Magistrado Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. Nº 2013-1548

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental “E”, adjunto al oficio número 2013-E-0049 del 28 de octubre de 2013, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los abogados Carmen Sánchez González y G. Alberto Balza Carvajal, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 9.665 y 991, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR LÓPEZ, titular de la cédula de identidad número 513.659, contra la Resolución número 04-00-03-04-046 dictada el 10 de junio de 1998, por la Directora de Procedimientos Jurídicos de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República, mediante la cual declaró “sin lugar el recurso jerárquico interpuesto (…) y CONFIRMA el Reparo N° 05-00-02-447 de fecha 09 de diciembre de 1997 que le fue formulado [al accionante], por la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.712.340,32)”, actualmente expresada en la suma de tres mil setecientos doce bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 3.712,34), al haberse determinado su responsabilidad administrativa, “en su condición de Director de Finanzas del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y como responsable del manejo de los fondos (…)”. (Agregado de la Sala).

La remisión se efectuó en virtud de la decisión N° 2013-00003 dictada en fecha 19 de julio de 2013 por la referida Corte, por la que se declaró incompetente para conocer del presente caso y declinó su conocimiento a esta Sala Político-Administrativa.

El 12 de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se designó ponente al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

I

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado en fecha 30 de julio de 1998, ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor, los abogados Carmen Sánchez González y G. Alberto Balza Carvajal, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR LÓPEZ, ejercieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución número 04-00-03-04-046 dictada el 10 de junio de 1998, por la Directora de Procedimientos Jurídicos de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República, mediante la cual declaró “sin lugar el recurso jerárquico interpuesto (…) y CONFIRMA el Reparo N° 05-00-02-447 de fecha 09 de diciembre de 1997 que le fue formulado, por la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.712.340,32)”, actualmente expresado en la suma de tres mil setecientos doce bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 3.712,34), al haberse determinado su responsabilidad administrativa, “en su condición de Director de Finanzas del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y como responsable del manejo de los fondos”, toda vez que de la inspección fiscal practicada por el Órgano Contralor a la obra “Elevación y Construcción del Dique Marginal de Caño Claro, Municipio Páez, El Amparo, Estado Apure, Etapas I, II, y II, correspondiente  a los contratos números 7782, 7884 y 7948, celebrados entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y la empresa Constructora Bensay, C.A.”, se determinó que fueron relacionadas cantidades en exceso y remanentes de obra a precios unitarios superiores a los de su ejecución.

Por auto del 10 de agosto de 1998, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al cual correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, admitió el recurso, ordenó aplicar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995 (vigente para esa fecha) y citar al ciudadano Contralor General de la República. Asimismo, se acordó solicitar los antecedentes administrativos y notificar al Procurador General de la República.

El 29 de octubre de 1998, la abogada Luisa Argelia Jiménez Ravelo, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 20.130, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Contraloría General de la República, rechazó y contradijo en todas sus partes las pretensiones del recurrente e hizo saber al tribunal que en la oportunidad de presentar sus informes, señalaría las razones de hecho y de derecho tendientes a desvirtuar la procedencia del recurso ejercido.

Mediante auto dictado el 2 de noviembre de 1998, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital dejó constancia de la apertura del lapso probatorio.

El 3 de noviembre de 1998, se recibieron los antecedentes administrativos del caso y se ordenaron agregar al expediente.

Por escrito del 17 de noviembre de 1998, los apoderados judiciales del recurrente promovieron pruebas, las cuales fueron admitidas el día 25 de ese mismo mes y año.

El 13 de enero de 1999, el a quo fijó el acto de informes para el décimo (10°) día de despacho siguiente a esa fecha.

En la oportunidad antes indicada tuvo lugar el acto de informes, dejándose expresa constancia de la comparecencia de la representación judicial de la Contraloría General de la República, quien consignó escrito constante de 11 folios útiles.

El 20 de abril de 1999, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró “improcedente” el recurso de nulidad ejercido y “ratificó” el acto administrativo impugnado.

En fecha 22 de abril de 1999, la representación judicial de la Contraloría General de la República se dio por notificada de la anterior decisión y el 28 del mencionado mes y año, la parte actora ejerció recurso de apelación.

Por auto del 5 de mayo de 1999, se oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por el recurrente, ordenándose la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

El 26 de mayo de 1999, se dio cuenta en la Corte y por auto de la misma fecha se fijó el décimo (10°) día de despacho siguiente para comenzar la relación de la causa.

Mediante escrito del 15 de junio de 1999, la parte actora fundamentó la apelación y el 29 del mencionado mes y año, la representación judicial de la Contraloría General de la República dio contestación a la impugnación.

Concluido el lapso de promoción de pruebas, mediante auto dictado en fecha 16 de julio de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fijó el acto de informes.

En la oportunidad fijada para realizar el acto de informes (6 de agosto de 1999), se dejó constancia de la no comparecencia de las partes. En esa misma fecha se dijo “Vistos”.

Por auto del 22 de octubre de 2007, se reasignó la ponencia del caso, por cuanto la presentada por la ponente en principio designada no fue aprobada por la mayoría de los jueces integrantes.

El 15 de febrero de 2012, la jueza Marisol Marín manifestó su voluntad de inhibirse del conocimiento de esta causa, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En virtud de la anterior inhibición, la cual fue declarada con lugar el 14 de junio de 2012, se procedió a constituir la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental “E”, la cual dictó sentencia el 19 de julio de 2013. En dicho fallo anuló la sentencia apelada y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa “para conocer y decidir la presente causa”, con fundamento en el “criterio orgánico de atribución de competencia, dispuesto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el ordinal 12 del artículo 42 y 43 de la referida Ley -aplicable rationae temporis-, toda vez que la funcionaria que suscribió el acto actuó por delegación del Contralor General de la República”.

Notificadas las partes del contenido de la anterior decisión, el 28 de octubre de 2013, se ordenó remitir el expediente a esta Sala.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la declinatoria de competencia realizada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental “E” y a tales efectos, observa:

I.                De la competencia

El presente caso se circunscribe a la impugnación de la Resolución número 04-00-03-04-046 dictada el 10 de junio de 1998, por la Directora de Procedimientos Jurídicos de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República, mediante la cual declaró “sin lugar el recurso jerárquico interpuesto (…) y CONFIRMA el Reparo N° 05-00-02-447  de fecha 09 de diciembre de 1997 que le fue formulado, por la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.712.340,32)”, actualmente expresado en la suma de tres mil setecientos doce bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 3.712,34), por haberse determinado su responsabilidad administrativa, “en su condición de Director de Finanzas del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y como responsable del manejo de los fondos”, toda vez que de la inspección fiscal practicada por el Órgano Contralor a la obra “Elevación y Construcción del Dique Marginal de Caño Claro, Municipio Páez, El Amparo, Estado Apure, Etapas I, II, y II, correspondiente  a los contratos números 7782, 7884 y 7948, celebrados entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y la empresa Constructora Bensay, C.A.”, se determinó que fueron relacionadas cantidades en exceso y remanentes de obra a precios unitarios superiores a los de su ejecución.

Ahora bien, la Resolución impugnada fue suscrita por la ciudadana Alice Linares Alemán, en su condición de Directora de Procedimientos Jurídicos de la Contraloría General de la República, quien actuó por delegación expresa del Contralor General de la República, conferida mediante Resolución N° CG-01-00-00-000020 de fecha 8 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.433 del 15 de abril de 1998, tal y como fue precisado en la parte dispositiva del acto administrativo impugnado, lo cual se evidencia en el folio 19 del expediente.

Por tanto, se colige que la Resolución impugnada fue dictada por la Directora de Procedimientos Jurídicos de la Contraloría General de la República, en el ejercicio de la atribución otorgada mediante la delegación de funciones conferida por la máxima autoridad de dicho órgano contralor para ese momento.

En este mismo contexto, esta Sala en anteriores oportunidades ha establecido que “la delegación es una técnica organizativa mediante la cual un órgano con un ámbito competencial determinado, desvía algunas de sus atribuciones, ya sea a un órgano de inferior jerarquía o bien al funcionario que tenga la titularidad de dicho órgano; en este segundo supuesto, la cesación en el cargo aparejaría el fin de la autorización. Esta técnica responde principalmente a criterios de eficiencia y especialización en la gestión de las potestades públicas, lo que la ha hecho de frecuente utilización por la Administración Pública”. (Vid. Sentencias de esta Sala Nos. 02925 y 00061 de fechas 20 de diciembre de 2006 y 2 de febrero de 2012, respectivamente).

Al respecto, los artículos 16 y 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995 (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinario número 5.017 de fecha 13 de diciembre de 1995), aplicable ratione temporis, disponen lo siguiente:

Artículo 15. El Contralor podrá delegar en funcionarios de la Contraloría el ejercicio de determinadas atribuciones. Los actos cumplidos por los delegatarios deberán indicar el carácter con que actuó el funcionario que los dictó, y producirán efectos como si hubiesen sido adoptados por el Contralor y, en consecuencia, contra ellos no se admitirá recurso jerárquico. Los delegatarios no podrán subdelegar.

La delegación aquí prevista, al igual que su revocatoria, surtirán efectos desde la fecha de su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA”.

 

 “Artículo 102.- Contra la decisión de la Contraloría que confirme o reforme el reparo relativo a materias no reguladas por el Código Orgánico Tributario, se podrá ejercer el recurso contencioso administrativo de anulación, por ante los tribunales de la jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro del término de veinticinco (25) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión y mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

 

De las disposiciones transcritas se observa que los actos emanados por los funcionarios que ejerzan funciones por delegación se entienden como emanados del propio Contralor General de la República y contra estos se podrá acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa a los fines de su impugnación.

Determinado lo anterior y conforme al principio perpetuatio fori consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, para la fecha de interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad -esto es 30 de julio de 1998- la norma atributiva de competencia vigente era la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por lo que debe atenderse a lo establecido en su artículo 42, ordinal 12, el cual dispone:

Artículo 42. Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:

(…)

12.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional…”. (Resaltado de esta Sala).

 

De acuerdo a la disposición antes transcrita y a la jurisprudencia pacífica de este Supremo Tribunal, se estableció la competencia de esta Sala Político-Administrativa para conocer de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad, que se interpongan contra los actos dictados por los órganos con autonomía funcional, tales como el extinto Consejo Supremo Electoral, el extinto Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y, precisamente, la Contraloría General de la República, siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encuentre atribuido a otra autoridad, conforme a la materia sustantiva tratada (por ejemplo, funcionarial).

En consecuencia, por haber sido el acto administrativo impugnado una Resolución dictada por la Directora de Procedimientos Jurídicos, quien actuó por delegación de funciones del Contralor General de la República, debe esta Sala declarar su competencia para conocer del presente recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, ordinal 12° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, aplicable en razón del tiempo. (Vid. sentencia de esta Sala número 00235 del 21 de marzo de 2012). Así se decide.

2.- De la pérdida de interés

En el caso bajo análisis, se advierte que desde el 15 de junio de 1999, fecha en la que el actor presentó escrito de fundamentación de la apelación, hasta la presente fecha, han transcurrido más de catorce (14) años sin que el recurrente haya realizado otro acto de procedimiento que demostrase su interés en la continuación de la causa.

En relación a la pérdida del interés procesal, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, mediante Sentencia Nro. 00416 del 28 de abril de 2009, estableció que la misma puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos (2) oportunidades, a saber: cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”.

Asimismo, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal ha sostenido que no puede presumirse la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponerse, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ocurre en el caso de autos. (Vid. Sentencias de la Sala Constitucional números 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007, y Sentencia de la Sala Político-Administrativa Nro. 180 del 7 de marzo de 2012).

Por tal motivo, este Alto Tribunal a fin de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, estima necesario ordenar la notificación del recurrente, concediéndole un lapso prudencial para que en caso de tener interés en la continuación de la causa, así lo manifieste.

En tal sentido, respecto a la forma cómo ha de practicarse la notificación, la prenombrada Sala Constitucional, en decisión N° 4.294 del 12 de diciembre de 2005, estableció que la misma debe realizarse “…en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal”.

Ello así, atendiendo al tiempo transcurrido desde la última oportunidad en la que el recurrente actuó en la presente causa (15 de junio de 1999) y en aplicación del criterio sentado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, esta Sala Político-Administrativa ordena la notificación del ciudadano José Manuel Salazar López,  a fin de que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su notificación, este manifieste su interés, de ser el caso, en la continuación de la presente causa. En el supuesto de que el domicilio señalado en autos por el accionante no coincida con el actual, y no conste otro en el expediente, su notificación deberá practicarse mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala, en los mismos términos y de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Transcurrido el indicado lapso sin que la parte recurrente manifieste su interés, de ser el caso, en que se decida la presente controversia, esta Sala procederá a dictar el pronunciamiento correspondiente. (Vid., entre otras, Sentencias de esta Sala números 0387, 00180 y 458 de fechas 5 de mayo de 2010, 7 de marzo y 8 de mayo de 2012, respectivamente). Así se declara.

III

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le ha sido declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental “E”, según sentencia dictada el 19 de julio de 2013, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la representación judicial del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR LÓPEZ contra la Resolución número 04-00-03-04-046 dictada el 10 de junio de 1998, por la Directora de Procedimientos Jurídicos de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando por delegación del entonces ciudadano Contralor General de la República.

2.- ORDENA la notificación del ciudadano JOSÉ MANUEL SALAZAR LÓPEZ, para que dentro del lapso de (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente la notificación practicada, manifieste su interés, de ser el caso, en la continuación de la presente causa.

En caso de no ser posible la aludida notificación, ésta deberá practicarse mediante boleta publicada en la cartelera de esta Sala, en los mismos términos.

Transcurrido el indicado lapso sin que el recurrente haya manifestado su interés en la continuación de la presente causa, esta Sala dictará el pronunciamiento que corresponda.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10)  del mes de diciembre del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

 

 

 

 

Las Magistradas

 

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

 

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

 

En once  (11) de diciembre del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01420, la cual no está firmada por la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, por motivos justificados.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN