Caracas, 15 de marzo de 2005

194° y 146°

 

 

El 23 de octubre de 2002, se recibió en la Sala Plena el oficio N° TS-SC-02-331 proveniente de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, adjunto al cual remitió el expediente N° 2002-2422, según la nomenclatura de dicha Sala, contentivo del “recurso de nulidad” interpuesto, el 2 de ese mismo mes y año, por los abogados CARLOS ISAÍAS APONTE GONZÁLEZ y RAMÓN CANELA GUILLÉN, titulares de las cédulas de identidad números 5.972.455 y 6.022.783, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 81.875 y 70.402, en su orden, actuando en nombre propio, contra la sentencia N° 1.712 dictada por la referida Sala Constitucional, el 12 de septiembre de 2001.

 

El 6 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala del escrito recibido y sus anexos, y se acordó remitir las actuaciones a este Juzgado de Sustanciación, con la finalidad de proveer lo que fuere conducente.

 

El 17 de enero de 2005, se dejó constancia del nombramiento de los nuevos Magistrados, Principales y Suplentes, de este Tribunal Supremo de Justicia, efectuado por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004.

 

El 3 de febrero de 2005, se hizo constar en autos que, el día anterior, se designó la nueva Junta Directiva de este máximo Tribunal, la cual quedó integrada por los Magistrados doctores Omar Alfredo Mora Díaz, como Presidente, Luisa Estella Morales Lamuño y Carlos Alfredo Oberto Vélez, como Primera y Segundo Vicepresidentes, y Evelyn Margarita Marrero Ortiz, Eladio Ramón Aponte Aponte y Juan José Núñez Calderón, como Directores. En esa oportunidad, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encuentra.

 

Recibidas las actuaciones en este Juzgado de Sustanciación, y siendo la oportunidad de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad ejercido, pasa hacerlo este Juzgado de Sustanciación, previas las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

En el presente caso, los abogados Carlos Isaías Aponte González y Ramón Canela Guillén interpusieron recurso de nulidad contra la sentencia N° 1.712 dictada por la Sala Constitucional de este alto Tribunal, el 12 de septiembre de 2001, mediante la cual confirmó la decisión proferida el 10 de mayo de ese año, por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el amparo constitucional, en la modalidad de hábeas corpus, solicitado por el abogado Rómulo Betancourt Piñero, en defensa de las ciudadanas Rita Alcira Coy, Yolanda Castillo Estupiñán y Miriam Ortega Estrada. En el fallo impugnado, la mencionada Sala Constitucional consideró que el delito de tráfico de sustancias estupefacientes constituye un delito de lesa humanidad y, por tanto, queda excluido de beneficios, “como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado”.

 

De acuerdo con los alegatos de los recurrentes, en las convenciones internacionales señaladas por la Sala Constitucionalla Convención Internacional del Opio, la Convención Única sobre Estupefacientes y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988)– no se declara el tráfico de sustancias estupefacientes como delito de lesa humanidad. Asimismo, indicaron que el artículo 7 del Estatuto de Roma consagra el delito de lesa humanidad como un delito autónomo, sin que puedan incluirse los delitos de drogas en tal categoría, lo que constituye un error de derecho, pues ello implica la derogatoria de normas contenidas en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

Por último, los abogados recurrentes destacaron que las medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial preventiva de libertad no promueven la impunidad, por cuanto las mismas garantizan suficientemente la presencia de los imputados en el juicio, y citaron el criterio manifestado por una de las Magistradas de la Sala de Casación Penal de este alto Tribunal, “en una de sus sentencias”, según el cual “detrás de cada expediente de droga no tiene por qué esconderse un desalmado enemigo de la humanidad, sino que éstos son seres humanos a quienes debemos juzgar sin prejuicio alguno, (...) siempre salvaguardando la imparcialidad y celeridad (...)”. En consecuencia, solicitaron se anulara la citada sentencia N° 1.712/2001 de la Sala Constitucional y se emitiera un nuevo pronunciamiento al respecto.

 

En primer término, este Juzgado de Sustanciación debe precisar que, dentro del catálogo de los medios procesales, ordinarios y extraordinarios, previstos en el ordenamiento jurídico para lograr la revisión de un fallo, el recurso de nulidad sólo está consagrado en materia de casación, y únicamente procede contra la sentencia de reenvío, producto de la casación por errores de juicio, pues el juez de reenvío queda vinculado a la doctrina casacional. En este sentido, el recurso de nulidad por razones de ilegalidad o de inconstitucionalidad no está contemplado en el Derecho positivo, como medio de impugnación de las decisiones judiciales.

 

 

Ahora bien, visto que dicho recurso de nulidad tiene por objeto la sentencia N° 1.712/2001 de la Sala Constitucional de este alto Tribunal, cabe señalar que el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en la cúspide del Poder Judicial en Venezuela, siendo el órgano de mayor jerarquía; por lo tanto, las decisiones dictadas por cualquiera de las siete Salas que lo integran –Plena, Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social– no pueden ser impugnadas sino a través de la solicitud de revisión constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, segundo aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que es del siguiente tenor:

 

“El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción o recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo 5 numerales 4 y 16 de esta Ley”.

 

Al respecto, la Sala Constitucional sostuvo, bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que existe una prohibición legal de ejercer un recurso de nulidad contra cualquiera de las decisiones emanadas de las Salas que conforman este máximo Tribunal, pues expresamente se dispone que contra dichas sentencias, no se oirá ni se admitirá recurso alguno, salvo la revisión constitucional (véase, entre otras, la sentencia N° 242 del 25 de febrero de 2004, caso: José Gregorio García Urquiola), cuyo conocimiento está atribuido por el Texto Fundamental a la referida Sala Constitucional.

 

Adicionalmente, visto que las decisiones dictadas por las Salas de este máximo Tribunal sólo son susceptibles de control a través de la solicitud de revisión constitucional, que la competencia exclusiva para conocer de dicha solicitud está asignada a la Sala Constitucional, y que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil prohíbe a los órganos jurisdiccionales revocar o reformar sus propias decisiones, se colige que las sentencias que dicta la referida Sala Constitucional adquieren desde su publicación, la fuerza de cosa juzgada formal y material, consagradas en los artículos 272 y 273, respectivamente, del mencionado Código, lo que se traduce en que la relación jurídica generativa del fallo en cuestión no es atacable y en que el contenido de la decisión se debe tener en cuenta en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto (véase sentencia N° 2.734 dictada por la Sala Constitucional de este alto Tribunal, el 18 de diciembre de 2001, caso: Antonio José Varela).

 

En consecuencia, el recurso de nulidad ejercido ante la Sala Plena es inadmisible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, quinto aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual “se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley (...)”, y en virtud de la existencia de la cosa juzgada, prevista como causal de inadmisibilidad de las demandas, solicitudes o recursos que se interpongan ante este alto Tribunal, en la misma disposición.

 

 

DECISIÓN

 

 

Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por los abogados Carlos Isaías Aponte González y Ramón Canela Guillén, actuando en nombre propio, contra la sentencia N° 1.712 de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 12 de septiembre de 2001.

 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. En Caracas, a los 15 días del mes de marzo de dos mil cinco. Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

La Secretaria,

 

 

 OLGA M. DOS SANTOS P.

 

Exp. N° AA10-L-2002-000112