., expuso los motivos de hecho y de derecho de su apelación, es de fecha 1° de junio de 2011, es decir, del día siguiente al vencimiento de los diez (10) días de despacho señalados en el punto (1) y, por lo tanto, dentro de los seis (6) días mencionados en el punto (2).

Siendo ello así, debe concluirse que el precitado escrito contentivo de las razones fácticas y de iure de la apelación, fue presentado por la contribuyente en forma tempestiva, por lo que resultaría improcedente declarar su desistimiento. Así se establece.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (GO N° 39.447 del 16 de junio de 2010) aplicable al presente trámite, constata la Sala que vencido el lapso otorgado por la referida norma más el término de la distancia, “se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación”; motivo por el cual, atendiendo al estado en que se encuentra la causa ante esta Alzada, debe reanudarse en esa fase para otorgarle el ejercicio de tal derecho a la Administración Tributaria Municipal, más el término de la distancia de seis (6) días consecutivos, anteriormente aludidos. Así se declara.

En consecuencia, se debe notificar a las partes y, una vez que conste en autos la realización de la última notificación, comenzará a transcurrir el lapso supra indicado. Así se establece.

Iii

DECISIÓN

 

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- TEMPESTIVA la presentación del escrito de fundamentación de la apelación consignado el día 1° de junio de 2011 por la representación en juicio de la sociedad mercantil CENTRO CLÍNICO ANDRÉS BELLO, C.A., contra la sentencia N° PJ0662010000150 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana el día 29 de octubre de 2010, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario incoado por la referida contribuyente contra la Providencia Administrativa N° DHM-016-09 de fecha 24 de marzo de 2009, emanada de la Dirección de Hacienda Municipal de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, mediante la cual se designó a la mencionada compañía como agente de retención del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar causado en ese ente político-territorial. En consecuencia, IMPROCEDENTE el desistimiento de la presente apelación.

2.- Se ORDENA la reanudación de la causa en la fase del inicio del lapso de cinco (5) días de despacho para la contestación de la apelación, más el término de la distancia de seis (6) días consecutivos, anteriormente aludidos, una vez que conste en autos la última de las notificaciones.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                            La Vicepresidenta-Ponente

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

                                                                                                                                                                

                                                                           EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En dieciocho (18) de octubre del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01267, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN