Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2007-1087

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa el 22 de noviembre de 2007, los abogados Marco Antonio Osorio Chirinos y Marco Antonio Osorio Uzcátegui, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 14.742 y 70.470, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GRUPO EXCELENCIA 2006, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 14 de enero de 1994, bajo el N° 74, Tomo 07-A-Pro., incoaron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° F-1.896 del 24 de abril de 2007, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS (hoy Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas), en la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa recurrente contra el oficio N° FBSA-200-001347 del 14 de junio de 2006, emanado de la Gerencia General de Servicios de ese despacho ministerial, que a su vez ratificó el acto administrativo contenido en el oficio N° FBSA-200-0000046 del 11 de enero de 2006, a través del cual se declaró que la solicitud de reexportación de un vehículo de su propiedad, constituido por un camión marca Ford; modelo E-350, año 1998; serial de carrocería 1FTSE34L9WHA73247, equipado con una plataforma telescópica de elevación de aproximadamente diez (10) metros de altura, de operación hidráulica, “… no es procedente por cuanto no cumple con los requisitos y condiciones contenidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas y 113 de su Reglamento, igualmente considera procedente la sanción impuesta referida a la pena de comiso por la comisión de una infracción aduanera que supone el ingreso al territorio nacional de un vehículo sujeto a restricciones arancelarias de importación, y que la conducta llevada a cabo por la Administración Aduanera al ordenar el comiso del vehículo en referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, está ajustada a derecho …”.

El 27 de noviembre de 2007, se dio cuenta en Sala, se acordó oficiar al órgano recurrido para que enviara los antecedentes administrativos del caso y se dispuso remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

El 23 de enero de 2008, el referido Juzgado admitió el recurso y ordenó la notificación de la Fiscala General de la República, de la Procuradora General de la República y del Ministro del Poder Popular para las Finanzas. De igual manera, dispuso librar el cartel al que hace referencia el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

El 7 de febrero de 2008, se recibió el oficio N° FBSA-200-000145 del día 6 del mismo mes y año, emitido por la Dirección General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través del cual remitió los antecedentes administrativos del caso.

            Los días 7 y 26 de febrero y 4 de marzo de 2008, el Alguacil dejó constancia de haber practicado las notificaciones del Ministro del Poder Popular para las Finanzas, de la Fiscala General de la República y de la Procuradora General de la República, respectivamente.

            El 3 de abril de 2008, se libró el cartel dirigido a los terceros interesados.

            El 8 de abril de 2008, compareció la abogada Luisa Barbella de Osorio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 48.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la República Bolivariana de Venezuela, y consignó el poder donde consta su representación.

            El 22 de abril de 2008, la apoderada de la accionante retiró el cartel a efectos de su publicación, cuya consignación se llevó a cabo por diligencia del día 29 del mismo mes y año.

            El 3 de junio de 2008, el Juzgado de Sustanciación se reservó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas presentado por la Procuraduría General de la República, para el día siguiente a aquel en que venciese el lapso de promoción, con base en lo previsto en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil.

            El 12 de junio de 2008, el citado Juzgado emitió pronunciamiento respecto a la admisión de las probanzas promovidas por la representación judicial de la República.

            Por diligencia del 22 de julio de 2008, el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de la Procuradora General de la República del auto de admisión de pruebas antes mencionado.

            En esa misma fecha, concluida como se encontraba la sustanciación, se ordenó pasar el expediente a esta Sala.

            El 12 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó el tercer (3er.) día de despacho para comenzar la relación.

            El 16 de septiembre de 2008, comenzó la relación y se fijó el décimo (10°) día de despacho siguiente, a las 11:00 a.m., para la celebración del acto de Informes.

            El 8 de octubre de 2008, se difirió el citado acto para el día jueves 26 de marzo de 2009, a las 11:00 a.m.

            En esta última fecha, tuvo lugar el acto oral de Informes, al cual comparecieron los abogados Marco Antonio Osorio Chirinos y Marco Antonio Osorio Uzcátegui, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente; Sulveys Molina Colmenarez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.319, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, y Eira María Torres Castro, inscrita en el Inpreabogado con el N° 39.288, en representación del Ministerio Público, y expusieron sus argumentos en torno al caso. Asimismo, consignaron escritos de conclusiones.

            El 27 de mayo de 2009, terminó la relación y se dijo “Vistos”.

Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:

I

DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO

El 24 de abril de 2007, el Ministro del Poder Popular para las Finanzas dictó la Resolución N° F-1.896, en los siguientes términos:

“… Como punto previo respecto al argumento del recurrente donde indica que, las normas aplicadas al presente caso coliden con las normas constitucionales, es importante destacar lo contemplado en el artículo 7 de la Carta Magna, el cual recoge los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, el cual prevé:

(…Omissis…)

De lo anteriormente transcrito se desprende que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercer el Poder Público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colindan con aquella, en virtud de que todos sus actos pueden ser objeto del control constitucional.

(…Omissis…)

De modo que, son los jueces en el ámbito y ejercicio de sus competencias, a quienes corresponde velar por la integridad de la Constitución, los jueces están facultados conforme al principio de ‘judicial review’ para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en caso de existir contradicción entre la Carta Magna y una norma de rango legal y no solo procede el control constitucional al ser promovido por las partes, sino aún de oficio el Tribunal puede decidir la inaplicabilidad de la misma en beneficio de la norma constitucional.

(…Omissis…)

En este sentido, es importante acotar que si el recurrente siente que las normas constitucionales y legales colinden, debe recurrir a la vía jurisdiccional de conformidad con los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, y así se decide.

Por otra parte, cabe resaltar que el acto administrativo que da origen a todo el procedimiento es el Acta de Comiso N° 22 del 12/05/2005, suscrita por el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, emitida de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas y notificada al consignatario el 06/06/2005.

A tal efecto, se hace importante destacar las siguientes consideraciones:

El artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) contempla el supuesto del régimen arancelario de importación condicionado, consistente en someter ciertas mercancías a prohibición, suspensión, restricción o alguna limitación, en los siguientes términos:

(…Omissis…)

En el caso que nos ocupa, el vehículo supra identificado, ingresó bajo la subpartida N° 8105.90.90 relacionada con los vehículos especiales, correspondiéndole la subpartida N° 8704.31.00.10 referida a los vehículos de carga usados, la cual se encuentra afectada por la Nota Complementaria N° 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas, decreto 989 de fecha 20-12-95 (vigente para la fecha). Por lo tanto, el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira procedió a imponer la sanción prevista en la Ley Orgánica de Aduanas, tal sanción corresponde a la pena de comiso.

(…Omissis…)

Criterio este confirmado en el Segundo reconocimiento efectuado en fecha 12-05-2006, y en la citada consulta de ubicación en el código arancelario tramitada ante la división de aranceles del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

(…Omissis…)

De acuerdo con el estudio de los documentos aportados por el recurrente, esta Instancia considera cierta la sanción impuesta a la Contribuyente ‘Grupo Excelencia 2600, C.A.’, referida a la pena de comiso por haber incurrido en una infracción aduanera que supone la importación de una mercancía sometida a régimen de prohibición respectivo, y sostiene que la conducta llevada a cabo por la Administración Tributaria al ordenar el comiso de las mercancías importadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, está ajustada a derecho.

(…Omissis…)

Visto lo anterior, este Despacho observa que la Dirección General de Servicios de este Ministerio ya había dado cumplimiento al procedimiento de comiso de la mercancía, acatando un acto administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como lo es el Acta de Comiso N° 22, emanada de la Gerencia de la Aduana Marítima de La Guaira en fecha 15/05/2005, por lo cual mal podría llevarse a cabo la solicitud de desafectación del proceso o la entrega de la mercancía, por cuanto la misma se realizó de manera extemporánea. En virtud de ello se hace necesario precisar que si bien es cierto que se emitió la autorización de reexportación de aduanas mediante oficio INA/300/URR/2004/E-142 de fecha 27/09/2005, no es menos cierto que dicha decisión fue tomada y por ende extemporánea por cuanto en esa oportunidad ya existía el comprobante de incorporación del bien N° 9 de fecha 31/08/2005, el cual evidencia que el citado vehículo ya se encontraba a disposición de la Dirección General de Servicios de este Ministerio, en consecuencia, queda desvirtuado el mencionado alegato por estar revestido de extemporaneidad.

En cuanto al alegato señalado por la recurrente que los actos desplegados por la Dirección General de Servicios, configuran una situación de hecho, que involucra una decisión contraria a lo decidido por el Intendente Nacional de Aduanas y se encuentran viciados de nulidad absoluta; esta Instancia observa que las actuaciones de la Dirección General de Servicios estuvieron acordes con lo contemplado en la Ley que gire la materia, por cuanto las mismas siguieron el procedimiento administrativo establecido con respecto a la adjudicación de bienes, tal como se desprende de la cronología de los hechos, que a continuación se indican:

(…Omissis…)

En tal sentido y de la cronología de las actuaciones de la Dirección General de Servicios esta alzada considera que las mismas estuvieron ajustadas a derecho, ya que se realizaron en su debida oportunidad y conforme a lo previsto en la ley que regula la materia.

Vistas las consideraciones anteriores y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, quien suscribe el Ministro del Poder Popular para las Finanzas, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley,

III

DECIDE

UNICO: Declarar SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano Julio César González Yibirín, en su carácter de Representante Legal de la empresa Grupo Excelencia 2600, C.A., en contra del Acto Administrativo contenido en el Oficio N° FBSA-200-001347, de fecha 14 de junio de 2006, emanada de la Gerencia General de Servicios de este Ministerio, en consecuencia, se ratifica en todas sus partes el Acto Administrativo en referencia …”. (SIC). (Destacado del texto citado).

II

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

            El 22 de noviembre de 2007, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A. incoaron el presente recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo parcialmente transcrito en el Capítulo anterior, con base en los alegatos sintetizados a continuación:

            Que el 6 de enero de 2005, a bordo del buque “Seaboard Star”, llegó al Puerto de La Guaira, a consignación de la aludida sociedad mercantil, un vehículo “… marca Ford; modelo E-350, año 1998; serial de carrocería 1FTSE34L9WHA73247, equipado con una plataforma telescópica de elevación de aproximadamente diez (10) metros de altura, de operación hidráulica …”.

            Que el 14 de enero de 2005, se efectuó la Declaración Única de Aduanas N° C-2376, siendo el agente de aduanas elegido para esta operación la empresa R.G. Asesores, C.A., “… quien se encontraba debidamente inscrita con el N° 798 en el Registro de Agentes de Aduanas llevado por la Administración Aduanera …”.

            Que la “… mercancía que pretendía ser importada fue declarada por el agente de aduanas bajo la subpartida arancelaria 8705.90.90 como los demás vehículos automóviles para usos especiales, con una tarifa de 15% ad-valore y valor CIF (base imponible) de Bs. 22.901.43,60 …” (sic); y que dentro de los documentos presentados en la aduana, como anexos a la declaración, “… figuró el ‘Informe de Verificación’ N° 01-US-2005-030215-001-6 emitido en diciembre de 2004 por la empresa verificadora ‘SGS’, debidamente autorizada por nuestro Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para expedir tales documentos (…) En el referido Informe de Verificación (…) se destaca que la mercancía que pretendía ser importada correspondía al numeral arancelario declarado por el agente de aduanas: la mencionada subpartida 8705.90.90 …”.

            Adujeron que, sin embargo, por Acta de Reconocimiento N° 2376 del 25 de enero de 2005, se determinó que “… la mercancía correspondía a una subpartida arancelaria diferente a la declarada: la 8704.31.00.10, sujeta a una tarifa de 35% ad-valorem y a la condición de que sólo podrán ingresar al territorio nacional unidades nuevas (es decir, cuyo año de importación coincida con el de su fabricación) y sin uso, condición establecida en la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas entonces vigente. Destacó también el funcionario (…) la falta de presentación del número de identificación vehicular (VIN) y sugirió la aplicación de la pena de comiso establecida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas …”.

            Agregaron, que el comiso sugerido por el funcionario reconocedor “… fue luego efectivamente aplicado, según se evidencia de Acta de Comiso N° 22 de fecha 12 de mayo de 2005 suscrita por el Gerente de la Aduana Principal La Guaira (…) La base legal de tal medida fue el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con la aludida Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas …”, confirmando así el criterio referente a que “… se trataba de una mercancía de prohibida importación, puesto que el año de fabricación del vehículo que se pretendía importar no correspondía con el año en el cual se efectuaba la importación …”.

            Apuntaron que, ante “… una decisión tan severa, que despojaba a [su] representada del derecho de propiedad sobre el vehículo, la empresa optó por solicitar su reexportación o devolución al exterior, para así recuperar siquiera en parte la inversión realizada. A tal fin, con fecha 14-06-2005 se presentó la debida solicitud al ciudadano Intendente Nacional de Aduanas, recibida el 15-06-2005 bajo registro N° 005537 …”; petición que fue “… resuelta de manera favorable por el ciudadano Intendente Nacional de Aduanas, según se evidencia de su comunicación INA/300/URR/2004/E-142 de fecha 27 de septiembre de 2005 …”.

            Arguyeron que, no obstante lo anterior, “… cuando la empresa acudió a la Aduana para realizar la reexportación autorizada, el vehículo no pudo ser localizado allí, informando los funcionarios aduaneros que había sido entregado a funcionarios dependientes de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Finanzas. En tal razón, el día 28 de octubre de 2005 [su] representada se dirigió a la Licenciada María Belén Vielma Mora, en su condición de Directora General de Servicios del Ministerio de Finanzas, para solicitarle entre otras cosas la desafectación del proceso de adjudicación del vehículo a fin de recuperar el bien y proceder a la reexportación autorizada por la Intendencia Nacional de Aduanas …”; requerimiento que fue respondido a través del oficio N° FBSA-200-000046 del 11 de enero de 2006, “… donde [les] manifestó que ‘su (nuestra) solicitud de reexportación del mencionado vehículo, no es procedente por cuanto no cumple con los requisitos y condiciones contenidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas y 113 de su Reglamento’ …”.

            Afirmaron, que contra tal decisión ejercieron recurso de reconsideración el día 15 de febrero de 2006, el cual fue resuelto negativamente por la prenombrada funcionaria el 14 de junio del mismo año, mediante comunicación signada con el N° FBSA-200-001347, lo que motivó que el día 4 de julio de 2006 ejercieran recurso jerárquico contra esta última decisión; siendo éste a su vez declarado sin lugar por el Ministro del Poder Popular para las Finanzas a través de la Resolución recurrida.

            Alegaron que, en virtud del “… comiso o despojo sobre la propiedad sobre el vehículo, la empresa importadora optó por solicitar a la Intendencia Nacional de Aduanas del SENIAT una autorización para reexportar o devolver el vehículo al exterior, basándose para ello en lo prevenido por el numeral 10) del artículo 5° de la Ley Orgánica de Aduanas. Esta solicitud se efectuó mediante escrito recibido en dicha Intendencia el 14 de junio de 2006, registrado bajo el N° 005537, generando una respuesta favorable …”.

            Esgrimieron que, de acuerdo con la interpretación realizada por la Administración aduanera a la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas, el vehículo de su propiedad era un bien de “prohibida importación” por tratarse de un automóvil usado, cuyo año de fabricación no correspondía con el de la importación, encuadrándolo en la subpartida 87.04.31.00.10 del Arancel de Aduanas, relativa a “Vehículos Automóviles para Transporte de Mercancías”, por lo que la autoridad administrativa consideró procedente la aplicación de la sanción de comiso contemplada en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

            Al respecto, los apoderados de la recurrente apuntaron que dicha apreciación resulta incorrecta, ya que la Nota Complementaria 1 en ningún momento señala que las categorías de vehículos allí enumerados fueren de “prohibida importación”, sino que simplemente dispone que “… sólo podrán ingresar al Territorio Nacional, vehículos nuevos y sin uso de cualquier marca y modelo, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación coincida con el año en que se realice la importación o con el año subsiguiente …”; lo cual implica “… que el respectivo producto de importación no puede ser nacionalizado ni despachado de la Aduana hacia el resto del país; pero en modo alguno significa que deba ser decomisado (…) puesto que al mantener incólume su derecho de propiedad sobre el bien, el consignatario o dueño siempre tendrá la opción de llevárselo de nuevo para el exterior o de realizar con él cualquier otro acto lícito de disposición o administración, cosa que no podría hacer si el bien ya se encontrase decomisado …”.

            Por otra parte, señalaron que el entonces Ministro del Poder Popular para las Finanzas manifestó en la Resolución recurrida que no correspondía a su despacho, sino a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, el control de la constitucionalidad de las leyes de la República, siendo que “… [ellos] nunca [solicitaron] al señor Ministro que declarase la inconstitucionalidad de algún instrumento jurídico de efectos generales o de alguna de las normas en el contenidas: simplemente [le pidieron] que, al analizar el acto administrativo emitido por la Directora General de Servicios de su Despacho (…) tuviese en consideración que dicho acto vulneraba diversas normas y principios de rango constitucional y legal y que, por ende, debía ser revocado …”.

            Expresaron, asimismo, que el proveimiento administrativo cuestionado concluyó que “… la pena de comiso aplicada ‘por la Administración Tributaria’ está ajustada a derecho, ya que el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas fue aplicado en concatenación con las leyes que rigen la materia. Sin embargo, ya hemos visto cómo este artículo 114 fue aplicado en virtud de que dentro de sus supuestos aparece precisamente el caso de las operaciones aduaneras que tengan por objeto mercancías sometidas a prohibición …”; siendo que en ningún momento “… la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas consagró una prohibición de importación, y que la expresión ‘sólo podrán ingresar al Territorio Nacional’ mal podía –desde los puntos de vista jurídico general y técnico aduanero particular- equipararse a tan especial y drástico tipo de impedimento …”.

            Argumentaron, adicionalmente, que la sanción de comiso de la cual fue objeto su representada contraviene la prohibición de confiscación consagrada en el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “… en tanto significa que una persona física o jurídica es despojada del derecho de propiedad sobre un bien que, en virtud de esa pena, pasa a ser propiedad de la República o Fisco Nacional …”; de allí, que el decomiso del automóvil de su propiedad no podía ser decretado sino por una sentencia firme emanada de un órgano jurisdiccional, tal como lo dispone el aludido artículo, y no por la autoridad administrativa.

            Apuntaron, que “… si el comiso aplicado por la Aduana de La Guaira está viciado de nulidad absoluta, todos los actos posteriores que se fundamentaron en ese comiso serán también absolutamente nulos. No podrán tener validez legal alguna, por ende, los actos que ejecutara la Dirección General de Servicios relativos a la incorporación y adjudicación del identificado vehículo como bien nacional …”; ello, por cuanto el ciudadano Intendente Nacional de Aduanas “… tuvo muy en cuenta que la autorización para reexportación estaba condicionada a las circunstancias que él identifica en las páginas 3 y 4 de su Oficio, a saber: que las mercancías estén bajo potestad aduanera, y que sea plenamente demostrada la existencia de circunstancias que justifiquen dicha reexportación …”.

            Adujeron, que fue después de haber efectuado su representada la solicitud de reexportación -15 de junio de 2005-, esto es, el día 24 de agosto de 2005, cuando el funcionario Hernán Pinto emitió el acta de entrega y se otorgó el correspondiente pase de salida del vehículo de la Aduana, no siendo sino hasta al día siguiente, a saber, el 25 del mismo mes y año, cuando el ciudadano Simeón Álvarez lo entregó en el Almacén General ubicado en Mampote.

            De allí que, si bien la autorización de reexportación se expidió con posterioridad a dicha consignación, es decir, en fecha 27 de septiembre de 2005, “… lo cierto es que de existir alguna extemporaneidad en los hechos acaecidos, ella no estriba en la autorización que finalmente [les] concedió el Intendente Nacional de Aduanas, sino en la entrega del vehículo efectuada por la Aduana a la Dirección General de Servicios, entrega mediante la cual se interfirió indebidamente en un procedimiento que se había iniciado con mucha anterioridad y que aún no había concluido. Por consiguiente, la mencionada autorización para reexportar que finalmente [les] fuera otorgada por el ciudadano Intendente Nacional de Aduanas debe surtir sus plenos efectos jurídicos, pues constituye un acto administrativo que creó de derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para [su] representada y que, por consiguiente, era irrevocable a tenor de lo señalado por el artículo 82 de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos …”. (SIC).

            Con base en lo anterior, la representación judicial de la sociedad de comercio accionante solicitó se declare la nulidad de la Resolución N° F-1.896, dictada por el Ministro del Poder Popular para las Finanzas el día 24 de abril de 2007 y, en consecuencia, “… sea ordenada la desincorporación o desafectación del respectivo vehículo para que el mismo sea colocado en zona primaria de la Aduana Principal de La Guaira y pueda así procederse a la reexportación autorizada. En caso de que por cualquier circunstancia el vehículo ya no pueda colocarse en zona primaria de la nombrada Aduana, [solicitan les] sea reintegrado su valor bajo los cálculos actualizados permitidos por la Ley (entre ellos, intereses e indexación), sin perjuicio del pago de las costas procesales del caso …”.

III

DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

            En la oportunidad de celebrarse el acto de Informes, la abogada Sulveys Molina Colmenarez, en su condición de sustituta de la Procuradora General de la República, presentó escrito en el que alegó:

            1.- Que los apoderados judiciales de la parte actora confunden la figura del comiso con la confiscación, “… situaciones jurídicas distintas con tratamientos jurídico diferente …” (sic); y que en “… el caso que nos ocupa, el vehículo supra identificado, ingresó bajo la subpartida N° 8705.90.90, relacionada con vehículos especiales, correspondiéndole la subpartida N° 8704.31.00.10 referida a los vehículos de carga usados, la cual se encuentra afectada por la Nota Complementaria 1a del artículo 87 del Arancel de Aduanas de fecha 09 de febrero de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 5039 de la misma fecha (…) De manera, que la Administración Aduanera hizo uso de la potestad conferida por la Ley, al no permitir la nacionalización del vehículo sometido a un régimen arancelario de importación condicionada, en resguardo del orden jurídico establecido, cuyo incumplimiento legitima la imposición de las sanciones previstas en la Ley especial aduanera …”. (SIC).

            2.- Que “… la Administración no limitó el derecho a la libertad de empresa de la referida sociedad mercantil, por el contrario, las actuaciones de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, estuvieron ajustadas a derecho; por cuanto estaban dando cumplimiento al procedimiento de comiso de la mercancía, acatando el Acta de Comiso N° 22 de fecha 12 de mayo de 2005, emanada de la Gerencia de la Aduana Marítima de La Guaira, mal podría llevarse a cabo la desafectación del proceso o la entrega del vehículo, toda vez que la misma se realizó de manera extemporánea …”.

            Añadió, que “… la autorización de reexportación de la mercancía mediante Oficio N° INA/300/URR/2004/E-142 de fecha 27 de septiembre de 2005, fue emitida extemporáneamente; pues existía un comprobante de incorporación del bien N° 9 de fecha 31 de agosto de 2005, donde se evidencia que el citado vehículo ya se encontraba a disposición de la referida Dirección General de Servicios. Situación ésta, que en todo caso no impide que la empresa desarrolle su actividad económica …”.

            Con fundamento en los argumentos esbozados con antelación, la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela solicitó se declare sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

IV

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

            Verificado el acto de Informes, la abogada Eira María Torres Castro, actuando en representación del Ministerio Público, consignó escrito de opinión fiscal, en el cual expresó:

            1.- Que “… en el Acta de Reconocimiento N° 2376 labrada el 25 de enero de 2005 por el Fiscal Nacional de Hacienda, dejó constancia que luego del reconocimiento físico y documental de la mercancía, efectuada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49 al 58 de la Ley Orgánica de Aduanas, resulto que la misma fue declarada bajo una subpartida distinta a la que le correspondía, ya que no se trataba de un vehículo especial, por que el mismo no perdía su condición de vehículo para el transporte de mercancía, además que no cumplía con la condición de que sólo pueden ingresar al Territorio Nacional las unidades nuevas y producidas el mismo año de importación; y por último, está sometida a la presentación del número de identificación vehicular (VIN), el cual no fue presentado junto con la declaración de aduana …”. (SIC).

            Agregó, que “… el Ministerio Público considera que tanto el procedimiento de reconocimiento seguido por el funcionario aduanal, y que sirvió de fundamento para las demás actuaciones de la administración aduanal; como la norma contenida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduana, condujo a la aplicación de la sanción de decomiso de la mercancía. Igualmente se observó, que el recurrente al no estar de acuerdo con el Acta de reconocimiento, debió ejercer los recursos correspondientes contra ese acto, lo cual no ocurrió, en su lugar, el hoy recurrente optó por la solicitud de reexportación del vehículo; En consecuencia este Despacho considera que la ilegalidad de la pena de comiso alegada por el recurrente, debe ser desechada…”. (SIC).

            2.- Que “… el Ministro del Poder Popular para las Finanzas alega la extemporaneidad de la autorización de reexportación, por cuanto para esa oportunidad ya existía el comprobante de incorporación del bien N° 9 de fecha 31 de agosto de 2005, el cual evidencia que el vehículo ya se encontraba a disposición de la Dirección General de Servicios de ese Ministerio …”; siendo que “… no debió declarar tal extemporaneidad, ya que se debe tomar en cuenta en primer lugar la fecha en la cual el recurrente solicita la reexportación al Intendente Nacional de Aduanas, esto es, el 14 de junio de 2005 y la cual fue recibida el 15 de junio de ese mismo año, esto es, ocho días después de haber sido notificado el Acta de Reconocimiento Nro. 2376 …”.

            Al respecto, arguyó que “… para que la mercancía decomisada en este procedimiento ingresara al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, debió quedar firme la pena de comiso, no se encontraba firme por cuanto dependía del otorgamiento o negativa por parte de la Administración Aduanera y Tributaria, de la reexportación solicitada en tiempo hábil, en virtud de lo cual mal podría alegarse la extemporaneidad de la reexportación cuyo retardo –en todo caso- no le es imputable a la recurrente, sino al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) …”.

            En tal sentido, concluyó que “… el acto contenido en la Resolución N° F-1.896 emanada del Ministro de Finanzas, ha incurrido en un falso supuesto al considerar que la solicitud de reexportación resulta extemporánea, en virtud de lo cual debe ser anulado; e igualmente debe entregar la mercancía a la Aduana Principal de La Guaira, en la oportunidad de concretar la reexportación autorizada a la Empresa Grupo Excelencia 2600, C.A. por el Intendente Nacional de Aduanas …”. (SIC).

            En virtud de los argumentos antes sintetizados, la representación del Ministerio Público consideró que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad debe ser declarado parcialmente con lugar.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente caso, la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A. solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución N° F-1.896 del 24 de abril de 2007, dictada por el Ministro del Poder Popular para las Finanzas (hoy Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas), que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por ésta contra el oficio N° FBSA-200-001347 del 14 de junio de 2006, emanado de la Gerencia General de Servicios de ese despacho ministerial, que a su vez ratificó el acto administrativo contenido en el oficio N° FBSA-200-0000046 del 11 de enero de 2006, a través del cual se declaró que la solicitud de reexportación del vehículo de su propiedad, “… no es procedente por cuanto no cumple con los requisitos y condiciones contenidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Aduanas y 113 de su Reglamento, igualmente considera procedente la sanción impuesta referida a la pena de comiso por la comisión de una infracción aduanera que supone el ingreso al territorio nacional de un vehículo sujeto a restricciones arancelarias de importación, y que la conducta llevada a cabo por la Administración Aduanera al ordenar el comiso del vehículo en referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, está ajustada a derecho …”.

Cabe destacar, que si bien frente a dicha Resolución la recurrente no delató la presencia de algún vicio específico, sin embargo, de la lectura realizada al escrito recursivo esta Sala colige que se le imputan los vicios de falso supuesto de hecho y de derecho, así como la presunta vulneración de la prohibición de confiscación consagrada en el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, pasa esta Sala a decidir tales denuncias en el mismo orden que fueron argüidas en el libelo, a cuyo efecto observa:

1.- Señalaron los apoderados judiciales de la accionante que la Resolución impugnada determinó que el automóvil supra identificado, si bien ingresó a la Aduana Principal de La Guaira bajo la subpartida N° 8705.90.90, relacionada con vehículos especiales, en realidad le correspondía una subpartida arancelaria diferente a la declarada, esto es, la N° 8704.31.00.10, referente a los vehículos de carga usados, que se encontraba afectada por la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas entonces vigente, según la cual sólo podían ingresar al territorio nacional unidades nuevas, cuyo año de importación coincidiera con el de su fabricación; ello aunado a que la consignataria no presentó el respectivo número de identificación vehicular (VIN), por lo que resultaba aplicable la sanción de comiso establecida en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

            Al respecto, indicaron que dicha apreciación es incorrecta, ya que la Nota Complementaria 1 en ningún momento señalaba que las categorías de vehículos allí enumerados fueren de “prohibida importación”, sino que simplemente disponía que “… sólo podrán ingresar al Territorio Nacional, vehículos nuevos y sin uso de cualquier marca y modelo, siempre que el año modelo que asigna el fabricante o el año de fabricación coincida con el año en que se realice la importación o con el año subsiguiente ….”; lo cual implica “… que el respectivo producto de importación no puede ser nacionalizado ni despachado de la Aduana hacia el resto del país; pero en modo alguno significa que deba ser decomisado (…) puesto que al mantener incólume su derecho de propiedad sobre el bien, el consignatario o dueño siempre tendrá la opción de llevárselo de nuevo para el exterior o de realizar con él cualquier otro acto lícito de disposición o administración, cosa que no podría hacer si el bien ya se encontrase decomisado …”.

            Dentro de ese contexto, infiere esta Sala que el presente alegato tiene por objeto delatar el falso supuesto de derecho en que habría incurrido la Administración Aduanera por interpretar erróneamente el sentido y alcance tanto de la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.039, Extraordinario, del 9 de febrero de 1996, aplicable ratione temporis, como del artículo 114 de la vigente Ley Orgánica de Aduanas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.353, Extraordinario, del 17 de junio de 1999, al considerar que el vehículo de su propiedad constituía un bien de “prohibida importación” y que, por tanto, debía ser decomisado.

            Con la finalidad de examinar este argumento, se estima oportuno revisar la doctrina desarrollada por esta Sala respecto del vicio de falso supuesto en sus dos conocidas manifestaciones.

El falso supuesto de hecho ha sido interpretado como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo. El falso supuesto de derecho, en cambio, opera cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando le da un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que, por afectar la causa del acto administrativo, acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo y, además, si se dictó de manera que guardara la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal. (Vid., sentencia de esta Sala N° 00810 del 4 de junio de 2009).

Planteado lo anterior, observa la Sala que cursa a los folios 36 y 37 del expediente judicial, original del acta de reconocimiento N° 2376 del 25 de enero de 2005, expedida por el funcionario Antonio Figueroa, con motivo de la práctica del reconocimiento del automóvil perteneciente a la sociedad de comercio recurrente, donde se dejó constancia de lo siguiente:

“… Del reconocimiento se pudo constatar que la mercancía consistente en vehículo, marca: FORD, modelo: E350, Tipo VANS, Año 1998, Serial: 1FTSE34L9WHA73247, que posee en la parte posterior una plataforma de metal donde posa una pluma telescópica que permite levantar personas a zonas altas, esta pluma le otorga características especiales al vehículo, pero sin embargo, no hace que pierda su condición de vehículo para el transporte de mercancía de la sub partida 8704.31.00.10 con una tarifa Ad-Valorem de 35% y sometida a la condición de que solo podrán ingresar al Territorio Nacional las unidades nuevas y sin uso, es decir, que el año de importación tiene que ser el mismo año que fue fabricado y sin uso, Nota Complementaria 1a) del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas Vigente, además de estar sometidas a la presentación del número de identificación vehicular (VIN), el cual no fue presentado junto con la declaración de aduanas (…)

(…Omissis…)

En virtud de lo antes expuesto y considerando que la mercancía objeto del reconocimiento no se trata de un vehículo especial de la sub partida 8705.90.90, sino de un vehículo usado para el transporte de mercancía de la sub partida 8704.31.00.10. Esta conducta del consignatario aceptante, se encuentra enmarcada dentro del supuesto de hecho del Art. 114 de la L.O.A. y en consecuencia se sugiere la pena de comiso para la referida mercancía …”. (SIC).

 

            De igual forma, corre inserta a los folios 38 y 39 del expediente judicial, original del acta de comiso N° 22 del 12 de mayo de 2005, librada por el ciudadano Rubén Manuel Jauregui Torres, en su condición de Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, a través de la cual, en atención a lo señalado en el acta de reconocimiento supra transcrita, decidió sancionar a la recurrente con el comiso del aludido vehículo por considerarlo un bien de prohibida importación, con base en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

            Ahora bien, consta a los folios 40 y 41 del mencionado expediente, copia simple del escrito dirigido por la empresa recurrente al ciudadano Intendente Nacional de Aduanas el 14 de junio de 2005, con sello de recepción del día 15 del mismo mes y año, del cual se desprende que, una vez notificada de la referida sanción, ésta optó por solicitar la reexportación del vehículo de su propiedad.

            Esto es, que frente al comiso del bien in commento no intentó oportunamente recurso alguno tendente a refutar dicha decisión, de modo que la sanción quedó firme y, por tanto, mal podría pretender en esta Instancia contencioso-administrativa un pronunciamiento respecto de su legalidad.

            En efecto, es preciso recalcar que la Resolución recurrida tuvo su génesis en el acto administrativo contenido en el oficio N° FBSA-200-0000046 del 11 de enero de 2006, emanado de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través del cual no sólo se denegó la petición de reexportación del vehículo propiedad de la accionante, sino que también se consideró “… procedente la sanción impuesta referida a la pena de comiso por la comisión de una infracción aduanera que supone el ingreso al territorio nacional de un vehículo sujeto a restricciones arancelarias de importación, y que la conducta llevada a cabo por la Administración Aduanera al ordenar el comiso del vehículo en referencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, está ajustada a derecho …”.

            Cabe resaltar, que el Ministro del Poder Popular para las Finanzas manifestó con relación a la validez de la sanción de comiso, lo siguiente:

“… De acuerdo con el estudio de los documentos aportados por el recurrente, esta Instancia considera cierta la sanción impuesta a la Contribuyente ‘Grupo Excelencia 2600, C.A.’, referida a la pena de comiso por haber incurrido en una infracción aduanera que supone la importación de una mercancía sometida a régimen de prohibición respectivo, y sostiene que la conducta llevada a cabo por la Administración Tributaria al ordenar el comiso de las mercancías importadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, está ajustada a derecho ...”. (SIC). (Negrillas de esta Sala).

            Por su parte, la recurrente objeta tal apreciación bajo la convicción que en ningún momento “… la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas consagró una prohibición de importación, y que la expresión ‘sólo podrán ingresar al Territorio Nacional’ mal podía –desde los puntos de vista jurídico general y técnico aduanero particular- equipararse a tan especial y drástico tipo de impedimento …”.

            Ahora bien, independientemente de la valoración efectuada por la Administración Aduanera respecto de la determinación de si el automóvil perteneciente a la sociedad mercantil accionante estaba afectado o no en su clasificación arancelaria por la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas entonces vigente -lo que le condujo a considerar que se trataba de un bien de prohibida importación-, estima esta Sala que el punto realmente importante en este caso es que tal interpretación legal no fue tempestivamente cuestionada por aquélla mediante la impugnación del acto administrativo que ordenó el comiso.

            En ese orden, se advierte que esta Sala en sentencia N° 02133 del 9 de octubre de 2001, resolviendo un caso similar al de autos, señaló lo siguiente:

“… En estos casos de prohibida importación está en juego el interés de proteger el desarrollo económico del país, por lo que la medida tomada por la administración aduanera no debía ser otra que la del comiso y, su aplicación, debe ser inmediata y, la mercancía debe quedar al cuidado de la Guardia Nacional para impedir su circulación en el país. En estos casos no puede la autoridad judicial crear un régimen distinto y pretender exceptuar a determinadas personas, porque simplemente pretendan que se le han lesionado sus derechos o garantías constitucionales individuales. Desde luego, que tampoco se niega a los particulares el derecho de defensa para demostrar que la mercancía que pretenden importar no es de prohibida importación y que la autoridad ha cometido un error que ciertamente les perjudica, pero ello debe hacerse a través de un procedimiento de nulidad del acto de comiso, que está por lo demás debidamente previsto en el Código Orgánico Tributario como el recurso jerárquico administrativo ante el Ministro de Hacienda o como el recurso contencioso tributario ante el tribunal correspondiente. Pero entre tanto estos recursos no se resuelvan, la mercancía debe permanecer en manos de la Guardia Nacional por las razones de orden público que están implicadas en el comiso practicado …”. (Destacado de este fallo).

            Como se deduce de la jurisprudencia invocada supra, las personas afectadas por la sanción de comiso contemplada en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, tienen la posibilidad de impugnar la calificación que realice la Administración Aduanera respecto a si una determinada mercancía es o no de “prohibida importación”, a cuyo efecto deben instar el procedimiento de nulidad del acto administrativo que ordene el comiso con ajuste a las prescripciones del Código Orgánico Tributario, bien mediante el recurso jerárquico ante el Ministro de Hacienda (hoy Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas), o a través del respectivo recurso contencioso tributario ante los órganos jurisdiccionales competentes.

            Por consiguiente, considera este Máximo Tribunal que la legalidad de la sanción de comiso no constituía el punto central al cual debía dar respuesta la Administración Aduanera, ya que ésta nunca fue discutida en sede administrativa por la recurrente, quien limitó su interés única y exclusivamente a obtener la orden de reexportación del automóvil decomisado; de allí, que el aspecto verdaderamente relevante de la decisión administrativa, y que constituye el thema decidendum del presente proceso, es la legalidad de la negativa del organismo recurrido de acordar la aludida petición de reexportación.

            En consecuencia, estima esta Sala que la denuncia de falso supuesto de derecho argüida por los representantes judiciales de la sociedad mercantil recurrente resulta improcedente. Así se establece.

            2.- Por otra parte, argumentaron que la sanción de comiso contraviene la prohibición de confiscación consagrada en el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “… en tanto significa que una persona física o jurídica es despojada del derecho de propiedad sobre un bien que, en virtud de esa pena, pasa a ser propiedad de la República o Fisco Nacional …”; de allí, que el decomiso del automóvil de su propiedad no podía ser decretado sino por una sentencia firme emanada de un órgano jurisdiccional, tal como lo dispone el aludido artículo, y no por la autoridad administrativa.

            Con relación a esta denuncia, se aprecia que la accionante pretende asimilar la sanción de comiso con la confiscación, ante lo cual caben las siguientes precisiones:

            Los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela disponen:

Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. (Negrillas de la Sala).

Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

Esta Sala ha precisado en otras oportunidades “… que el derecho de propiedad (…) no es un derecho absoluto, antes bien está sometido a restricciones, dictadas por la necesidad de proteger un alto interés superior …. (Vid., sentencia de esta Sala N° 00940 del 6 de agosto de 2008).

            En este sentido, se insiste que la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acordes con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general. (Vid., sentencia de esta Sala N° 00017 de octubre de 2007).

            Ejemplo de la relatividad del derecho de propiedad lo constituye la figura de la confiscación, que no es más que la potestad del Estado de sustraer coactivamente del patrimonio de una persona, sin indemnización alguna, la propiedad de determinados bienes en resguardo del interés general.

            Ahora bien, es necesario puntualizar que los representantes de la recurrente emplean en su escrito recursivo indistintamente los términos “comiso” y “confiscación”, como sinónimos de la retención de la cual fue objeto el vehículo de su propiedad, respecto de lo cual cabe acotar lo siguiente:

            La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que “… el comiso o decomiso es considerado una pena, a veces accesoria, que supone la pérdida o desapropiamiento de los medios de la comisión o de los productos del delito o de la infracción administrativa; mientras que la confiscación es una medida de carácter estatal por la cual se priva a un particular de la propiedad de sus bienes sin que medie compensación alguna, pasando dichos bienes al patrimonio del erario público ….”. (Vid., sentencia de esta Sala N° 00710 del 27 de mayo de 2009).

            En complemento de lo anterior, se considera pertinente resaltar en esta ocasión que la diferencia fundamental entre ambas figuras estriba principalmente de la fuente de la cual emanan.

            Así, de acuerdo con el artículo 116 del Texto Fundamental, la confiscación sólo puede aplicarse en los casos expresamente previstos en la propia Constitución y no admite que la ley establezca casos adicionales; a diferencia del comiso, sanción que generalmente se encuentra establecida en la ley formal como mecanismo de protección de la actividad administrativa desplegada por el Poder Público.

            Dicho esto, se concluye que las confiscaciones únicamente podrán tener lugar en los siguientes tres supuestos: a) bienes de personas responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público; b) bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público; y c) bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

            De lo anterior se deriva otra diferencia fundamental entre ambas figuras, y es que la comentada norma constitucional condiciona la confiscación a una sentencia judicial definitivamente firme, lo cual significa que no puede ser aplicada por la autoridad aduanera mediante un simple acto administrativo, como sí sucede, en cambio, con el comiso, que no precisa de declaración judicial previa para su validez y, por tanto, puede emanar de la Administración .

            Planteado lo anterior se tiene que, independientemente de la legalidad de la clasificación arancelaria dada por la Administración Aduanera al vehículo perteneciente a la sociedad de comercio accionante, el aspecto medular a resaltar es que, habiéndose determinado que ese bien era de “prohibida importación”, la sanción de comiso aplicada encontraba su fundamento legal en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, norma que dispone:

Artículo 114.- Cuando la operación aduanera tuviere por objeto mercancías sometidas a prohibición, reserva, suspensión, restricción arancelaria, registro sanitario, certificado de calidad o cualquier otro requisito, serán decomisadas, se exigirá al contraventor el pago de los derechos, tasas y demás impuestos que se hubieren causado, si la autorización, permiso o documento correspondiente, de ser el caso, no fuesen presentados junto con la declaración”. (Negrillas de esta Sala).

            En tal virtud, considera esta Sala que el decomiso del que fue objeto la parte actora no configuró en modo alguno una confiscación en los términos expuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por tanto, no precisaba ser declarado previamente por una autoridad judicial mediante sentencia definitivamente firme, toda vez que constituyó la consecuencia jurídica de haberse establecido previamente que el automóvil cuya nacionalización pretendía la accionante configuraba un bien de “prohibida importación”, de acuerdo con la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas entonces vigente.

            Sobre la base de lo expuesto, esta Sala estima que la presente denuncia resulta improcedente. Así se establece.

            3.- En otro orden, los representantes judiciales de la accionante adujeron que después de haber efectuado su representada la solicitud de reexportación, esto es, el 24 de agosto de 2005, fue cuando se emitió el acta de entrega del vehículo y se le otorgó el correspondiente pase de salida de la Aduana, no siendo sino hasta al día siguiente, a saber, el 25 de ese mes y año, cuando el ciudadano Simeón Álvarez lo entregó en el Almacén General del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas ubicado en Mampote.

            De allí que, según señala la parte recurrente, si bien la autorización de reexportación se expidió con posterioridad a dicha consignación, es decir, en fecha 27 de septiembre de 2005, “… lo cierto es que de existir alguna extemporaneidad en los hechos acaecidos, ella no estriba en la autorización que finalmente [les] concedió el Intendente Nacional de Aduanas, sino en la entrega del vehículo efectuada por la Aduana a la Dirección General de Servicios, entrega mediante la cual se interfirió indebidamente en un procedimiento que se había iniciado con mucha anterioridad y que aún no había concluido. Por consiguiente, la mencionada autorización para reexportar que finalmente [les] fuera otorgada por el ciudadano Intendente Nacional de Aduanas debe surtir sus plenos efectos jurídicos, pues constituye un acto administrativo que creó de derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para [su] representada y que, por consiguiente, era irrevocable a tenor de lo señalado por el artículo 82 de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos …”. (SIC).

            Deduce esta Sala que el presente argumento tiene por objeto delatar el falso supuesto de hecho en que habría incurrido la Resolución impugnada al establecer que la orden de reexportación del vehículo en cuestión, expedida por el Intendente Nacional de Aduanas el 27 de septiembre de 2005, resultaba extemporánea, por cuanto -según lo estimado por la autoridad recurrida- para esa fecha ya existía el comprobante de incorporación N° 9 del 31 de agosto de 2005, a través del cual se procedió a la adjudicación del referido bien al patrimonio del Estado, como consecuencia del comiso decretado.

            Frente a tal denuncia, observa en primer término esta Sala que consta al pie del acta de comiso N° 22 del 12 de mayo de 2005, cursante a los folios 38 y 39 del expediente judicial, expedida por el Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, que la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A. fue formalmente notificada de tal sanción el día 6 de junio de 2005, en la persona de la ciudadana Dorys Cruz, titular de la cédula de identidad N° 9.376.735.

            Se advierte, asimismo, que a los folios 40 y 41 del citado expediente corre inserta copia simple del escrito fechado 14 de junio de 2005, suscrito por el ciudadano Julio César González, actuando en representación de la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A., dirigido al ciudadano Intendente Nacional de Aduanas, con sello de recepción del día 15 del mismo mes y año, mediante el cual aquél solicitó en nombre de su representada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, numeral 10 de la Ley Orgánica de Aduanas, “… AUTORIZACIÓN PARA LA RE-EXPORTACIÓN DEL VEHÍCULO ANTES INDICADO …”. (Negrillas del texto copiado).

            Por su parte, consta al folio 4 del expediente administrativo, copia certificada del oficio N° APLG/ACABA/7996 del 15 de julio de 2005, emanado del Gerente de la Aduana Principal de La Guaira, dirigido a la ciudadana María Belén Vielma Mora, en su carácter de Directora General de Servicios (E) del -entonces- Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, a través del cual le participó el decomiso efectuado.

            De igual forma, cursa al folio 5 del aludido expediente, copia certificada del memorando N° FBSA-200-02668 del 27 de julio de 2005, expedido por la Dirección General de Servicios del referido Ministerio, enviado al ciudadano Simeón Álvarez, a fin de:

“… notificarle que este Despacho lo ha designado, para realizar el traslado de la mercancía perteneciente al Acta de Comiso N° 22 de fecha 12/05/05, consistente en: Un (1) vehículo usado, marca Ford, Modelo E-350, tipo Vans, año 1998, serial N° 1FTSE34L9WHA73247, que se encuentra en la Aduana Principal de La Guaira, durante los días continuos del 1 al 2 del mes de agosto del año en curso …”.

            Corre inserta al folio 6 del expediente administrativo, copia certificada de la comunicación N° FBSA-200-001244 del 25 de julio de 2005, por medio de la cual la Directora General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas notificó al Gerente de la Aduana Principal de La Guaria que se había comisionado al funcionario Simeón Álvarez, titular de la cédula de identidad N° 4.423.257, para “… realizar el traslado [del vehículo decomisado] desde los depósitos de esa Aduana hasta el Almacén de Mampote ubicado en la autopista Petare-Guarenas …”. (Agregado en corchetes de la Sala).

            Igualmente, consta al folio 8 del expediente copia certificada del Acta de Entrega de fecha 24 de agosto de 2005, suscrita por el funcionario Herman Pinto, adscrito al Área de Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados de la Aduana Principal de La Guaira, y el ciudadano Simeón Álvarez, antes identificado, por la cual se procedió a entregar a este último el vehículo in commento a efectos de su traslado al Almacén de Mampote.

            Además, se advierte que cursa al folio 7 del expediente copia certificada del Acta de Entrega levantada el día 25 de agosto de 2005, suscrita por el funcionario Franklin Manrique, en su condición de Jefe (E) del Almacén General del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, ubicado en Mampote, y el funcionario Simeón Álvarez, a través de la cual este último hizo formal entrega del vehículo decomisado al citado Almacén.

            Finalmente, corre inserta desde el folio 42 al 46 del expediente judicial, original de la comunicación signada con el N° INA/300/URR/2004/E-142 del 27 de septiembre de 2005, emitida por el funcionario Rigoberto Fernández Tabuada, en su condición de Intendente Nacional de Aduanas, dirigida a la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A., mediante la cual se decidió lo siguiente:

“… 1.- AUTORIZAR LA REEXPORTACIÓN DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL, Marca Ford, Modelo E 350, Año 1998; SERIAL DE CARROCERÍA Nro. 1FTSE34L9WHA73247, EQUIPADO CON UNA PLATAFORMA TELESCÓPICA DE ELEVACIÓN DE APROXIMADAMENTE DIEZ (10) METROS DE ALTURA, DE OPERACIÓN HIDRÁULICA, POR LA ADUANA PRINCIPAL DE LA GUAIRA, PROVENIENTES DE MIAMI, FLORIDA.

2.- ORDENAR A LA GERENCIA DE LA ADUANA PRINCIPAL DE LA GUAIRA, LA ANULACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ADUANAS N° C-2376 CAUSADOS Y PENA PECUNIARIAS.

4.- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA TASA, ASI COMO CUALQUIER OTRO DERECHO QUE HUBIERE CAUSADO, PREVIO A LA RREXPORTACIÓN DEL VEHÍCULO OBJETO DE LA PRESENTE DECISIÓN …”. (SIC). (Negrillas del fragmento citado).

 

            Tal como se desprende de la relación de los hechos antes narrados, una vez librada el Acta de Comiso N° 22 en fecha 12 de mayo de 2005, la notificación de la empresa Grupo Excelencia 2006, C.A. no se materializó sino hasta el día 6 de junio de 2005, siendo que el 14 de junio de 2005, esto es, ocho (8) días después de haber sido notificada del comiso, solicitó ante el Intendente Nacional de Aduanas la autorización para reexportar el automóvil de su propiedad, requerimiento que, como se aprecia, fue aprobado a través del oficio N° INA/300/URR/2004/E-142 del 27 de septiembre de 2005.

            Ahora bien, advierte esta Sala que, simultáneamente al procedimiento instado por la parte actora para obtener la antedicha autorización de reexportación del automóvil, se tramitó el proceso tendente a la incorporación del referido bien al patrimonio del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, en virtud de su decomiso previo por parte del Gerente de la Aduana Principal de La Guaira.

            Esta situación condujo al Ministro del Poder Popular para las Finanzas a considerar en el proveimiento administrativo cuestionado, lo siguiente:

“…Visto lo anterior, este Despacho observa que la Dirección General de Servicios de este Ministerio ya había dado cumplimiento al procedimiento de comiso de la mercancía, acatando un acto administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como lo es el Acta de Comiso N° 22, emanada de la Gerencia de la Aduana Marítima de La Guaira en fecha 15/05/2005, por lo cual mal podría llevarse a cabo la solicitud de desafectación del proceso o la entrega de la mercancía, por cuanto la misma se realizó de manera extemporánea. En virtud de ello se hace necesario precisar que si bien es cierto que se emitió la autorización de reexportación de aduanas mediante oficio INA/300/URR/2004/E-142 de fecha 27/09/2005, no es menos cierto que dicha decisión fue tomada y por ende extemporánea por cuanto en esa oportunidad ya existía el comprobante de incorporación del bien N° 9 de fecha 31/08/2005, el cual evidencia que el citado vehículo ya se encontraba a disposición de la Dirección General de Servicios de este Ministerio, en consecuencia, queda desvirtuado el mencionado alegato por estar revestido de extemporaneidad...”. (SIC). (Destacado de esta Sala).

 

            Como se observa del fragmento transcrito supra, la Resolución recurrida estableció que tanto la solicitud del recurrente como la autorización de reexportación del vehículo perteneciente a aquél eran extemporáneas, por considerar que dicho bien ya había sido incorporado, como consecuencia del comiso, al patrimonio de la Dirección General de Servicios del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, ante lo cual caben las siguientes consideraciones:

            Tal como se expresó con antelación, la parte actora fue notificada del acta de comiso el día 6 de junio de 2005, por lo cual solicitó al ciudadano Intendente Nacional de Aduanas, mediante escrito fechado 14 del mismo mes y año, se le autorizara a reexportar el automóvil de su propiedad; petición que fue recibida por ese organismo el día 15 de junio de 2005 y acogida favorablemente el 27 de septiembre de 2005.

            Ello así, resulta oportuno puntualizar que el artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas dispone lo siguiente:

Artículo 113.- A los efectos de la reexportación de las mercancías de que trata el artículo 23 de la Ley, la manifestación de voluntad del consignatario que aún no haya aceptado la consignación o designado otro consignatario, deberá hacerse dentro del plazo establecido en la Ley para el abandono legal de las mercancías. A dicha manifestación deberá acompañarse documentación que acredite la propiedad de las mismas…”.

 

            En línea con lo anterior, encontramos que el artículo 66 de la Ley Orgánica de Aduanas estatuye:

Artículo 66.- El abandono legal se producirá cuando el consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consignación o cuando no haya declarado o retirado las mercancías, según el caso, dentro de los treinta (30) días continuos a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 30 o a partir de la fecha de reconocimiento. El Ejecutivo Nacional podrá modificar este lapso mediante decreto.

Cuando las mercancías se encuentren bajo régimen de almacén o depósito aduanero, el abandono legal se producirá al vencerse el plazo máximo de permanencia bajo tal régimen, según el procedimiento previsto en el presente Capítulo”.

 

            Ahora bien, la solicitud de reexportación efectuada por el recurrente no se enmarcaba en los supuestos establecidos en las normas supra transcritas, ya que si bien el artículo 29 de la propia Ley Orgánica de Aduanas, a su vez establece que: “Toda mercancía de importación podrá ser reexportada previa manifestación de voluntad del consignatario que aún no haya aceptado la consignación o designado otro consignatario (…)”; esta Sala considera que la premisa para que se dé la posibilidad de reexportación es que el bien sea de lícita importación.

De tal manera que, frente al declarado comiso que tuvo lugar porque el vehículo en cuestión era de prohibida importación, y respecto del cual no se ejercieron los recursos dispuestos ex lege, gozando en consecuencia de plena firmeza, no era procedente solicitud de reexportación alguna.            

            En efecto, tratándose de mercancías que han sido previamente calificadas como de “prohibida importación”, no pueden existir, en ningún caso, motivos válidos que sustenten su reexportación.

            Esto es precisamente lo que sucede en la situación bajo análisis, ya que debe reiterarse que el vehículo propiedad de la sociedad mercantil Grupo Excelencia 2006, C.A. fue decomisado por la Gerencia de la Aduana Principal de La Guaira, en virtud de haberse determinado que constituía un bien de prohibida importación de conformidad con lo dispuesto en la Nota Complementaria 1 del Capítulo 87 del Arancel de Aduanas entonces vigente y, por tanto, no existían, en criterio de esta Sala, razones válidas que justificaran su reexportación.

            Por consiguiente, si se toma en consideración que dicha sanción quedó firme ante la falta de oportuna impugnación por la parte afectada, de modo que no cabía siquiera la posibilidad de refutar en esta instancia la calificación jurídica dada por la Administración Aduanera al aludido automóvil como bien de prohibida importación, se hace patente la improcedencia de la reexportación acordada por el Intendente Nacional de Aduanas.

            En este orden de ideas, debe esta Sala señalar que del análisis integral del acto administrativo recurrido se desprende que, en definitiva, ese fue el aspecto medular que consideró la Administración para declarar sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y, con ello, la no procedencia de la reexportación solicitada.    

            Ciertamente, obsérvese que en la Resolución N° F-1.896 del 24 de abril de 2007, objeto del presente recurso de nulidad, el Ministro del Poder Popular para las Finanzas, al respecto, señaló:

“De acuerdo con el estudio de los documentos aportados por el recurrente, esta Instancia considera cierta la sanción impuesta a la Contribuyente ‘Grupo Excelencia 2600, C.A.’, referida a la pena de comiso por haber incurrido en una infracción aduanera que supone la importación de una mercancía sometida a régimen de prohibición respectivo, y sostiene que la conducta llevada a cabo por la Administración Tributaria al ordenar el comiso de las mercancías importadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, está ajustada a derecho.

(…Omissis…)

Visto lo anterior, este Despacho observa que la Dirección General de Servicios de este Ministerio ya había dado cumplimiento al procedimiento de comiso de la mercancía, acatando un acto administrativo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como lo es el Acta de Comiso N° 22, emanada de la Gerencia de la Aduana Marítima de La Guaira en fecha 15/05/2005, por lo cual mal podría llevarse a cabo la solicitud de desafectación del proceso o la entrega de la mercancía(…).”

 

Por ende, no obstante que de un examen aislado de parte de la literalidad de lo establecido por la autoridad recurrida en el proveimiento impugnado, pudiese -de forma descontextualizada- interpretarse que la improcedencia de la reexportación tuvo lugar por el carácter extemporáneo tanto de la solicitud del actor como de la autorización que a tales efectos fue emitida a favor de aquél por el Intendente Nacional de Aduanas; lo cierto es que ello a lo sumo habría de considerarse una imprecisión en el acto administrativo que no lo vicia de nulidad, habida cuenta que en criterio de esta Sala lo que se quiso allí significar es que existiendo previamente una orden de comiso ya no procedía solicitud de reexportación alguna y, por consiguiente, no era posible otorgar la autorización en cuestión.

            Por tal motivo, esta Sala estima que la presente denuncia resulta improcedente. Así se establece.

            Con fundamento en el análisis precedente, esta Sala debe declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Así se declara.

VI

DECISIÓN

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la sociedad mercantil GRUPO EXCELENCIA 2006, C.A., antes identificada, contra la Resolución N° F-1.896 del 24 de abril de 2007, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS (hoy Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas).

En consecuencia, se declara FIRME el acto administrativo impugnado.

            Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                      La Vicepresidenta

                     YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

                      HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

                                                                                                                                         Ponente

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En treinta (30) de septiembre del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01385.

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN