SALA PLENA

SALA ESPECIAL SEGUNDA

 

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO VEGAS TORREALBA

EXPEDIENTE N° AA10-L-2008-000144

En fecha 17 de junio de 2004, la abogada Sioly Moreno Moya, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.396, actuando como representante judicial de la ciudadana Eirenes Rivas, titular de la cédula de identidad número 8.520.370, demandó por el pago de prestaciones sociales al Registro Subalterno del municipio Caroní, del estado Bolívar, ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

En fecha 21 de junio de 2004, dicho Juzgado admitió la demanda interpuesta y mediante sentencia de fecha 02 de octubre de 2006, declaró su incompetencia para decidir el asunto planteado y declinó su conocimiento en los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz.

El 24 de octubre de 2006, fue recibido el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, y una vez efectuada su distribución, le correspondió su conocimiento al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa Circunscripción Judicial.

En fecha 11 de marzo de 2008, el mencionado Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ordenó la remisión de las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentación, para asignarle la causa a uno de los Juzgados de Juicio de Primera Instancia del Trabajo del  Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial en referencia, en vista de la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar a que se refieren los artículo 129 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Previa distribución, el expediente fue recibido el 17 de marzo de 2008 en el Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, el cual mediante sentencia de fecha 03 de abril de 2008, ordenó la reposición de la causa al estado “…en que se notifique, mediante cartel de notificación expedido conforme a las previsiones del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…” y remitió las actuaciones al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

De esa decisión, la parte actora apeló en fecha 09 de abril de 2008, y el día 14 del mismo mes y año, el referido Juzgado oyó la apelación ejercida en ambos efectos, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Superior del Trabajo correspondiente.

Efectuada la distribución del expediente, correspondió su conocimiento al Juzgado Superior Tercero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, el cual mediante sentencia de fecha 25 de junio de 2008, se declaró incompetente para decidir la presente causa y, por cuanto constató la existencia de un conflicto negativo de competencia entre dos tribunales de distintas jurisdicciones que no tienen superior común, ordenó remitir el expediente a esta Sala Plena, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 23 de julio de 2008, se designó ponente al Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante Resolución N° 2009-0013 de fecha 13 de mayo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.210 del 30 de junio de 2009, con fundamento en el segundo aparte del artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, creó dos Salas Especiales que se denominarán Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda “para el conocimiento y decisión de expedientes que ha sido remitidos y que en el porvenir lo sean, a la Sala Plena para la correspondiente regulación de competencia o resolución de conflictos de competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen superior común y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos” (artículo 1 de la aludida Resolución). Así, la Sala Especial Segunda quedó conformada por los Magistrados Doctores Luís Alfredo Sucre Cuba, quien la presidirá, Juan José Núñez Calderón y Fernando Ramón Vegas Torrealba, la cual se constituye para decidir la regulación de competencia planteada en esta causa.

Siendo la oportunidad para decidir y analizadas las actas procesales, esta Sala pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

 

I

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

A los fines de fundamentar su demanda, la parte actora alega que en fecha 13 de octubre de 1982, ingresó como trabajadora fija al cargo de Escribiente I, en el Registro Subalterno del municipio Caroní.

Denuncia, que en fecha 09 de mayo de 2003, fue despedida injustificadamente por la ciudadana Consuelo Santos Seoane, quien desempeñaba el cargo de Jefa de Registro, y para esa oportunidad percibía “…un salario de quinientos veinte mil bolívares (520.000,oo bs) mensuales y un salario integral diario, de dieciocho mil trescientos noventa y dos bolívares (18.392 bs).”

Relata, que en vista de la finalización de la relación laboral, acudió ante el patrono en reiteradas ocasiones para solicitarle el pago de sus prestaciones sociales y demás beneficios adeudados por la prestación de servicios durante “…un período de veinte (20) años, cuatro (4) meses y nueve (9) días (…) habiendo sido infructuosos los esfuerzos para lograrlo.”

Seguidamente expone, que su patrono incumplió con el pago de los beneficios contemplados en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como “…a) Indemnización Sustitutiva del Preaviso (Artículos 104 y 125 de la LOT); Indemnización por Despido (ART 125); b) Vacaciones y Bono Vacacional vencidos, (Art 219 223 de la LOT); Vacaciones Fraccionadas (Art. 219 de la LOT) Bono Vacacional Fraccionado (Art. 223 de la LOT); Utilidades Fraccionadas 2003; bonos e intereses sobre prestaciones sociales.

Igualmente, detalló los conceptos y cifras adeudadas, para concluir que por prestaciones sociales, su patrono debe pagarle la cantidad de veintiocho millones novecientos cuarenta y un mil trescientos cinco bolívares (Bs 28.941.305), equivalentes a veintiocho mil novecientos cuarenta y un bolívares con treinta céntimos (Bs. F. 28.941,30).

Finalmente, solicitó que “…la citación se realice en nombre del (…) Alcalde del Municipio El Callao y representante legal de la referida Institución [y] condene por esta causa a la Alcaldía del Municipio El Callao, a pagar los costos y costas procesales ocasionados en esta causa, así como los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de los montos expuestos y solicitados.”

 

II

DE LAS DECISIONES REFERIDAS A LA COMPETENCIA

El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, se declaró incompetente para el conocimiento de la demanda interpuesta por la representante judicial de la ciudadana Eirenes Rivas, antes identificada, sobre la base de los siguientes argumentos:

De los alegatos escribimos (sic) en el libelo de demanda, observa este Tribunal que la demandante no afirmó ser un funcionario público, por el contrario, afirma que en su condición de trabajadora del Registro Subalterno del Municipio Caroní, se encuentra amparada por las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica del Trabajo (…)

Cabe destacar que al no tener la demandante el carácter de funcionaria pública, no entra bajo la esfera de competencias atribuidas a este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo, ya que de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sólo puede conocer de las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.

Conforme a las normas precedentemente expuestas, resulta forzoso a este Juzgado Superior declararse incompetente para el conocimiento de la presente causa y declinar su competencia en el TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ. Así se decide.”

Por su parte, el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, se declaró incompetente para conocer y remitió la causa a la Sala Plena, fundamentándose en lo siguiente:

En el caso de marras, tenemos que la ciudadana EIRENES RAMONA RIVAS MARTÍNEZ afirma en el libelo de la demanda que desempeña el cargo de Escribiente I en el Registro Subalterno del Municipio Caroní y dada la naturaleza pública de los registros, el personal adscrito a dichos entes tienen el carácter de funcionarios públicos independientemente que sean de carrera o de libre nombramiento y remoción, por lo que los conflictos de los mismos no son competencia de la Circunscripción Judicial Laboral, debido a lo cual entonces este Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, SE DECLARA INCOMPETENTE para tramitar y conocer la presente demanda por cobro de prestaciones sociales. ASI SE DECIDE.

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA PLENA

Previo a cualquier otro pronunciamiento, esta Sala pasa a determinar su competencia para conocer del presente asunto y, a tal efecto, observa que de acuerdo con el aparte 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se remitirán a la Sala que sea afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido, los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.

Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un superior común, en las sentencias número 24 de fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, (caso: Domingo Manjarrez), y número 1 de fecha 02 de noviembre de 2005, publicada el 17 de enero de 2006 (caso: José Miguel Zambrano), la Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintos ámbitos de competencia y no sea posible determinar cuál es la naturaleza del asunto debatido

Visto que en el presente caso se plantea un conflicto negativo de competencia entre tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales (uno contencioso administrativo y otro laboral), y no tienen un superior común, acogiendo el criterio jurisprudencial antes expuesto, esta Sala asume la competencia para conocer del conflicto de competencia, y así se decide.

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a resolver el conflicto de competencia planteado, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

Conforme alega la parte demandante, en fecha 13 de octubre de 1982, ingresó como trabajadora fija al cargo de Escribiente I, en el Registro Subalterno del municipio Caroní del estado Bolívar y en fecha 09 de mayo de 2003, fue despedida injustificadamente, percibiendo para ese momento “…un salario de quinientos veinte mil bolívares (520.000,oo bs) mensuales y un salario integral diario, de dieciocho mil trescientos noventa y dos bolívares (18.392 bs).”

Al respecto, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, declaró que por cuanto la accionante no indicó en su demanda que era funcionaria pública, sino, trabajadora del Registro Subalterno del Municipio Caroní, amparada por la normativa contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, el conocimiento de la pretensión ejercida le corresponde a los tribunales laborales.

Por su parte, el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, declaró que “…independientemente que sea de carrera o de libre nombramiento y remoción…”, por ser trabajadora del referido Registro, el cual se encuentra adscrito a la Administración Central, la demandante tiene el carácter de funcionaria pública, por lo tanto, su relación de trabajo se rige por la Ley del Estatuto de la Función Pública y el conocimiento de la pretensión ejercida es competencia de los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.

Así las cosas, se observa que el punto controvertido entre los tribunales en conflicto consiste en determinar el régimen jurídico aplicable a la relación laboral de los trabajadores de los Registros Públicos y para ello, es necesario precisar la naturaleza jurídica de estos órganos.

Al respecto, se observa que para la fecha de interposición de la presente demanda (17-06-2008), se encontraba vigente el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, número 1.554 del 13 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial número 37.333 del 27 de noviembre de 2001, cuyo artículo 14 establecía lo siguiente:

“Se crea la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como servicio autónomo, sin personalidad jurídica, que depende jerárquicamente del Ministerio del Interior y Justicia (…).”

Igualmente, el artículo 16 del mismo texto contemplaba que el personal adscrito a los Registros y Notarías ocupaban cargos de confianza y por lo tanto, eran de libre nombramiento y remoción. Cabe destacar, que esta normativa se encuentra actualmente preceptuada en la Ley de Registro Público y del Notariado, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.833 del 22 de diciembre de 2006, la cual contempla un cambio tanto en los números de los artículos que las regulan -10 y 12 respectivamente- como en lo que respecta a la denominación del organismo rector de los Registros y Notarías, que actualmente es enunciado como Servicio Autónomo de Registros y Notarías, igualmente adscrito al Ministerio de Interiores y Justicia (actualmente Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia).

De las normas anteriormente referidas, puede la Sala concluir que el órgano demandado pertenece a la Administración Publica Nacional, por lo tanto, las relaciones de empleo con el personal adscrito a los Registros y Notarías encuadran en la categoría de empleados públicos contemplada en el artículo 1° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual establece que esa Ley “…regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales…”.

Igualmente, tomando en cuenta que la ley que regula los Registros y las Notarías establece expresamente que los funcionarios adscritos a sus dependencias son de libre nombramiento y remoción, conviene invocar el contenido del artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual preceptúa que los “…funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción…”, reforzando con esto, la tesis de que los empleados adscritos a los Registros, son empleados públicos.

Adicionalmente, esta Sala en sentencia número 53, del 14 de mayo de 2008, publicada el 11 de junio del mismo año, se pronunció respecto a una demanda incoada por un particular que ocupaba el cargo de Registrador, por el cobro de prestaciones sociales, declarando en esa oportunidad lo siguiente:

Así, los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, encuentran regulada su relación de empleo público en el régimen estatutario de la función pública (salvo que sean expresamente exceptuados de su ámbito de aplicación de acuerdo con el órgano de adscripción), antes mediante la Ley de Carrera Administrativa y hoy por intermedio de la Ley del Estatuto de la Función Pública, promulgada en fecha 11 de julio de 2002, posterior a la aprobación del vigente Texto Constitucional (30 de diciembre de 1999), la cual en su artículo 19 igualmente reconoce que los funcionarios de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción y, en su artículo 20, señala que los funcionarios de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza, incluyendo entre los primeros el de Registrador (numeral 9).

Aún cuando el texto se refiere al cargo de Registrador, se pueden extrapolar sus efectos a todos los empleados de los Registros, en vista que todos pertenecen y laboran en el mismo ente, por lo que se puede concluir que las relaciones laborales existentes entre los Registros y sus trabajadores son de empleo público. Igualmente, no se desprende de los recaudos y alegatos aportados por las partes, que la relación se haya regido por las disposiciones de un contrato, lo que permite concluir que la parte accionante trabajó como personal fijo adscrita a la nómina del ente demandado, por lo que en atención a todas estas premisas es evidente que la demandante de autos mantuvo una relación de empleo público con la Administración Pública.

Siendo así, resulta evidente que el conocimiento de la presente causa corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 259 constitucional, toda vez que la demanda está dirigida contra un ente de la Administración Pública (Registro Subalterno del municipio Caroní, del estado Bolívar).

Ahora bien, a los fines de determinar el órgano de la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer por la cuantía de la presente causa, se aprecia que la Sala Político Administrativa en sentencia número 1.209 de fecha 2 de septiembre de 2004, (caso: Empresa Importadora Cordi vs. C.A Venezolana de Televisión), declaró que “…los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones  de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00),) si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal”.

En el presente caso, la cuantía fue estimada en la cantidad de veintiocho millones novecientos cuarenta y un mil trescientos cinco bolívares (Bs 28.941.305), equivalentes a veintiocho mil novecientos cuarenta y un bolívares fuertes con treinta céntimos (Bs. F. 28.941,30), y para la fecha de su interposición (17 de junio de 2004) estaba vigente el valor de la unidad tributaria señalado en el fallo de la Sala Político Administrativa parcialmente transcrito, por lo que su conocimiento le corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, la presente demanda debe ser decidida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Así se decide.

Al margen de lo anterior, no puede dejar esta Sala de advertir que la declaratoria de incompetencia que produjo el conflicto que se resuelve en el presente fallo, fue declarada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz cuando le correspondía conocer de la apelación ejercida contra la decisión de fecha 03 de abril de 2008, mediante la cual el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, antes mencionado, ordenó la reposición de la causa al estado “…en que se notifique, mediante cartel de notificación expedida conforme a las previsiones del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”, es decir, una apelación ejercida contra una decisión que se circunscribe al cumplimiento de un acto procesal propio del procedimiento laboral, por el cual ya no va a ser tramitada la presente causa, en vista de que el tribunal competente la sustanciará conforme al procedimiento que aplica a las querellas funcionariales, de manera que a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y siguiendo el criterio seguido en la decisión número 56 de la Sala Plena, dictada en fecha 27 de mayo de 2009, donde se planteó una situación similar, se anula la sentencia de fecha 03 de abril de 2008, dictada por el Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz . Así se declara.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas esta Sala Especial Segunda de la Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar y el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.

SEGUNDO: El TRIBUNAL COMPETENTE para conocer la demanda interpuesta por la abogada Sioly Moreno Moya, actuando como representante judicial de la ciudadana Eirenes Rivas, antes identificada, contra el Registro Subalterno del municipio Caroní del estado Bolívar y la Alcaldía del municipio Caroní del estado Bolívar, es el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. En consecuencia, remítanse las actuaciones al referido Juzgado.

TERCERO: SE ANULA la sentencia de fecha 03 de abril de 2008, mediante la cual el Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, ordenó la reposición de la presente causa al estado “…en que se notifique, mediante cartel de notificación expedida conforme a las previsiones del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.

CUARTO: SE ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz y al Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la misma Circunscripción Judicial.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Despacho de la Sala Especial Segunda de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil diez (2010). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

Los  Magistrados,

 

 

 

 

 LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

El Presidente de la Sala Especial Segunda

 

  

 

 

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA                                  JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                                    

       Ponente

La Secretaria

 

 

OLGA M. DOS SANTOS P.

 

Exp. AA10-L-2008-000144

FRVT/