MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2009-0815

Mediante oficio N° CSCA-2009-4054 de fecha 17 de septiembre de 2009 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso por abstención o carencia interpuesto por los abogados Francisco Martínez Montero, Guido Antonio Puche Faría y Antonio José Puppio Vegas, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 96.435, 98.853 y 97.102, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales e integrantes de la asociación civil PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA), inscrita ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 8 de noviembre de 1988, bajo el Nº 19, Tomo 8, Protocolo Primero, reformados sus estatutos el 22 de febrero de 1996, bajo el Nº 14, Tomo 8, Protocolo Primero, en la misma Oficina de Registro, “(…) para que la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en la persona de la Abogada Esquía Rubín de Celis Núñez (…) bajo el principio de continuidad de la Administración Pública, cumpla con el trámite de depósito del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (…) ante la Secretaria (sic) de la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos”.

La remisión se efectuó con ocasión de la sentencia N° 2009-00056 dictada por la referida Corte el 22 de enero de 2009, mediante la cual declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa para conocer la acción interpuesta.

El 6 de octubre de 2009 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de pronunciarse sobre la declinatoria de competencia.

Pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 14 de noviembre de 2008, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, los abogados Francisco Martínez Montero, Guido Antonio Puche Faría y Antonio José Puppio Vegas, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales e integrantes de la Asociación Civil Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ejercieron el recurso por abstención o carencia contra la presunta omisión de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en cumplir con el trámite de depósito del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador ante la Secretaría de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Fundamentaron su solicitud con los siguientes alegatos:

Alegan, que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el 29 de diciembre de 1951 y durante su permanencia en dicha organización, ha ratificado diversos tratados sobre asuntos de interés de la Nación.

Exponen, que en fecha 17 de noviembre de 1988 fue elaborado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, posteriormente suscrito por el Estado Venezolano el 27 de enero de 1989.

Señalan, que en el mes de marzo de 2005 fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional el aludido Protocolo y en fecha 23 de mayo del mismo año, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela “rubricó el ‘cúmplase’ para la publicación en esa misma fecha en la Gaceta Oficial N° 38.192; no obstante, -según afirman- sigue pendiente el trámite de depósito de dicho Instrumento ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Indican, que en fecha 5 de mayo de 2008 su representada dirigió una comunicación a la Dirección General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a fin de obtener una respuesta sobre las razones del incumplimiento de la obligación de efectuar el trámite de depósito ante la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, toda vez que se dio cumplimiento a los pasos  necesarios para su aprobación en el ámbito interno, a saber, la discusión y sanción ante la Asamblea Nacional y su posterior publicación en la Gaceta Oficial.

Arguyen, que ante el silencio administrativo generado en virtud de la falta de respuesta de la referida Dirección General de Consultoría Jurídica con relación a las peticiones e información solicitada, su mandante ejerció los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico en fechas 12 de junio y 29 de julio 2008, respectivamente,

Sostienen, que a la fecha de interposición de la presente acción no han obtenido una respuesta en cuanto a los recursos interpuestos en sede administrativa, motivo por el cual ejercieron el recurso por abstención o carencia ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo para que, por vía judicial, “…se ordene el cumplimiento de una obligación expresamente determinada, como es el depósito ante la Asamblea General de la OEA del documento de ratificación del Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…), conforme lo establece el artículo 6 ordinal 6º del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”.

Aducen, que la presunta omisión de la Dirección General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en el cumplimiento de la obligación de efectuar el trámite de depósito del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, ante la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), contraviene lo establecido en los artículos 8, 10, 26, 61 y 64 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 26 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Indican, que el depósito de un instrumento internacional es una obligación legal, concreta y precisa, establecida en una norma legal que consagra las funciones de la mencionada Dirección General de Consultoría Jurídica.

En este sentido, agregan que en el caso de autos procede el recurso por abstención o carencia pues la obligación cuyo cumplimiento se solicita es específica y está establecida en la Ley.

Finalmente, solicitan se declare con lugar el recurso interpuesto y, en consecuencia, se ordene a la Dirección de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores que de forma inmediata cumpla con la obligación establecida en el ordinal 6 del artículo 6 del Reglamento Orgánico del Ministerio para Relaciones Exteriores, en cuanto al depósito del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante la Secretaría de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

II

DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Mediante sentencia de fecha 22 de enero de 2009 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declinó la competencia en esta Sala para conocer la acción ejercida con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Ahora bien, como se señalara con anterioridad, el actual recurso por abstención se interpone contra la falta de respuesta de la petición efectuada por los recurrentes en fecha 05 de mayo de 2008 ante la Consultora Jurídica del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, ciudadana Esquía Rubín de Celis Núñez, respecto al cumplimiento del trámite de depósito del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, ante la Secretaría de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Ello así, entiende este Tribunal que si bien es cierto que el conocimiento de tal omisión por parte de la mencionada consultora correspondería, en principio, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, no es menos cierto que de la revisión de las actas que conforman el expediente así como de lo señalado por los propios representantes de la Asociación Civil Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos ‘Provea’, ante la referida omisión de respuesta interpusieron recurso de reconsideración en fecha 12 de junio de 2008 y recurso jerárquico ante el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en fecha 29 de julio de 2008, tal como se evidencia de los anexos acompañados al libelo marcados C.2 y C.3, que (sic) rielan a los folios cuarenta y tres (43) al cuarenta y ocho (48) del expediente; por tanto, al haberse agotado la vía administrativa ante el Ministro y derivando de éste la falta de respuesta demandada, este Órgano Jurisdiccional considera que la competencia para conocer y decidir el mismo corresponde a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por tratarse de un funcionario de los indicados en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya competencia es excluyente”.

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la competencia que le ha sido declinada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para lo cual observa:

El caso de autos fue remitido a esta Sala con ocasión de la declinatoria de competencia efectuada por la mencionada Corte mediante sentencia de fecha 22 de enero de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del  Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Así, se aprecia que el asunto bajo examen trata de un recurso por abstención o carencia contra la presunta omisión  de la Dirección General de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en dar cumplimiento a la obligación de realizar el trámite de depósito del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ahora bien, mediante sentencia N° 2.271 de fecha 23 de noviembre de 2004, publicada al día siguiente, esta Sala estableció las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y, a tal efecto, indicó:

“… Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:

(…omissis…)

8.- De las abstenciones o negativas de autoridades o funcionarios distintos a los establecidos en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, o distintos a los de carácter estadal o municipal, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes.” (Resaltado de este fallo).

 

De la sentencia antes transcrita se desprende la competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer de los recursos por abstención o carencia, ejercidos contra las autoridades diferentes a las establecidas en el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esto es del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital.

Ahora bien, observa la Sala que en el caso de autos, tal como lo señala la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la Asociación Civil recurrente ejerció en sede administrativa los recursos de reconsideración y jerárquico en fechas 12 de junio y 29 de julio de 2008, respectivamente; este último ante el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en los siguientes términos:

“…Asunto: Recurso Jerárquico frente al derecho de petición (del 05/05/08) y al recurso de reconsideración (del 12/06/08 referente al depósito del documento de ratificación al Protocolo Adicional a la Convección Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ´Protocolo de San Salvador´

(…omissis…)

PETITORIO

En fundamento a lo aquí expuesto es por lo que acudimos a su competente autoridad, para presentar recurso jerárquico como en efecto lo hacemos, sobre la información siguiente:

-Cuál es el procedimiento y mecanismos internos de la Cancillería Nacional para el depósito de un Convenio, Tratado o Declaración ante la Organización de los Estados Americanos, una vez que ya ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

-Por qué motivo el Protocolo Adicional a la Convección Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aún no ha sido depositado ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, no obstante de haber sido publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 38.192 del 23 de mayo de 2005.

-Finalmente, peticionamos para que se proceda al depósito ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del documento de ratificación del Protocolo Adicional a la Convección Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)…”. (Sic).

De lo anterior se concluye, que la recurrente solicitó al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores el cumplimiento del depósito del documento de ratificación del Protocolo Adicional a la Convección Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos, petición ésta que constituye el objeto del recurso de autos, la cual presuntamente no fue resuelta por el aludido Ministro.

Así pues, estima la Sala que tal y como fue señalado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la omisión bajo examen se le atribuye al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y no a la Dirección General de la Consultoría Jurídica del mencionado Ministerio.

En este orden de ideas, observa esta Máxima Instancia que el numeral 26 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo que sigue:

 Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(…omissis…)

26. Conocer de la abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital, a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las Leyes;

(…omissis…)

El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37.”

 De acuerdo con la norma transcrita, y visto que en la causa bajo examen la presunta omisión se le imputa al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, autoridad de las establecidas en el señalado artículo, debe concluirse que esta Sala Político-Administrativa resulta competente para conocer el recurso por abstención o carencia ejercido. Así se declara.

IV

DECISIÓN

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SU COMPETENCIA para conocer el recurso por abstención o carencia interpuesto por los abogados Francisco Martínez Montero, Guido Antonio Puche Faría y Antonio José Puppio Vegas, actuando con el carácter de apoderados judiciales e integrantes de la Asociación Civil PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA), contra la presunta omisión del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de emitir pronunciamiento sobre la admisión del recurso. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

      La Presidenta - Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                   La Vicepresidenta

                 YOLANDA JAIMES GUERRERO

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

                 HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

  En veintiún (21) de octubre del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01521, la cual no esta firmada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN