MAGISTRADA
PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. Nº 2005-5245
En fecha 23 de septiembre de 2005, se recibió en esta Sala el
Oficio N° 242-2005, del 19 de mayo de igual año, emanado del Juzgado Undécimo
de los Municipios Maracaibo, Jesús
Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, anexo al cual remitió el
expediente contentivo de la oposición de compra de un terreno ejido, planteada por
el ciudadano JUAN PARRA DUARTE, venezolano,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 1.668.346, actuando en su
propio nombre y con el carácter de heredero ab-intestato
de su padre, el ciudadano José de los Santos Parra Valbuena y heredero
testamentario de los ciudadanos Claudio Antonio, Ana Rosa y Bárbara Parra
Valbuena, según testamentos registrados ante la Oficina Subalterna
del Segundo Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, bajo el N° 33,
Protocolo 4°, bajo el N° 4, Protocolo 4°, bajo el N° 01, Protocolo 1°, el 14 de
noviembre de 1970, 09 de agosto de 1974 y 04 de marzo de 1982, respectivamente,
a fin de resguardar los derechos de sus comuneros y herederos, ciudadanos
Vicente Parra Valbuena, Vincencio Pérez Soto y Juan Montes Monserrate, contra
el ciudadano MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ
VARGAS, portador de la cédula de identidad N° 4.535.085.
La remisión se efectuó en atención a la decisión dictada por
dicho Juzgado en fecha 09 de julio de 2003, mediante la cual declaró la falta
de jurisdicción para conocer la causa.
En fecha 04 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y, por
auto de igual fecha, se designó Ponente a la Magistrada EVELYN
MARRERO ORTÍZ, a los fines de decidir la consulta de ley.
Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las
siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado ante la Alcaldía del
Municipio Maracaibo del Estado Zulia en
fecha 12 de mayo de 2003, el ciudadano Juan Parra Duarte, actuando en su propio
nombre y con el carácter de heredero ab-intestato
de su padre, el ciudadano José de los Santos Parra Valbuena y, heredero
testamentario de los ciudadanos Claudio Antonio, Ana Rosa y Bárbara Parra
Valbuena, a fin de resguardar los derechos de sus comuneros y herederos,
ciudadanos Vicente Parra Valbuena, Vincencio Pérez Soto y Juan Montes
Monserrate, presentó oposición a la compra de un terreno ejido, contra el
ciudadano Marcos Antonio González Vargas. Fundamentó la oposición en los
siguientes hechos:
Que por
documento inscrito ante la Oficina
Subalterna de Registro del Distrito Maracaibo, el 10 de junio
de 1929, bajo el N° 262, Protocolo y Tomo N° 01, “el causante Vicente Parra
Valbuena” adquirió en comunidad con el ciudadano Juan Montes Monserrate, la
propiedad del Fundo “La
Entrada”, ubicado en la jurisdicción de los Municipios Cristo de Aranza y San Francisco del
mencionado Distrito, en porciones de una tercera y dos terceras partes,
respectivamente.
Señaló,
que el ciudadano Juan Montes Monserrate dio en venta al ciudadano Vincencio
Pérez Soto la mitad de los derechos que adquirió en comunidad con el ciudadano Vicente
Parra Valbuena en el Fundo “La
Entrada”, tal como consta en documento inscrito ante la
mencionada Oficina de Registro Subalterno el 28 de marzo de 1930, bajo el N°
250, Protocolo y Tomo N° 01, por lo que la propiedad quedó repartida en forma
proindivisa en partes iguales entre los referidos ciudadanos.
Afirmó,
que según el convenio celebrado entre los ciudadanos Juan Montes Monserrate,
Vincencio Pérez Soto y Vicente Parra Valbuena, mediante documento inscrito en la Oficina Subalterna
de Registro del Segundo Circuito del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, el 10
de enero de 1955, bajo el N° 11, folios 22 al 26, Protocolo 1°, Tomo 6, el
inmueble en cuestión pertenece en porciones del 39,088 %, para cada uno de los herederos
de los dos primeros mencionados ciudadanos y, 21,824 % para los herederos del
último de ellos.
Manifestó,
que el ciudadano Marcos Antonio González Vargas solicitó en compra un terreno “…que se dice ser Ejido y sobre el cual
tiene construido un inmueble…”, en una zona de terreno que forma parte del
Fundo “La Entrada”.
Indicó,
que con fundamento en lo previsto en la causal primera del artículo 41 de la Ordenanza sobre Terrenos
Ejidos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, plantea “…formal Oposición a la
Solicitud de Venta como Ejido del terreno ocupado por la (sic)
ciudadano MARCOS ANTONIO GONZALEZ PARRA (sic), (…), por cuanto el mismo es propiedad de
los sucesores de VICENTE PARRA VALBUENA de quienes forma parte el exponente y
los sucesores de JUAN MONTES MONSERRATE y VINCENCIO PÉREZ SOTO, y haber
reconocido esta propiedad la Cámara
Municipal en diversas oportunidades…”.
En sesión de fecha 03 de junio de 2003, la Cámara Municipal
del Municipio Maracaibo del Estado
Zulia acordó remitir las actuaciones al Juzgado de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San
Francisco de la Circunscripción Judicial del mencionado Estado,
vista la opinión de la Consultoría Jurídica de la Alcaldía de ese
Municipio, contenida en la comunicación N° CJM-05-2003-031, del 23 de mayo de
2003, según la cual “…la parte Oponente
alega ser copropietaria del inmueble solicitado en compra y objeto del presente
procedimiento, existiendo una dualidad documental sobre el mismo inmueble, y en
virtud de que el Artículo 41 en concordancia con el 44 de la Ordenanza Sobre
Terrenos Ejidos, no contemplan ésta (sic) causal de Oposición entra las que se puedan resolver
administrativamente, sino que deben ser resueltas judicialmente (…)”.
Por decisión del 09 de julio de 2003, el Juzgado Undécimo de
los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique
Lossada y San Francisco de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, a quien por distribución
correspondió conocer la causa, declaró la falta de jurisdicción del Poder
Judicial respecto de la Administración Pública, por órgano del Concejo Municipal
del Municipio Maracaibo de dicho Estado, para conocer la oposición interpuesta.
Finalmente, fue remitido el expediente a esta Sala, a los
fines de resolver la consulta de Ley.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la
oportunidad para decidir sobre la falta de jurisdicción planteada, la Sala observa:
El 09 de julio de 2003, el Juzgado
Undécimo de los Municipios Maracaibo,
Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia declaró la falta de jurisdicción del
Poder Judicial respecto de la Administración Pública para conocer la oposición
interpuesta, con base en las siguientes consideraciones:
“(...) Ahora
bien éste (sic) Juzgado observa, que las normas establecidas en la Ordenanza sobre terrenos
ejidos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, específicamente las contenidas
en los artículos 44, 45 y 46 señalan que los Tribunales de Municipios son
competentes para conocer de la oposición de una solicitud de compra de terreno
ejido.
Siguiendo con
el orden de ideas, es necesario señalar que la distribución de competencias
entre los distintos Tribunales de la Republica
(sic), esta (sic) reservado legalmente el Poder Público Nacional, de conformidad con el
Artículo 156 de la
Constitución Nacional en sus numerales 31 y
32 (…).
En
consecuencia es clara (sic) y evidente que aplicando la Norma Constitucional
antes señalada la organización y administración de justicia, por ser una rama
del Poder Público Nacional toda su actividad incluyendo la distribución de
competencias entre los distintos Tribunales que conforman (sic), esta reserva (sic) a la Ley
Nacional, por lo que no hay posibilidad que la misma pueda
ser distribuida o alterada (…) la administración de justicia a través de leyes
locales, ordenanzas Municipales, pues ello implicaría la violación al principio
de reserva legal contenida en el articulo (sic) 156 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
(…omissis…)
En efecto
según se desprende de la mencionada norma y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
125 ejusdem, corresponde al Consejo (sic) Municipal aprobar la enajenación de los
ejidos, verificadas las condiciones y restricciones establecidas en la
ordenanza respectiva y previa (sic)
las formalidades que la misma señale.
Conforme a lo
anterior resulta evidente que la oposición presentada (…), debe ser analizada y
resuelta por el Consejo (sic) Municipal.
Sin embargo,
en el caso concreto además de la verificación de los aspectos a los que atiende
la Ley, podrán
presentarse dudas de quien (sic) es el propietario de las bienhechurias (sic)
construidas en el terreno lo cual es
cierto (sic) de la
Sala, deberán ser resueltas previamente, a instancia de parte
interesada por vía Judicial Ordinaria.
(…omissis…)
En atención a
la doctrina Jurisprudencial de la Sala
Política (sic) Administrativa (…), el Tribunal declara que
el caso bajo estudio se asemeja a al (sic) planteado en Sala (…) en el sentido de que la causa se refiere a la
oposición a la compra de un terreno ejido, circunstancia esta que constituye
uno de los supuestos de procedencia de la falta de jurisdicción del Poder
Judicial para conocer dicha controversia. Así fue establecido en la máxima de
Jurisdicción ya transcrita anteriormente.
(…omissis…)
Con merito (sic) en los
argumentos antes expuesto (sic), éste
Tribunal, declara, la falta de Jurisdicción para seguir conociendo de la
presente causa, en consecuencia declina la Jurisdicción
en la persona de la
Alcaldía del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia y
ordena remitir las actas del presente expediente al Tribunal Supremo de
Justicia (…) de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 62 del
Código de Procedimiento Civil (…).”
Al
respecto, observa esta Sala que, efectivamente, tal como lo señaló el Juzgado
remitente, la distribución de competencias entre los distintos Tribunales de la República está
reservada al Poder Público Nacional, según lo dispone la Constitución
de la República
Bolivariana de Venezuela en los numerales 31 y 32 del
artículo 156, en los cuales se indica que es competencia del Poder Público
Nacional:
“31. La organización y
administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del
Pueblo.
32. La legislación en
materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil,
penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la
de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de
crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del
patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y
poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del
trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de
notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías,
hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los
órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales
del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional”.
(Resaltado de la Sala).
Así, conforme al mandato constitucional,
la organización y administración de justicia como rama del Poder Público
Nacional y, por ende, la distribución de competencias entre los distintos
tribunales que la conforman está reservada a la ley nacional, debiendo en
consecuencia descartarse la posibilidad de que se distribuyan competencias o se
altere la organización de la administración de justicia a través de leyes
locales, como las ordenanzas municipales, pues ello implicaría una violación al
principio de reserva legal consagrado en el artículo 156 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, parcialmente transcrito.
En este contexto, debe reiterarse el
criterio de la Sala
según el cual no son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos
44, 45 y 46 de la Ordenanza
sobre Terrenos Ejidos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, publicada en
Gaceta Municipal N° 33 del 01 de junio de 1966, en función de las cuales la
oposición a la solicitud de compra de un terreno ejido debe ser tramitada y
conocida por un Tribunal de Municipio (vid. entre otras, sentencia N° 1826 del
20 de noviembre de 2003 y sentencia N° 0499 del 20 de mayo de 2004).
En efecto,
los artículos 44, 45 y 46 de la Ordenanza Sobre Terrenos Ejidos del Municipio
Maracaibo, establecen lo siguiente:
“Artículo 44.
Presentado un escrito de oposición, si el Presidente del Concejo lo encontrare
formulado conforme a los requisitos previstos en los artículos anteriores,
ordenará al pie del mismo agregarlo a sus antecedentes, pasando el conjunto de
las actuaciones al Juez del Municipio en cuya jurisdicción este ubicado el
terreno.
Artículo 45. Al recibir el Juez de Municipio el
escrito de oposición a que se refiere el artículo anterior, le dará entrada, y
en la misma fecha dictará un auto declarando abierta una articulación de ocho
días, dentro de la cual las partes promoverán y evacuarán las pruebas que
juzguen conducentes.
Artículo 46.
Cumplido el indicado término de ocho días, el Juez dictará sentencia dentro del
lapso de tres audiencias siguientes al vencimiento del expresado término, sin
pretexto ni excusa para no decidir lo que ha lugar en derecho, dentro del lapso
anteriormente indicado.
Único: De
esta decisión se oirá apelación dentro del término de cinco días hábiles, para
ante el Juzgado del Distrito Maracaibo. Vencido el lapso de apelación, sin que
se haya hecho uso de ella, se remitirá inmediatamente el expediente al Concejo
Municipal para que se ejecute lo sentenciado”.
En lugar de la mencionada Ordenanza
debe atenderse a lo establecido en el numeral 10 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, publicada en la Gaceta Oficial
N° 38.204 del 08 de junio de 2005, en concordancia con lo previsto en el
artículo 149 del referido Texto legal, (anteriormente,
ordinal 8° del artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en
concordancia con el artículo 125 eiusdem), según los cuales los Concejos Municipales están facultados
para aprobar lo concerniente a la enajenación de los ejidos del Municipio,
verificadas las condiciones y restricciones establecidas en la Ordenanza respectiva y
previo el cumplimiento de las formalidades que ésta establece (ver sentencia N°
00920 del 02 de julio de 2002, Exp. N° 2002-0399).
En este orden de ideas, se observa que en el
caso bajo análisis el ciudadano Juan Parra Duarte planteó una oposición a la
venta de un terreno ejido alegando que dicho terreno es propiedad de “…los sucesores de VICENTE PARRA VALBUENA (…)
y los sucesores de JUAN MONTES MONSERRATE y VINCENCIO PÉREZ SOTO…”, por lo
que resulta evidente que la oposición formulada debe ser analizada y resuelta
por el Concejo Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia,
configurándose en este caso uno de los supuestos de procedencia de la falta de
jurisdicción del Poder Judicial frente a la
Administración Pública. Así se decide.
Ahora
bien, sólo cuando el Concejo Municipal emita el pronunciamiento formal
correspondiente, dicha decisión podrá ser impugnada por la parte interesada
ante los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales
los cuales son los competentes para conocer situaciones “relacionadas
con la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución
de contratos administrativos celebrados por autoridades municipales sobre
terrenos ejidos”, según lo ha determinado esta Sala,
entre otras, en sentencia N° 392 de fecha 05 de marzo de 2002, aunque pueden
encontrarse excepciones en determinadas situaciones especiales, vinculadas
primordialmente al interés público, en cuyo caso la competencia la mantiene
esta Sala en única instancia.
Aunado a lo
expuesto, debe indicar esta Sala -tal como lo hizo en el anteriormente
mencionado fallo N° 00920 del 02 de julio de 2002, Exp. N° 2002-0399- que si en la verificación que el Concejo haga de los aspectos a los que
alude la ley, se presentaren dudas acerca de quién es el propietario de las
mejoras construidas en el terreno ejido ello debe ser resuelto, previamente, a instancia
de parte interesada por la vía judicial ordinaria.
De allí que,
resulta necesario señalarse que no es
atribución de los Concejos Municipales remitir de oficio a los tribunales
ordinarios este tipo de situaciones, ya que ello es un problema entre
particulares, quienes en todo caso son los que deben acudir a los órganos de
administración de justicia para dilucidarlo.
No obstante
lo anterior, tratándose de una actuación de naturaleza administrativa, lo que
si le corresponde a la Administración Municipal -a cargo de los Concejos
Municipales- es notificar a esos particulares de todo proveimiento que tomen en
materia de enajenación de los ejidos del Municipio, incluso en los casos en los
que exista una dualidad documental sobre el mismo terreno ejidal,
lo cual impide a la
Administración pronunciarse hasta que tal situación sea
resuelta por vía judicial.
Asimismo, deben
los Concejos Municipales poner en
conocimiento a los administrados acerca de los recursos administrativos y
judiciales que corresponda ejercer ante esos proveimientos, así como de los
lapsos que disponen para interponerlos, en caso de que los particulares
consideren que se han vulnerado sus derechos.
En los
términos expuestos, se impone confirmar la decisión dictada el 09 de julio de
2003, por el Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y
decidir la oposición de compra de un terreno ejido, planteada por el ciudadano JUAN
PARRA DUARTE, antes identificado, actuando
en su propio nombre y con el carácter de heredero ab-intestato de su padre, el ciudadano José de los Santos Parra
Valbuena y, heredero testamentario de los ciudadanos Claudio Antonio, Ana Rosa
y Barbara Parra Valbuena, a fin de resguardar los derechos de sus comuneros y
herederos, ciudadanos Vicente Parra Valbuena, Vincencio Pérez Soto y Juan
Montes Monserrate, contra el ciudadano MARCOS
ANTONIO GONZÁLEZ VARGAS.
En consecuencia, se confirma la
decisión consultada de fecha 09 de julio de 2003, mediante la cual el Tribunal
remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la
Administración Pública.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Remítase copia certificada de ésta decisión al Concejo
Municipal del Municipio Maracaibo del
Estado Zulia. Cúmplase lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil cinco
(2005). Años 195º de la
Independencia y 146º de la Federación.
La
Presidenta- Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL
MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO
GARCÍA ROSAS
La
Secretaria (E),
SOFÍA
YAMILE GUZMÁN
En veintiséis (26) de octubre del año dos mil cinco, se
publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 05996, la cual no está firmada
por el Magistrado Emiro García Rosas, por no estar presente en la Sesión por motivos
justificados.
La
Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
