EN

SALA PLENA

SALA ESPECIAL SEGUNDA

 

MAGISTRADA PONENTE JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

 

EXPEDIENTE N° AA10-L-2013-000036

 

I

 

Mediante oficio número T3S-00578-2013 de fecha veinticinco (25) de enero  de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a la Sala Plena de este Máximo Tribunal, el expediente identificado bajo el N° AP21-N-2013-000001, contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los abogados Ligia Aranguren Rincón, Manuel Salas Aranguren y Manuel de Jesús Bastidas, inscritos en el  Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números 13.688, 67.084 y 118.290, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la empresa PRETENSADOS VENEZOLANOS, C.A., firma mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), y estado Miranda, de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco (1955), bajo el N° 31, tomo 13-A, actualmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha  trece (13) de mayo de mil novecientos ochenta y uno (1981), bajo el N° 03, tomo 13-A, contra el silencio administrativo del Recurso Jerárquico ejercido en fecha ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012), el cual a su vez fue ejercido contra el silencio administrativo ocurrido en el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el acto administrativo de efectos particulares, denominado Certificación identificado con el N° 0425-11 de fecha quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), dictado por la Dra. Milagro M. Galeno L., médico especialista en salud ocupacional  adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

 

Dicha remisión se efectuó a los fines de conocer la solicitud de regulación de competencia planteada por los apoderados judiciales de la parte actora, antes identificados.

 

El Tribunal Supremo de Justicia acordó en Sala Plena, mediante Resolución Nº 2013-0010 de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013), con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, crear dos Salas Especiales, que se denominan Sala Especial Primera y Sala Especial Segunda, “…para el conocimiento y decisión de expedientes que han sido remitidos y que en el porvenir lo sean, a la Sala Plena para la correspondiente regulación de competencia o resolución de conflictos de competencia que hayan surgido entre tribunales que no tienen un superior común y que pertenecen a ámbitos competenciales distintos…” (Artículo 1 de la aludida Resolución). Así, la Sala Especial Segunda quedó conformada por el Magistrado doctor Fernando Ramón Vegas Torrealba, quien la presidirá, y los Magistrados doctores Malaquías Gil Rodríguez y Jhannett María Madriz Sotillo, la cual se constituye para decidir el conflicto negativo de competencia planteado en la presente causa.

 

El veintiséis (26) de marzo de dos mil trece (2013), se designó ponente a la Magistrada JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad para decidir y analizadas las actas procesales contenidas en este expediente, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

II

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito presentado el siete (07) de enero de dos mil trece  (2013), ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, los abogados Ligia Aranguren Rincón, Manuel Salas Aranguren y Manuel de Jesús Bastidas, antes identificados, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil PRETENSADOS VENEZOLANOS, C.A., interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el silencio administrativo del Recurso Jerárquico ejercido en fecha ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012), ejercido contra el silencio administrativo ocurrido en el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el acto administrativo de efectos particulares, denominado Certificación identificado con el N° 0425-11 de fecha quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), dictado por la Dra. Milagro M. Galeno L., Médico Especialista en Salud Ocupacional adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), que acordó la discapacidad parcial y permanente del trabajador José Ángel Torrealba González, titular de la cédula de identidad N° 10.459.723.

 

En fecha dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual correspondió conocer, previa distribución, se declaró incompetente para conocer del presente asunto y declinó la competencia al Juzgado Superior del Trabajo del estado Aragua con sede en Maracay.

 

Vista la decisión del referido Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  los apoderados judiciales de la sociedad mercantil PRETENSADOS VENEZOLANOS, C.A.,  en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), presentaron solicitud de regulación de competencia.

 

Es así, como en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013), dicho Juzgado, visto el escrito presentado por la parte actora, mediante el cual solicita la regulación de competencia, ordenó remitir el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

 

III

DE LA REGULACION DE COMPETENCIA

El dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente para conocer del presente asunto señalando que:

“(…) Se observa que la presente acción de nulidad fue interpuesta contra el acto administrativo de efectos particulares, denominado Certificación identificado con el No. 0425-11, de fecha 15 de noviembre de 2011, dictado por la Dra. Milagros Galeno, Medico Ocupacional adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el cual le fue notificado a su representada en fecha 10-01-2012, mediante oficio No. SSL/NC/00433-11, de fecha 16 de noviembre de 2011, el cual acordó la Discapacidad Parcial y Permanente del ciudadano José Ángel Torrealba González, titular de la cédula de identidad No. 10.459.723.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 259, señala:

 

(…Omissis…)

 

 En tal sentido la norma constitucional otorgaba a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia “para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho”.

 

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de fecha 26 de julio de 2005, en la Disposición Transitoria Séptima, establece:

 

(…Omissis…)

 

De esta manera, se estipulaba, por ley orgánica, una competencia por la materia a los Tribunales Superiores del Trabajo “en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial”.

 

Así, se le asigna la competencia sobre la nulidad de los actos administrativos a la jurisdicción contencioso administrativa, y, como quiera que en el presente caso la presente acción de nulidad fue interpuesto contra el acto administrativo antes descrito dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Aragua. Corresponde a los Juzgados Superiores del Trabajo del Estado Aragua, con sede en Maracay, el conocimiento de la presente nulidad, por todo lo que se declara la incompetencia, para conocer del presente Recurso de Nulidad, por lo cual se procede a la declaratoria de competencia al Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay.(…)” (sic).

 

Posteriormente, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), los abogados Ligia Aranguren Rincón, Manuel Salas Aranguren y Manuel de Jesús Bastidas, antes identificados, actuando como apoderados judiciales de la parte demandante, interpusieron solicitud de regulación de competencia, en razón de la decisión emanada del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fundamentado en lo siguiente:

 

 “(…) El presente Recurso de Nulidad fue intentado en contra de la denegatoria tácita del Recurso Jerárquico intentado en esta ciudad de Caracas, ante el Presidente del Presidente (Sic) del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (en adelante INPSASEL), cuyo asiento, dirección y domicilio es la sede central del INPSASEL, ubicada en el Edificio Luz Garden, entre las esquinas de Manduca Ferrenquín, Parroquia La Candelaria, de esta ciudad de Caracas, este es un Organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, cuya sede central es la ciudad de Caracas y cuyo Presidente, quien ejerce la representación del Instituto y a quien se le dirigió el Recurso Jerárquico intentado cuya denegatoria tácita origina la interposición del presente Recurso de Nulidad, Profesor Nestor V. Ovalles, ejerce de Presidente del Inpsasel y a su vez ejerce el cargo de Viceministro de Seguridad Social, adscrito igualmente al Ministerio ya identificado cuya sede administrativa es la ciudad de Caracas igualmente.

 

(…Omissis…)

 

(…) en este caso, habiéndose intentado en esta ciudad de Caracas el Recurso Jerárquico ante el Presidente del Instituto, en la sede central del INPSASEL, no resolviendo ese asunto o recurso dentro del lapso correspondiente, debe considerarse que ha resuelto negativamente y esta parte proponente del presente Recurso de Nulidad, puede intentar este recurso inmediato siguiente, entendemos ante salvo disposición expresa en contrario o que existiera taxativamente, que el Tribunal competente Laboral de esta ciudad de Caracas, mismo lugar de la sede central del INPSASEL ante la cual se intentó el Recurso Jerárquico anterior a este Recurso de Nulidad, es el competente para conocer de la presente acción y de ahí deriva nuestra fundamentación para la presente solicitud.(…)” (sic) (Subrayado de la cita).

 

Por auto de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señaló que:

“(…) Visto el escrito presentado en fecha 24 de enero de 2013, por el abogado Manuel Salas Aranguren, IPSA N°67.084, apoderado judicial de la parte actora recurrente, sociedad mercantil PRETENSADOS VENEZOLANOS C.A., mediante la cual interpone SOLICITUD DE REGULACIÓN DE COMPETENCIA, contra la sentencia publicada en fecha 16-01-2013, por esta Alzada, en el asunto principal signado con el N° AP21-N-2013-000001, en consecuencia, este Juzgado Superior Laboral ordena la inmediata remisión de este expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Coordinación Judicial del Trabajo de esta misma Circunscripción  Judicial, conforme con lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (…)” (sic) (Resaltado del auto).

 

IV

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Previo a cualquier otro pronunciamiento, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena pasa a determinar su competencia para conocer del presente asunto y, a tal efecto observa, que la regulación de competencia es un mecanismo procesal previsto en el Código de Procedimiento Civil, que tiene por finalidad dirimir las cuestiones de competencia que puedan surgir cuando se discute cuál es el órgano jurisdiccional a quien corresponda el conocimiento de una causa.

 

En ese sentido el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, establece:

 

“Artículo 71: La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.

Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 68, o que fuere solicitada como medio de impugnación de la decisión a que se refiere el artículo 349, la solicitud de regulación de la competencia no suspenderá el curso del proceso y el Juez podrá ordenar la realización de cualesquiera actos de sustanciación y medidas preventivas, pero se abstendrá de decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia.”

 

De la norma citada se desprende, que el Juez ante el cual se propone la solicitud de regulación de la competencia, remitirá inmediatamente copia de las actuaciones pertinentes al Tribunal Superior de la misma Circunscripción Judicial, para que decida la regulación, de manera que es el Tribunal Superior de aquel que determinó su incompetencia, el llamado a decidir la solicitud de regulación de la competencia que formulen las partes.

 

Al respecto, cabe señalar que la Sala Plena, en sentencia número 70 de fecha 18 de octubre de 2006, publicada el catorce (14) de diciembre de dos mil seis (2006) (caso: Siderúrgica del Turbio S.A., Sidetur Planta Casima), señaló:

 

“Se trata en este caso de una solicitud de regulación de la competencia realizada por una de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que ‘la sentencia en la cual el Juez se declare incompetente (…) quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de la competencia dentro del plazo de cinco días después de pronunciada’.

Visto el ambiguo y confuso contenido de la decisión del Tribunal de la causa, estima la Sala Plena necesario recordar que el otro supuesto en el cual puede producirse una decisión sobre la regulación de la competencia, es aquel que deriva de un conflicto surgido entre dos Tribunales, supuesto este en el que la regulación debe ser planteada de oficio por el Juez, y no ya a (sic) solicitud de una de las partes como en el presente caso.

La regulación de la competencia debe ser planteada de oficio por el Juez, según el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, cuando se produzca una sentencia que declare la incompetencia de un Tribunal y, por otra parte, el Juez o Tribunal que haya de suplirle ‘se considera a su vez incompetente’ en estos casos, dispone la misma norma, el último de los Tribunales en declararse incompetente ‘solicitará de oficio la regulación de la competencia’.

Una vez precisado lo anterior, debe advertirse que para la tramitación y decisión de las solicitudes de regulación de la competencia que realicen las partes en un proceso, el artículo 71 del mismo Código establece que dicha regulación ‘se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia’, el cual, a su vez, ‘remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación’; así pues, en principio son los Tribunales Superiores de la Circunscripción a la cual pertenece el Tribunal que determinó su propia incompetencia, los llamados a decidir la solicitud de regulación de la competencia que formulen las partes”.

 

Ese criterio fue ratificado por la Sala Plena en sentencia número 17 de fecha  treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009) (caso: Marisol Briceño Castillo y otros vs Jorge Luis Briceño Paredes) y en sentencia Número 54 de fecha tres  (3) de agosto de dos mil once (2011), publicada el trece (13) de octubre de dos mil once (2011) (caso: Aracelis del Carmen Ramos Gómez vs José Alberto Azuaje Romero).

 

En este sentido, a esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena, le corresponde conocer de los conflictos de competencia suscitados cuando dos (02) tribunales se declaran incompetentes para conocer de una causa, y no existe otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, o que no exista una Sala con competencia por la materia afín,  todo ello de acuerdo con el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.483 de fecha 09 de agosto de 2010, (véanse sentencias de esta Sala Plena número 24 de fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, caso: Domingo Manjarrez, y número 1 de fecha 02 de noviembre de 2005, publicada el 17 de enero de 2006, caso: José Miguel Zambrano), lo que no ocurrió en el presente juicio, pues no existe el pronunciamiento de dos tribunales que se hayan declarado incompetentes para conocer del caso de autos, de manera que no se configuró un conflicto negativo de competencia, que motivara la remisión del expediente a la Sala Plena, pues lo que surgió fue la solicitud de la regulación de la competencia interpuesta por la parte actora de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil.

 

En consecuencia, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena, declara su incompetencia para conocer de la regulación de competencia solicitada por la parte demandante en la presente causa, por no ser el superior jerárquico del  Juzgado Tercero Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

 

En virtud de la anterior declaratoria, esta Sala ordena remitir el expediente al superior jerárquico  del Juzgado declarado incompetente que por ser un Juzgado Superior Laboral corresponde a la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, quien deberá conocer y decidir la solicitud de regulación de competencia planteada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil PRETENSADOS VENEZOLANOS, C.A. Así se declara.

 

Adicionalmente, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena, hace un llamado de atención a la Jueza Tercera Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, porque erró en la aplicación de lo establecido en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, que claramente regula las situaciones de hecho como la descrita, y en este sentido, se le apercibe para que en casos análogos no repita esta conducta que lleva a innecesarios retardos y vulnera el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de los justiciables.

 

V

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer la solicitud de regulación de competencia planteada.

SEGUNDO: Que el Tribunal COMPETENTE para conocer la solicitud de regulación de competencia sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los abogados Ligia Aranguren Rincón, Manuel Salas Aranguren y Manuel de Jesús Bastidas, inscritos en el  Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.688, 67.084 y 118.290, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la empresa PRETENSADOS VENEZOLANOS, C.A., antes identificada, contra el silencio administrativo del Recurso Jerárquico ejercido en fecha ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012), ejercido contra el silencio administrativo ocurrido en el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el acto administrativo de efectos particulares, denominado Certificación identificado con el N° 0425-11 de fecha quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), dictado por la Dra. Milagro M. Galeno L., médico especialista en salud ocupacional  adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), corresponde a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Notifíquese de la presente decisión al Juzgado Tercero Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Dada, firmada y sellada en el salón de Despacho de la Sala Especial Segunda de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los  doce (12) días del mes de agosto de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

FERNANDO R. VEGAS TORREALBA

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

 

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

                         Ponente

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

OLGA M. DOS SANTOS P.

 

 

 

Exp. Nº AA10-L-2013-000036