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EN SALA PLENA

 

Magistrado Ponente: RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO

Expediente Nº AA10-L-2008-000131

 

I

        Mediante oficio número 904-08 de fecha 1 de julio de 2008, proveniente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se recibió en esta Sala Plena el expediente contentivo de la demanda por indemnización de daño moral, interpuesta por los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA y MIGUEL VALENTINO MARZULLO MÓNACO, titulares de las cédulas de identidad números 6.792.400 y 6.430.978, respectivamente, actuando en su nombre y en representación de su menor hija [NOMBRE OMITIDO], asistidos por los abogados LUCÍA MARZULLO y AZAEL SOCORRO MORALES  inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 24.824 y 20.316, respectivamente, contra la sociedad mercantil HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 30 de octubre de 1975, quedando anotada bajo el número 22, tomo 114-A.

 

        Dicha remisión se hizo en virtud de que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer del recurso de regulación de competencia planteado en este juicio, y declinó la competencia en esta Sala Plena.

 

        En fecha 23 de julio de 2008, se dio cuenta en la Sala Plena y se designó ponente al Magistrado Dr. RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO, con el fin de resolver lo que fuere conducente.

 

        Efectuado el examen del expediente, esta Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

 

II

ANTECEDENTES

 

        En fecha 17 de marzo de 2006, los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA y MIGUEL VALENTINO MARZULLO MÓNACO, actuando en su nombre y en representación de su menor hija [NOMBRE OMITIDO], asistidos por los abogados LUCÍA MARZULLO MÓNACO y AZAEL SOCORRO MORALES, interpusieron ante el Juzgado (distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por indemnización de daño moral, contra la sociedad mercantil HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C.A, alegando que:

 

“(…) la Empresa Mercantil ‘HOSPITAL DE CLÍNICAS, C.A.’, es civilmente responsable por el daño neurológico que en dicha Institución se le causó a nuestra menor hija por los médicos que laboran en dicha Institución dispensadora de Salud, pues nuestra pequeña hija con tan solo tres años de edad para ese entonces, tal como lo demostraremos en su debida oportunidad legal, para el momento en que ingresó al HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS (22-11-2004), era una niña neurológicamente hablando completamente sana, pues a pesar de su corta edad (3 años para dicha fecha), ya se encontraba cursando su segundo año escolar en el Colegio EDUPLIN; que entró al Hospital de Clínicas Caracas, caminando con sus propios medios, y que luego de la nefasta intervención quirúrgica llevada a cabo dentro de las instalaciones de dicho Centro de Salud, ya no puede ni siquiera mantenerse en pie, menos aún caminar ni correr; que veía perfectamente y que a raíz de la referida operación, perdió la visión quedando ciega; que para la fecha en que ingresó al Hospital de Clínicas Caracas, podía comunicarse y que luego de la nefasta intervención, perdió la facultad de hablar quedando muda; que para la fecha de su ingreso a dicho Centro de Salud, podía comer sola y que luego de su intervención debe ser alimentada por terceras personas; que jugaba como cualquier niña de su edad y que luego de la operación quedó postrada en una cama; que hacía necesidades fisiológicas en el baño y desde ese trágico día 23 de noviembre de 2004, debió de retomar los pañales, en otras palabras, era una niña que mantenía una vida normal como cualquier niño de su edad, siendo allí en el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, donde se le ocasionó un importante y severo daño neurológico que la mantiene postrada y completamente dependiente, no pudiendo en lo sucesivo llevar una vida normal, daños todos estos que se le ocasionaron en el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS en donde laboran los médicos que trataron a nuestra menor hija [NOMBRE OMITIDO] (…).

En este sentido no podemos pasar por alto, que la estadía de nuestra menor hija en el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, estaba pactada para CINCO (5) días tal como quedará demostrado en su debida oportunidad procesal, pero como consecuencia del severo e irreversible daño neurológico que se le ocasionó en esa Institución dispensadora de salud, que la mantiene desde ese trágico 23 de noviembre de 2004 en estado vegetativo primario, nuestra pequeña [NOMBRE OMITIDO] permaneció en el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, CIENTO UN (101) días, lo cual representó un provecho para la mencionada Institución de Salud y sus dependientes de la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 225.536.919,70). La presente acotación la hacemos a los fines de ser tomada en consideración por el sentenciador en la oportunidad de emitir su fallo en la presente causa, pues no obstante la estrafalaria cantidad de dinero percibido, nuestra pequeña [NOMBRE OMITIDO] salió del HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, con un daño cerebral importante y severo que la mantiene en estado vegetativo primario (…).

(…)

Con fundamento a los hechos narrados pormenorizadamente en el capítulo que identificamos como I, así como de los fundamentos de derecho expuestos en el capítulo II y lo reseñado en el capítulo III del presente escrito libelar, es por lo que venimos a demandar como en efecto demandamos, a la Sociedad Mercantil ‘HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C.A.’, (…), para que convenga o a ello sea condenado por el Tribunal en lo siguiente:

PRIMERO: El daño denominado en la doctrina como pérdida de la oportunidad, pues es evidente que de no habérsele ocasionado el daño neurológico a nuestra menor hija [NOMBRE OMITIDO], que la dejó en estado vegetativo primario, hubiera tenido la oportunidad de obtener ingresos propios al momento de empezar a ser productiva, ya que sus padres al ser profesionales, nos hubiera permitido brindarle una educación adecuada que le hubiera permitido a ella desarrollar igualmente una profesión o una actividad comercial propia, la cual ya no podrá desarrollar debido al grave daño neurológico que se le causó en dicho Centro dispensador de Salud. Determinando la edad a que se empieza a ser productiva, la vida de trabajo activo de una persona y el salario promedio de un venezolano profesional, estimamos dichos daños en la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.470.000.000,00) que equivalen a CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (43.750) UNIDADES TRIBUTARIAS.

SEGUNDO: En cancelar por concepto de DAÑOS MORALES  causados tanto a nuestra menor hija [NOMBRE OMITIDO], a quien se le privó a raíz del 23 de noviembre de 2004 de su derecho a tener una vida normal, pues la dejaron en estado vegetativo primario en dicha Institución Dispensadora de Salud; así como los daños morales que a raíz de ese nefasto 23 de noviembre nos han causado a nosotros sus padres, al ver a nuestra pequeña hija [NOMBRE OMITIDO] postrada en una cama, sin poder mantenerse de pie, mucho menos caminar ni correr, habiendo quedado ciega, sin poder comunicarse pues quedó muda y completamente dependiente del cuidado y atención de terceras personas para sobrevivir en ese estado vegetativo en que la dejaron, dado el grave e irreparable daño cerebral que se le ha causado a nuestra pequeña y ahora completamente dependiente e indefensa hija [NOMBRE OMITIDO] en el Hospital de Clínicas Caracas, por los médicos que allí laboran y que estuvieron involucrados con la producción de dicho daño que la dejó en estado vegetativo primario, por ser éstos médicos dependientes de dicha Institución y ser cobrados sus emolumentos por la Empresa aquí demandada, daños morales éstos que estimamos en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000.000,00), que representan en la actualidad SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (7.440.476) UNIDADES TRIBUTARIAS.

 (…)

Estimamos el valor de la presente demanda en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 251.470.000.000,oo), que representan en la actualidad SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VENTISEIS (7.484.226) UNIDADES TRIBUTARIAS (…)”. (Corchetes de la Sala Plena).

 

        En fecha 2 de mayo de 2006, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada para que compareciera, al vigésimo día hábil siguiente a que constará en autos su citación, a fin de que diera contestación a la demanda.

 

        Los abogados Juan Vicente Ardila P., Rodolfo A. Pinto P. y Juan Vicente Ardila, inscritos en Instituto de Previsión Social del  Abogado bajo los números 7.691, 117.204 y 73.419, respectivamente, apoderados judiciales de la sociedad mercantil HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS, C.A., presentaron escrito en fecha 16 de junio de 2006, contentivo de la contestación de la demanda, solicitando que se declarara sin lugar.

 

        El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 14 de agosto de 2007, mediante la cual declaró lo siguiente:

 

“PRIMERO: IMPROCEDENTE la falta de legitimación del HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS C.A., para responder por los daños y perjuicios.

SEGUNDO: IMPROCEDENTE la falta de cualidad de los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA y MIGUEL VALENTINO MARZULLO MONACO, alegada por la parte demandada.

TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por DAÑOS Y PERJUICIOS interpusieran los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA y MIGUEL VALENTINO  MARZULLO MONACO, actuando en su propio nombre y en representación de su menor hija [NOMBRE OMITIDO], contra el HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS C.A., ambas partes identificadas en el presente fallo.

CUARTO: SIN LUGAR el daño reclamado denominado como ‘pérdida de la oportunidad’.

QUINTO: SIN LUGAR la reclamación que por daño moral interpusieron en su propio nombre los ciudadanos BRISEIDA LINARES SEQUERA y MIGUEL VALENTINO MARZULLO MONACO.

SEXTO: Se condena a la sociedad mercantil HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS C.A., a pagar por concepto de daño moral la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.400.000.000,00) a la niña [NOMBRE OMITIDO] (…)”. (Corchetes de la Sala Plena).

 

        En fecha 25 de septiembre de 2007, el abogado Juan Vicente Ardila, apoderado judicial de la sociedad mercantil Hospital de Clínicas Caracas C.A., presentó diligencia mediante la cual apeló de la decisión de fecha 14 de agosto de 2007, apelación que fue ratificada el 27 de septiembre de 2007; y en fecha 2 de octubre de 2007, la abogada Lucía Marzullo, apoderada judicial de la parte accionante, igualmente apeló la sentencia antes referida.

 

        El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de octubre de 2007, oyó en ambos efectos las apelaciones antes referidas.

 

        En fecha 18 de octubre de 2007, fue recibido el expediente por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en fecha 3 de diciembre de 2007, ambas partes presentaron sus escritos de informes.

 

        En fecha 27 de febrero de 2008, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia mediante la cual se declaró incompetente para decidir los recursos de apelación interpuestos en fechas 27 de septiembre de 2007 y 2 de octubre de 2007. Argumentó ese Juzgado lo siguiente:

 

“De lo narrado se desprende, con evidente claridad, que estamos en presencia de un proceso judicial en el que se ha deducido como pretensión fundamental la indemnización por daño moral, en el cual se encuentra involucrada como co-accionante una menor de edad.

Para la fecha de interposición de ambos recursos (27 de septiembre y 2 de octubre de 2007), estaba consolidado el criterio jurisprudencial de que los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente son los competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independiente del carácter con que éstos actúen. Así lo dejó establecido la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de noviembre de 2006, abandonando de esa manera la posición asumida en su sentencia número 33 de 24 de octubre de 2001, según la cual, si el menor o adolescente era el demandante, el competente para conocer del juicio era el tribunal con competencia ordinaria en lo Civil.

El artículo 680 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente de 1998, vigente para el momento en que se incoaron los recursos en cuestión, establecía lo siguiente:

     ‘Procesos en curso. De conformidad con el artículo 44 de la Constitución de la República las disposiciones procesales previstas en esta Ley se aplicarán desde el mismo momento de entrar en vigencia, aun a los procesos que se hallaren en curso.

     Los recursos ya interpuestos, la evacuación de las pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzando a correr, se regirán por las disposiciones anteriores’

Ahora bien, ‘por cuanto el supuesto de hecho contenido en la norma in comento, se refiere a los recursos ya interpuestos a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, así como también a los términos y lapsos que hayan comenzado a correr’, como lo expresara la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de 2 de diciembre de 2002, expediente 02-1150, caso Joao Goncalves de Gouveia, y visto que las impugnaciones fueron ejercidas en fecha posterior a la entrada en vigencia de la referida Ley Orgánica, es patente, en opinión del sentenciador, que las mismas no pueden regirse ‘por las disposiciones anteriores’, en consecuencia, estando vigente el criterio establecido por la Sala Plena en la aludida decisión de 16 de noviembre de 2006, criterio jurisprudencial éste elevado a la categoría de norma jurídica en la novísima Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes (sic), artículo 177 Parágrafo Cuarto, considera este ad quem que la competencia por la materia para conocer de dichos recursos de apelación corresponde a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, razón por la cual en el dispositivo de esta sentencia se declinará la competencia en el tribunal de alzada correspondiente, sin anular la recurrida, por considerarse en esta oportunidad que en realidad no había una posición uniforme en el Tribunal Supremo de Justicia acerca de si la jurisdicción especial de menores debía necesariamente conocer del juicio de contenido patrimonial cuando del lado activo de la relación procesal figura un niño, niña o adolescente. Así se deja determinado.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se declara INCOMPETENTE para decidir los recursos de apelación interpuestos el 27 de septiembre de 2007 por los abogados RAMÓN ESCOVAR LEÓN y JUAN VICENTE ARDILA V., en su condición de co-apoderados judiciales de la parte demandada HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS C.A, y el 2 octubre del mismo año por la abogada LUCÍA MARZULLO MÓNACO, en representación de la parte actora, contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y DECLINA el conocimiento de la presente causa en una Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

(…)”.

 

        Los apoderados judiciales de la parte demandada, en fecha 5 de marzo de 2008, presentaron escrito mediante el cual ejercieron el recurso de regulación de competencia, contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2008. Dicho recurso lo fundamentaron de la siguiente forma:

“Solicitamos regulación de competencia contra la decisión publicada por este tribunal en fecha 27 de febrero de 2008, donde se declaró incompetente por la materia para conocer y decidir el mérito de la demanda que por daño moral intentaron los ciudadanos Miguel Ángel MARZULLO y Briseida LINARES S, en nombre propio y representación de su hija [NOMBRE OMITIDO] contra el Hospital de Cínicas Caracas, C.A. (HCC).

Los argumentos esgrimidos por la sentencia son los siguientes:

(…)

Esta representación no discrepa de la data de la sentencia emitida por la Sala Plena del TSJ que definió los nuevos criterios en cuanto a la competencia por la materia en asuntos que envuelvan niños y adolescentes. Antes bien, se justifica la solicitud de regulación de competencia en dos (2) posturas; una de orden constitucional y otra de carácter legal a saber:

Si bien es cierto que la Sala Plena dictó decisión fijando postura en lo pertinente a la competencia judicial en asuntos donde intervengan niños o adolescentes; también es cierto que para la fecha de introducción de la demanda contra HCC, los criterios emanados de la Sala Civil (sic) del Tribunal Supremo de Justicia mantenía el criterio de que en aquellos asuntos de naturaleza esencialmente civil donde estuviera incorporado como sujeto procesal un niño o adolescente, debían ser conocidos por los Tribunales civiles en función de su profesionalización y competencia.

Entre muchas decisiones, se invoca sentencia emitida por la Sala Civil (sic) de 31 de mayo de 2005; que a su vez acoge el criterio asentado por la Sala Plena que data de Sent. Nº 33 de 24 de octubre de 2001 (caso: CONARE).

La Sala Plena en efecto cambió su criterio por sentencia Nº 44 de 02 de agosto del 2006, publicada el 16 de noviembre del mismo año. En tanto que la Sala Civil (sic) lo hizo de nuevo por adhesión en sentencia No. 923 de 12 de diciembre de 2007 (caso: L.R DE VEGA vs. FLUID CONTAIMENT ANDINA C.A).

Siendo así, al contrástese (sic) la fecha en que fue admitida la demanda y de otro lado, observar qué doctrina era la vigente y aplicable por la Sala Civil (sic) (garante de la legalidad y uniformidad de las decisiones de instancias civiles, mercantiles y del tránsito) y la Sala Plena, estará justificada la admisión de la demanda y todo el procedimiento tramitado ante los Tribunales Civiles y Mercantiles de esta Circunscripción Judicial.

La simple contrastación de fecha –hechos-, y doctrinas vigentes del Alto Tribunal al momento de introducir la demanda, darán lugar a la aplicación del principio constitucional de confianza legítima (ex arts. 26 y 49.1 Constitucional); esto es, las partes actuaron en el proceso (para escoger y luego aceptar la competencia de los Tribunales civiles), conforme a los parámetros formales impuestos para la jurisprudencia vigente del Alto Tribunal, de esa forma, cualquier cambio no puede afectar los actos procesales rendidos.

Igualmente requerimos se examine la falta de aplicación del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el que prevé en su ordenamiento que la jurisdicción y la competencia se fijan en atención a la situación de hecho existente para el momento de interponerse la demanda.

Para el momento de introducirse la demanda; se repite, tanto la jurisprudencia de la Sala Plena como de la Sala Civil estimaban competente a los Tribunales Civiles y Mercantiles; cuando la causa u objeto del juicio estuviera relacionada directamente con estas específicas materias, y no mediara un (sic) directa atribución de competencia de parte del artículo 177 de la LOPNA.

Siendo así, no puede la decisión de 27 de febrero de 2008 variar sobrevenidamente la competencia, tomándose como proposición capital: la fecha de interposición de los recursos de apelación; tanto porque ya había sido definida la jurisdicción y competencia del órgano judicial de conocimiento (ex art. 3 CPC), cuanto que, por incompatibilidad de procedimientos resultaba imposible so pena de violentarse el principio de Juzgamiento en dos (2) instancia en cabeza de Juez profesional y especializado; todo en obsequio al principio de seguridad jurídica”.

 

        En fecha 14 de marzo de 2008, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que conociera del recurso de regulación de competencia. 

 

        En fecha 9 de junio de 2008, la Sala de Casación de Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia mediante la cual se declaró incompetente para conocer del recurso de regulación de competencia intentado en el presente juicio, y ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, para que conociera de la regulación competencial. Su decisión se basó en la siguiente motivación:

 

“(…) observa la Sala que en el presente juicio se intentó la demanda por indemnización de daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional con competencia en materia civil, el cual dictó la correspondiente decisión de primer grado de jurisdicción, siendo ejercido contra ésta, recurso procesal de apelación por las partes y, el Tribunal Superior al cual correspondió el conocimiento de las referidas apelaciones declaró su incompetencia en razón de la materia, por lo que el presente recurso de regulación de la competencia ejercido ante esta Máxima Jurisdicción por la representación judicial de la sociedad mercantil demandada, tiene por objeto establecer cuál de las jurisdicciones resulta competente para conocer y decidir el presente juicio, la Jurisdicción Civil Ordinaria, o la Jurisdicción Especial en materia de Protección del Niño y del Adolescente.

(…)

(…) la Sala Plena de este Máximo Tribunal sostenía, entre otras, en sentencia Nº 30, de fecha 25 de julio de 2001, expediente Nº AA10-L-2001-000030, caso: José Valentín Soria y otros, contra la Línea Unión San Diego, lo siguiente:

Conforme al criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, la Sala de Casación Civil, resultaba competente para conocer de las regulaciones de competencia cuando los tribunales en conflicto pertenecieran a diferentes jurisdicciones.

(…) en sentencia Nº 1, dictada por la Sala Plena en fecha 17 de enero de 2006, expediente Nº 2004-000040, caso: José Miguel Zambrano Vásquez, se abandonó tal criterio, al considerarse que era la propia Sala Plena de este Máximo Tribunal la competente para dirimir el conflicto de competencia planteado entre tribunales con distintas jurisdicciones, indicándose como fundamento de ello, lo siguiente:

(…)

De acuerdo al criterio jurisprudencial ut supra transcrito, se puede resumir entonces, que la atribución para conocer y decidir los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de distintas jurisdicciones sin un superior común a ellos, es de la Sala Plena de esta Máxima Jurisdicción.

Aplicando el criterio jurisprudencial supra transcrito al caso de especie, se concluye que habiéndose ejercido recurso de regulación de la competencia, a los fines de establecer a cuál órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento y decisión del presente juicio, es decir, si corresponde a los de la Jurisdicción Civil Ordinaria, o a los de la Jurisdicción Especial de Protección del Niño y del Adolescente, es a la Sala Plena de este Supremo Tribunal, a quien corresponderá resolver lo conducente, todo lo cual conlleva a que esta Sala de Casación Civil se declare incompetente y ordene la remisión de las presentes actuaciones a la precitada Sala Plena de este Supremo Tribunal, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide”.

 

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre la solicitud de regulación de competencia planteada en el presente caso.

 

Dispone el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil: “Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”; y el artículo 71 eiusdem, establece que el competente para conocer de la referida solicitud de regulación de competencia es el Tribunal Superior de la respectiva Circunscripción Judicial. Pero, cuando no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción, la competencia se atribuyó a la entonces Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia). De la misma manera se debe proceder cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.

 

Por su parte, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

omissis…)

51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido”.

 

            Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas de este Supremo Tribunal corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un superior común, esta Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintos ámbitos de competencia y no resulte posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido, en cuyo caso la competencia corresponderá a esta Sala Plena (cfr. sentencias número 24, publicada en fecha 26 de octubre de 2004, caso Domingo Manjarrez  y número 1, publicada el 17 de enero de 2006, caso José Miguel Zambrano).

 

En tal sentido, observa esta Sala Plena que la regulación de competencia planteada en el presente caso no tiene su origen en un conflicto de competencia sino que obedece a un recurso de regulación de competencia ejercido por los abogados Juan Vicente Ardila y Ramón Escovar L., apoderados judiciales del Hospital de Clínicas Caracas, C.A., contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de las apelaciones ejercidas en esta causa, supuesto que tiene su regulación en los artículos 69 y 71 del Código de Procedimiento Civil, que disponen:

 

“Artículo 69. La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aun en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente para los casos de incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo quedado firme la sentencia, la causa continuará su curso ante el Juez declarado competente, en el plazo indicado en el artículo 75”.

 

 “Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al  Tribunal  Superior de la Circunscripción para que decida la regulación.  En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior. (…)”. (Subrayados de la Sala Plena).

 

            De acuerdo con las referidas disposiciones, las partes pueden solicitar la regulación de competencia contra la sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, en cuyo caso dicha solicitud debe remitirse al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación; pero si la regulación se ejerce contra una decisión de incompetencia de un Juzgado Superior, la misma debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia). No señalan dichas disposiciones a cuál Sala correspondería conocer dicha regulación. Por lo cual, esta Sala Plena considera que, siendo coherente con el criterio establecido para los casos de conflictos (sentencias números 24, del 26 de octubre de 2004, y 1, del 17 de enero de 2006), estima que si el motivo de la solicitud de regulación planteada ante un Tribunal Superior es una divergencia en cuanto a la competencia por la materia, es decir, que se debe decidir entre dos tribunales que pertenecen a distintos ámbitos de competencia, dicha regulación debe ser conocida por la Sala Plena.

 

            Así, en el presente caso, tal como lo señaló la Sala de Casación Civil en la sentencia mediante la cual declinó la competencia, la regulación propuesta tiene como finalidad determinar si corresponde a los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria o a los de la jurisdicción especial de protección del niño, niña y del adolescente, conocer de la demanda por indemnización de daño moral que cursa en autos, razón por la cual esta Sala Plena se declara competente. Así se decide.

 

Una vez asumida la competencia, corresponde determinar cuál es el órgano judicial competente para conocer de las apelaciones ejercidas contra la decisión del 14 de agosto de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual hace las siguientes consideraciones:

 

            Dado que la sentencia de primera instancia recurrida en apelación fue dictada por un tribunal de la jurisdicción civil ordinaria, la competencia por el grado para conocer de las apelaciones corresponde al Tribunal de alzada competente, esto es, a alguno de los Tribunales Superiores con competencia en materia civil.

 

 

            Ahora bien, como se señaló precedentemente, el motivo de la solicitud de regulación planteada no se suscitó por razón del grado sino por una divergencia en cuanto a la competencia por la materia, de allí que, es necesario que esta Sala Plena se pronuncie acerca del tribunal competente por la materia para conocer de esta causa.

 

            De acuerdo con nuestra legislación “la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa” (artículo 3 del Código de Procedimiento Civil), de donde se deriva la importancia de la fecha de interposición de la demanda para determinar la competencia.

 

            En el presente caso, la demanda se interpuso en fecha 17 de marzo de 2006, en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998), en la cual se atribuyó competencia a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente para conocer de las demandas de contenido patrimonial  “contra niños y adolescentes” (artículo 177, Parágrafo Segundo, literal c) ). Dada la redacción de la norma, se interpretó que los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente eran competentes sólo en los casos en los cuales los niños y adolescentes eran demandados. Por lo cual, cuando actuaban como demandantes, la competencia correspondía a la jurisdicción civil ordinaria (cfr. Sala Plena, sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001).

 

Ahora bien, ese criterio fue abandonado por esta Sala Plena en decisión número 44, del 2 de agosto de 2006, publicada el 16 de noviembre de 2006, caso: Sucesión Carpio de Monro Cesarina, en la cual se estableció que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser conocidos por los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, tomando en consideración, entre otros argumentos, que el interés superior del niño es la premisa fundamental de la doctrina de la protección integral. Este criterio fue acogido por la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007) en el artículo 177 (“sean legitimados activos o pasivos”).

 

 

En el caso de autos, se observa que la demanda se interpuso el día 17 de marzo de 2006, esto es, con anterioridad a la decisión de esta Sala Plena que estableció el cambio de jurisprudencia antes referido. De manera que, para la fecha de interposición de la demanda, el criterio vigente era el contenido en la sentencia número 33 del 24 de octubre de 2001, en la que se había establecido que “no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes”. Por lo tanto, si esa era la regulación aplicable para el momento de la presentación de la demanda, el tribunal que conoció en primera instancia de esta causa (Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas) lo hizo conforme a Derecho.

 

En otras oportunidades esta Sala Plena, ha aplicado el nuevo criterio a demandas incoadas con anterioridad, en juicios que se encontraban en primera instancia (cfr. sentencia 55 del 12 de junio de 2008); no obstante, en el caso de autos, dado que el proceso se encuentra en segunda instancia, declarar que la competencia corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, podría suponer una reposición de la causa al estado de comenzar el juicio con la consiguiente nulidad de los actos procesales cumplidos, incluida la sentencia dictada en primera instancia y toda la actividad probatoria, además del tiempo que ello supondría, en perjuicio de los intereses de la niña involucrada en este juicio. De allí que, a los fines de preservar el interés superior de la accionante y en aplicación del principio perpetuatio fori consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala Plena declara que corresponde al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conocer de los recursos de apelación interpuestos en esta causa. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

        Con base en los razonamientos antes expresados, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de regulación de competencia ejercida por los abogados Juan Vicente Ardila y Ramón Escovar L., apoderados judiciales del Hospital de Clínicas Caracas, C.A., contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos el 27 de septiembre de 2007 por los abogados RAMÓN ESCOVAR LEÓN y JUAN VICENTE ARDILA V., apoderados judiciales de la empresa HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS C.A., y el 2 octubre del 2007 por la abogada LUCÍA MARZULLO MÓNACO, en representación de la parte actora, contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2007 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado.

 

        Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los (13) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Primer Vicepresidente,                                                                                                               El Segundo Vicepresidente,

 

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ                                                                                     LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

Los Directores,

EVELYN MARRERO ORTIZ                                                                                    YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Los Magistrados,

 

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ                                                                 YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

 

 

LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ                                                                                      ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                                                                                           JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ                                                                                             LEVIS IGNACIO ZERPA

 

 

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI                                                                                            ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ                                                            BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

ALFONSO VALBUENA CORDERO                                                                                       EMIRO GARCÍA ROSAS

 

RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO                             FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

                                   Ponente

 

JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                                                                   LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

HÉCTOR CORONADO FLORES                                                    LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA                                                       MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                                                      MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

La Secretaria,

 

OLGA M. DOS SANTOS  P.

 

En cuatro (4) de junio de dos mil nueve (2009), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fue publicada la decisión que antecede.