ANTEPROYECTO DE CDIGO PENAL
Portada
Agradecimiento del Anteproyecto
Exposicin de Motivos
Cdigo Penal
Indice General


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

 

 

 

 

 

CÓDIGO PENAL

ANTEPROYECTO

 

Alejandro Angulo Fontiveros

 

 

 

 

  Colaboradores:

Dr. José Luis Tamayo
Dr. Miguel Villarroel
Dra. Gladys Hernández
Dra. Mónica Fernández



AGRADECIMIENTO DEL ANTEPROYECTO
     Este anteproyecto fue elaborado por el honroso encargo que me hizo la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia a trav

 

      Este anteproyecto fue elaborado por el honroso encargo que me hizo la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia a través de su primer vicepresidente, Magistrado Doctor Franklin Arrieche Gutiérrez.

      Es necesario que los distinguidos señores Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia le hagan las correcciones y sugerencias que crean necesarias.

      Ojalá que también lo hagan los abogados de todo el país.

      Sería conveniente también que opinaran todos los sectores y no sólo los profesionales del Derecho.

      En este trabajo he contado con la valiosísima colaboración de los abogados siguientes: Ana Isabel Arroyo Hernández, Yraima Brito Mondragón, Anabella Carvallo Capella, Skeyla Cuevas Carrasquel, Mónica Fernández Sánchez, Gabriela Graterol Laffeé, Gladys Hernández González, Mily Luzardo Arenas, Carmen Pérez Jiménez, José Luis Tamayo, Olga Tsalikis Taouni, María García de Valverde, Miguel Villarroel Sierraalta y Katia Yassín Issa.

      Les estoy sumamente agradecido.

 

 

Alejandro Angulo Fontiveros



ANTEPROYECTO DEL CDIGO PENAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

      Hace cuarenta años -desde 1964- no se hace una reforma general del Código Penal, pese a ser en todo Estado la ley más importante después de la Constitución.

      En efecto, el Código Penal es fundamento indefectible del Estado social, democrático, de justicia y Derecho, postulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La importancia trascendental de ese código radica en que recoge los principios científicos del Derecho Penal y es su hontanar: su cauce permite la realización práctica de la justicia penal. Y desde antiguo, cuando un pueblo es yugulado por la criminalidad, que asesina, viola, secuestra y asalta, se ha recurrido al Derecho Penal como máximo disuasor, controlador social y garantizador de una pacífica convivencia. Crear un orden jurídico es la principal misión del Estado en aras de proteger la convivencia humana. (Por esto ROXIN asegura que "Un Estado en el cual el Derecho penal no ofrece una protección efectiva, ya no sería un Estado de Derecho"). El delito es desorden y por eso el pueblo ve en el Derecho Penal el Derecho por excelencia, ya que con la coacción -orientada al telos o bien común- reprime para crear libertad. El delito implica una rebelión contra la autorictas de la ley y por ende constituye un desorden máximo. El delito, a juicio de HEGEL, es la negación del Derecho; la pena es la negación del delito y así, siendo la negación de una negación, la pena termina por reafirmar el Derecho. Por ser el delito tan sumamente grave contra la sociedad (puesto que hace peligrar su desarrollo y aun su existencia misma) es que el Derecho Penal resulta la mejor defensa social.

      El Derecho Penal, pues, no sólo limita la libertad sino que crea libertad al proteger los derechos humanos de los más graves desafueros y, así, propicia la vida del hombre en condiciones de una dignidad que no existe si se tolera que impunemente sea víctima de diversos crímenes: todo ello justifica el poder punitivo ("ius puniendi") del Estado. Ciertamente, lo más contrario a los derechos humanos es permitir que un pueblo sufra tántos horrores por la acción impune de los criminales. El Derecho Penal, pues, reprime para crear libertad. En la medida que logre su esencial fin de influir en la colectividad para crear una conciencia ética y de respeto por las leyes e ipso facto por los demás, crea más libertad. Los pueblos que sean más capaces de entender esa necesidad, así como la grandeza del Derecho Penal, tendrán también mayor capacidad de ser libres. Es más: la idea que se forme un pueblo del Derecho Penal y de la ley penal, es guía segura del estado de su moral y educación. Y de allí surge una responsabilidad eminente para quienes, habiendo tenido la suerte y el mérito de poderse preparar mejor y especialmente en la ciencia penal, deben llevar ese mensaje al vulgo e influirlo hasta hacérselo comprender a cabalidad. Esta sería la mejor manera de hacer en Venezuela la ideal prevención pues el Derecho Penal también tiene una función preventiva, inescindible de la represiva, ya que funcionan como una unidad: hasta cuando reprime, el Derecho Penal cumple indirectamente una labor de prevención puesto que, según JESCHECK, "la pena justa constituye un instrumento imprescindible, en interés de la colectividad, para el mantenimiento del orden social". La mejor prevención es educar al hombre en el amor y respeto a la moral y a las leyes. "Vincular" al ciudadano con las leyes, como enseñó el sabio ANDRÉS BELLO.

      Empero, no se ha de creer en la utopía (que reinó desde el siglo XVI hasta casi el siglo XIX) de que el solo incremento de las penas y una febricitante penalización de las conductas, podían frenar por completo la criminalidad. Ningún país del mundo y ni siquiera aquellos considerados como potencias económico-sociales, pueden escapar al ineluctable fenómeno social de la criminalidad. Hay, pues, que tomar en consideración las causas que conducen al hombre a delinquir. La opresión del hombre por duras circunstancias económico-sociales lo hacen propender al delito y máxime si no ha recibido una educación adecuada. Se hace menester, en consecuencia, tratar de disminuir en lo posible la pobreza, no solamente por razones de justicia social sino para dar al ser humano más oportunidades de llevar una vida digna y alcanzar sus fines. En este propósito de abatir la pobreza y la consiguiente disminución de recursos en general, debe el Estado adelantar una política demográfica que mejore la calidad de la población y determine que la carencia de los recursos no sea tan grave, para lo cual es necesario controlar la natalidad porque en Venezuela tienen más hijos quienes menos los pueden mantener y educar. Y siempre tener presente, en relación con las personas que delinquen, que hay que considerar a éstos cada vez más, tanto en la vertiente del cabal respeto a sus derechos humanos cuanto a promover su reinserción social en la medida de lo posible y justo.

      Ha habido en Venezuela diversas leyes especiales, orgánicas y hasta reformas parciales del Código Penal que han sido influidas por la fluctuación de las circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas y aun religiosas tanto en el plano nacional como internacional. El inconveniente fue que se legisló de modo desordenado y se fueron superponiendo leyes penales, creando una legislación penal anárquica pues favorece la impunidad e inseguridad jurídica: este anteproyecto pone fin a la insana dispersión y unificó más de ochenta leyes penales.

      Este anteproyecto del Código Penal es liberal porque no es represivo en exceso sino comprensivo y con una tendencia general de no fijar penas altas. Ello no es lo más importante sino la certeza de su cumplimiento. Es preferible estipular penas moderadas y que se cumplan, a fulminar penas severísimas que después resulten incumplidas por cualquier razón e incluso la de que la ley penal adjetiva, como por desgracia ha sucedido en Venezuela con el Código Orgánico Procesal Penal, enerve la ley penal substantiva. Al respecto (en relación con el procedimiento penal) asevera ROXIN: "Sus prescripciones tienen que estar dispuestas para contribuir a la realización del Derecho penal material de acuerdo con la forma que corresponde a las circunstancias de hecho demostradas"; y dos páginas después añadió: "En la práctica, un orden jurídico-penal será tan bueno como lo permita el procedimiento para su realización y, a la inversa, una regulación procesal satisfactoria no es posible cuando no está concebida para el Derecho material (esto es, especialmente, para las consecuencias jurídicas dispuestas conforme a él)". (Derecho Procesal Penal, Ediciones del Puerto, año 2000, págs. 1 y ss).

      Esa tendencia a establecer penas bajas, tiene su excepción en delitos como el homicidio, las lesiones, la violación, el robo y el secuestro. El Código Penal contempla para el delito de homicidio intencional la pena de presidio de doce a dieciocho años y se propone para ese delito la pena de prisión de catorce a dieciocho años y multa de un mil cuatrocientas a un mil ochocientas unidades tributarias. Con respecto al homicidio agravado el código vigente señala la pena de presidio de catorce a veinte años y en el anteproyecto se propone la pena de prisión de quince a veinte años y multa de un mil quinientas a dos mil unidades tributarias.

      En cuanto al delito de lesiones el código vigente plantea cuatro clasificaciones de índole jurídicas y en el anteproyecto se sugiere una nueva clasificación de las lesiones en graves, menos graves y leves atendiendo al criterio médico legal, con el fin de evitar las dificultades prácticas de calificación jurídica por parte del Ministerio Público en la formulación de la acusación.

      El código vigente establece para el delito de violación una pena de cinco a diez años de presidio y en el anteproyecto se propone la pena de doce a dieciséis años de prisión y multa de mil doscientas a mil seiscientas unidades tributarias. El Código Penal tipifica el delito de actos lascivos con una pena de seis a treinta meses de prisión y en el anteproyecto se substituye tal delito por actos sexuales con un incremento considerable: de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

      Así mismo en cuanto al delito de robo el código vigente establece la pena de cuatro a ocho años de presidio y en el anteproyecto se sugiere la pena de prisión de ocho a doce años y multa del veinticinco al cincuenta por ciento del valor de los bienes objetos del delito. En relación con el delito de robo agravado el Código Penal vigente señala una pena de ocho a dieciséis años de presidio y en el anteproyecto se propone la pena de prisión de catorce a veinte años y multa del veinticinco al cincuenta por ciento de los bienes objeto del delito.

      En cuanto al delito de secuestro en el código vigente aparece una pena de diez a veinte años de presidio y en el anteproyecto se propone la pena de veinte a veinticinco años de prisión y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias.

      Otra excepción a establecer penas bajas son naturalmente los crímenes de lesa humanidad. En éstos se incluyó el terrorismo: es sin duda un crimen contra la humanidad y no hay razones que así lo impidan o desaconsejen. Y así Venezuela se une efectivamente a la lucha mundial contra el terrorismo.

      La liberalidad del anteproyecto se demuestra con la innovación del hurto famélico contemplado en el artículo 504, en el que no se castiga a quienes se apoderen de alimentos para calmar un hambre prolongada por una notoria situación de pobreza extrema; o de medicinas, para curar una grave enfermedad. Y se demuestra también con la atenuación especial por razones sociales establecida en el artículo 40:

      "Quien obre influido por tan extremas como notorias condiciones de pobreza e ignorancia y desigualdad sobrevenidas, todo lo cual le haya ocasionado una evidente falta de integración al sistema normativo nacional; y en cuanto estas circunstancias hayan determinado una debilitación manifiesta de su civismo, una propensión a delinquir y de forma evidente la ejecución de la conducta punible; y cuando tales circunstancias no tengan la excepcionalísima entidad suficiente para excluir la responsabilidad penal, será sancionado con la pena establecida para el delito cometido en un término no mayor de la mitad del límite superior, ni menor de la tercera parte del límite inferior".

      Así mismo, la tendencia liberal del anteproyecto se comprueba con la abolición de los delitos de adulterio (artículo 396), seducción con promesa matrimonial (artículo 379), incesto (artículo 381) y aborto (artículo 432). Sin embargo, esa tendencia no evitó que también se eliminaran algunas figuras delictivas con unas atenuaciones incomprensibles y aun inmorales, como el matamiento de niños o infanticidio denominado "Honoris causa" (artículo 413) y el abandono de niños expósitos por idéntico motivo (artículo 439).

      Por otra parte, el anteproyecto contiene una innovación importante respecto a las víctimas de la criminalidad y acerca de su indemnización por parte del victimario o, en su defecto, del Estado. En consecuencia, se incorporó el artículo 7, denominado "Naturaleza y fines de la pena", el cual estipula:

      "La pena podrá ser corporal y acumulativamente pecuniaria e indemnizatoria a la víctima. Si la multa se le pagare a ésta, el condenado podrá ser beneficiado con una disminución de la pena y hasta una cuarta parte de la misma. Si no fuere posible pagar a la víctima o no aceptare indemnización del condenado, éste deberá pagar la multa al Estado y en particular al Fondo Estatal de Indemnización y Ayuda a las Víctimas de la Criminalidad, que funcionará en el Ministerio del Interior y Justicia y según el reglamento que se dicte al efecto.
La pena responderá a los principios de necesidad y proporcionalidad y tiene también como fines la prevención, retribución y reinserción social del condenado".

      Esta disposición cumple con lo establecido en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, contenida en la Resolución N 40/34, del 29 de noviembre de 1985 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

      Esas víctimas de la criminalidad siempre habían sido olvidadas en Venezuela y la continua invocación de todos a los derechos humanos parecía reservar éstos a los delincuentes únicamente.

      El anteproyecto del Código Penal comprende tres libros. El primero contiene la parte general, el segundo la parte especial, los delitos y, el tercero, las faltas.

 

PARTE GENERAL

      El anteproyecto del Código Penal que se propone ha quedado estructurado en su parte general de una manera pedagógico-jurídica que permite pasar desde el primer elemento del delito (la conducta punible) hasta la forma inacabada del delito, la autoría y participación, así como la concurrencia de conductas punibles, las circunstancias del delito, la antijuridicidad, culpabilidad e imputabilidad y causas que la excluyen. De seguidas está la culpabilidad como tercer elemento, para después dar paso a las razones concretas de imputabilidad: si es posible determinar todos los elementos, surgiría la imposición de las penas o la medida de seguridad según corresponda.

      Como aspecto novedoso y de vanguardia, el anteproyecto sólo incluye la figura de la tentativa como forma inacabada del delito. Por tanto, elimina la posibilidad de sancionar la frustración y únicamente se está en presencia de un delito inacabado punible cuando la tentativa haya sido idónea, ya que la tentativa inidónea no será punible a menos que se trate del delito imprudente y consecuentemente evitable por el autor, resultando entonces que se defina el delito imposible y se determina sólo su sanción en caso de que la inidoneidad pueda transformarse en un delito de peligro, aspecto de relevancia en el libro segundo en cuanto a la parte especial.

      La concurrencia de personas en la perpetración de una conducta punible ha servido para precisar los conceptos de autores, instigadores, auxiliadores necesarios y cómplices, lo cual en la práctica ayudará a una más clara aplicación del precepto pues acaso no haya mucha precisión en la definición de cómplice, la cual (definición) a su vez permitiría diferenciarlo de un auxiliador. Esto se ha traducido o en una absoluta impunidad (ante la imposibilidad de aplicar una sanción al no establecerse la participación) o en condenas injustas por no saberse diferenciar el grado de la implicación de los sujetos activos en la conducta punible.

      Las circunstancias relativas a la concurrencia de los delitos no han variado y se mantiene la posibilidad de acumular penas a través de la concurrencia real o de la concurrencia ideal, lo que sin duda también influirá en las formas de imposición y cumplimiento de la condena así como en las circunstancias agravantes o las atenuantes ordinarias que allí se han contemplado, siendo que particularmente estas últimas se han adaptado sobre la base de un criterio social y cultural actual, terminando con las imprecisiones del artículo 74 del Código Penal vigente, que constituyen un motivo para recurrir ante la instancia superior, pues el afectado considera que su falta de aplicación atenta contra el principio de la atenuación de la pena, pese a que son facultativas del juez. El cambio radica en centrar la voluntad del juez haciendo menos subjetiva la aplicación de tal disposición.

      No queda vacío alguno en cuanto a la imputabilidad del autor, se conservan las características de la alteración de los estados de conciencia por el consumo del alcohol o las substancias estupefacientes, mas sancionando como imputable a aquel que háyase ocasionado, voluntaria y dolosamente, un estado de perturbación mental correspondiente al de un inimputable para cometer una conducta: así se asume el concepto doctrinario vigente al nivel internacional en cuanto a la acción librada en su causa.

      Las penas y sus clases han constituido un avance de actualización, toda vez que el anteproyecto proporciona una moderna clasificación de las penas al eliminar una absurda diferencia teórica entre la pena de presidio y la de prisión y se establece la pena de prisión para los delitos y la de arresto para las faltas; quedan eliminadas la relegación a la colonia penitenciaria y otras formas anacrónicas de sanción penal.

      Se le da absoluta relevancia a la disposición de que todos los delitos tipificados en este anteproyecto incluyen como pena principal común a la de prisión y a la de arresto, la de multa, con excepción del delito tipificado en el artículo 901 del anteproyecto, "Fuga de detenido".

      Como aspecto de vanguardia queda lo relacionado con las penas privativas de otros derechos, señaladas en el artículo 74, que contempla la inhabilitación política, la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria; la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad, la privación del derecho de conducir vehículos automotores (destaca la importancia de la conducta subjetiva dañosa el peligro que se ocasione al colectivo) y la privación del derecho a la tenencia del porte de armas, con igual característica que el permiso para conducir; conductas típicas que comenzó a analizar la teoría de la imputación objetiva inspirada en la teoría finalista y sus postulados iniciales y esenciales.

      A continuación el título VI regula las causas de extinción de la acción penal y de la pena y mantiene lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del Código Penal vigente en cuanto a la prescripción de la acción penal ordinaria, así como la prescripción de la pena, según el artículo 112 actual.

      Se elimina el vigente artículo 110, que contempla la prescripción extraordinaria o judicial, por ser fuente de impunidad. La confusión práctica de cuándo comienza a correr la prescripción de la acción o de la pena y cuándo se interrumpen éstas, se subsana al fijar en los artículos 136, 137, 139, 142 y 144 estas formas adaptadas a la legislación adjetiva vigente y acoge así la jurisprudencia de las Salas Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

      El título VII, sobre la responsabilidad civil, constituye un aporte interesante a las teorías del daño, del lucro cesante y daño emergente en materia civil, cuando es el mismo Código Penal el que determinaría que existe responsabilidad civil desde el mismo momento en que exista responsabilidad penal por una conducta punible y cuando se deriven de ello daños y perjuicios. Se establecen en los artículos 149, 150 y 151 las formas de exención de la responsabilidad civil y la subsistencia de ésta en caso de exención de la responsabilidad penal, la responsabilidad civil del superior jerárquico y la no exención de responsabilidad a aquellas personas que no quedan exentas de forma expresa en el anteproyecto del Código Penal.

      Se ha modificado también la responsabilidad civil de tipo subsidiario para culminar con los problemas prácticos en relación con las personas jurídicas y lo concerniente a los responsables civilmente, en defecto de quienes lo sean penalmente, según los artículos 152, 153, 154 y 155.

      Es importante también destacar aquí la clara responsabilidad del Estado y los entes que lo componen, cuando se asume el criterio dominante en Europa a través de la responsabilidad penal del Estado, según la teoría de la escuela francesa recogida en el espíritu del artículo 30 de nuestra Constitución.

      De esta manera el libro I del Código Penal, en cada uno de sus títulos y capítulos, orienta hacia una clara responsabilidad penal derivada sólo de la sanción que puede surgir cuando se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta en la producción del resultado, de peligro o de daño, y se asume la posibilidad de los delitos de omisión y de los delitos de peligro capaces de ocasionar lesión al bien jurídico tutelado.

PARTE ESPECIAL

      La parte especial del anteproyecto del Código Penal del Tribunal Supremo de Justicia fue ampliada a diecinueve títulos con el objeto de lograr la más completa codificación.

      En razón de la existencia de más de ochenta leyes vigentes (incluidos códigos, leyes orgánicas y leyes especiales), que tipifican diversas conductas punibles castigadas con presidio, prisión, arresto y multa, se procedió a su compilación, análisis y clasificación, con el fin de poder insertarlos adecuadamente dentro de los diversos títulos, capítulos y secciones del anteproyecto del Código Penal, con miras a la codificación de las respectivas disposiciones penales en ellas contempladas.

      No obstante, debido a la multiplicidad de novedosas conductas punibles contempladas en varias de tales leyes, hubo también necesidad de crear, dentro de cada título, nuevos capítulos y secciones y reformar varios de los actuales en cuanto a su denominación y estructura, dado que la vetustez del Código Penal actual no brinda otra posibilidad.

      Los distintos delitos contemplados por las leyes en referencia fueron incorporados al anteproyecto previa su exhaustiva revisión y consideración en cuanto a la conveniencia de mantenerlos en vigor tal como están vigentes; modificarlos en aquellos casos en que ello resultaba conveniente o fusionarlos en un solo artículo en caso de encontrarse repetidas idénticas conductas punibles.

      Los documentos matrices empleados para acometer la labor realizada lo constituyen el proyecto de Código Penal de los profesores JORGE SOSA CHACÍN y JOSÉ MIGUEL TAMAYO TAMAYO, así como los Códigos Penales de España (1995) y Colombia (2000), por ser éstos los más modernos y de más reciente vigencia, amén de próximos a nosotros, lo mismo que los Convenios, Tratados y Pactos Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

      Características más relevantes del anteproyecto relacionadas por títulos:

TÍTULO I
DELITOS CONTRA LA
INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

      1.- El tratar en primer término los "DELITOS CONTRA LA INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO", se hace tomando en cuenta que la estabilidad del Estado democrático es condición esencial y básica para la normal y adecuada garantía de los derechos humanos y para su correcto ejercicio: "salus patriae, prima lex" (La salud de la patria es la ley primera).

      2.- En el capítulo I se contempla el "DELITO DE TRAICIÓN Y OTROS DELITOS CONTRA EL ESTADO", sin mayores cambios substanciales respecto del Código Penal vigente.

      3.- Se incluye el capítulo II, relativo a los "DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN", para darle cabida a los actualmente tipificados en la vigente Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (Gaceta Oficial N 37.594 del 18 de diciembre de 2002).

      4.- Destaca en el capítulo III intitulado "DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL", la inclusión del delito de SEDICIÓN, que no se encuentra tipificado en el código vigente.

      5.- Se incluyen, en el capítulo IV, los delitos relacionados con las "AGRESIONES Y OFENSAS A LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y A LOS PODERES PÚBLICOS".

      6.- Capítulo V, "DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES".

      7.- Capítulo VI, "DELITOS INTERNACIONALES".

TÍTULO II
DELITOS CONTRA LA VIDA
Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

      1.- Este título corresponde al actual título IX del Código Penal "DELITOS CONTRA LAS PERSONAS" y su ubicación, en el título II del libro segundo del anteproyecto obedece a la filosofía de la Constitución de la República que en su artículo 2 consagra, entre otros, como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida y la libertad, bienes jurídicos fundamentales por excelencia en este anteproyecto.

      2.- El capítulo I trata lo relativo al delito de "HOMICIDIO" en todas sus formas: doloso, agravado, preterintencional, concausal y culposo. También se desacrimina la eutanasia o muerte piadosa:

"Artículo 217.- Dar muerte por piedad. No comete delito quien para evitar o aliviar el inaguantable dolor o sufrimiento al que padezca una enfermedad terminal o incurable, haga cesar el tratamiento médico a sabiendas de que podría sobrevenir la muerte o aun que la producirá. Tampoco comete delito quien administre a un enfermo tal calmantes en dosis masivas que puedan mitigar el dolor pero también provocar la muerte. Ni cometerá delito el que por piedad y de modo directo cause la muerte para mitigar su dolor o sufrimiento.
En todos estos casos se requerirá indefectiblemente el consentimiento del paciente y dado de un modo consciente, expreso e inequívoco. Si no estuviera en condiciones de dar su consentimiento, éste podrá ser suplido por un testamento vital o documento auténtico en el cual haya manifestado su deseo acerca de los tratamientos médicos que desea recibir o no recibir caso de sufrir una enfermedad terminal o irreversible, cuando ésta le impidiere expresarse de viva voz o directamente en tal eventualidad. El testamento mencionado debe ser evaluado por una comisión integrada por un familiar del paciente; un médico y un abogado designados por el Estado. A esta comisión podrán agregársele un médico y un abogado designados por la familia. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la comisión, éstos deberán enviar inmediatamente el testamento a un tribunal penal, al que corresponderá la decisión definitiva sobre el caso.
Si pese a que no hubiere tal consentimiento ni aquel testamento o documento auténtico, alguna persona da muerte a otra y se comprobare que mediaron razones de misericordia, se tendrá esa acción como un homicidio y la pena de prisión será de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias".

      Hay una tendencia mundial -sobre todo en los grupos más desarrollados económicamente y emancipados de prejuicios y supersticiones- a respetar la voluntad ajena en relación con la fase terminal de su vida.

      Prueba de esta tendencia mundial es que en España (Código Penal de 1995) está excluida toda penalidad a las formas de complicidad y encubrimiento de la eutanasia y está despenalizada la pasiva y la activa indirecta. Sí penalizan la activa, pero se bajó la pena en dos grados y nadie va preso por ello.

      El famoso penalista Francisco Muñoz Conde asegura que el problema de la eutanasia está impregnado de prejuicios religiosos, que el suicidio puede ser un acto supremo de libertad, que nadie puede negar a un ser humano la posibilidad de preferir una muerte digna e indolora a una vida llena de sufrimientos y que lo planteable es si se admite la no criminalización de todas las formas de participación en el suicidio, incluyendo las ejecutivas.

      En Alemania, el Tribunal Supremo amplió la licitud de la eutanasia y el ultrafamoso penalista GÜNTHER JAKOBS (hoy el más traducido al español) asevera que el valor principal no es la vida como fenómeno biológico, sino su calidad; que hablar de eutanasia pasiva es un eufemismo porque la desconexión de un respirador no requiere menos actividad que la inyección de un veneno; preconiza la eutanasia directa y que cuando es a petición no es típica; que se amenazaba con el horror del juicio final, pero que el Estado moderno promete a sus ciudadanos una muerte a su debido tiempo. Y dosis analgésicas que aceleren la muerte son permitidas no sólo desde un punto de vista legal, sino también teológico (Suicidio, Eutanasia y Derecho Penal, GÜNTHER JAKOBS, 1999).

      La Constitución manda respetar el libre desenvolvimiento de la personalidad y el derecho a no recibir tratos degradantes. Nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento médico que no quiera. Eso puede ser equivalente a someterlo a un trato inhumano o degradante.

      3.- El capítulo II está referido al delito de "LESIONES PERSONALES", se reducen a tres (graves, menos graves y leves) la clasificación de las lesiones tipificadas como delitos, dejándose como simples faltas las catalogadas de levísimas.

      También en este capítulo se incluyó la definición del delito de tortura y la inclusión del delito de torturas a particulares.

      4.- En el capítulo III, "DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES", se añade en el artículo 229 la posibilidad de que los delitos de homicidio y lesiones puedan cometerse en el deporte.

       El deporte y especialmente el fútbol es el espectáculo más visto en el mundo. Las transmisiones por satélites permiten a millones de personas ver los juegos al instante de celebrarse. En el deporte se cometen delitos. Hay la creencia de que no lo son o de que deben quedar impunes. Se ha dicho (CABANELLAS) que la criminalidad en deportes es tan inexplicablemente impune como la de los criminales de guerra. Se perpetran diversos delitos; pero el de lesiones constituye la más imponente dificultad delictual enfrentada en el deporte. Todo el que lesione a otro de modo deliberado comete tal delito. Se arguye que el deporte tiene sus reglas y autoridades (bien ineficientes por cierto) y que esos casos deben ser juzgados a la luz de tales reglas y autoridades. Pero no puede haber un orden legal paralelo e independiente del Derecho Penal u orden lógico que no puede contradecirse por un ordenamiento normativo lateral o superpuesto. Esto equivaldría a substraer los deportistas de la aplicación del Derecho Penal y a erigir un fuero privilegiado para ellos, quienes a su antojo podrían lastimar "ex profeso" a otros y no ver comprometida en absoluto su responsabilidad penal. Es verdad que el consentimiento destruye el tipo; pero los competidores no consienten en ser lesionados de modo irreglamentario, sino en correr los riesgos normales de la competición. El deporte -como un contrato al fin- no puede tener causa ilícita y menos criminosa. La ley penal es de estricto orden público y no puede ser relajada por convenios de particulares. El Derecho se impone "velis, nolis": quiérase o no.

       Los Estados permitieron el deporte, con su evidente cuota de violencia, no sólo por su fin recreativo y salutífero sino educativo. Éste se cumple únicamente si el mensaje pedagógico es bueno. La educación funciona sobre la base de modelos. Buena educación es dar ejemplos morales y viceversa (JESCHECK habla de "ejemplos insoportables"). El deporte da muy buenos ejemplos; pero también inmorales y hasta de criminalidad, con el agravante de ser ésta la única filmada con pleno conocimiento y satisfacción de todos (no subrepticiamente como por ejemplo la violación de niños en Internet). Para no favorecer el crimen en general se prohíben hasta los mensajes subliminales apologéticos; pero el mensaje y la carga emocional que implican esa violencia y heridos en las competiciones no son sugestivas ni subliminales, sino brutalmente directos y por tanto mucho más peligrosos. Criminalidad impune, triunfante y glorificada. Ello daña la educación de los pueblos. Educación enraizada en el concepto de justicia social. Así que es justo exigir al mundo del deporte que cumpla ese alto cometido educativo que tiene y por el cual fue autorizado. Y exigirle que no sólo respete el derecho del pueblo a una educación sana e integral, a través de paradigmas éticos, sino que respete el derecho de los deportistas a no ser lesionados y hasta matados en acciones de una violencia irreglamentaria y por consiguiente criminosa. Un deporte desviado de su esencial oriente noble es un factor criminógeno directo; y también indirecto a través de tan pernicioso cuan ultrapresenciado ejemplo de conducta, que habrá de repercutir especialmente sobre niños y adolescentes. Por si fuere poco, hay que añadir que esa violencia ilegítima y aun delictuosa se contagia a la muchedumbre, cuya violencia ha causado calamidades de todo tipo e incluso tragedias. Por todo esto se creyó conveniente hacer una tipificación expresa de tales acciones delictivas en el deporte, para informar a la colectividad -labor fundamental del Derecho Penal según ARMIND KAUFFMAN- y evitar dudas y vacilaciones en los jueces. Resulta ser un caso similar al de la estafa procesal, que siendo un caso de la estafa genéricamente considerada, se ha pensado -y así se hizo en este anteproyecto- que conviene su tipificación expresa por los mismos motivos.

       También se incluyó (lo cual constituye una importante novedad) el delito de conducir en estado de embriaguez, en el artículo 232 del anteproyecto. Ciertamente es gravísimo este problema (de los accidentes de tránsito) en Venezuela y el alcohol contribuye con creces. Así mismo se da potestad al juez para revocar licencias de conducir. Así se le pondría un justo límite a tan temeraria conducta.

      5.- En el capítulo IV se contempló el "ABORTO".

      Venezuela sólo reconoce el aborto terapéutico en el artículo 435 del Código Penal ("para salvar la vida de la parturienta"), lo cual es doblemente absurdo porque no lo autoriza para salvar la salud y porque un aborto no puede ser posible en una parturienta en trance u ocasión de parto pues aborto y parto son conceptos excluyentes: conviene crear el término "abortante", tan específico como el de parturienta y ambos dentro del concepto genérico de gestante. Aquella limitación (artículo 435) es hipócrita, discriminatoria y cruel: 1) No hay educación sexual ni planificación familiar y tal ocasiona que el aborto se use como control de natalidad por quienes hubieran podido impedir la procreación. 2) Las clases acomodadas pueden comprar más anticonceptivos y si hay embarazos pueden ir a EE.UU. y abortar: aquí el aborto es delito sólo para el proletariado. 3) Se impone a la mujer un hijo indeseado y un cambio de vida con el cual su infelicidad es probable. Y si aborta lo hará de modo clandestino y con graves riesgos para su vida y salud.

      Por todo eso se propone la solución del plazo como la mejor, al quedar autorizadas todas las mujeres e independientemente de su clase social y al evitarse el aborto clandestino o flagelo social con su estela de mortalidad, rastros patológicos y sobrecarga institucional: aborto legal (intervenciones sanitarias correctas y técnicamente realizadas) contra el aborto clandestino o torpes maniobras de la embarazada o de impreparados auxiliadores e incluso curanderos. En la noble empresa de procrear, en la pareja es sólo la mujer quien arriesga su salud y hasta su vida y de allí emana su derecho a controlar su propia reproducción. Un embarazo indeseado no puede justificar el que se prive a una mujer para siempre de buscar su felicidad personal: después del nacimiento se contrae con los hijos una responsabilidad eminente e irrenunciable y son derechos fundamentales de la persona el poder determinar si y cuántos quiere tener, y el de poder llevar, no obstante y al mismo tiempo, una vida sexual razonablemente satisfactoria. Sin embargo, pese a ser éste un anteproyecto completamente proabortista, en el sentido de que hace primar el aborto libre (puesto que prefiere la solución denominada "del plazo" que en principio -porque en el anteproyecto no se permite a la mujer abortar en cualquier momento de la gestación- da un derecho absoluto al aborto), también, para cumplir la esencial labor informativa del Código Penal y evitar además dudas y vacilaciones en la ciudadanía (especialmente en las mujeres) y aun en los jueces penales, se han descrito las situaciones correspondientes a los abortos terapéutico, ético, eugenésico y por angustiosa necesidad social, que no constituirían delito. Y en lo que sí configura el delito de aborto, esto es, en el aborto no consentido por la mujer, se prefirió incriminar (como lo hace el código vigente) allí mismo la tentativa (además de la consumación) pese a que lo ortodoxo es limitar la perfección delictuosa a la parte especial y dejar las acciones inacabadas para la parte general. Preferencia motivada por el deseo de hacer más patente la amenaza del castigo para todo aquel que apenas intente provocar el aborto en una mujer sin su asenso.

      No habría violación del artículo 43 constitucional, ya que se refiere a las personas y el embrión no lo es: así lo reconocen hasta en Italia. No significa ello el desconocer la vida del embrión o "nasciturus": la vida es el principal derecho y la del "nasciturus" goza de protección constitucional porque hay la obligación de no interrumpir u obstaculizar la gestación y la de proteger jurídicamente tal vida e incluso con sanciones penales. Pero hay excepciones: cuando haya un conflicto entre la vida del "nasciturus" y otros bienes o derechos de rango constitucional y deban prevalecer éstos: la vida de la gestante sobre la del embrión, ya que sería injusto impedirle defender su vida y se protegería más la vida del no nacido que la del nacido: es absurdo porque mayor entidad jurídica tiene la vida del nacido y su aniquilación es homicidio. Hay que ponderar los bienes y valores constitucionales en conflicto. También es injusto imponer a la gestante el sacrificio de su salud. Es injusto obligar a la mujer a soportar un embarazo por una violación (repárese en la vigente tragedia de las prisioneras en territorios ocupados y si es justo obligarlas a tener hijos -contra los cuales sentirían invencible repugnancia- de criminales y hasta enemigos) y humillar su vida ante un crimen que vulneró a más no poder su dignidad: propiciaría los repugnantes homicidios (infanticidios) por causa de "honor". Y es injusto -no exigibilidad de otra conducta- compeler a la gestante si hay contraindicaciones eugénicas. Y es injusto constreñir a la gestante si el embarazo implica sufrir un conflicto grave. En estos supuestos deben primar los derechos constitucionales de la mujer (incluso al libre desenvolvimiento de la personalidad) y acaso subsistiría la protección penal del "nasciturus" de no haber tales indicaciones o estado de necesidad: pero difícilmente pueda negarse el derecho de la mujer al libre desenvolvimiento de su personalidad y a no tener hijos cuando no lo desea, lo cual, dicho sea al pasar, también constituiría -de producirse el nacimiento del hijo no querido- una verdadera desgracia para éste. Extremar la defensa de la vida conduciría a negar lo aceptado aun por la Iglesia Católica: la legítima defensa. Es justo que haya una protección penal del "nasciturus"; pero no en contra de los derechos humanos de la mujer.

      Por ejemplo, en Bolivia y México la ley permite el aborto en casos de violación e incesto. Igual en España (cuyo entorno jurídico es de países que aceptan la indicación social), Italia y Portugal e incluyen el peligro a la salud mental de la gestante. La solución del plazo impide complicaciones: la indicación social (si el embarazo y consiguiente maternidad son muy gravosas para la madre por razones económicas o sociales y angustiosas siempre), aun irreconocida, encaja por lo común en la médica que preserva la salud y ésta comprende lo mental, que se afecta por la angustia. Pero se requeriría la autorización oficial y ello implica probables retardos burocráticos: para evitarlos y hasta por el temor de no recibir autorización, las desesperadas mujeres recurrirían entonces al aborto clandestino. Mas siempre se ha de apoyar estatalmente a las mujeres que decidan -sobre todo frente a la indicación socio-económica- proseguir su embarazo. Parece indiscutible que si la gestante prefiere abortar, en holocausto de su instintivo, clásico e insuperable amor de madre, se debe a que es víctima de terrible angustia y subsiguiente deterioro de su salud psíquica; pero si tal decisión es tomada con serena frialdad, también será mejor librar a la futura criatura de tamaña desgracia.

      La tendencia mundial es a reconocer un derecho absoluto al aborto en el lapso ya determinado y a reconocer a la mujer el derecho a su libre desarrollo personal sobre el bien representado por la vida del "nasciturus".

      A la objeción de su posible inconstitucionalidad, también podría redargüirse que puede haber antinomias intraconstitucionales si falla el principio de la coherencia interna o externa, esto es decir, si no hay congruencia con el contexto económico-social de la nación. Puede haber, pues, un conflicto entre normas y principios o valores o referencias axiológicas u ontológicas. Y tal sería el caso si se pretende, como se ha pretendido y se pretenderá, parangonar u oponer la vida del feto a la vida de la madre. En caso de colisión de normas constitucionales ha de resolverse el conflicto haciendo prevalecer el derecho de más entidad. Y difícilmente puede discutirse que mayor entidad fisiológica, jurídica, espiritual y filosófica, tiene la vida de la madre o de la mujer que la del feto.

      Otro argumento que puede hacerse contra esa supuesta inconstitucionalidad del aborto, es uno que se deduce de la propia Constitución: opónganse dos derechos igualmente tutelados por la Constitución: el derecho a la vida del feto, frente al derecho de la pareja a "decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho" (artículo 76 constitucional); e inclusive, si no se piensa en la pareja como tal sino en una mujer solitaria, en su derecho (también de rango constitucional) al libre desenvolvimiento de la personalidad (artículo 20), que apuntaría, lógicamente, a pugnar por una mejor calidad de vida. Es necesario (ante tales contraposiciones) considerar como prevalente el derecho de la mujer sola o de la pareja (si es que existe) para decidir libremente el número de hijos que desean concebir, ya que se trata de un derecho de personas ya existentes frente al derecho del feto. Y este derecho jamás puede privar -y menos de manera incondicional- sobre el derecho de las personas o seres humanos o, en todo caso, de seres humanos inequívocos. Además, es a estos últimos a quienes, también de modo inequívoco, se refieren los mandatos constitucionales de respetar los derechos de las "personas".

       Lo constitucional, en suma, es dar preferencia a los derechos humanos de la mujer.

      6.- En el capítulo V, "ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES DE PROVEER A SU SEGURIDAD O A SU SALUD", resalta el delito de omisión de asistencia por el conductor de vehículos automotores, para castigar en el artículo 249 la conducta de quien "...dejare en estado de abandono y sin prestarle o facilitarle inmediata asistencia a la persona que atropelló con su vehículo, aunque no medie culpa de su parte; o que no pudiendo prestarle auxilio por sí mismo dejare de dar aviso inmediato a la autoridad".

      7.- En el capítulo VI se incluye el delito de "VIOLACIÓN", abandonándose así su tradicional tipificación dentro de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias, habida cuenta de que se le da preponderancia a la integridad personal como bien jurídico principalmente protegido por este delito. Es verdad que está muy a la moda vigente el incriminar la violación en los delitos contra la libertad y más exactamente contra la "libertad sexual"; pero si se piensa en la violación (denominada "presunta" en la doctrina venezolana) cometida en perjuicio de una niña, adolescente o mujer? de doce años (recuérdese que ya puede salir embarazada y eso permitiría calificarla como mujer si se extrema la lógica de la hipótesis), que accedió gustosa a tener relaciones sexuales completas (coito) con el violador, cómo casar esta libre decisión con un delito contra la libertad? En cambio, lo que no podría nunca discutirse seriamente es que una violación es un delito contra las personas. Tal la razón del "anacronismo".

      8.- En el mismo orden de ideas expuestas en el párrafo precedente, se incluye respectivamente en los capítulos VII, VIII y IX lo relacionado con los delitos de acoso sexual, rapto y aquellos contra la dignidad y el pudor público.

      9.- En el capítulo X se tipifican los "DELITOS CONTRA EL HONOR Y LA REPUTACIÓN" (Difamación e Injuria), destacándose la inclusión del artículo 270 en el cual se castiga a los autores desconocidos de tales delitos en los términos siguientes: "Si los delitos a que se refiere el presente capítulo se cometieren por medio de la prensa, de la radio o de la televisión y no fueren conocidos los autores, incurrirán en las respectivas penas establecidas en los artículos precedentes los directores de las publicaciones periódicas, radioemisoras o televisoras o el editor de libros, panfletos u hojas sueltas, por medio de los cuales se haya perpetrado el delito, a no ser que prueben quién haya sido el autor o autores de los escritos, emisiones o imágenes difamatorios o injuriosos al ser requeridos por la autoridad competente".

TÍTULO III
DELITOS CONTRA
LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTÍAS

      1.- Este título comienza con el delito de desaparición forzada, contemplado en el capítulo I "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", actualmente en vigencia con motivo de la última reforma que se hizo al Código Penal (Ley de Reforma Parcial del Código Penal, Gaceta Oficial N 5494 del 20 de octubre del año 2000).

      2.- En el capítulo II, sobresale, en el artículo 282, la inclusión del nuevo delito de internación ilegítima en un hospital, para castigar la conducta de quien "a sabiendas de la buena salud física o psíquica de una persona, lograre mediante artificios o engaños que se le recluyere en un asilo, clínica, hospital o establecimiento similar", lo mismo que el delito de recepción indebida de personas detenidas, establecido en el artículo 283 del anteproyecto.

      3.- En el capítulo III, en el artículo 288 se tipifica el delito de Secuestro, el cual, en consecuencia, se consagra como un delito contra la libertad y no contra la propiedad, dándosele así preponderancia al bien jurídico más relevante.

      4.- El capítulo IV pasa a denominarse "DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL HOGAR O EL RECINTO PRIVADO DE LAS PERSONAS", adoptándose tal denominación según lo consagrado en esta materia por la Constitución, que no emplea la palabra "domicilio", pese a ser usada en la descripción típica, tomando en cuenta su tradicional aceptación doctrinaria y jurisprudencial. Se reforma así la actual denominación de este capítulo, que en el código vigente se intitula "Delitos contra la inviolabilidad del domicilio".

      5.- El capítulo V se refiere a los "DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD Y EL SECRETO DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y OTROS DOCUMENTOS", en el cual se tipifican las conductas delictivas relacionadas con las comunicaciones escritas; en tanto que en el capítulo VI se contemplan aquellos "DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS ORALES", para incluir los delitos tipificados en la vigente Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones (Gaceta Oficial N 34.863 del 16 de diciembre de 1991), y sobresale el artículo 306 que sanciona la importación, fabricación, comercio, porte, detentación, ocultamiento o suministro de equipos, aparatos e instrumentos de espionaje, el cual no aparece tipificado actualmente.

      6.- En el capítulo VII se contemplan los "DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS ELECTRÓNICAS" y en los capítulos VIII y IX respectivamente, los "DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA" y los "DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LAS COMUNICACIONES", para incluir los delitos tipificados actualmente en la Ley Especial contra Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N 37.313 del 30 de octubre de 2001).

      La red facilita el espionaje (contra la seguridad nacional y financiera, porque acaece mucho en las empresas), el terrorismo (v.gr. mensajes y fórmulas para confeccionar bombas), la prostitución infantil, las difamaciones, el juego ilegal, la evasión fiscal (el comercio electrónico implica que sean ilocalizables los establecimientos porque ya no son permanentes sino virtuales, que se pierda el rastro físico de la entrega del bien o prestación del servicio, así como del pago de la operación, que desaparezcan los intermediarios y las barreras fronterizas), el tráfico de drogas, armas y órganos, el lavado de dinero (transferencias internacionales de fondos), los hurtos (es posible sustraer bienes incorporales e intangibles), estafas y apropiaciones indebidas, delitos contra el derecho de autor (uso de programas de software, etc.) y la propiedad industrial, saboteos (en pro de siniestros informáticos) y violación de secretos. Los ilícitos informáticos pueden ser el acoso electrónico (Spamming o e-mails masivos y anónimos, contra lo que legisló -ley Consumer Antispamming Act- y obliga a identificar los mensajes y saca de la red a los infractores), el acceso no autorizado (uso ilegítimo de password y el acceder -Hackers- a un sistema sin autorización), destrucción de datos (daños mediante virus, etc.), violación de Copyright sobre bases de datos (uso ilegal de la información contenida en tales bases), intersección de e-mails (lectura de mensajes electrónicos ajenos), estafas electrónicas (a través de compras realizadas en la red) y transferencias de fondos (blanqueo de dinero negro, engaños y hurtos en este tipo de transacciones).

      7.- En el capítulo XI se incluyen los tradicionales "DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS" y se incorpora en el capítulo XII, en el artículo 338, el delito de Obstáculos contra el ejercicio de los derechos políticos.

TÍTULO IV
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

      1.- Se definen en el encabezamiento de este título los crímenes de lesa humanidad, y allí se establece que "A los efectos de éste código se entenderá por crímenes de lesa humanidad, las acciones que con máxima ignominia pongan en peligro el desarrollo y la existencia de los pueblos porque sistemáticamente dañan del modo más grave la dignidad humana en cuanto a la vida, libertad e integridad personal física y moral, perpetrados por funcionarios o particulares, con anuencia o no del Estado y en razón de la nacionalidad, raza, religión, cultura y género u opiniones políticas de las víctimas".

      2.- El capítulo I, intitulado "CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SUSCEPTIBLES DE SER COMETIDOS EN TODO TIEMPO", se divide en cuatro secciones y contempla los delitos de Genocidio, Terrorismo, Desaparición forzada, Homicidio y lesiones en persona protegida, Destrucción de un grupo humano o una población, Esclavitud, Tortura en persona protegida, Violación sexual en persona protegida, Prostitución forzada o esclavitud sexual en persona protegida, Embarazo y esterilización forzados en persona protegida, Privación ilegítima de libertad y Violación del debido proceso, Deportación, traslado o confinamiento ilegales, Actos de discriminación racial, Actos inhumanos, "Apartheid", Violación de convenios y Piratería con ignominia.

      En este mismo capítulo, en la sección cuarta, aparecen tipificados los delitos vinculados al "TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS", estipulados actualmente en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N 4.636 del 30 de septiembre de 1993). Su ubicación dentro del capítulo relativo a los crímenes de lesa humanidad obedece, entre otras razones, a la jurisprudencia de las Salas Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y al criterio de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia que se realizó en Caracas el 6 de marzo de 1998. Se destaca, dentro del tipo delictivo que contempla el delito de posesión ilícita de estupefacientes, la novedosa figura de la "dosis de aprovisionamiento" o "dosis personal para consumo inmediato", definida como "aquella cantidad de substancia estupefaciente que no exceda a la necesaria para el consumo medio individual por un período máximo de cinco días"; estableciéndose igualmente la no punibilidad respecto del que "adquiera las substancias a que se refiere el artículo anterior en cantidad destinada a su uso personal y obligado a ello por su adicción a la droga, con la condición de que esa cantidad no exceda la dosis de aprovisionamiento".

      Además se define, en la subsección primera, la "ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS"; en tanto que la subsección segunda trata lo concerniente a las "DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL CAPÍTULO PRECEDENTE".

      En el capítulo II, se contemplan los "CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SUSCEPTIBLES DE SER COMETIDOS EN TIEMPO DE GUERRA" y se tipifican tales crímenes en caso de un conflicto armado internacional y nacional.

TÍTULO V
DELITOS CONTRA LA FAMILIA

      1.- En el capítulo I de este título se incluyen los "DELITOS RELATIVOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR", actualmente tipificados en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.

      2.- Se crea el capítulo II, intitulado "DELITOS RELACIONADOS CON LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES", para codificar los numerosos delitos estipulados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA).

      3.- Se contemplan en el capítulo III los "DELITOS CONTRA LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO"; en el capítulo IV los tradicionales delitos de "SUPOSICIÓN DE PARTO Y ALTERACIÓN DE LA PATERNIDAD, ESTADO O CONDICIÓN DEL NIÑO" y, en el capítulo V los "DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES", sobresaliendo aquí aquellos relacionados con el incumplimiento de los deberes familiares. La fuente principal de estos delitos es el Código Penal español.

TÍTULO VI
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

      1.- Destaca la inclusión de los hurtos famélico y de bagatela en el capítulo I, que se denomina "HURTO", y se suprime la tradicional e innecesaria distinción del código vigente entre delitos agravados y calificados, para dejar solamente estos últimos.

      2.- El capítulo II se refiere a los delitos de "ROBO Y EXTORSIÓN", incluyéndose en el artículo 512 (Robo agravado) el uso de "...un arma de fuego falsa pero tan similar a las verdaderas que con éstas se pueda confundir en ese momento", tipificándose igualmente el robo cometido "en banda o grupo de gente armada contra un banco u otra institución financiera o contra quienes lleven remesas de dinero a los bancos; o contra las empresas transportistas de valores y sus vehículos".

      3.- Se incluyen, en capítulos especiales y separados (III y IV), los delitos de robo y hurto, tanto de vehículos como de ganado, lo cual se hizo en virtud de que las leyes especiales vigentes sobre la materia tratan particularmente tales delitos.

      4.- Dentro del capítulo V, relacionado con la "ESTAFA Y OTROS FRAUDES", se incluye el delito de estafa contractual, cuya fuente es el proyecto SOSA-TAMAYO. Igualmente se incorporan en este capítulo los delitos de administración fraudulenta, provecho fraudulento y venta o gravamen fraudulentos, sobresaliendo especialmente el delito de defraudación de fluidos, para tipificar las diversas conductas punibles relacionadas con la apropiación fraudulenta de fluido eléctrico, gas, agua o señal de telecomunicaciones. La fuente inmediata de este delito es el Código Penal español.

      5.- En el capítulo VI se tipifica el tradicional delito de apropiación indebida.

      6.- Con el objeto de incluir los delitos tipificados en la Ley de Depósito Judicial (Gaceta Oficial N 28.213 del 16 de diciembre de 1996), Ley de Venta de Parcelas (Gaceta Oficial N 3.242. N Extraordinario del 18 de agosto de 1983), Ley de Propiedad Horizontal (Gaceta Oficial N 3.241. N Extraordinario del 18 de agosto de 1983) y en la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales (Gaceta Oficial N 32.820 del 27 de septiembre de 1983), se creó un capítulo especial al efecto, denominado "DELITOS RELACIONADOS CON EL DEPÓSITO JUDICIAL, LA VENTA DE PARCELAS, LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y LAS HIPOTECAS NAVALES", que corresponden al capítulo VII del presente título.

      7.- En el capítulo VIII se tipifica (en el artículo 556) el delito de cheque sin provisión de fondos, que por tanto deja de contemplarse en el Código de Comercio, destacando la inclusión del parágrafo único para distinguir cuándo se entiende cometido el delito de estafa mediante cheques, procurando así despejar las tradicionales dudas al respecto.

      8.- Los capítulos IX y X incluyen, respectivamente, los delitos relacionados con la "RECEPTACIÓN" y "DAÑOS A LA PROPIEDAD"; en el capítulo XI destaca el artículo 563, el cual contempla lo siguiente:

"Artículo 563.- Invasión de terrenos o edificaciones. Quien invada arbitrariamente terrenos o edificaciones ajenos, públicos o privados, urbanos o rurales, con el fin de ocuparlos o de obtener de ellos algún otro provecho, será penado con prisión de uno a seis años y multa de cien a seiscientas unidades tributarias
Se duplicarán las penas establecidas cuando el delito se haya cometido con violencia o amenaza contra las personas o por dos o más individuos con armas o por más de diez sin ellas".

      9.- En el capítulo XIII, se contemplan los delitos relacionados con la "PIRATERÍA", destacando aquí los delitos de Apoderamiento de naves o aeronaves, Oposición a la defensa frente a los piratas y la Piratería contra las riquezas ictiológicas.

TÍTULO VII
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

      1.- Este es un nuevo título especialmente creado para tipificar los delitos que afectan la propiedad intelectual y la industrial. La importancia y especialidad de la materia justifican la creación de este título, que en el Código Penal colombiano se denomina "DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR".

      2.- Se tipifican en este título los delitos actualmente contemplados en la Ley sobre el Derecho de Autor (Gaceta Oficial N 4.638 del 1 de octubre de 1993) y la Ley de Propiedad Industrial (Gaceta Oficial N 25.227 del 10 de diciembre de 1956), que aparecen descritos en el capítulo I "DELITOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL" y el capítulo II "DELITOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", destacándose, respecto del enjuiciamiento de estos delitos, concretamente en el capítulo III, "DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES", que la acción penal "...será ejercida de oficio por el Ministerio Público sin perjuicio de la acción penal que corresponda a la víctima".

TÍTULO VIII
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

      1.- Este resultó ser el título más complejo desde el punto de vista de la codificación, si se toma en cuenta que existen actualmente en vigencia más de quince leyes que tipifican delitos relacionados con el orden económico, muchos de los cuales aparecen repetidos en varias de ellas. Entre estas leyes pueden señalarse las siguientes:

       a) Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (Gaceta Oficial N 4.898 del 13 de diciembre de 1995).

       b) Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (Gaceta Oficial N 3.574 del 21 de junio de 1995).

       c) Ley de Protección al Deudor Hipotecario (Gaceta Oficial N 35.450 del 29 de abril de 1994).

       d) Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Gaceta Oficial N 36.254 del 23 de julio de 1997).

       e) Ley de Mercado de Capitales (Gaceta Oficial N 36.565 del 22 de octubre de 1998).

       f) Ley de Entidades de Inversión Colectiva (Gaceta Oficial N 36.027 del 22 de agosto de 1996).

       g) Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (Gaceta Oficial N 4.650 del 25 de noviembre de 1993).

       h) Decreto N 1.545 con Fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (Gaceta Oficial N 5.553. N Extraordinaria del 12 de noviembre de 2001).

       i) Ley de Fideicomisos (Gaceta Oficial N 496 del 17 de agosto de 1956).

       j) Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (Gaceta Oficial N 1.746 del 23 de mayo de 1975).

       k) Ley Orgánica de Aduanas (Gaceta Oficial N 5.353. N Extraordinaria del 17 de junio de 1999).

       l) Ley de Metrología (Gaceta Oficial N 2.717 del 30 de diciembre de 1980).

      m) Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco (Gaceta Oficial N 2.039 del 14 de septiembre de 1978).

      2.- Debido al gran número de leyes se hizo necesario crear nuevos capítulos; y así, el título consta en total de trece capítulos, que son los siguientes:

      Capítulo I, "DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL"; capítulo II, "DELITOS CONTRA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO"; capítulo III, "DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS"; capítulo IV, "QUIEBRA E INSOLVENCIA FRAUDULENTAS"; capítulo V, "DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO"; capítulo VI, "DELITOS RELACIONADOS CON EL MERCADO DE CAPITALES"; capítulo VII, "DELITOS RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN COLECTIVA"; capítulo VIII, "DELITOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS"; capítulo IX, "DELITOS SOCIETARIOS"; capítulo X, "DELITOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO"; capítulo XI, "DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES"; capítulo XII, "CONTRABANDO"; y capítulo XIII, "LEGITIMACIÓN DE CAPITALES".

      3.- En el capítulo IV se incluyen los delitos relacionados con las "QUIEBRA E INSOLVENCIA FRAUDULENTAS", a cuyo efecto se tipifican dos modernos delitos: Insolvencia fraudulenta e Insolvencia fraudulenta para eludir el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito.

       4.- Destaca en este título el capítulo IX, concerniente a los "DELITOS SOCIETARIOS", materia tratada con especial atención por el profesor JOSÉ MIGUEL TAMAYO TAMAYO, cuyas sugerencias al respecto aparecen recogidas en el proyecto SOSA-TAMAYO. La variada gama de estos delitos hizo necesaria la creación de cuatro secciones especiales: 1) SECCIÓN PRIMERA: DELITOS SOCIETARIOS VINCULADOS A LA FALSEDAD; 2) SECCIÓN SEGUNDA: DELITOS SOCIETARIOS VINCULADOS A LA APROBACIÓN INDEBIDA; 3) SECCIÓN TERCERA: DELITOS SOCIETARIOS VINCULADOS CON LA ESTAFA; y, 4) SECCIÓN CUARTA: DELITOS SOCIETARIOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA SOCIEDAD.

      5.- Capitulo X "DELITOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO".

      6.- Capitulo XII " CONTRABANDO".

      7.- Finalmente, en el capítulo XIII de este título, denominado "LEGITIMACIÓN DE CAPITALES", se tipifican nuevos delitos tales como el lavado de activos, el Testaferrato y el Enriquecimiento ilícito de particulares, cuya fuente principal es el Código Penal colombiano.

TÍTULO IX
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

      1.- En este título se contemplan los tradicionales delitos relativos a la "FALSIFICACIÓN DE MONEDAS O TÍTULOS DE CRÉDITO PÚBLICO" (capítulo I), "FALSIFICACIÓN DE SELLOS O MARCAS DE AUTENTICIDAD" (capítulo II) y "FALSEDAD EN ACTOS O DOCUMENTOS" (capítulo III).

      2.- Del capítulo IV intitulado "FALSEDAD O RETENCIÓN INDEBIDA EN CÉDULAS DE IDENTIDAD, PASAPORTES, LICENCIAS, CERTIFICADOS Y OTROS SEMEJANTES", destaca el delito de Falsificación, alteración o uso de cédulas de identidad, licencias, pasaportes o permisos de residencia así falseados o alterados, tipificándose nuevamente los delitos relacionados con esta materia, los cuales estaban contemplados en la Ley Orgánica de Identificación de 1973 y que, inexplicablemente, fueron derogados por la vigente Ley Orgánica de Identificación de 2001.

      3.- En el capítulo V, intitulado "INTRUSISMO", se tipifican los delitos de Atribución de falso título, Usurpación de actos profesionales y Uso indebido de prendas y condecoraciones, los cuales sancionan todas aquellas conductas punibles contempladas actualmente en las distintas leyes relacionadas con el ejercicio de determinadas profesiones que son, entre otras, las siguientes:

      a) Ley de Abogados (Gaceta Oficial N 1.081 del 23 de enero de 1967).

      b) Ley del Ejercicio de la Medicina (Gaceta Oficial N 3.002 del 23 de agosto de 1982).

      c) Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Nutrición y Dietética (Gaceta Oficial N 36.526 del 27 de agosto de 1998).

      d) Ley del Ejercicio de la Farmacia (Gaceta Oficial N 16.551 del 7 de julio de 1928).

      e) Ley del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines (Gaceta Oficial N 25.822 del 26 de noviembre de 1958).

      f) Ley del Ejercicio del Bioanálisis (Gaceta Oficial N 30.160 del 23 de julio de 1973).

      g) Ley del Ejercicio de la Profesión de Sociología y la Antropología (Gaceta Oficial N 5.239 del 23 de junio de 1998).

TÍTULO X
DELITOS CONTRA LOS
RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE

      1.- Este nuevo título se creó con el fin de incorporar los delitos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente, codificándose aquí las diversas conductas punibles tipificadas en la Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial N 4.358 del 3 de enero de 1992); Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N 31.004 del 23 de julio de 1964); Ley Forestal de Suelos y Aguas (Gaceta Oficial N 1.004. N Extraordinario del 26 de enero de 1996).

      2.- El título aparece dividido en seis capítulos, que son los siguientes:

      Capítulo I, "DEGRADACIÓN, ENVENENAMIENTO, CONTAMINACIÓN Y DEMÁS ACCIONES O ACTIVIDADES CAPACES DE CAUSAR DAÑOS A LAS AGUAS"; capítulo II, "DETERIORO, ENVENENAMIENTO, CONTAMINACIÓN Y DEMÁS ACCIONES O ACTIVIDADES CAPACES DE CAUSAR DAÑO AL MEDIO LACUSTRE, MARINO Y COSTERO"; capítulo III, "DEGRADACIÓN, ALTERACIÓN, DETERIORO, CONTAMINACIÓN Y DEMÁS ACCIONES CAPACES DE CAUSAR DAÑOS A LOS SUELOS, LA TOPOGRAFÍA Y EL PAISAJE"; capítulo IV, "ENVENENAMIENTO, CONTAMINACIÓN Y DEMÁS ACCIONES CAPACES DE ALTERAR LA ATMÓSFERA O EL AIRE"; capítulo V, "APROVECHAMIENTO, DESTRUCCIÓN, CONTAMINACIÓN Y DEMÁS ACCIONES CAPACES DE CAUSAR DAÑOS A LA FAUNA, FLORA Y SUS HÁBITATS O A LAS ÁREAS BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL"; y capítulo VI, "DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES".

TÍTULO XI
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

      1.- En el capítulo I de este título se tipifican los delitos relacionados con los "DESECHOS TÓXICOS O PELIGROSOS", en tanto que en el capítulo II se establecen los "DELITOS DE PELIGRO COMÚN RELACIONADOS CON SUBSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS", para tipificar aquellos contemplados en la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (Gaceta Oficial N 5.554. N Extraordinario del 13 de noviembre de 2001), que derogó algunos de los delitos tipificados en la Ley Penal del Ambiente.

      2.- En el capítulo III se tipifican los tradicionales delitos de "INCENDIOS, INUNDACIONES Y OTROS DELITOS DE PELIGRO COMÚN", mientras que en el capítulo IV se hace lo propio con aquellos delitos relacionados con los "DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES", en el que se incluyen las conductas punibles actualmente sancionadas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Gaceta Oficial N 36.970 del 12 de junio de 2000), la Ley de los Sistemas Metropolitanos de Transporte (Gaceta Oficial N 3.155 del 29 de abril de 1983) y en la novísima Ley de Aviación Civil (Gaceta Oficial N 37.293 del 28 de septiembre de 2001), contemplándose, entre otros, los delitos aeronáuticos y los relacionados con el transporte aéreo.

TÍTULO XII
DELITOS CONTRA LA SALUD
PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

      1.- En el capítulo I de este título, denominado "AFECTACIONES A LA SALUD PÚBLICA", se incluyen los delitos actualmente tipificados en la Ley de Medicamentos (Gaceta Oficial N 37.006 del 3 de agosto de 2000), entre los cuales destacan, entre otros, los delitos de propagación del virus de inmunodeficiencia humana, del virus de la hepatitis "b", "c" o "d", el de expendio de medicamentos deteriorados y la alteración de medicamentos.

      2.- En el nuevo capítulo II se tipifican los "DELITOS RELACIONADOS CON LA SANGRE Y ÓRGANOS HUMANOS", para darle cabida a los delitos tipificados en la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre (Gaceta Oficial N 31.356 del 8 de noviembre de 1977), entre los cuales destacan el Uso ilegal de la sangre humana o de sus componentes, Usurpación e instalación indebida de plantas de fraccionamiento de sangre y Lucro en la obtención de órganos.

      3.- En el capítulo III se consideran los "DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL", para darle cabida a los delitos tipificados en la Ley que regula el Subsistema de Salud (Gaceta Oficial N 5.398 del 26 de octubre de 1999) y la Ley que regula el Subsistema de Pensiones (Gaceta Oficial N 5.398. N Extraordinario del 26 de octubre de 1999).

      4.- En el capítulo IV se trata lo relacionado con la "MANIPULACIÓN GENÉTICA", contemplándose, entre otros, los delitos de clonación reproductiva del ser humano, la fecundación y tráfico de embriones humanos, la producción de armas biológicas exterminadoras de la raza humana y los daños graves de la diversidad biológica. Se codifican así los diversos delitos contemplados en la Ley de Diversidad Biológica (Gaceta Oficial N 5.468 del 24 de abril de 2000).

TÍTULO XIII
DELITOS CONTRA LA COSA PÚBLICA

      1.- En este título se incluyen los "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" (capítulo I), actualmente tipificados en la Ley contra la Corrupción, vigente desde abril de 2003, que no presentan mayores variaciones respecto a los que estaban contemplados en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (peculado doloso, peculado culposo, peculado de uso de bienes del patrimonio público, malversación genérica, malversación específica, enriquecimiento ilícito, corrupción y concusión, entre otros).

      Se modificó el peculado culposo en el sentido siguiente:

"Artículo 836.- Peculado culposo. El funcionario que por culpa inexcusable diere ocasión a que otra persona cometa el delito tipificado en el artículo anterior, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias, siempre que hubiere recaído sentencia firme en contra del que cometió el peculado doloso.
Si el perjuicio no es grave, o si fuere enteramente reparado antes del inicio de la investigación, se le impondrá prisión de tres a veintiún meses y multa de cincuenta a ciento setenta y cinco unidades tributarias.
Igualmente se impondrá la inhabilitación para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta".

TÍTULO XIV
DELITOS CONTRA
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      1.- Aparecen codificados en este título, delitos contenidos en diversas leyes especiales incluyendo el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal, entre las cuales se encuentran las siguientes:

      a) Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Gaceta Oficial N 34.060 del 27 de septiembre de 1998).

      b) Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial N 5.262. N Extraordinario del 11 de septiembre de 1998).

      c) Ley Orgánica de la Justicia de Paz (Gaceta Oficial N 4.817. N Extraordinario del 21 de diciembre de 1994).

      d) Ley de Bienes Muebles Recuperados por Autoridades Policiales (Gaceta Oficial N 1.032 del 18 de julio de 1966).

      e) Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Gaceta Oficial N 5.266 del 2 de octubre de 1998).

      f) Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarias y Funcionarios Públicos y los Particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones (Gaceta Oficial N 37.252 del 2 de agosto de 2001).

      2.- Los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, contemplan, respectivamente, los tradicionales delitos de "OMISIÓN EN DECIDIR, DENUNCIAR Y EN IMPEDIR DELITOS"; "NEGATIVA DE SERVICIOS LEGALMENTE DEBIDOS"; "SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES"; "CALUMNIA"; "FALSO TESTIMONIO Y OTRAS INFRACCIONES"; "PREVARICACIÓN"; "ENCUBRIMIENTO" y "FUGA DE DETENIDOS O CONDENADOS Y QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA".

      3.- El capítulo IX, denominado "AUTOJUSTICIA", incluye el delito de hacerse justicia por sí mismo.

      4.- Finalmente, destaca en este título, en el capítulo X, la incorporación del delito de Fraude procesal, cuya fuente primordial es el proyecto SOSA-TAMAYO.

TÍTULO XV
DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

      1.- En el capítulo I de este título quedan tipificados los "DELITOS RELACIONADOS CON LAS ARMAS", que ya habían sido modificados con ocasión de la última reforma parcial que se le hizo al Código Penal (Ley de Reforma Parcial del Código Penal, Gaceta Oficial N 5.494 del 20 de octubre de 2000); en tanto que en el capítulo II se incluyen los delitos relativos a la "INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR Y DESOBEDECER".

      2.- En el capítulo III se incorporan los delitos relacionados con la "DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR", en el que se incluye la conducta punible que sanciona la delincuencia organizada, lo mismo que el agavillamiento, que presentan entre sí ciertas diferencias conceptuales.

      3.- El capítulo IV contempla los delitos relativos a la "DEVASTACIÓN O SAQUEO, ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, ORGANIZACIÓN DE CUERPOS ARMADOS E INTIMIDACIÓN AL PÚBLICO" y el capítulo V se refiere a los delitos de "RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LOS FUNCIONARIOS".

TÍTULO XVI
DELITOS CONTRA LOS MEDIOS
DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

      1.- Este es un nuevo título, creado para establecer los delitos y faltas electorales tipificados actualmente en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (Gaceta Oficial N 4.618 del 20 de agosto de 1993) y los delitos contemplados en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (Gaceta Oficial N 27.725 del 30 de abril de 1965).

      2.- El título aparece dividido en cuatro capítulos:

      Capítulo I, "DELITOS ELECTORALES"; capítulo II, "FRAUDES ELECTORALES"; capítulo III, "DELITOS RELACIONADOS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS"; y capítulo IV, "DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES".

TÍTULO XVII
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

      1.- Este nuevo título se creó con el fin de incorporar los delitos tipificados en la Ley de Extranjeros (Gaceta Oficial N 19.329 del 3 de agosto de 1937) y en la Ley sobre Actividades de Extranjeros en el Territorio de Venezuela (Gaceta Oficial N 20.835 del 26 de junio de 1942).

      2.- El título consta de un único capítulo denominado "TRÁFICO ILEGAL Y OTROS DELITOS RELACIONADOS CON LOS EXTRANJEROS", contemplándose los delitos de Tráfico ilegal de extranjeros, Reingreso ilegal de un extranjero, Actividades ilegales de los extranjeros y Actividades ilícitas de las asociaciones de extranjeros.

TÍTULO XVIII
DELITOS CONTRA
LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y LA LIBERTAD DEL TRABAJO

      1.- En este nuevo título están tipificados todos aquellos delitos relacionados con los derechos de los trabajadores y la libertad del trabajo, actualmente contemplados en Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Gaceta Oficial N 3.850 del 18 de julio de 1986); Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial N 34.060 del 27 de septiembre de 1997) y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Gaceta Oficial N 5.266 del 2 de octubre de 1998).

      2.- En el capítulo I se tipifican los "DELITOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO"; el capítulo II trata sobre las "DISPOSICIONES COMUNES"; y se incluyen, dentro del capítulo III, los "DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO", el cual, dada la especificidad de la materia, tiene mejor cabida en este título que en el relativo a los delitos contra la libertad, donde los ubica el Código Penal vigente.

TÍTULO XIX
DELITOS RELATIVOS A LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y LOS SÍMBOLOS PATRIOS

      1.- Este nuevo título, que viene a ser el último del libro segundo, se creó a fin de incorporar los delitos tipificados en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (Gaceta Oficial N 4.623 del 3 de octubre de 1993); Ley del Deporte (Gaceta Oficial N 4.975 del 25 de septiembre de 1995); Ley sobre el Uso del Nombre, Efigie y los Títulos de Simón Bolívar (Gaceta Oficial N 28.658 del 20 de junio de 1968); Ley de la Orden del Libertador (Gaceta Oficial N 16.701 del 15 de junio de 1922); y, en la Ley de Bandera, Escudo e Himnos Nacionales (Gaceta Oficial N 24.371 del 17 de febrero de 1954).

      2.- El título consta de tres capítulos: capítulo I "DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO"; capítulo II "DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO"; y el capítulo III "DELITOS CONTRA EL LIBERTADOR Y LOS SÍMBOLOS PATRIOS", en el cual destaca el delito de difamación e injuria contra la memoria del Padre de la Patria. En este capítulo se propone unos tipos penales especiales en los que se castigan el irrespeto, ultraje o menosprecio del Nombre, Títulos o Efigie del Libertador.

      No hay quien pueda promover la acusación en defensa de su memoria: no tiene el Padre de la Patria cónyuge, descendientes, hermanos, sobrinos, afines ni herederos inmediatos; quizá herederos.

      Este anteproyecto propone unos tipos penales de eminente acción privada como lo son la difamación y la injuria pero por tratarse del Libertador de la Patria, se convierten en delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público, que representa la persecución de la acción penal en nombre del Estado.

 

LIBRO TERCERO

      Un código penal moderno no puede dejar de lado la regulación de aquellas conductas, que sin llegar a la categoría de delitos, deben ser tuteladas por el Derecho Penal para lograr la sana convivencia social que se persigue a través de la tipificación de conductas en disposiciones de índole penal.

      Ha sido una discusión constante en la doctrina la búsqueda de los elementos que se utilizan para diferenciar aquello que se considera un delito y lo que se considera una falta, y a pesar de que no existe una corriente uniforme, se puede asumir que eclécticamente el Derecho Penal se dirige hacia el menor intervencionismo posible de las conductas y el desarrollo de la comunidad, pero sin que esto degenere en una permisividad tal que impida el logro de los fines del control social. De tal manera nace la necesidad de sancionar con penas aquellas circunstancias que se circunscriben a las conductas de mayor simplicidad y quizás de menor trascendencia punitiva, pero que su consuetudinaria acrecencia produce perturbaciones sociales menores, que sin lugar a dudas pueden posteriormente ser elevadas a la categoría de delitos.

      Se trata precisamente de que lejos de mostrar un carácter punitivo exagerado, que implique la aplicación de un Derecho Penal máximo, se ha adaptado el anteproyecto del Código Penal a la categorización de algunas conductas como faltas y no como delitos para evitar una criminalización excesiva.

      La novedad del libro III relativo a las faltas la constituye la sencilla agrupación de las faltas en cinco títulos, suprimiendo la actual clasificación de las faltas que se hace menos manejable desde el punto de vista pedagógico, siendo que la clasificación que se propone permite ubicar en el título I las faltas relativas a las personas, en el título II las que atentan contra la decencia pública, en el título III las concernientes al patrimonio, en el título IV las faltas contra la seguridad y la fe públicas y en el título V aquellas faltas concernientes al orden público.

      El establecimiento en el primer título de las faltas relativas a las personas implica la relevancia que se otorga a la integridad física y personal. Se trata de que el colectivo pueda sentirse seguro de que su precepto sancionatorio esencial va a tomar en cuenta aquellos ataques a la integridad física que no llegan a ser un delito pero que producen perturbaciones; así se observa que los golpes levísimos, el ataque a una mujer grávida, la mera participación en riña o desafío y aquellas conductas que son ofensivas serán sancionadas con pena de arresto además de la multa proporcional por la lesión que se ha ocasionado.

      En el título II, lejos de pretender definir los conceptos morales relativos a la decencia pública, se ha hecho necesario disponer sanciones en contra de aquellas personas que irrespeten elementales normas de convivencia social que implican el decoro y la obediencia de conceptos universalmente reconocidos. De esta forma, la sanción contra quienes practiquen juegos de azar no autorizados legalmente, considerados como aquellos en los cuales la ganancia o la pérdida dependen entera o parcialmente de la suerte y que no han sido regulados por disposición administrativa alguna, se convierte en la primera falta del mencionado título. Después se continúa con aquellas relativas a la embriaguez, al expendio de bebidas alcohólicas a personas cuya capacidad psicológica o social se considere inadecuada para ingerirlas, de tal manera de proteger el orden social que muchas veces se ve perturbado por personas que de forma indiscriminada consumen en exceso bebidas alcohólicas.

      La crueldad contra los animales está igualmente sancionada, recogiéndose la corriente universal de protegerlos, siendo que el maltrato sin necesidad así como el sometimiento a trabajos manifiestamente excesivos a los animales, propios o ajenos, contempla de igual forma una pena de multa entre diez y veinte unidades tributarias, que se extendería inclusive a aquellas personas que con fines científicos o pedagógicos sometan a los animales, a la vista del público, a pruebas o experimentos que causen disgusto a las personas que los presencian.

      Se considera relevante sancionar aquellos actos contrarios a la decencia, tales como la elaboración de dibujos indecentes en paredes, baños públicos o en otros lugares de acceso al público. Las propuestas indecorosas o frases vulgares en contra de mujeres, el aprovechamiento de las aglomeraciones para el toqueteo de personas y hasta la intromisión en la vida privada a través del mirar hacia el interior de casas habitadas, ya que se trata de respetar la privacidad de todo ser.

      Existen también las faltas que atienden al patrimonio, como lo son aquellos fraudes menores, los daños ocasionados por los animales, la introducción en el fundo ajeno, la caza furtiva, la entrega de instrumentos aptos para abrir cerraduras a personas distintas a los propietarios de los locales, la apertura indebida de cerraduras; la omisión de aviso sobre cosas de procedencia ilegítima, la inobservancia de la legislación relativa a los préstamos sobre prendas, faltas todas que lesionan la propiedad, el patrimonio de las personas, que si bien es cierto no son tan graves como la estafa, el fraude, el hurto, el robo o los daños en general, lesionan de forma mínima pero frecuente el bien jurídico patrimonial y por ende requieren de una sutil tutela jurídica efectiva.

      Las faltas contra la seguridad y la fe públicas se han hecho frecuentes en nuestra sociedad, de allí que algunas conductas que anteriormente se consideraban simples faltas ahora tengan la categoría de delitos; pero aun circunstancias como la venta de armas sin permiso, el transporte no autorizado de materias explosivas, la omisión en la toma de medidas de seguridad y de precaución necesarias para evitar el derrumbamiento de casas y edificios son sancionables como conductas lesivas y peligrosas para el colectivo. Además, en el mismo título IV se permite regular el abandono en el cuidado de los animales peligrosos y debemos entender como tales aquellos animales que aun cuando sean expuestos a la venta al público sin mayores regulaciones, son catalogados como animales que pueden poner en peligro la vida de las personas.

      Avanza el mencionado título con la sanción del lanzamiento de objetos en lugares abiertos al público, tanto sólidos como líquidos, no sólo por el riesgo contra la vida y la propiedad que éstos pueden ocasionar sino por la burla a la persona que es expuesta a las acciones irrespetuosas de quienes practican estas conductas con un claro desprecio por los derechos de otros ciudadanos.

      Culmina el libro de las faltas con aquellas conductas que lesionan el orden público, como la aceptación de cargo u honores, por parte de los empleados públicos, sin la autorización de la Asamblea Nacional, según lo establece el numeral 13 del artículo 187 de la Constitución. La negativa a suministrar datos de identidad personal al ser interrogado por un funcionario facultado en el ejercicio de su cargo; la práctica de ceremonias religiosas prohibidas así como las ceremonias ilegales de culto extremo, ello con el ánimo jurídico de controlar el respeto debido a las religiones autorizadas por el Ejecutivo en nuestro país.

      El fijar pinturas indebidas sin el permiso de la autoridad, así como la destrucción de impresos fijados con autorización, ya sean oficiales o particulares, además de sancionar al anuncio escandaloso de noticias, son elevados a la categoría de faltas, ya que sin duda todo sistema de información y divulgación de noticias debe ser orientado por el Estado con la finalidad de evitar perturbación, confusión y garantizar la tranquilidad pública así como lograr el cumplimiento adecuado que lleve a la obtención de los permisos que son necesarios para ello.

      Por último, en el mismo título, independientemente de la sanción administrativa a que haya lugar, se contempla sancionar con multa a quien abra agencias, negocios o establecimientos sin el permiso de las autoridades correspondientes; a quien no observe las prescripciones legales de funcionamiento de esos establecimientos y dé alojamiento a personas como pensionistas sin cumplir con los requisitos administrativos pertinentes.

      Se podrá observar con claridad que las sanciones tanto de arresto como de multa se han fijado sobre la base de los mismos principios relativos a la finalidad de la pena que se ha impuesto en este anteproyecto, pues se trata de imponer sanciones que sean aplicables y que conduzcan al mismo tiempo hacia la educación del ciudadano a través del criterio pedagógico orientador de las penas, dominando el concepto de prevención general de que es en las faltas donde cobra una mayor relevancia, ya que sin existir un grave daño en el bien jurídico de protección social, la puesta en peligro o la lesión presunta de éste es comprendida por el Derecho Penal como una necesidad y por ello el abocamiento a su regulación.