En Sala Plena

 

MAGISTRADO PONENTE RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

 

EXPEDIENTE N° AA10-L-2003- 000034

 

I

 

 

 En fecha 12 de marzo de 2003, fue recibido en esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el oficio número 0514 de fecha 14 de ese mismo mes y año, procedente de la Sala Político Administrativa, adjunto al cual remitió el expediente contentivo del conflicto negativo de competencia con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA contra la providencia administrativa número 08 de fecha 28 de febrero de 1998, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, SAN DIEGO, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS Y CARLOS ARVELO DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Dayan Cordero contra la referida Universidad. Remisión efectuada a los fines de resolver el conflicto planteado sobre la competencia para conocer, entre los criterios de la Sala Constitucional y de la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal.

 

En fecha 28 de julio de 2004 se dio cuenta en Sala y vista la jubilación del Dr. Rafael Hernández Uzcátegui, se reasignó la ponencia al Magistrado Dr. RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

 

Siendo la oportunidad de decidir, pasa esta Sala a hacerlo en los siguientes términos:

 

II

ANTECEDENTES DEL CASO

 

 

En fecha 28 de abril de 1998, la Universidad Nacional Abierta, representada por los abogados Yalili Mc Quhae V. y Carlos Alberto Rausseo Bello, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 32.444 y 38.248 respectivamente,  interpusieron recurso de nulidad contra la providencia administrativa número 08 de fecha 28 de febrero de 1998, proferida por la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo, recurso del cual conoció el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En esa fecha, la mencionada Inspectoría del Trabajo se pronunció ante el reclamo que le hiciera el trabajador Dayan Cordero, y en ese sentido, en su resolución administrativa  declaró que, siendo tramitado el procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en un todo, y de acuerdo con las leyes que rigen la materia laboral, quedó demostrado que la Universidad Nacional Abierta, en su oportunidad legal, no compareció a dar contestación ni por sí, ni por medio de apoderado a la mencionada solicitud, ni promovió prueba alguna que la favoreciere; no obstante, presentó escrito de manera extemporánea, por lo cual no entró la Inspectoría a analizar dicha documental. Siendo que la solicitud presentada en fecha oportuna por el ciudadano Dayan Cordero no era contraria a derecho, la Inspectoría del Trabajo admitió como ciertas sus aseveraciones.

 

La Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo resolvió, por lo antes expuesto, declarar con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, y ordenó la reincorporación del ciudadano Dayan Cordero a sus labores habituales dentro de la Universidad Nacional Abierta y cancelar los salarios caídos correspondientes

 

Por su parte, la representación de la Universidad Nacional Abierta en el escrito del recurso de nulidad, aduce que el ciudadano Dayan Cordero se desempeñaba como contratado en el cargo de Carrera, Almacenista I, en suplencia de su titular el ciudadano Alí Ramírez, quien estaba cumpliendo las labores de Presidente del Sindicato de Empleados Administrativos de dicha Universidad; en consecuencia, el referido cargo era de empleado y no de obrero.

 

En esta línea de alegación, señalan los apoderados de la Universidad Nacional Abierta que el cargo desempeñado por el mencionado trabajador es de carrera, y que tal condición puede evidenciarse del Registro de Información de Cargos, y esta información se le hizo del conocimiento al Inspector del Trabajo pero éste hizo caso omiso a tal observación. En consecuencia, destacan que, dada la naturaleza del cargo de carrera administrativa y en virtud de los establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica Trabajo, no corresponde a la jurisdicción laboral, en este caso a las Inspectorías del Trabajo, conocer de la solicitud realizada por el ciudadano Dayan Cordero, sino a la jurisdicción contencioso administrativa.

 

En consecuencia, alegan los representantes de la Universidad Nacional Abierta, que el trabajador Dayan Cordero mal puede acogerse a una inamovilidad decretada para los obreros de las Universidades Nacionales, por estar celebrándose una Reunión Normativa Laboral con la Federación Nacional de Sindicatos de Obreros de la Educación Superior de Venezuela (FENASOESV).

 

Finalizan los recurrentes solicitando la declaratoria de nulidad de la mencionada providencia administrativa.

 

Por auto del 7 de diciembre de 1999, el mencionado Juzgado admitió el recurso de nulidad interpuesto.

 

Posteriormente, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante auto de fecha 11 de octubre de 2001, se declaró incompetente para conocer de la presente causa, y declinó el conocimiento de la misma en el Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso  Administrativo de la Región Centro Norte, en virtud del criterio establecido en la sentencia dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal de fecha 2 de agosto de 2001, en la cual se atribuye a los tribunales contencioso administrativos la competencia para conocer de las nulidades intentadas contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo.

 

            Así las cosas, el referido Juzgado Superior por decisión de fecha 4 de abril de 2002, igualmente se declaró incompetente para conocer la causa, planteando un conflicto negativo de competencia, en los términos siguientes:

“...Vista las decisiones de fechas 13 de noviembre de 2001 y 5 de febrero de 2002 emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de los  Magistrados (...) a través de las cuales se declara que la competencia para conocer de las impugnaciones de actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal revoca por contrario imperio la decisión signada con el N° 2001-550 de fecha 30 de noviembre de 2001, mediante la cual aceptó la competencia que le fue declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y admitió el recurso de nulidad. En consecuencia, plantea el CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO, a cuyos efectos, con fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, ordena remitir las presentes actuaciones, a tenor del artículo 71 eiusdem, al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, por la naturaleza de la acción deducida y por mandato del artículo 266, ordinal 7°, en concordancia con el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

            Recibido el expediente en la Sala de Político Administrativa de este Máximo Tribunal en fecha 7 de mayo de 2002, se dio cuenta en Sala y designó ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

 

III

DE LA SENTENCIA DE LA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

 

En sentencia de fecha 11 de marzo de 2003, la Sala Político Administrativa, señaló y advirtió que a los fines de determinar a cuál tribunal le correspondía conocer del recurso de nulidad intentado contra un acto emanado de una Inspectoría del Trabajo resultaba necesario reseñar el criterio que estableció la Sala Constitucional, en sentencia número 1318 de fecha 02 de agosto de 2001, en la cual indicó que en casos como el presente la competencia le correspondía a los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, subrayando:

“(...)En este sentido, se observa que la jurisdicción laboral ha venido conociendo de los juicios de nulidad de estas resoluciones, siguiendo el criterio sostenido en decisión dictada por la Sala Político Administrativa de la antes denominada Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1992, en el juicio conocido como caso: Corporación Bamundi, C.A., sin que en realidad exista en la Ley Orgánica del Trabajo una norma que expresamente le asigne a los juzgados laborales el conocimiento de este tipo de juicios. Es preciso al respecto advertir, que la competencia de los órganos del Estado, viene determinada por una norma jurídica que de manera formal le atribuya competencia. De allí que, siendo que en los casos de los juicios de nulidad, a que se refiere la Ley Orgánica del Trabajo, ésta no le atribuyó dicha competencia de manera expresa a esta jurisdicción especial, sino que se limitó a señalar que contra estas decisiones se podían ejercer los recursos correspondientes ante los Tribunales, sin que indicara a cuáles se estaba refiriendo.

     La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base en lo dispuesto en los artículos 5 y 655 eiusdem, sino que lo razonable era establecer que como quiera que, la decisión provenía de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso administrativa, siendo  consecuente con el principio del juez natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios. (...) (Resaltado de la Sala).”

 

Siguiendo en su argumentación, la Sala Político Administrativa hizo énfasis en el pronunciamiento de la Sala de Casación Social, mediante sentencia número 111 de fecha 13 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, en la cual, al examinar el criterio jurisprudencial antes transcrito, precisó:

“(...) Entonces, el criterio señalado ut supra sobre la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de los recursos de nulidad en contra de las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, fue establecido por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, acogido posteriormente por la Sala de Casación Civil y luego adoptado por esta Sala de Casación Social.

  Así pues, siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, esta Sala de Casación Social había señalado reiteradamente que los Tribunales competentes para conocer de las acciones de nulidad -y de amparo, en caso de que se ejerza- contra las decisiones emanadas de las Inspectorías del Trabajo eran los Juzgados Laborales, y específicamente conocerían de dichas acciones en Primera y Segunda Instancia los Tribunales Laborales que se encontraban dentro de la Jurisdicción de la Inspectoría del Trabajo que dictó la Providencia Administrativa que se pretendía anular.

     Ahora bien, en reciente fallo proferido por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, con  fecha 2 de agosto de 2001, bajo la ponencia del Magistrado Antonio José García García, se estableció un nuevo criterio con respecto a la jurisdicción competente para conocer de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que dictan las Inspectorías del Trabajo (...)”

“(...)La Sala Constitucional de este Alto Tribunal establece que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo; por lo tanto y en procura de mantener un criterio uniforme con las decisiones que emanan de este Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala de Casación Social adopta el criterio jurisprudencial reseñado ut supra, el cual establece que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de los recursos de nulidad que se ejerzan en contra de las Providencias Administrativas proferidas por las Inspectorías del Trabajo. Así se establece.

      En consecuencia, establece esta Sala de Casación Social que los Tribunales pertenecientes a la Jurisdicción Laboral serán incompetentes para conocer de los recursos que se interpongan contra las Providencias Administrativas que dicten las Inspectorías del Trabajo, a menos que surja una Ley que expresamente preceptúe lo contrario. Así se establece.

     En virtud de los señalamientos explanados anteriormente, esta Sala señalará en el dispositivo del presente fallo que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. (...)”

   

Así las cosas, la Sala Político Administrativa argumentó que mantendría el criterio jurisprudencial trazado desde la sentencia número 61 de fecha 09 de abril de 1992, en el caso Corporación Bamundi, C.A., con ponencia del Magistrado Román Duque Corredor, conforme al cual, en casos similares, los tribunales laborales, se constituyen como tribunales especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral, siempre y cuando el caso no deba ser resuelto por la conciliación o el arbitraje, excluyéndose también la jurisdicción laboral. Aunado lo anterior, advirtió la Sala, que de seguirse el criterio que atribuye el conocimiento de estos casos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, no sólo se sobrecargaría indebidamente tan importante órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que se incurriría, también, en una indebida concentración de competencias que perjudicaría al interesado y atentaría contra los principios de acceso y de descentralización de la justicia. Dejó expresa constancia de que la señalada divergencia de criterios no estaba referida a normas o principios constitucionales; ella sólo comprendía diferencias hermenéuticas sobre cuestiones legales de competencia para conocer los órganos jurisdiccionales.

 

Finalizó señalando que al no compartir el criterio sostenido por la Sala Constitucional (y adoptado por la Sala de Casación Social “en procura de mantener un criterio uniforme con las decisiones que emanan de este Tribunal Supremo de Justicia” y al considerar que el tribunal competente para el conocimiento de la presente causa es un tribunal laboral, ello con fundamento en la reiterada jurisprudencia de la Sala Político Administrativa) concluye que “...la Sala Plena debe conocer y resolver el conflicto suscitado, a tenor de lo establecido en el ordinal 7° del artículo 42, en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal. Así se declara.”

 Analizadas las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

 

IV

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PLENA

 

Como punto previo es menester señalar que, de conformidad con lo establecido en el ordinal 7° del artículo 42 y en el artículo 43, ambos de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable en razón del tiempo, le corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dilucidar el conflicto de competencia suscitado entre las Salas de este Máximo Tribunal, en este caso, entre los criterios de la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, a los fines de determinar la Sala competente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por la Universidad Nacional Abierta, representada por los abogados Yalili Mc Quhae V. y Carlos Alberto Rausseo Bello.

 

Por otra parte, en concordancia con el principio de perpetuatio iurisdictionis,  que precisa el momento determinante de la competencia, consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la Sala reitera su competencia en los términos que de seguidas explicaremos y para lo cual es necesario señalar lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil:

 

“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de ducha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”

 

De la transcripción anterior se colige que la competencia jurisdiccional se determina con base a la situación existente en el momento en que se plantea el conflicto de competencia por los criterios que sostiene la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, esto es, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

 

El procesalista Devis Echandía (DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. El Proceso Civil, Segunda Edición, Editorial ABC, Bogotá – Colombia, 1973.)  señala que la perpetuatio iurisdictionis se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes. La perpetuación del fuero se sustenta en dos principios fundamentales para el acaecer procesal: el de seguridad jurídica y el de economía. De manera que las excepciones que el mismo comporta, son rigurosas y deben ceder sólo ante cualquier evidente perjuicio procesal que puedan sufrir las partes, perjuicio que, en definitiva, no es otro que el de preterición o menoscabo del derecho de defensa.

 

Es doctrina pacífica que el momento determinante de la competencia es el de la demanda. Así, lo ha afirmado el profesor Arístides Rengel Romberg (obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano) al señalar que está vigente en el derecho venezolano el famoso principio de la perpetuatio iurisdictionis, tan elaborado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio). En este caso, ese momento es el conflicto de criterios planteado entre la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa. Esto significa que se tiene en cuenta el estado de hecho existente en aquel momento y que se refiere, obviamente, a los elementos objetivos y subjetivos que refieren al fuero competente; en virtud del referido principio, la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional se determina por esa situación fáctica de aquel momento inicial, que sería el momento cuando llega a la Sala Plena el conflicto mencionado, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia. Ello en resguardo de la seguridad jurídica. (Ver el alcance del artículo 3 eiusdem en la sentencia de la Sala de Casación Civil número 32, de fecha 31 de mayo de 2002).

 

Así las cosas, este Juzgador considera que, al evidenciarse la aplicación del principio de la jurisdicción perpetua que se establece en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y según el cual la competencia del juez queda inmutable pese a cualquier cambio posterior en las circunstancias que la determinaron, la Sala Plena de este Máximo Tribunal es la que en definitiva deberá decidir el conflicto de competencia planteado entre los criterios de la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa, ya que esta Sala Plena era la competente para el momento que se suscitó el conflicto de criterios. Así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Expuesto lo anterior, resulta necesario señalar que, en un primer momento, la Sala Político Administrativa emitió un pronunciamiento reconociendo tal naturaleza y considera competentes a los tribunales laborales (ver: sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 10 de enero de 1980, Caso: Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo); posteriormente, y con la reforma que se hace de la Ley Orgánica del Trabajo el 01 de mayo de 1991, la Sala Político Administrativa mantiene su criterio anterior y explana en sentencia número 1482, de fecha 9 de abril de 1992 (Caso: Corporación Bamundi), bajo la ponencia del Dr.  Ramón J. Duque Corredor, que los Juzgados del Trabajo adquieren el carácter de tribunales especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral, cuando conocen de demandas de nulidad, con excepción de los casos contemplados en los artículos 425, 465 y 519 de la Ley Orgánica mencionada, los cuales son atribuidos exclusivamente a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Este criterio fue acogido por la Sala de Casación Civil, en fecha 02 de mayo de 1994. Así pues, siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, la Sala de Casación Social hace suyo el mencionado criterio y luego en fallo proferido por la Sala Constitucional de número 1318, de fecha 02 de agosto de 2001, con la ponencia del Dr. Antonio José García García, se estableció un nuevo criterio que remitió la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas que dictan las Inspectorías del Trabajo a la jurisdicción contencioso administrativa. Criterio que luego fue adoptado por  las mencionadas Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Ahora bien, tal como lo refiere la jurisprudencia anterior de la Sala Constitucional, ni la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 –vigente para la época del caso “Corporación Bamundi, C.A.”- ni la actual Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, establecen que corresponda a la jurisdicción laboral el conocimiento de los recursos contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo y, frente al principio de legalidad de la competencia, parecen insuficientes las razones fundadas en los principios de preeminencia de las normas laborales y unidad de la jurisdicción en materia laboral consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo. Al no estar de forma explícita en una norma expresa en este sentido, no puede pretender aplicarse una excepción al principio general de la universalidad del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de los actos administrativos que se establece en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.

 

Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara.

 

En efecto, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa no son sólo aquellos que ostentan esa denominación (la llamada jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”), a saber, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, Tribunales Superiores Contencioso Administrativos y Tribunales Contencioso Administrativos especializados. También los demás tribunales de la República, al conocer de impugnaciones contra determinado tipo de actos administrativos por expresos mandatos de las leyes correspondientes, actúan en esas causas como órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (“especial”, si se quiere). Y ello no resulta contrario a lo establecido en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que obedecerá en todo caso, a que por razones de política judicial (afinidad de la materia, especialidad del órgano judicial, entre otras), se haya optado por la decisión de asignar una competencia específica y de esencia contencioso administrativa, a un tribunal cuya competencia fundamental se inscriba dentro de la jurisdicción ordinaria. Pero en tales casos, los referidos tribunales actuarán como órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, independientemente de su denominación, competencia fundamental o ubicación en la distribución de los tribunales de acuerdo con su ámbito material de competencia.

 

Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

 

Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.

 

A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en la cual señaló:

 

“(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se decide.”

 

 

            Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal “...que a la accionante le resulta más accesible”, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

            En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 

 

PRIMERO: El JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, es el tribunal competente para conocer y decidir sobre el conflicto de competencia planteado en virtud del recurso de nulidad interpuesto por la  Universidad Nacional Abierta en contra de la resolución administrativa número 08 de fecha 28 de febrero de 1998, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios  Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo.

 

SEGUNDO: REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a fin de que resuelva el presente asunto.

                 

                  Notifíquese, publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

                  Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, en Caracas, a los 2 días del mes de marzo de dos mil cinco (2005). Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

           

El Presidente,

 

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ   

 

 

El Primer Vicepresidente,                                                       El Segundo Vicepresidente,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO        CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ

 

 

Los Magistrados,

 

 

EVELYN MARRERO ORTIZ                              ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                   JESÚS E. CABRERA ROMERO            

YOLANDA JAIMES GUERRERO                   IRIS ARMENIA  PEÑA DE ANDUEZA

HÉCTOR CORONADO FLORES        LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

FERNANDO VEGAS TORREALBA                              ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ              

 ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS                               LEVIS IGNACIO ZERPA

JUAN  RAFAEL  PERDOMO                               PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ                                

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI                                    LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                                    

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN       ALFONSO VALBUENA CORDERO                                              

  

RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO           LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY                                                         

 

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ                               EMIRO GARCÍA ROSAS                                               

 

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ      ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO                        

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                  CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA                                    

LUIS ALFREDO SUCRE CUBA                  MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

La Secretaria,

 

OLGA M. DOS SANTOS P.