Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2007-1087

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa el 22 de noviembre de 2007, los abogados Marco Antonio Osorio Chirinos y Marco Antonio Osorio Uzcátegui, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 14.742 y 70.470, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GRUPO EXCELENCIA 2006, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 14 de enero de 1994, bajo el N° 74, Tomo 07-A-Pro., incoaron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° F-1.896 del 24 de abril de 2007, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS (hoy Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas), en la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa recurrente contra el oficio N° FBSA-200-001347 del 14 de junio de 2006, emanado de la Gerencia General de Servicios de ese despacho ministerial, que a su vez ratificó el acto administrativo contenido en el oficio N° FBSA-200-0000046 del 11 de enero de 2006, a través del cual se declaró que la solicitud de reexportación de un vehículo de su propiedad, constituido por un camión marca Ford; modelo E-350, año 1998; serial de carrocería 1FTSE34L9WHA73247, equipado con una plataforma telescópica de elevación de aproximadamente diez (10) metros de altura, de operación hidráulica, “… no es procedente por cuanto no cumple con los requisitos y condiciones contenidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas y 113 de su Reglamento, igualmente considera procedente la sanción impuesta referida a la pena de comiso por la comisión de una infracción aduanera que supone el ingreso al territorio nacional de un vehículo sujeto a restricciones arancelarias de importación, y que la conducta llevada a cabo por la Administración Aduanera al ordenar el comiso del vehículo en referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, está ajustada a derecho …”.

El 27 de noviembre de 2007, se dio cuenta en Sala, se acordó oficiar al órgano recurrido para que enviara los antecedentes administrativos del caso y se dispuso remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El 23 de enero de 2008, el referido Juzgado admitió el recurso y ordenó la notificación de la Fiscala General de la República, de la Procuradora General de la República y del Ministro del Poder Popular para las Finanzas. De igual manera, dispuso librar el cartel al que hace referencia el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

El 7 de febrero de 2008, se recibió el oficio N° FBSA-200-000145 del día 6 del mismo mes y año, emitido por la Dirección General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través del cual remitió los antecedentes administrativos del caso.

            Los días 7 y 26 de febrero y 4 de marzo de 2008, el Alguacil dejó constancia de haber practicado las notificaciones del Ministro del Poder Popular para las Finanzas, de la Fiscala General de la República y de la Procuradora General de la República, respectivamente.

            El 3 de abril de 2008, se libró el cartel dirigido a los terceros interesados.

            El 8 de abril de 2008, compareció la abogada Luisa Barbella de Osorio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 48.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, y consignó el poder donde consta su representación.

            El 22 de abril de 2008, la apoderada de la accionante retiró el cartel a efectos de su publicación, cuya consignación se llevó a cabo por diligencia del día 29 del mismo mes y año.

            El 3 de junio de 2008, el Juzgado de Sustanciación se reservó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la Procuraduría General de la República, para el día siguiente a aquel en que venciese el lapso de promoción, con base en lo previsto en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil.

            El 12 de junio de 2008, el citado Juzgado emitió pronunciamiento respecto a la admisión de las probanzas promovidas por la representación judicial de la República.

            Por diligencia del 22 de julio de 2008, el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de la Procuradora General de la República del auto de admisión de pruebas antes mencionado.

            En esa misma fecha, concluida como se encontraba la sustanciación, se ordenó pasar el expediente a esta Sala.

            El 12 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó el tercer (3er.) día de despacho para comenzar la relación.

            El 16 de septiembre de 2008, comenzó la relación y se fijó el décimo (10°) día de despacho siguiente, a las 11:00 a.m., para la celebración del acto de Informes.

            El 8 de octubre de 2008, se difirió el citado acto para el día jueves 26 de marzo de 2009, a las 11:00 a.m.

            En esta última fecha, tuvo lugar el acto oral de Informes, al cual comparecieron los abogados Marco Antonio Osorio Chirinos y Marco Antonio Osorio Uzcátegui, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente; Sulveys Molina Colmenarez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.319, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, y Eira María Torres Castro, inscrita en el Inpreabogado con el N° 39.288, en representación del Ministerio Público, y expusieron sus argumentos en torno al caso. Asimismo, consignaron escritos de conclusiones.

            El 27 de mayo de 2009, terminó la relación y se dijo “Vistos”.

Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

I

DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO

El 24 de abril de 2007, el Ministro del Poder Popular para las Finanzas dictó la Resolución N° F-1.896, en los siguientes términos:

“… Como punto previo respecto al argumento del recurrente donde indica que, las normas aplicadas al presente caso coliden con las normas constitucionales, es importante destacar lo contemplado en el artículo 7 de la Carta Magna, el cual recoge los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, el cual prevé:

(…Omissis…)

De lo anteriormente transcrito se desprende que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercer el Poder Público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colindan con aquella, en virtud de que todos sus actos pueden ser objeto del control constitucional.

(…Omissis…)

De modo que, son los jueces en el ámbito y ejercicio de sus competencias, a quienes corresponde velar por la integridad de la Constitución, los jueces están facultados conforme al principio de ‘judicial review’ para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en caso de existir contradicción entre la Carta Magna y una norma de rango legal y no solo procede el control constitucional al ser promovido por las partes, sino aún de oficio el Tribunal puede decidir la inaplicabilidad de la misma en beneficio de la norma constitucional.

(…Omissis…)

En este sentido, es importante acotar que si el recurrente siente que las normas constitucionales y legales colinden, debe recurrir a la vía jurisdiccional de conformidad con los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, y así se decide.

Por otra parte, cabe resaltar que el acto administrativo que da origen a todo el procedimiento es el Acta de Comiso N° 22 del 12/05/2005, suscrita por el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, emitida de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas y notificada al consignatario el 06/06/2005.

A tal efecto, se hace importante destacar las siguientes consideraciones:

El artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) contempla el supuesto del régimen arancelario de importación condicionado, consistente en someter ciertas mercancías a prohibición, suspensión, restricción o alguna limitación, en los siguientes términos:

(…Omissis…)

En el caso que nos ocupa, el vehículo supra identificado, ingresó bajo la subpartida N° 8105.90.90 relacionada con los vehículos especiales, correspondiéndole la subpartida N° 8704.31.00.10 referida a los vehículos de carga usados, la cual se encuentra afectada por la Nota Complementaria N° 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas, decreto 989 de fecha 20-12-95 (vigente para la fecha). Por lo tanto, el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira procedió a imponer la sanción prevista en la Ley Orgánica de Aduanas, tal sanción corresponde a la pena de comiso.

(…Omissis…)

Criterio este confirmado en el Segundo reconocimiento efectuado en fecha 12-05-2006, y en la citada consulta de ubicación en el código arancelario tramitada ante la división de aranceles del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

(…Omissis…)

De acuerdo con el estudio de los documentos aportados por el recurrente, esta Instancia considera cierta la sanción impuesta a la Contribuyente ‘Grupo Excelencia 2600, C.A.’, referida a la pena de comiso por haber incurrido en una infracción aduanera que supone la importación de una mercancía sometida a régimen de prohibición respectivo, y sostiene que la conducta llevada a cabo por la Administración Tributaria al ordenar el comiso de las mercancías importadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, está ajustada a derecho.

(…Omissis…)

Visto lo anterior, este Despacho observa que la Dirección General de Servicios de este Ministerio ya había dado cumplimiento al procedimiento de comiso de la mercancía, acatando un acto administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como lo es el Acta de Comiso N° 22, emanada de la Gerencia de la Aduana Marítima de La Guaira en fecha 15/05/2005, por lo cual mal podría llevarse a cabo la solicitud de desafectación del proceso o la entrega de la mercancía, por cuanto la misma se realizó de manera extemporánea. En virtud de ello se hace necesario precisar que si bien es cierto que se emitió la autorización de reexportación de aduanas mediante oficio INA/300/URR/2004/E-142 de fecha 27/09/2005, no es menos cierto que dicha decisión fue tomada y por ende extemporánea por cuanto en esa oportunidad ya existía el comprobante de incorporación del bien N° 9 de fecha 31/08/2005, el cual evidencia que el citado vehículo ya se encontraba a disposición de la Dirección General de Servicios de este Ministerio, en consecuencia, queda desvirtuado el mencionado alegato por estar revestido de extemporaneidad.

En cuanto al alegato señalado por la recurrente que los actos desplegados por la Dirección General de Servicios, configuran una situación de hecho, que involucra una decisión contraria a lo decidido por el Intendente Nacional de Aduanas y se encuentran viciados de nulidad absoluta; esta Instancia observa que las actuaciones de la Dirección General de Servicios estuvieron acordes con lo contemplado en la Ley que gire la materia, por cuanto las mismas siguieron el procedimiento administrativo establecido con respecto a la adjudicación de bienes, tal como se desprende de la cronología de los hechos, que a continuación se indican:

(…Omissis…)

En tal sentido y de la cronología de las actuaciones de la Dirección General de Servicios esta alzada considera que las mismas estuvieron ajustadas a derecho, ya que se realizaron en su debida oportunidad y conforme a lo previsto en la ley que regula la materia.

Vistas las consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, quien suscribe el Ministro del Poder Popular para las Finanzas, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley,

III

DECIDE

UNICO: Declarar SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano Julio César González Yibirín, en su carácter de Representante Legal de la empresa Grupo Excelencia 2600, C.A., en contra del Acto Administrativo contenido en el Oficio N° FBSA-200-001347, de fecha 14 de junio de 2006, emanada de la Gerencia General de Servicios de este Ministerio, en consecuencia, se ratifica en todas sus partes el Acto Administrativo en referencia …”. (SIC). (Destacado del texto citado).

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

            El 22 de noviembre de 2007, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A. incoaron el presente recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo parcialmente transcrito en el Capítulo anterior, con base en los alegatos sintetizados a continuación:

            Que el 6 de enero de 2005, a bordo del buque “Seaboard Star”, llegó al Puerto de La Guaira, a consignación de la aludida sociedad mercantil, un vehículo “… marca Ford; modelo E-350, año 1998; serial de carrocería 1FTSE34L9WHA73247, equipado con una plataforma telescópica de elevación de aproximadamente diez (10) metros de altura, de operación hidráulica …”.