ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL
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Codigo Penal
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ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL

 

 

 

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

 

 

TÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Y APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

 

 

Artículo 1.- Fundamento y finalidad del Derecho Penal. El Derecho Penal existe sobre la base del respeto a la dignidad humana, en general, y en particular a las víctimas de los delitos y también a los autores de éstos.

 

 

Artículo 2.- Principio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado ni  castigado por una acción u omisión que no estuviere tipificada expresamente por la ley como delito o falta ni con penas que con anterioridad no estuvieren establecidas en la ley. Esta necesaria preexistencia de la ley también se refiere a las circunstancias agravantes del delito. Todos tienen el derecho de hacer lo que no perjudique a otro. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Nadie está obligado a hacer lo que no esté ordenado en alguna ley. Los jueces aplicarán la ley penal indagando con anterioridad su espíritu, propósito y razón.

 

 

Artículo 3.- Obligatoriedad. La ley penal es obligatoria para todos por sí misma y desde su publicación en la Gaceta Oficial o, si hubiere un plazo para la entrada en vigencia, desde la fecha que ésta indique.

 

 

Artículo 4.- Principio de culpabilidad. No hay delito ni pena sin culpabilidad.

 

Nadie podrá ser castigado por un hecho tipificado en la ley como delito si no es imputable y culpable. La excepción a este principio la constituyen las personas jurídicas pues siempre responderán por el eventual daño causado y a título de responsabilidad penal objetiva.

 

 

Artículo 5.- Retroactividad. La ley penal tiene efecto retroactivo en cuanto favorezca al imputado, aunque al entrar en vigencia o publicarse  hubiere ya sentencia en firme o, también, el condenado ya estuviere cumpliendo la condena.

 

Cuando haya dudas respecto a la disposición por aplicar, se aplicará la que beneficie al imputado.

 

 

Artículo 6.- Prohibición de la analogía.  La ley penal no se aplicará por analogía a menos que ello implique la exclusión o atenuación de las penas.

 

 

Artículo 7.- Naturaleza y fines de la pena. La pena podrá ser corporal y acumulativamente pecuniaria e indemnizatoria a la víctima. Si la multa se le pagare a ésta, el condenado podrá ser beneficiado con una disminución de la pena y hasta una cuarta parte de la misma. Si no fuere posible pagar a la víctima o no aceptare indemnización del condenado, éste deberá pagar la multa al Estado y en particular al Fondo Estatal de Indemnización y Ayuda a las Víctimas de la Criminalidad, que funcionará en el Ministerio del Interior y Justicia y según el reglamento que se dicte al efecto.

 

La pena responderá a los principios de necesidad y proporcionalidad y tiene también como fines la prevención, retribución y reinserción social del condenado.

 

 

Artículo 8.- Reforma y derogación de la ley penal. Podrá ser reformada parcial o totalmente y sólo puede ser derogada por otra ley penal que la substituya.

 

 

Artículo 9.- Ley penal en blanco. El tipo de dicha ley puede ser incompleto o abierto total o parcialmente y para ser completado podrá remitirse a disposiciones administrativas o a otras leyes. Todas éstas deberán ser anteriores a la comisión del hecho susceptible de que se le apliquen y haber sido, en su caso, debidamente aprobadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros y publicadas en la Gaceta Oficial.

 

Artículo 10.- Ley penal excepcional. Se promulga para satisfacer una urgente necesidad y durará lo que ésta por lo cual es una ley temporal. Las acciones perpetradas durante su vigencia se juzgarán de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ley penal e incluso después de haber vencido el término de su vigencia y aun si perjudicare al imputado. Pero para que opere tal ultractividad será condición indefectible que la misma ley excepcional incluya una explícita disposición sobre su prórroga o la prolongación de sus efectos una vez derogada.

 

 

Artículo 11.- Territorialidad. Quien cometa un delito o falta en el territorio de la República será penado según la ley venezolana, salvo las excepciones establecidas en este código y en los tratados, pactos y convenciones internacionales ratificados por Venezuela.

 

A los efectos de la ley penal constituye el territorio de la República lo consagrado en el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Artículo 12.- Extraterritorialidad. Los delitos intentados o consumados en el exterior podrán enjuiciarse en el país y se les aplicará la ley venezolana. Están sujetos a enjuiciamiento en la República Bolivariana de Venezuela y se castigarán de acuerdo con la ley penal venezolana:

 

1.- Los venezolanos que en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que unos contra otros cometan delitos según sus leyes.

 

2.- Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en su país o en otro cometan algún delito contra la seguridad de la República de Venezuela o contra alguno de sus nacionales. En los dos casos anteriores se requiere que el reo o imputado haya venido al territorio de la República y que se intente acción por la parte agraviada o por el Ministerio Público en los casos de traición o de un delito contra la seguridad de Venezuela.

 

Requiérese también que el imputado no haya sido o esté siendo juzgado por los tribunales extranjeros a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.

 

3.- Los venezolanos o extranjeros que sin autorización del Gobierno de la República fabriquen, adquieran o despachen armas o municiones con destino a Venezuela o favorezcan de alguna manera su introducción en el territorio venezolano.

 

4.- Los venezolanos que en país extranjero infrinjan las leyes relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos.

 

5.- Los empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las Naciones, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución.

 

6.- Los empleados diplomáticos de la República que desempeñen mal sus funciones o que cometan cualquier delito no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón de los privilegios inherentes a su cargo.

 

7.- Los empleados y demás personas de la dotación y marinería de los buques y aeronaves de guerra nacionales por la comisión de hechos punibles en cualquier parte.

 

8.- Los capitanes o patrones, demás empleados y la tripulación y marinería, así como los pasajeros de los buques mercantes de la República, por los delitos cometidos en alta mar o a bordo en aguas de otra nación, con excepción de lo indicado en el segundo párrafo del numeral 2 de este artículo.

 

9.- Los venezolanos o extranjeros venidos a la República y que en alta mar o en el espacio aéreo internacional cometan actos de piratería u otros delitos de los que el Derecho Internacional califica de atroces y contra la humanidad; excepto en el caso de que por ellos hubieran sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena.

 

10.- Los venezolanos que dentro o fuera de la República tomen parte en la trata de esclavos.

 

11.- Los venezolanos o extranjeros venidos al territorio de la República que en otro país falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda de curso legal en Venezuela o sellos de uso público, estampillas o títulos de crédito de la nación, billetes de banco al portador o títulos, de capital y renta, de emisión autorizada por la ley nacional.

 

12.- Los venezolanos o extranjeros que de alguna manera favorezcan la introducción en la República de los valores especificados en el numeral anterior. En los casos de los numerales precedentes se tomará en cuenta lo señalado en el segundo párrafo del numeral 2 de este artículo.

13.- Los jefes, oficiales y demás individuos de un ejército, en razón de los delitos que cometan en marcha por territorio extranjero neutral contra los habitantes del mismo.

 

14.- Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio exterior o que sin derecho se apropien de sus producciones terrestres, marítimas, lacustres o fluviales o que sin permiso ni títulos hagan uso de sus terrenos despoblados.

 

15.- Los extranjeros que infrinjan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en beneficio de la salud pública.

 

16.- Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en el numeral 2 de este artículo.

 

 

Artículo 13.- Delitos internacionales. Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad del agente, se penará de acuerdo con la ley venezolana a quienes infrinjan las disposiciones de este código y cometan actos de piratería o crímenes de lesa humanidad; falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos al portador; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres, niños o adolescentes; se ocupen del tráfico ilícito de substancias estupefacientes o psicotrópicas y a quienes cometan otras infracciones de tal índole establecidas en los tratados internacionales.

 

 

Artículo 14.- Requisitos de perseguibilidad. Para la persecución y juzgamiento en Venezuela de los delitos a que se contraen los artículos 12 y 13, se requiere que el agente se encuentre en el territorio de la República y que se inste el ejercicio de la acción penal por quien corresponda según la ley.

 

Se requiere también que el agente no haya sido o esté siendo juzgado por los tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.

 

 

Artículo 15.- Acumulación de condena dictada en el exterior. En los casos establecidos en el artículo anterior, cuando el venezolano o extranjero que estuviere cumpliendo condena en un país distinto fuere penado en Venezuela de acuerdo con la ley venezolana, se procederá a la acumulación de las penas según las reglas contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal tomando en cuenta para ello la pena ya cumplida en el exterior y el tiempo de la detención.

 

 

Artículo 16.- Extradición. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser procesado en Venezuela o por acusación privada de la víctima o iniciativa del Ministerio Público si el delito que se le atribuye está tipificado en la República.

 

No procederá la extradición de un extranjero:

 

1.- Por delitos no tipificados en la ley venezolana.

 

2.- Por delitos políticos.

 

3.- Por delitos que sean sancionados en el país solicitante con pena de muerte o cadena perpetua. En estos casos se condicionará la entrega del solicitado a que la eventual pena por aplicar no sea de muerte ni exceda del límite constitucional de treinta años fijado en Venezuela.

 

 

Artículo 17.- Reconocimiento de las sentencias penales extranjeras. Las sentencias penales extranjeras podrán ser reconocidas en Venezuela a los efectos del artículo 15 de este código.

 

Para que pueda darse el reconocimiento es necesario que la sentencia extranjera se pronuncie sobre acciones u omisiones tipificadas como delitos por la ley venezolana y que haya sido dictada por autoridad judicial competente. Los requisitos formales y de tramitación los determinará el Código Orgánico Procesal Penal.

 

La sentencia extranjera que se pronuncie sobre acciones u omisiones tipificadas como delitos por la ley venezolana y sobre las cuales la República tenga jurisdicción según lo establecido en el artículo 11 de este código, podrá reconocerse mediante decisión motivada del Tribunal Supremo de Justicia y sobre la base de una estricta reciprocidad.

 

 

Artículo 18.- Disposiciones supletorias. En todo lo no previsto en los artículos precedentes, regirán las disposiciones de la Ley de Extranjeros y la Ley sobre Actividades de Extranjeros en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto sean aplicables.

 

 

Artículo 19.- Concurso aparente de leyes. Cuando varias leyes penales o varias disposiciones de una misma ley penal regulen idéntica materia, la ley o la disposición especial deroga la ley o la disposición legal generales, salvo que la propia ley disponga lo contrario.

 

 

Artículo 20.- Concentración y valor del Código Penal. Los principios generales de la teoría del delito previstos en este código regirán para todas las leyes vigentes con anterioridad a éste. Las leyes penales que se aprueben con posterioridad a este código deben ser incorporadas al mismo mediante leyes de reforma parcial. Caso contrario carecerán de toda validez.

 

 

Artículo 21.- Disposición especial de remisión. A los efectos de la interpretación de los tipos penales tipificados en los libros segundo y tercero de este código, el juez deberá atenerse, cuando sea necesario, a las disposiciones pertinentes de las distintas leyes especiales que regulen en particular una determinada materia. Los tratados, pactos y convenios internacionales ratificados por Venezuela, en cuanto sean aplicables, podrán orientar en la clarificación del contenido y alcance de tales tipos.

 

 

TÍTULO II

CONDUCTA PUNIBLE

 

 

CAPÍTULO I

FORMAS DEL DELITO, ACCIÓN,

OMISIÓN Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD

 

 

Artículo 22.- Formas del delito. Las conductas punibles se dividen en delitos y faltas.

 

 

Artículo 23.- Acción y omisión.  Las conductas punibles pueden ser realizadas por acción u omisión.

 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado típico y no lo evite, estando en posibilidad de impedirlo, estará sujeto a la pena señalada en la respectiva disposición penal, siempre que tenga a su cargo la protección en concreto del valor o bien jurídico tutelado, o que se le haya confiado la vigilancia de una determinada fuente de riesgo para el bien, sobre la base de la Constitución o las leyes.

 

Se considerará a los efectos de este código que una persona se encuentra en la posición de garante en las situaciones siguientes:

 

1.- Cuando asuma voluntariamente la protección real de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

 

2.- Cuando exista una libre y estrecha comunidad de vida entre varios sujetos.

 

3.- Cuando emprenda en forma libre y consciente la realización de una actividad peligrosa para bienes jurídicos concretos.

 

4.- Cuando por un acto preparatorio haya creado una situación antijurídica de riesgo próximo e inmediato para el bien jurídico, siempre que la conducta no esté expresamente tipificada como delito autónomo.

 

Los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo sólo se aplicarán en relación con los tipos penales contra la vida e integridad personal y la libertad individual.

 

 

Artículo 24.- Relación de causalidad: principio general. Nadie puede ser penado por un delito si éste no es la consecuencia de su acción u omisión.

 

Se considera que el delito es consecuencia de la acción u omisión cuando éstas sean comúnmente idóneas para producirlo. Cuando el delito sea consecuencia de la omisión del agente y para poder atribuirlo a éste, se requiere que tal agente tenga el deber jurídico de evitarlo y que el delito sea causado directamente por su omisión.

 

 

Artículo 25.- Concausas.  No excluyen la relación de causalidad entre la acción u omisión y el resultado, cuando la ley expresamente lo disponga, la concurrencia de causas preexistentes, simultáneas o sobrevenidas, aunque sean independientes de la acción u omisión del agente, a menos que sean suficientes por sí solas para causar el resultado, o sean de tal naturaleza excepcional o extraordinaria que no hubieran podido preverse.

 

En este caso, si la acción u omisión realizada constituye un delito, se aplicarán las penas establecidas para éste.

 

Las concausas a que se refiere el primer párrafo de este artículo pueden también consistir en la acción ilícita de otra persona.

 

 

CAPÍTULO II

TENTATIVA

 

 

Artículo 26.- Tentativa. Quien iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, será sancionado de acuerdo con las pautas contenidas en el artículo 101 de este código.

 

Para determinar las penas en la tentativa, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo.

 

 

Artículo 27.- Desistimiento y arrepentimiento eficaz. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución o la tentativa  y realiza todos los esfuerzos necesarios para impedirla o impide el resultado, sólo incurre en las penas cuando los actos ya realizados constituyan de por sí otro delito o falta.

 

 

Artículo 28.- Delito imposible. Si el agente de un delito que fuere imposible por absoluta inidoneidad de los medios sí hubiere empleado éstos convencido de su eficacia, deberá ser penado según lo establecido en el artículo 102 y a no ser que fuera demostrada su poca o ninguna peligrosidad, en cuyo caso se podrán rebajar libremente las penas o hasta declararlo inculpable.

 

Parágrafo primero.- Si concurren en la acción los elementos constitutivos de un delito distinto del que se quiso cometer, se aplicarán las penas correspondientes al delito efectivamente cometido, a menos que las penas aplicables según lo establecido en el párrafo anterior resultaren mayores que la primera.

 

Parágrafo segundo.- Pese a lo indicado en el párrafo primero, no podrá imponerse pena alguna al agente cuando por la absoluta inidoneidad de los medios, éstos no se especifican en la figura delictiva, o cuando por la inexistencia del objeto no pueda configurarse el delito determinado que la ley describe.

 

 

CAPÍTULO III

AUTORES Y PARTÍCIPES

 

 

Artículo 29.- Concurso de personas. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un delito, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos quedan sujetos a las penas correspondientes a la acción perpetrada.

 

En las mismas penas incurre quien ha determinado a otro a cometer la acción.

 

 

Artículo 30.- Autores. Son autores quienes por sí mismos o valiéndose de otras personas cometan el delito.

 

También es autor quien obra como representante de una persona natural o también jurídica y cometa el delito pese a que los elementos típicos no converjan en él y sí en la persona representada.

 

 

Artículo 31.- Instigadores. Son instigadores quienes de modo intencional y abstracción hecha de si tienen éxito o no, determinen a otro a cometer el delito. Serán castigados como los autores.

 

 

Artículo 32.- Auxiliadores necesarios. Son auxiliadores necesarios quienes prestan a los autores una asistencia sin la cual el delito no se  hubiera ejecutado.

 

 

Artículo 33.- Cómplices. Son cómplices:

 

1.- Quienes excitan o refuerzan la resolución de los autores.

 

2.- Quienes suministran instrucciones o medios para realizar el delito.

 

3.- Quienes facilitan la perpetración del delito o prestan asistencia o auxilio para que se realice, antes de su ejecución o durante ella.

 

4.- Quienes prometen asistencia o ayuda para después de cometido.

 

No se disminuirán las penas del cómplice cuyo concurso fue indefectible para la realización del delito.

 

 

Artículo 34.- Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias atenuantes o agravantes inmanentes a la persona del delincuente o que consistieren en sus relaciones particulares con la víctima o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar sólo la responsabilidad de aquellos en quienes coincidan.

 

Las circunstancias que consistieren en la ejecución material de la acción o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar la responsabilidad de los que tuvieren conocimiento de ellas en el momento de la acción para perpetrar el delito o en el de su cooperación al efecto.

 

Las reglas contenidas en este artículo no son aplicables cuando la ley las toma en cuenta como elementos constitutivos del tipo delictuoso o de la falta.

 

 

Artículo 35.- Tipo autónomo y específico. Para los efectos de la ley penal se considera que una disposición legal erige una acción en tipo autónomo de un delito o de una falta, cuando señala directamente para el mismo unas determinadas penas y no cuando se limita a aumentar o disminuir en cuotas partes las penas señaladas para el tipo genérico y dada la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

 

 

CAPÍTULO IV

CONCURRENCIA DE DELITOS

 

 

Artículo 36.- Concurso real. Hay concurso real cuando con acciones u omisiones independientes entre sí se violare la misma disposición legal o diferentes disposiciones no excluyentes entre sí, siempre que las lesiones jurídicas sean natural o jurídicamente separables.


Artículo 37.- Concurso ideal o formal del delito. Quien con una misma acción viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave.

 

 

Artículo 38.- Delito continuado. Salvo lo que en contrario  establezca la ley, se considerará como un solo delito la pluralidad de infracciones de una misma disposición legal si se hubieren ejecutado con acciones u omisiones homogéneas que obedezcan a un mismo móvil y con identidad de ocasión.

 

Esta disposición no es aplicable en ningún caso a los delitos de homicidio o lesiones de personas distintas, ni en general cuando se atacan o lesionan bienes jurídicos eminentemente personales.

 

 

CAPÍTULO V

CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO

 

 

Artículo 39.- Ira, arrebato o intenso dolor. Se considera circunstancia especialmente atenuante, salvo que sea el elemento constitutivo o la específica atenuación de un delito en particular, la perpetración del hecho en un momento de ira, arrebato o intenso dolor determinado por injusta provocación y según su gravedad.

 

 

Artículo 40.- Circunstancia especial atenuante por razones sociales. Quien obre influido por tan extremas como notorias condiciones de pobreza e ignorancia y desigualdad sobrevenidas, todo lo cual le haya ocasionado una evidente falta de integración al sistema normativo nacional; y en cuanto estas circunstancias hayan determinado una debilitación manifiesta de su civismo, una propensión a delinquir y de forma evidente la ejecución de la conducta punible; y cuando tales circunstancias no tengan la excepcionalísima entidad suficiente para excluir la responsabilidad penal, será sancionado con la pena establecida para el delito cometido en un término no mayor de la mitad del límite superior, ni menor de la tercera parte del límite inferior.

 

 

Artículo 41.- Circunstancias ordinarias atenuantes. Son circunstancias ordinariamente atenuantes, cuando no estén previstas como un elemento constitutivo o como una atenuante especial de un determinado delito, las siguientes:

 

1.- Haber actuado el agente de manera impulsiva y movido por la inmadurez propia de una edad comprendida entre los dieciocho y los veintiún años, si a juicio del juez ello se considera suficiente para disminuir su capacidad de comprender o de querer.

 

2.- Haber actuado por motivos nobles o cediendo a los impulsos de un ideal altruista.

 

3.- No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como quien produjo.

 

4.- Haber habido una reciente amenaza o injuria de parte de la víctima  y cuando eso no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo anterior o, también, de la legítima defensa; y, en general, cuando la acción de la víctima hubiere concurrido con la acción u omisión lesiva del agente.

 

5.- Las circunstancias físicas capaces de poner al agente en condiciones de inferioridad.

 

6.- El arrepentimiento habido en la ejecución de la acción y demostrado por haber disminuido el daño o intentado hacerlo.

 

7.- Cualquiera otra circunstancia de similar importancia y que a juicio del juez sea suficiente para disminuir las penas.

 

 

Artículo 42.- Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes de todo delito las siguientes:

 

1.- Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o también sobre seguro; o cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal empleando medios especialmente dirigidos a asegurar la ejecución de tales delitos y a no correr riesgos implícitos en la eventual defensa que pudiera hacer su víctima.

 

2.- Cometer delito por motivos fútiles o innobles.

 

3.- Ejecutar el delito mediante precio, recompensa o promesa.

 

4.- Cometer el delito por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de buques o avería causada de propósito en naves o aeronaves, descarrilamiento de tren o el empleo de otro medio que pueda ocasionar grandes estragos; o cometer el delito aprovechándose de los mencionados siniestros u otra calamidad semejante. 

 

5.- Ejecutar el delito con ensañamiento, aumentando deliberadamente el mal o causando otros males innecesarios para su ejecución.

 

6.- Obrar con premeditación conocida.

 

7.- Emplear astucia, fraude o disfraz.

 

8.- Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito.

 

9.- Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o de cualquier otra índole; o emplear algún otro medio que debilite la defensa de la víctima.

 

10. Obrar con abuso de confianza o de las facultades inherentes a la profesión que ejerza el agente.

 

11.- Ejecutar el delito con armas o en unión de otras personas que propicien la ejecución o procuren la impunidad.

 

12.- Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimará el juez atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito.

 

13.- Ejecutar el delito con desprecio u ofensa a su víctima y en irrespeto a la dignidad que merezca, o también en su domicilio, residencia, habitación o morada, cuando esa víctima no haya provocado la acción.

 

14. Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciere la víctima; o en su morada, cuando ésta no haya provocado el suceso.

 

15.- Ejecutar el delito con escalamiento. Lo hay cuando se entra o sale por una vía que no es la destinada al efecto.

 

16.- Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura, entendiéndose por fractura toda fuerza o energía para causar rotura, descomposición, demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada y toda especie de cerraduras o candados, sean los que fueren, u otros utensilios o instrumentos que sirvan como cerramiento o para impedir el paso o la entrada.

 

17.- Ser el agraviado cónyuge del ofensor, o su ascendiente o descendiente o hermano; o cónyuge de alguno de ellos; o ascendiente, descendiente, o hermano de su cónyuge; o su pupilo, discípulo, amigo íntimo o bienhechor.

 

18.- Que el autor, con ocasión de ejecutar el delito y para prepararse a perpetrarlo, se hubiere embriagado o drogado deliberadamente, de acuerdo con lo que se establece en el numeral 1 del artículo 64.

 

19.- Ser de carácter pendenciero.

 

 

Artículo 43.- Casos de inaplicabilidad de circunstancias agravantes. No aumentarán las penas aquellas circunstancias agravantes que por sí mismas constituyan un delito ni las que sean de tal manera inherentes al delito que sin su concurso no pueda cometerse.

 

 

Artículo 44.- Circunstancia ambivalente. Se considera circunstancia atenuante o agravante, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, la de ser la víctima cónyuge, concubino, amante o pariente cercano del ofensor.

 

Según la ley penal se consideran parientes cercanos el cónyuge, los ascendientes, descendientes, hermanos y afines en el mismo grado, así como los tíos y sobrinos.

 

 

 

TÍTULO III

ANTIJURIDICIDAD,

CULPABILIDAD E IMPUTABILIDAD

Y CAUSAS QUE LA EXCLUYEN

 

 

CAPÍTULO I

ANTIJURIDICIDAD Y CAUSAS QUE LA EXCLUYEN

 

 

Artículo 45.- Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.

 

 

Artículo 46.- Causas que excluyen la antijuridicidad. No delinque y por consiguiente no incurre en responsabilidad penal alguna:

 

1.- Acto lícito. Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales.

 

2.- Legítima defensa. Quien obra en legítima defensa de su propia persona o derechos o en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

 

a) Agresión ilegítima por parte de quien  resulta dañado por la acción.

 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión.

 

c) Que la agresión no haya sido provocada de modo suficiente por el agredido que se defiende ni por el que lo defiende.

 

3.- Estado de necesidad justificado. Quien causare un mal a las personas o en las cosas para salvar su persona o derechos o la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

 

a) Que el peligro sea grave e inminente.

 

b) Que no tenga otro medio practicable menos perjudicial para impedirlo.

 

c) Que el mal producido fuere menor que el evitado.

 

d) Que el peligro no haya sido provocado voluntariamente por el agente.

 

e) Que el agente no tuviere el deber jurídico de  afrontarlo.

 

4.- Estado de necesidad inculpable. Quien causare un mal a las personas para salvar su vida o integridad corporal o la de sus ascendientes, descendientes, cónyuge, padre o hijo adoptivo, o de personas estrechamente ligadas a él por el afecto o gratitud o quien causare un mal en las cosas para salvar otras, siempre que concurran las circunstancias de los incisos a), b), d) y e) del numeral 3 de este artículo, aunque el mal impedido sea igual que el causado.

 

 

Artículo 47.- Exceso. A quien excediere los límites establecidos en los casos del artículo anterior, se le impondrán las penas correspondientes al delito perpetrado, disminuidas de uno a dos tercios.

 

 

Artículo 48.- Exceso por emoción. Cuando el exceso fuere explicable por temor o terror experimentado por el agente, el juez podrá eximirlo de toda pena.

 

 

Artículo 49.- Obediencia jerárquica. No es culpable quien obra en virtud de obediencia jerárquica y debida, siempre que la orden causante del delito dimane de una autoridad competente para darla y que no sea manifiestamente contraria a la Constitución y a las leyes.

 

En este caso las penas correspondientes se le impondrán al que resultare haber dado la orden ilegal.

 

Parágrafo primero.- Si el subordinado cree que la orden es legítima y en tal convicción la ejecuta, podría estar en situación de error de prohibición sobre el carácter antijurídico de la orden y en una situación de inculpabilidad. Esa situación deberá ser establecida por el juez.

 

Parágrafo segundo.- Si la orden es manifiestamente contraria a la Constitución, criminal o violatoria de los derechos esenciales, la orden no debe cumplirse, sea cual fuere su fuente y quien la cumpla se hace responsable.

 

 

CAPÍTULO II

CULPABILIDAD

 

 

Artículo 50.- Culpabilidad. Sólo se podrán imponer penas por conductas punibles realizadas con culpabilidad.

 

 

Artículo 51.- Formas de culpabilidad. Nadie puede ser penado por una acción u omisión que la ley tipifica como delito si no es dolosa, preterintencional o culposa. La culpa y la preterintención sólo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley.

 

 

Artículo 52.- Dolo. El delito es doloso cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización.

 

Habrá dolo eventual cuando el agente se representa como probable la consecuencia de su ejecutoria pero continúa procediendo igual.

 

 

Artículo 53.- Preterintención. El delito es preterintencional cuando de la acción u omisión se derive un resultado más grave del que quiso producir el agente, siempre que éste hubiera podido prever tal resultado.


        Los delitos preterintencionales sólo son punibles en los casos determinados expresamente en la ley.


Artículo 54.- Culpa. El delito es culposo cuando el resultado, aunque haya sido previsto, no ha sido querido por el agente y se produce a causa de imprudencia, negligencia o impericia.

 

Los delitos culposos sólo son punibles en los casos expresamente determinados en la ley.

 

 

Artículo 55.- Faltas dolosas y culposas. La distinción establecida en este código entre delito doloso y culposo, debe aplicarse también a las faltas y siempre que la ley haga depender de tal distinción algún efecto jurídico.

 

 

Artículo 56.- Error de hecho. Quien yerre acerca de la concurrencia en su conducta de los elementos que la hacen típica pues ignora elementos normativos, descriptivos o materiales del tipo, actúa por un esencial e invencible error de hecho que no le permite saber lo que está haciendo y así haya cometido una acción tipificada como delito no será penalmente responsable. Si el error fuere vencible se castigará el delito como culposo.

 

Artículo 57.- Error sobre Derecho. Quien yerre porque crea que su conducta delictuosa es lícita, ya sea porque ignore la disposición legal que prohíbe tal conducta; o ya porque crea que lo ampara una causa de justificación; actúa  por un invencible error de Derecho que no le permite saber que su conducta está prohibida por la ley penal y así haya cometido una acción tipificada como delito no será penalmente responsable. Si el error fuera vencible se castigará el delito con la atenuación que corresponda a las circunstancias del autor y de su conducta. Si el error fuera craso, el agente será plenamente responsable del delito perpetrado.

 

 

Artículo 58.- Error por culpa. Si el error de hecho proviniere de culpa del agente, se aplicarán las penas que la ley ha previsto para la infracción culposa. 

 

 

Artículo 59.- Error. Si por error en la identidad de la víctima, se perpetra el delito contra una persona distinta a aquella contra quien se dirigió la conducta, el agente es culpable a título de dolo por el resultado producido. Sin embargo, no se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanen de la categoría de la víctima o de sus nexos con ésta, pero sí las que habrían disminuido las penas del hecho si lo hubiera cometido en perjuicio de la persona a quien quería ofender o dañar.

 

 

Artículo 60.- “Aberratio ictus”. Cuando por error en el uso de los medios de ejecución o por cualquier otra causa extraña a la voluntad o conducta del agente, perpetra éste el delito en perjuicio de persona distinta a aquella a quien se quería atacar, será culpable por delito culposo respecto al resultado realmente producido; y por delito doloso en grado de tentativa, respecto al resultado querido y no producido.

 

 

Artículo 61.- Exceso inculpable.  No incurre en responsabilidad penal quien obre en estado de incertidumbre, temor o terror.

 

 

CAPÍTULO III

IMPUTABILIDAD

 

 

Artículo 62.- Imputabilidad e inimputabilidad. Es imputable quien tiene la capacidad de querer y entender y por ello pudo comprender la ilicitud del hecho en el momento en que lo perpetró. No pudo comprender tal ilicitud quien por un defecto permanente o transitorio de su estado mental, no halló en ese momento cómo ajustarse a las normas del Derecho.

 

 

Artículo 63.- Perturbación mental. Nadie puede ser penado por la comisión de un delito si cuando realizó la conducta punible era inimputable por su incapacidad de comprender o de querer. No es punible el que ejecuta la conducta punible hallándose en estado de enajenación mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos.

 

 

Artículo 64.- Embriaguez. Si el estado de perturbación mental del agente en el momento de la ejecución de la conducta punible proviniere de embriaguez, se observarán los supuestos siguientes:

 

1.- Embriaguez preordenada. Si se probara que el agente se embriagó con el fin de facilitarse la perpetración de la conducta punible o de prepararse una excusa, las penas correspondientes se aplicarán en su límite máximo.

 

2.- Embriaguez conocida. Si el agente sabía o era notorio entre sus relaciones que la embriaguez lo hacía provocador o pendenciero, se aplicarán sin atenuación las penas correspondientes a la conducta punible cometida.

 

3.- Embriaguez excepcional. Si la embriaguez fuere enteramente excepcional, que no tenga precedente, las penas correspondientes al delito cometido se reducirán entre la mitad y los dos tercios del mínimo señalado en la ley.

 

4.- Embriaguez ordinaria. Si no fuere probada ninguna de las circunstancias a que se contraen los tres supuestos anteriores y resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas correspondientes al delito cometido se reducirán de un tercio a la mitad de las penas aplicables.

 

 

Artículo 65.- Substancias estupefacientes y psicotrópicas. Si el estado de perturbación mental del agente al momento de perpetrar el hecho punible proviniere del consumo de alguna substancia estupefaciente o psicotrópica, se aplicarán los supuestos siguientes:

 

1.- Intoxicación preordenada. Si se probare que el agente ingirió dichas substancias con el fin de facilitarse la perpetración de la conducta punible o de prepararse una excusa, las penas correspondientes se aplicarán en su límite máximo.

 

2.- Intoxicación por caso fortuito o fuerza mayor. Si se probare que el agente perdió la capacidad de comprender o querer por la ingestión de alguna de dichas substancias debido a caso fortuito o fuerza mayor, quedará exento de pena.

 

3.- Intoxicación ordinaria. Si no fuere probada ninguna de las circunstancias a que se contraen los supuestos anteriores y resultare demostrada la perturbación por causa del consumo de las substancias a que se refiere este artículo, se aplicarán sin atenuación las penas correspondientes a la  conducta punible cometida.

 

 

Artículo 66.- Sordomudez. No es imputable el sordomudo que en el momento de ejecutar la conducta punible no tenía, por causa de su afección, la capacidad de comprender o de querer. Pero el juez dictará las medidas correspondientes respecto al tratamiento y educación del sordomudo, así como para evitar que sea un peligro para los demás.

 

 

Artículo 67.- Niños y adolescentes. En ningún caso serán imputables el niño o el adolescente, quedando a salvo su responsabilidad penal de acuerdo con la legislación especial.

 

A los efectos de la ley penal se considera niño a quien no ha cumplido doce años de edad; y adolescente a quien tenga una edad comprendida entre doce años inclusive y dieciocho años exclusive.

 

 

Artículo 68.- Imputabilidad del indígena. El juez podrá declarar inimputable al indígena que ejecute una conducta tipificada como punible, teniendo en cuenta su inadaptación a la cultura y su eventual incapacidad para comprender la ilicitud de tal conducta o para adecuarla a las disposiciones del Derecho.

 

 

Artículo 69.- Imputabilidad disminuida. Cuando los estados de que se trata en los artículos 62 y 63 no excluyan por completo la capacidad de comprender o de querer sino que la disminuyan de manera considerable, podrá el juez imponer unas penas atenuadas según la regla del artículo 41 o aplicar la medida de seguridad contemplada en el artículo 120 y considerando siempre el grado de recuperación mental del agente.

 

 

Artículo 70.- Ausencia de voluntad. No es punible quien realice la conducta punible hallándose dormido, ya se trate de un sueño natural, provocado o sonambúlico, siempre que para el momento de su realización el sujeto careciera de la capacidad de comprender o de querer.

 

También está exento de penas quien perpetró el delito, por comisión u omisión, constreñido por otro mediante violencia a la cual no haya podido resistir o substraerse.

 

 

Artículo 71.- Acción libre en la causa. Quien deliberadamente se cause un estado mental que lo incapacite para comprender y querer y pretenda provocarse así un estado parcial o total de inimputabilidad para poder cometer un delito sin ser castigado, no será declarado inimputable.

 

 

 

TÍTULO IV

LAS PENAS

 

 

CAPÍTULO I
DIVERSAS CLASES DE PENAS

 

 

Artículo 72.- Diversas clases de penas. Las penas que pueden imponerse con arreglo a este código, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y comportan multas.

 

Las penas se dividen también en principales y accesorias.

 

Son penas principales:

 

Las de prisión, para los delitos; el arresto, para las faltas; y la multa como pena común para ambos.

 

Son penas accesorias:

 

Las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente.

 

El comiso y la publicación de la sentencia en la prensa cuando el juez así lo disponga, son penas accesorias y comunes a toda pena principal en cuanto sea necesario.

 

 

Artículo 73.- Penas privativas de libertad. Las penas privativas de libertad son las siguientes:

 

1.- La prisión.

 

2.- El arresto.

 

 

Artículo 74.- Penas privativas de otros derechos. Las penas privativas de otros derechos son:

 

1.- La inhabilitación política.

 

2.- La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

 

3.- La inhabilitación para ejercer alguna profesión, arte o industria.

 

4.- La imposición de trabajos en beneficio de la comunidad.

 

5.- La privación del derecho de conducir vehículos automotores.

 

6.- La privación del derecho a la tenencia y al porte de armas.

 

 

Artículo 75.- Prisión. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad del condenado en el establecimiento penitenciario destinado a tal fin.

 

 

Artículo 76.- Penas accesorias de la prisión. Las penas accesorias de la pena de prisión o de aquella que la reemplace en los casos determinados por la ley, son las siguientes:

 

1.- La inhabilitación política.

 

2.- La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Cuando el condenado fuere funcionario o empleado público, esta pena comporta la suspensión del empleo o función que venía ejerciendo.

 

3.- La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, arte o industria, cuando en el ejercicio de ella fue cometido el delito por el que ha recaído la condena.

 

 

Artículo 77.- Arresto. La pena de arresto consiste en la privación de libertad del condenado en los cuarteles, destacamentos o comisarías de las Policías nacionales, estadales o municipales y en las sedes de las jefaturas civiles, según lo establezca el juez de ejecución.

 

Cuando el condenado fuere funcionario o empleado público, esta pena comportará la suspensión del empleo o función que venía ejerciendo.

 

 

Artículo 78.- Multa. La pena de multa consiste en la obligación de pagar a la víctima, al Fisco Nacional o al Fisco Municipal, según se trate de delitos o faltas, respectivamente, la cantidad de unidades tributarias que de acuerdo con la ley determine la sentencia. Dicha cantidad será destinada a la creación, fomento y mantenimiento de un Fondo Estatal de Indemnización y Ayuda a las Víctimas de la Criminalidad, que tendrá por objeto coadyuvar con la restitución del valor de la cosa cuando aquélla no sea posible y al resarcimiento del daño causado.

 

 

Artículo 79.- Cálculo de la multa. La pena de multa se impondrá con base en la unidad tributaria que, según la ley que la establece, estuviere vigente para el momento de la perpetración del hecho por el cual ha recaído la condena.

 

 

Artículo 80.- Inhabilitación política. La inhabilitación política produce como efecto la privación de los cargos o empleos políticos que estuviere ejerciendo el condenado, la imposibilidad para éste de optar a cargos de representación durante el tiempo de la condena y del goce del derecho activo y pasivo del sufragio.

 

 

Artículo 81.- Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas priva al penado, durante el tiempo de la condena, del ejercicio de cargos o empleos públicos.

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la inhabilitación de que trata este artículo en caso de condenados por delitos contra la cosa pública durará por un tiempo igual al de la pena impuesta y contado a partir del cumplimiento de la misma.

 

 

Artículo 82.- Inhabilitación para el ejercicio de una profesión, arte o industria. La inhabilitación para el ejercicio de una profesión, arte o industria, será aplicada solamente cuando el delito haya sido cometido por el condenado con abuso de su profesión, arte o industria, o con la violación de alguno de los deberes que le sean inherentes.

 

Esta pena durará por el tiempo de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 83.- Suspensión para el ejercicio de una profesión u oficio. La suspensión del ejercicio de una profesión u oficio será aplicada sólo cuando la falta haya sido cometida por el condenado con abuso de dichas ocupaciones o con la violación de alguno de los deberes que le correspondían.

 

Esta pena durará por todo el tiempo de la condena y podrá extenderse por un lapso no menor de un mes ni mayor de un año, contado a partir del momento en que se haya extinguido el arresto o la pena substituta.

 

 

Artículo 84.- Imposición de trabajos en beneficio de la comunidad. Los trabajos en beneficio de la comunidad, los cuales no podrán imponerse sin consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y se aplicará lo siguiente:

 

1.- El trabajo se desarrollará bajo el control del juez de ejecución, que, a tal efecto, requerirá informes sobre el desempeño del mismo a la administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

 

2.- No atentará contra la dignidad del condenado.

 

3.- El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer convenios oportunos a tal fin.

 

4.- No se supeditará al logro de intereses económicos.

 

 

Artículo 85.- Privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores. La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos durante el tiempo fijado en la sentencia, que no podrá ser superior a cinco años y una vez cumplida la condena.

 

 

Artículo 86.- Privación del derecho a la tenencia y al porte de armas. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y al porte de armas, se impondrá por un tiempo máximo de diez años y una vez cumplida la condena, atendiendo a la gravedad del hecho por el que ha recaído ésta.

 

 

Artículo 87.- Patria potestad. Será remitida en copia certificada a la jurisdicción especial correspondiente toda decisión penal que afecte la privación de la patria potestad, o algunos derechos y atributos relativos a la misma y la limitación de otros derechos inherentes a niños y adolescentes.

 

 

Artículo 88.- Comiso de los objetos activos y pasivos del delito. Toda pena impuesta por un delito o falta llevará consigo la pérdida de los instrumentos con que se hayan ejecutado y de los efectos o beneficios que de ellos provengan. Los unos y los otros serán declarados comisados por la sentencia definitiva, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito y que los haya adquirido legalmente.

 

Los que sean de lícito comercio se venderán y su producto se destinará a cubrir las responsabilidades civiles y pecuniarias del penado.

 

Los que sean de ilícito comercio y de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia, se destruirán, inutilizarán o se les dará un uso excepcional.

 

Son efectos y beneficios del delito o falta, todas las cosas u objetos, de cualquier naturaleza, que, siendo de lícito comercio, se hayan obtenido con dinero o cosas provenientes del producto inmediato o mediato de aquellos, cualesquiera sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

 

 

Artículo 89.- Limitación del comiso. Cuando los instrumentos o efectos y beneficios del delito sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles y pecuniarias del condenado, podrá el juez no decretar el comiso o decretarlo parcialmente.

 

 

Artículo 90.- Comiso de las armas e instrumentos. Las armas e instrumentos con los que se consumó el delito, aunque sean de tráfico ilícito, podrán ser entregados, por disposición del juez de ejecución, una vez definitivamente firme la sentencia, a los museos o institutos criminalísticos o criminológicos oficiales.

 

Las armas pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional o a las organizaciones policiales, serán devueltas a dichas instituciones.

 

 

Artículo 91.- Procedencia del comiso.  La muerte del condenado no impide la aplicación de la pena de comiso respecto a los instrumentos y los efectos o beneficios del delito o falta.

 

 

Artículo 92.- Publicación de la sentencia. Cuando para fines de prevención general o de reparación del daño moral, se considere conveniente por el juez la publicación de la sentencia en la prensa, éste podrá ordenarla en uno o dos periódicos de los de mayor circulación en la República y con la advertencia de que no se haga mención de niños o adolescentes o de terceros inocentes.

 

 

Artículo 93.- Sanciones que no son reputadas como penas. No se reputarán como penas:

 

1.- La suspensión de los empleos públicos decretada por las autoridades en uso de sus atribuciones legales o por el juez durante el proceso.

 

2.- Las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados, en uso de su jurisdicción disciplinaria o de sus atribuciones gubernativas.

 

3.- Las multas que establecen las leyes en materia de impuestos.

 

4.- Las multas que impongan las Ordenanzas Municipales y los Reglamentos de Policía.

 

5.- Las multas que en cumplimiento de la ley deban pagar los fiadores de los procesados.

 

 
CAPÍTULO II
PERSONAS JURÍDICAS

 

 

Artículo 94.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Independientemente de la responsabilidad de las personas naturales, las personas jurídicas serán sancionadas de acuerdo con lo señalado en este código, en los casos en que la conducta punible descrita en los tipos correspondientes haya sido realizada por decisión de sus administradores, representantes legales o representantes en general o también, de aquellas personas a quienes se les confíen especiales tareas de dirección, vigilancia o control en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con recursos sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o preferente.

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá la de las personas físicas, autores, instigadores, auxiliares necesarios o cómplices de las mismas conductas.

 

 

Artículo 95.- Penas a personas jurídicas. El juez, en los supuestos previstos en este código y previa audiencia de los administradores o sus representantes legales, podrá imponer motivadamente a las personas jurídicas las penas siguientes:

 

1.- La multa establecida para el respectivo delito, que podrá ser aumentada por el juez hasta el doble del límite máximo de la multa fijada para ese delito.

 

2.- El comiso, en los términos previstos en los artículos 88, 89 y 90.

 

3.- La clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de diez años. La clausura definitiva no será aplicable en ningún caso a las empresas públicas o privadas que presten servicios de utilidad pública.

 

4.- La disolución de la sociedad, asociación o fundación, salvo el caso de empresas que presten servicios de utilidad pública. En este supuesto se procederá a la remoción de su junta directiva y respecto a los administradores según su participación culpable en la toma de las decisiones incriminadas.

 

5.- La suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación, por un plazo que no podrá exceder de cinco años salvo lo dispuesto en los numerales anteriores para las empresas que presten servicios de utilidad pública.

 

6.- La prohibición de realizar en el futuro operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.

 

7.- La intervención  de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.

 

8.- La publicación de la sentencia, a expensas de la persona jurídica sancionada y en un órgano de prensa de circulación nacional.

 

9.- La suspensión del permiso con que se hubiese actuado y hasta por un lapso de cinco años.

 

10.- La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso de cinco años.

 

11.- La pérdida de beneficios fiscales o la eliminación de subvenciones estatales.

 

 

Artículo 96.- Medidas precautelativas. El juez podrá adoptar a solicitud de parte, en cualquier estado o grado del proceso y según lo dispuesto en este código y en el Código Orgánico Procesal Penal, las medidas precautelativas o de coerción real, nominadas o innominadas, que fueren necesarias para prevenir la continuidad en la actividad delictiva de las personas jurídicas y los efectos de tal actividad, sin perjuicio del derecho que asiste a dichas personas de hacer oposición a las medidas adoptadas y en los términos indicados en el Código de Procedimiento Civil.

 

 

Artículo 97.- Emplazamiento de las personas jurídicas. Cuando el fiscal del Ministerio Público formule acusación por alguno de los delitos en los que aparezca como responsable una persona jurídica, deberá solicitarle al juez de control, en el mismo escrito de acusación, el emplazamiento de sus representantes legales para que en la audiencia preliminar y las subsiguientes fases del proceso ejerzan su defensa debidamente asistidos de abogado, sin perjuicio de ejercer ésta en todo momento y desde la fase de investigación.

 

El fiscal del Ministerio Público, en el escrito de acusación y en capítulo separado, solicitará la sanción que corresponda contra la persona jurídica si existieren fundados elementos de convicción de encontrarse incursa en algún delito.

 

La acción civil derivada del delito será ejercida en los términos contemplados en este código y en el Código Orgánico Procesal Penal.

 

 

CAPÍTULO III

APLICACIÓN DE LAS PENAS

 

 

Artículo 98.- Cálculo de la pena. Cuando la ley castiga un delito o falta con una pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad del resultado de éstos; se podrá reducir hasta el límite inferior o aumentar hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie.

 

No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior cuando así lo disponga expresamente la ley; y también se traspasará uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de alguna disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena.

 

Si para el aumento o rebaja se fijaren también dos límites, el juez hará dentro de éstos el aumento o rebaja que corresponda según la mayor o menor gravedad del delito.

En ningún caso se podrá hacer uso del término medio de la pena o aplicarlo, cuando la ley penal substantiva o adjetiva se haya referido al límite máximo de la pena como indicador de un determinado procedimiento o modo de actuar respecto a la libertad del enjuiciado.

 

 

Artículo 99.- Adecuación de las penas en el caso de ira, arrebato o intenso dolor. En caso de que la conducta punible se produzca según las circunstancias establecidas en el artículo 39, el juez podrá aplicar las penas por debajo del límite legal y sin traspasar la mitad del mínimo señalado por la ley a la acción cometida.

 

 

 

Artículo 100.- Reincidencia. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado por otra sentencia firme en la República o en el extranjero.

 

Quien después de una sentencia condenatoria y antes de los diez años de haberla cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro delito, será castigado por éste con una pena comprendida entre el término medio y el máximo de la que le asigne la ley.

 

Si el nuevo delito es de la misma índole que el anteriormente perpetrado, se aplicará la pena correspondiente con aumento de una cuarta parte.

 

Deberá tenerse en cuenta para la agravación especial, la naturaleza de las penas cumplidas por infracciones anteriores.

 

 

Artículo 101.- Adecuación de las penas en caso de tentativa. En caso de tentativa el juez podrá atenuar la pena por debajo del mínimo fijado por la ley para la acción consumada, sin que pueda descender de la tercera parte de este límite.

 

El juez tendrá en cuenta para decidir la atenuación, la proximidad de los actos ejecutivos del resultado.

 

Estas reglas no se aplicarán cuando la tentativa de un determinado delito haya sido expresamente establecida por la ley.

 

 

Artículo 102.- Adecuación de las penas al delito imposible. Cuando el juez decida sancionar penalmente al delito imposible por inidoneidad absoluta de los medios empleados por el agente, en concomitancia con lo establecido en el artículo 28, se disminuirán las penas por lo menos en dos tercios del mínimo legal señalado para el delito consumado.

 

 

Artículo 103.- Penas correspondientes a los autores e instigadores. A los autores propiamente dichos, a los autores mediatos e instigadores de que tratan los artículos 30 y 31, se les impondrán las penas dentro de los límites establecidos por la ley para la acción cometida y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98, sin perjuicio de que se puedan aplicar las otras disposiciones contenidas en este capítulo.

 

 

Artículo 104.- Penas del auxiliador necesario. A los auxiliadores necesarios definidos en el artículo 32, el juez les impondrá las mismas penas que correspondan al autor del delito.

 

 

Artículo 105.- Penas del cómplice. Las penas del cómplice serán impuestas por el juez entre el mínimo legal correspondiente al delito cometido y la cuarta parte del límite inferior, sin que traspase la mitad de las penas que se impongan al autor de la acción.

 

 

Artículo 106.- Adecuación de las penas en caso de concurso real de delitos. Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de prisión,  se le aplicará la correspondiente al delito más grave, pero con aumento de las dos terceras partes del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros.

 

Cuando concurra la pena de prisión con la de arresto o de multa, estas últimas se convertirán en prisión.

 

Dicha conversión se hará a razón de dos días de arresto por un día de prisión; y a razón de un día de arresto por cada cinco unidades tributarias de multa.

 

En caso de concurrir la pena de arresto con la de multa, ésta se convertirá en arresto a razón de cinco unidades  tributarias de multa por un día de arresto.

 

 

Artículo 107.- Incumplimiento del pago de la multa. La pena de multa impuesta por razón de un delito o una falta, que por insolvencia del condenado no se satisfaga dentro del término de quince días, se convertirá en arresto y el juez fijará la duración de tal pena a razón de un día de arresto por cada cinco unidades tributarias de multa en los casos de los delitos; y por cada diez unidades tributarias en los casos de falta; sin perjuicio de que el juez de ejecución, previa solicitud del condenado y una vez cumplida la pena de prisión impuesta, si fuere el caso, pueda substituir la pena de multa por la de trabajos en beneficio de la comunidad.

 

Cuando el condenado no pudiere pagar la pena de multa impuesta, podrá solicitar del juez de ejecución, una vez cumplida la pena de prisión o aquella que la reemplace, la substitución del arresto correspondiente por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que durarán por el tiempo que habría durado el arresto según lo dispuesto en el presente artículo.

 

 

Artículo 108.- Conversión de la pena de multa. La prisión por conversión de multa no podrá exceder de seis meses ni el arresto de nueve meses si se tratare de delitos; ni de dos meses si se tratare de faltas.

 

 

Artículo 109.- Adecuación de las penas en caso de concurso ideal. En el concurso ideal definido en el artículo 37, se aplicarán las penas correspondientes al delito de mayor gravedad.

 

 

Artículo 110.- Adecuación de las penas en caso de delito continuado. Cuando se aplique el artículo 38 por considerarse las diferentes infracciones como un delito continuado, se aplicarán las penas establecidas en la misma disposición legal violada, aumentadas de una sexta parte a la mitad, tomando en cuenta el número de infracciones que constituyan el delito continuado.

 

 

Artículo 111.- Limitación de la pena. En ningún caso, la pena privativa de libertad que se imponga con apoyo en este código, excederá del límite máximo de treinta años consagrado en la Constitución.

 

La pena de multa para las personas naturales no podrá exceder de seis mil unidades tributarias si se trata de delitos, ni de cuatrocientas unidades tributarias si deriva de la comisión de faltas.

 

 

Artículo 112.- Reglas complementarias. Las reglas contenidas en los artículos anteriores se aplicarán al caso en el cual después de una sentencia condenatoria, haya de ser juzgado el mismo ciudadano por otro delito cometido antes de la condena, o después de ésta, pero mientras esté cumpliéndola.

 

Si el otro delito se ha cometido después de la sentencia condenatoria, o si habiéndose cometido con anterioridad ya la pena se hubiere cumplido o se hubiere extinguido la condena antes de que sea ejecutable la nuevamente impuesta, se sancionará ese otro delito con las penas que le correspondan.

 

 

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN DE LA PENA

 

 

Artículo 113.- Remisión a la ley especial. Las leyes especiales determinarán lo relativo a la forma, control y trámites necesarios para la ejecución de las penas, así como todo lo relacionado con el régimen penitenciario, trabajo y peculio del condenado.

 

 

Artículo 114.- Prisión o arresto en días y horas no laborables. El reemplazo de las penas privativas de libertad por prisión o arresto en días y horas no laborables, se aplicará con el fin de que el condenado pueda trabajar y mantenerse a sí mismo y a su familia. Consistirá en una forma de detención en horas no laborables e incluso nocturnas y las de días festivos, durante todo el tiempo que debiera durar la pena ordinaria de prisión o de arresto.

 

 

Artículo 115.- Trabajo en horas determinadas sin privación de libertad. En las mismas circunstancias del artículo anterior se podrán reemplazar las penas privativas de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad, según el artículo 107 y por todo el tiempo fijado en la sentencia condenatoria de prisión o de arresto.

 

 

Artículo 116.- Confinamiento. De acuerdo con el artículo 117, el confinamiento podrá reemplazar, cuando el juez lo considere pertinente, a la prisión o al arresto que no exceda de tres años y por todo el tiempo que estas penas pudieren durar.

 

La pena de confinamiento consiste en la obligación impuesta al penado de residir durante todo el tiempo que debiere durar la condena, en el municipio que indique el juez de ejecución, no pudiendo designarse al efecto ningún municipio que diste menos de cien kilómetros tanto de aquel donde se cometió el delito como de aquellos en que estuvieren domiciliados el penado y la víctima al tiempo de la comisión del delito para la fecha de la sentencia de primera instancia.

 

El penado estará obligado, en comprobación de estar cumpliendo la sentencia y mientras dure la condena, a presentarse ante el juez de ejecución del lugar donde fue confinado, con la frecuencia que el juez de ejecución señale, la cual no podrá ser más de una vez por semana ni menos de tres por mes.

 

Es pena accesoria a la de confinamiento la suspensión, mientras se la cumple, del empleo que ejerza el reo.

 

 

Artículo 117.- Conversión de pena de confinamiento. Todo imputado condenado a prisión que la cumpliere en un establecimiento penitenciario local, puede pedir al juez de ejecución, luego de que hayan transcurrido las tres cuartas partes de dicho tiempo, observando buena conducta comprobada con la certificación del alcalde del respectivo establecimiento y previa opinión del delegado de prueba, la conversión del resto de la pena en confinamiento por igual tiempo; y el juez de ejecución podrá acordarlo así procediendo sumariamente.

 

 

Artículo 118.- Revocación de la substitución de la pena. Cuando el condenado incumpla las obligaciones que le imponen las penas substitutivas de los artículos anteriores, el juez de ejecución, salvo casos justificados, revocará la decisión que acordó la substitución y ordenará que se cumplan las penas ordinarias de prisión o arresto y deducido el tiempo cumplido con la pena reemplazante.

 

 

 

TÍTULO V

MEDIDAS DE SEGURIDAD

 

 

Artículo 119.- Principio de legalidad en las medidas de seguridad. Nadie puede ser sometido a medidas de seguridad que no estén expresamente establecidas en la ley ni fuera de los casos en ella contemplados.

 

 

Artículo 120.- Clases. Las medidas de seguridad se aplicarán en substitución de las penas en los casos estipulados en los artículos siguientes. Tales medidas son:

 

1.- Internación en un hospital psiquiátrico.

 

2.- Internación en un establecimiento de tratamiento especial para sordomudos.

 

3.- Internación en un establecimiento de tratamiento especial para personas declaradas con imputabilidad disminuida.

 

4.- Internamiento en un establecimiento de tratamiento especial educativo para indígenas.

 

5.- Internamiento en un establecimiento de tratamiento especial para drogadictos.

 

 

Artículo 121.- Hospital psiquiátrico. Los enfermos mentales a que se refiere el artículo 61  se destinarán a un hospital psiquiátrico, del cual no podrán salir sin la previa autorización del juez.

 

Esta reclusión hospitalaria cesará cuando se logre la curación.

 

 

Artículo 122.- Establecimiento de tratamiento especial para casos de sordomudez. El sordomudo al cual se refiere el artículo 66 será destinado a un establecimiento especial donde permanecerá hasta que lo decida el juez, previo informe técnico efectuado en tal sentido por la dirección del establecimiento correspondiente.

 

 

Artículo 123.- Establecimiento de tratamiento especial para ciudadanos con imputabilidad disminuida. Si el juez impone en lugar de la pena una medida de seguridad según lo dispuesto en el artículo 69, los sujetos a tal medida serán internados en un establecimiento especialmente creado a estos fines y preferiblemente distinto al de los enfermos mentales inimputables y del cual no podrán salir hasta que se logre su curación.

 

 

Artículo 124.- Establecimiento educativo especial para indígenas. En el caso de indígenas declarados inimputables por su eventual inadaptación a la cultura nacional, la medida de seguridad aplicable para su progresiva culturización tendrá una duración máxima igual a la de la pena establecida para el delito cometido, sin perjuicio de hacerla cesar antes de dicho término, previa decisión motivada del juez y en vista del informe técnico correspondiente.

 

El Ejecutivo procurará que estos establecimientos se hallen en los lugares más cercanos a los sitios donde habitualmente haya residido el agente y estén dirigidos y asistidos por personal especializado en la materia.

 

 

Artículo 125.- Establecimiento de tratamiento especial para drogadictos. Los drogadictos serán internados en un establecimiento especialmente creado a estos fines y del cual no podrán salir hasta que se logre su curación.

 

 

Artículo 126.- Tratamientos prohibidos y remisión a los reglamentos. En ninguno de los establecimientos señalados en el presente capítulo podrán aplicarse medidas contrarias a la dignidad humana. Y en los reglamentos que dictare el Ejecutivo Nacional para esos establecimientos se tomarán las debidas previsiones a los propósitos en referencia. Dichos reglamentos determinarán lo relativo a la forma, control y trámites necesarios para la ejecución de las medidas de seguridad, así como todo cuanto respecta al régimen, trabajo y peculio del sometido a ellas.

 

 

Artículo 127.- Duración y prescripción de la medida de seguridad. La medida de seguridad tendrá una duración máxima de diez años, la cual no podrá en ningún caso sobrepasar del tiempo en que el sujeto activo mereciere como pena en caso de que hubiera sido declarado responsable ni bajar del mínimo que dependerá  de las necesidades del tratamiento y de la rehabilitación en cada caso.

 

 

Artículo 128.- Reemplazo de las medidas de seguridad. Si durante la ejecución de la medida de seguridad se comprobare la conveniencia de reemplazarla por otra de las que pudo imponerse, el juez, a solicitud de la dirección del respectivo establecimiento, podrá reemplazarla por la que se considere más adecuada al tratamiento del agente.

 

 

 

TÍTULO VI

EXTINCIÓN DE LA

ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

 

 

Artículo 129.- Causas de extinción de la acción penal. La  acción penal, salvo las excepciones previstas en este código, se extingue por lo siguiente:

 

1.- La muerte del imputado.

 

2.- La amnistía.

 

3.- El indulto.

 

4.- El perdón.

 

5.- El desistimiento o el abandono de la acusación privada en los delitos de acción privada.

 

6.- La prescripción.

 

7.- El pago de la totalidad de la multa, cuando la pena impuesta sea sólo de esta especie.

 

8.- El cumplimiento de los acuerdos reparatorios, verificado por el juez.

 

9.- El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de la suspensión condicional del proceso, verificado por el juez.

 

10.- Los demás supuestos de sobreseimiento contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto fueren aplicables a la acción.

 

La extinción de la acción penal acarrea la de todas las consecuencias penales de la misma, con excepción del comiso y de lo concerniente a la obligación de restituir y de resarcir el daño causado a la víctima.

 

 

Artículo 130.- Causas de extinción de las penas. Las penas, salvo las excepciones previstas en este código, se extinguen por:

 

1.- La muerte del penado.

 

2.- El cumplimiento del régimen de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

 

3.- La redención.

 

4.- El pago de la multa.

 

5.- La amnistía.

 

6.- El indulto.

 

7.- La prescripción.

 

8.- El perdón de la víctima, en los casos establecidos por la ley.

 

9.- El cumplimiento del tiempo de la condena.

 

 

Artículo 131.- Muerte. La muerte del imputado extingue la acción penal y la del condenado toda clase de pena, con excepción de lo concerniente a la obligación de restituir y a la de resarcir el daño causado a la víctima, que se harán efectivas contra los herederos.

 

 

Artículo 132.- Amnistía. La amnistía extingue la acción penal y toda clase de pena, con excepción de lo concerniente a la obligación de restituir y de resarcir el daño causado a la víctima.

 

 

Artículo 133.- Indulto. El indulto condona en todo o en parte la pena impuesta por sentencia ejecutoriada, o bien la conmuta por otra más benigna; pero en ningún caso condona lo concerniente a la obligación de restituir y de resarcir el daño causado a la víctima.

 

Cuando el indulto fuere por conmutación de la pena impuesta por confinamiento, aquél se extinguirá si el indultado lo quebrantare y deberá cumplir la pena privativa de libertad deducido el tiempo cumplido en confinamiento, pero con un aumento de una quinta parte de la pena impuesta.

 

Las penas accesorias no se extinguen por el indulto a no ser que al otorgarlo se exprese lo contrario.

 

El indulto no podrá concederse respecto de la inhabilitación para ejercer una profesión o alguno de los derechos políticos o para desempeñar determinado cargo o empleo.

 

El indulto no procede sino una vez cumplidos al menos los dos tercios de la pena impuesta por sentencia definitivamente firme, cualquiera fuere su límite, excepto en los delitos políticos, en los cuales el indulto procede en cualquier momento durante la ejecución de la pena.

 

 

Artículo 134.- Perdón. En los delitos de acción privada, el perdón de la víctima o de su representante legal si aquella fuere incapaz, extingue la acción penal pero no hace cesar la ejecución de la condena sino en aquellos casos señalados por la ley.

 

Si las víctimas son varias, cada una de ellas puede ejercer separadamente el perdón. Si los responsables son varios, el perdón de la víctima alcanzará a todos.

 

 

Artículo 135.- Prescripción. Toda conducta punible, pena o medida de seguridad prescribe en los términos contenidos en este código, salvo las excepciones consagradas en la Constitución.

 

 

Artículo 136.- Prescripción de la acción penal. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

 

1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de prisión que exceda de diez años.

 

2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de prisión mayor de siete años, sin exceder de diez.

 

3.- Por siete años, si el delito mereciere pena de prisión de siete años o menos.

 

4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.

 

5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, o de arresto por más de seis meses.

 

6.- Por un año, si el delito sólo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses o multa mayor de veinte unidades tributarias, o sólo mereciere alguna de las penas privativas de derechos indicadas en el artículo 74 de este código.

 

7.- Por tres meses, si el hecho punible sólo acarreare pena de multa inferior a veinte unidades tributarias o arresto de menos de un mes.

 

Para el cálculo del término de prescripción aplicable se tomará en cuenta el término máximo de la pena establecida para el delito o delitos de que se trate, sin considerar la existencia o no de circunstancias atenuantes o agravantes.

 

 

Artículo 137.- Comienzo de la prescripción de la acción penal. Comenzará a correr la prescripción de la acción penal así: para los delitos consumados, el día de su consumación; para los intentados, el día en el cual se realizó el último acto de ejecución; y para los continuados o permanentes, el día en que cesó su continuación o permanencia.

 

Si no pudiere promoverse o proseguirse la acción penal sino después de una autorización especial o después de resuelta una cuestión prejudicial referida a otro juicio, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización o se defina la cuestión prejudicial.

 

 

Artículo 138.- Suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Se suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal en los casos siguientes:

 

1.- Mientras se autorice el incoar la acción.

 

2.- Mientras esté pendiente la decisión de alguna cuestión prejudicial.

 

3.- Mientras transcurra la suspensión condicional del proceso.

 

En todos estos casos, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr hasta el día en que cese la causa de la suspensión.

 

 

Artículo 139.- Interrupción de la prescripción de la acción penal. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por lo siguiente:

 

1.- La imputación formal que realice el fiscal del Ministerio Público al imputado.

 

2.- La presentación del imputado ante el juez de control.

 

3.- La imposición de cualquier medida de coerción personal contra el imputado.

 

4.- La presentación de la acusación por el Ministerio Público.

 

5.- La presentación de la acusación privada en los delitos dependientes de la instancia de la víctima.

 

6.- El auto de apertura a juicio.

 

7.- El acto de inicio del debate oral y público.

 

8.- La sentencia condenatoria.

 

La comisión de un nuevo delito también interrumpirá la prescripción de la acción penal.

 

La prescripción interrumpida de la acción penal comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

 

 

Artículo 140.- Autonomía de la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal corre, se suspende o  interrumpe por separado para cada uno de los que han intervenido en el delito.

 

Cuando se trate del juzgamiento conjunto de varios delitos, la prescripción de las respectivas acciones penales correrá, se suspenderá o interrumpirá separadamente y en el término señalado a cada uno.

 

 

Artículo 141.- Prescripción de las penas. Las penas prescribirán del modo siguiente:

 

1.- La de prisión, cuando haya transcurrido un lapso igual al de la pena impuesta, más la mitad del mismo, sin que pueda exceder de veinticinco años.

 

 

2.- La de arresto, cuando haya transcurrido un lapso igual al de la pena impuesta, más la mitad del mismo, sin que pueda exceder de diez años.

 

3.- La multa, cuando transcurriere un lapso igual al de la pena que debiera imponerse por la conversión en arresto, más la mitad del mismo, sin que pueda exceder de cinco años.

 

 

Artículo 142.- Comienzo de la prescripción de las penas. El tiempo de la prescripción de las penas impuestas comenzará a correr desde el día en el cual quedó firme la sentencia o desde el quebrantamiento de la condena si hubiere ésta comenzado a cumplirse; pero en el caso de una nueva prescripción, se computará en ella al imputado el tiempo de la condena sufrida.

 

 

Artículo 143.- Suspensión de la prescripción de las penas. La concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas suspenderá el curso de la prescripción de las penas.

 

 

Artículo 144.- Interrupción de la prescripción de las penas. Se interrumpirá la prescripción de las penas impuestas, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en caso de que el condenado se presente o sea detenido o cuando cometiere un nuevo delito antes de completar el tiempo de prescripción.

 

La prescripción interrumpida de las penas comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

 

 

Artículo 145.- Declaración de oficio. La prescripción, tanto de la acción penal como de las penas, se declarará de oficio por el juez; pero el imputado tiene derecho de renunciar a la prescripción de la acción penal.

 

 

Artículo 146.- Extinción de las consecuencias penales. El cumplimiento de las penas, así como las causas de su extinción, alcanzan las consecuencias penales de ellas y el condenado quedará por derecho rehabilitado y sin detrimento de lo dispuesto en el artículo siguiente.

 

 

Artículo 147.- Antecedentes penales. La inscripción de la condena en el registro de antecedentes penales será de carácter confidencial y no debe ser comunicada a ninguna entidad o persona, con excepción de las autoridades judiciales, militares o policiales y a las autoridades del Ministerio Público a los efectos de la reincidencia.

 

Pero si alguna persona justificare la urgente necesidad de acceder a tal información, por razones de seguridad personal o familiar, se le podrá informar al respecto.

 

 

 

TÍTULO VII

RESPONSABILIDAD CIVIL

 

 

Artículo 148.- La responsabilidad civil, su extensión y efectos. Toda persona responsable penalmente de alguna conducta punible por algún delito o falta, o que por ello u otra razón haya sido sometida a una medida de seguridad, lo será también civilmente si del hecho derivaren daños y perjuicios.

 

La responsabilidad civil derivada de la penal no cesa porque se extinga la acción penal, la pena o la medida de seguridad, sino que sólo se extingue, como las obligaciones civiles, según las reglas del Derecho Civil; sin embargo, se suspende el curso de la prescripción civil si se hubiere intentado acción penal y hasta que haya recaído sentencia definitivamente firme en la causa penal.

 

El perdón, la renuncia, el desistimiento o el abandono de la acción penal por parte de la víctima no producirán la renuncia de la acción civil, salvo declaración expresa en contrario.

 

La acción civil prescribe por el término previsto en el Código Civil; sin embargo, cuando se tratare de empleados o funcionarios por hechos ejecutados en el ejercicio o por razón del cargo, la prescripción de la acción civil derivada del delito o infracción, comenzará a correr desde que cese en sus funciones.

 

El cumplimiento del acuerdo reparatorio, celebrado y aprobado según lo indicado en el Código Orgánico Procesal Penal, extingue la acción civil derivada de un delito.

 

 

Artículo 149.- Exención de responsabilidad civil. La exención de la responsabilidad penal no comprende la civil, excepto en los casos en los cuales la exención obedezca exclusivamente a la aplicación de alguna causa de justificación.

 

La exención de responsabilidad penal declarada de acuerdo con este código no comprende la exención de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con apoyo en los supuestos siguientes:

 

1.- Los padres o guardadores, siempre que haya culpa de su parte, son responsables civilmente por los hechos antijurídicos que ejecute aquel que bajo su guarda sufra anomalía o alteración psíquica, así como por los del sordomudo y del menor de edad inimputable.

 

Si no existieren padres o guardadores, o si éstos probaren que no hubo culpa  de su parte, o si carecieren de bienes, responderán con los suyos los autores de tales hechos antijurídicos.

 

2.- Responderá con sus bienes quien obrare con ausencia de voluntad por hallarse dormido o con un error esencial y vencible.

 

En el caso de fuerza física exterior irresistible, responderá quien la haya empleado.

 

3.- Responderá con sus bienes, en todo caso, quien obrare en el estado de necesidad inculpable al cual se contrae el numeral 4 del artículo 46; y si el agente hubiere actuado a favor de terceros, responderán también aquellos en cuyo favor se haya precavido el mal.

 

En el caso al que se refiere el numeral 3 del artículo 46, sólo están obligados a reparar aquellos en cuyo favor se haya precavido el mal y en la medida considerada equitativa por el juez.

 

El juez señalará según su prudente arbitrio, las cuotas proporcionales con las cuales cada interesado deba responder.

 

En todos los casos contemplados en este artículo quedará a salvo el beneficio de competencia de acuerdo con la ley.

 

 

Artículo 150.- Responsabilidad civil del superior jerárquico. Cuando el inferior jerárquico obrare en virtud de obediencia debida, responderá civilmente el superior que ordenó la ejecución del acto ilícito.

 

 

Artículo 151.- No exención de responsabilidad civil. Las demás personas exentas de responsabilidad penal no estarán necesariamente exentas de responsabilidad civil.

 

 

Artículo 152.- Responsabilidad civil en defecto de quienes lo sean penalmente. Son responsables civilmente, en defecto de quienes lo sean penalmente, las personas naturales o jurídicas en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean propietarias o poseedoras, cuando por parte de quienes los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido las disposiciones de las autoridades competentes que estén relacionadas con el delito cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

 

 

Artículo 153.- Alcance de la responsabilidad civil. Los condenados penalmente se regirán, en cuanto a su responsabilidad civil, por  este código y demás leyes.

 

La responsabilidad civil de quienes no lo sean penalmente, se regirá por el Código Civil y demás leyes.

 

 

Artículo 154.- Responsabilidad civil subsidiaria. Son responsables subsidiariamente las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras legítimas de establecimientos dedicados al alojamiento de personas o al depósito de cosas, incluidos estacionamientos de vehículos, en los casos de substracción de efectos u objetos dentro de los mismos establecimientos o en sus correspondientes dependencias anexas.

 

La misma responsabilidad subsidiaria corresponderá a las personas naturales o jurídicas propietarias de medios de transporte terrestre, marítimo o aéreo, por la substracción de los efectos pertenecientes a los pasajeros que vayan a bordo de ellos.

 

La responsabilidad establecida en este artículo no tendrá lugar en caso de delitos contra la propiedad cometidos con violencia sobre las personas, cuando las referidas personas naturales o jurídicas hubieren tomado las previsiones necesarias para evitarlos.

 

 

Artículo 155.- Responsabilidad civil subsidiaria en defecto de quienes lo sean penalmente. Son también civilmente responsables de manera subsidiaria, en defecto de quienes lo sean penalmente:

 

1.- Los maestros y las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido, respectivamente, sus discípulos, o los empleados o dependientes, aprendices, representantes o gestores de dichas personas, en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

 

2.- Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los menores de dieciocho años sujetos a su tutela y que vivan en su compañía.

 

La responsabilidad prevista en este artículo sólo tendrá lugar en caso de que medie culpa o negligencia por parte de las personas señaladas en los dos numerales anteriores.

 

 

Artículo 156.- Responsabilidad del Estado y demás entes. El Estado, los entes políticos territoriales y los demás entes pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada, responden subsidiaria y solidariamente de los daños y perjuicios causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes o contratados de la misma, o funcionarios en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, exigible de acuerdo con las disposiciones del procedimiento administrativo y sin que, en ningún caso, pueda darse una doble indemnización.

 

Si se exigiera la responsabilidad civil de la autoridad, de los agentes o contratados de la misma o de los funcionarios, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario.

 

 

Artículo 157.- Responsabilidad civil en caso de rebelión. En caso del delito de rebelión tipificado en este código, existe la solidaridad en la responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios causados por fuerzas rebeldes.

 

Tal responsabilidad solidaria comprende a quienes se hayan erigido en jefes de la insurrección, cualquiera sea el lugar de la República donde las fuerzas rebeldes hayan causado el daño.

 

En cuanto a los rebeldes que hubieren actuado con grados inferiores, la solidaridad sólo existe por los daños y perjuicios causados en los lugares donde ellos hayan participado.

 

Se exceptúan únicamente de responsabilidad civil los soldados reclutados por los rebeldes que al cometer  daños y perjuicios lo hubiesen hecho en cumplimiento de órdenes superiores que no fueren  evidentemente ilegales.

 

 

Artículo 158.- Contenido de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil establecida en los artículos anteriores, comprende lo siguiente:

 

1.- La reparación del daño causado.

 

2.- La indemnización de los perjuicios materiales y morales.

 

No será considerada reparación del daño causado sino restitución, el pago del valor equivalente de la cosa en los casos que ésta haya perecido o se haya hecho irreivindicable. En este supuesto se aplicará lo dispuesto en el artículo 160.

 

 

Artículo 159.- Restitución. La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago del deterioro o menoscabo que hubiere sufrido a juicio del juez.

 

La restitución tendrá lugar aunque la cosa se halle en poder de un tercero y éste la haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito o falta.

 

No es aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable.

 

Si no fuere posible la restitución, se aplicará lo dispuesto en el artículo 164.

 

 

Artículo 160.- Indemnización. La indemnización de daños y  perjuicios materiales y morales, comprenderá no sólo los daños que se hubieren causado a la víctima sino también los que se hubieren irrogado por razón del hecho punible a sus familiares o a terceros.

 

En relación con los daños derivados de la conducta punible, el juez, razonadamente, en caso de responsabilidad civil de personas naturales o jurídicas, para señalar la indemnización correspondiente tomará en consideración, además de los factores señalados en el aparte siguiente, criterios de racionabilidad y proporcionalidad.

 

La tasación prevista en este artículo se hará teniendo en cuenta, entre otros factores, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta punible, la magnitud del daño causado y la circunstancia de que la víctima haya podido contribuir con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido.

 

 

Artículo 161.- Responsabilidad civil de los herederos. Las obligaciones de restituir, reparar el daño e indemnizar los perjuicios, se transmiten a los herederos del responsable hasta concurrencia del monto de la herencia, siempre que fuera ésta aceptada bajo beneficio de inventario.

 

Las acciones para exigir la restitución, reparación del daño  e indemnización de daños y perjuicios materiales y morales, se transmiten igualmente a los herederos de la víctima o perjudicado.

 

 

Artículo 162.- Solidaridad. Si el hecho punible es imputable a varias personas, quedan éstas obligadas solidariamente por el daño causado.

 

Igual disposición se aplicará en los casos de homicidio culposo y lesiones culposas ocurridos en accidentes de tránsito, en los términos establecidos en la ley.

 

 

Artículo 163.- Responsabilidad civil de las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras que hubieren asumido el riesgo derivado de la responsabilidad civil de las personas naturales o jurídicas en los casos previstos en este capítulo, serán responsables civiles solidarios hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.

 

 

Artículo 164.- Consecuencias civiles de la condena penal. Los condenados como responsables penalmente lo serán también siempre, en la propia sentencia, de lo siguiente:

 

1.- Al pago de las costas procesales.

 

2.- A restituir a la víctima la cosa ajena, si fuere posible, o en su defecto de su valor, cuando la cosa hubiere perecido, estuviere deteriorada o se hubiere hecho irreivindicable.

 

Si no fuere posible la restitución de la misma cosa por perecimiento, deterioro o irreivindicabilidad, la sentencia condenará al acusado, sin necesidad de que la víctima intente acción civil, al pago de su valor, atendida la adecuada indexación monetaria; salvo que la víctima y el condenado acuerden alguna otra fórmula alternativa de restitución.

 

En caso de que la víctima demande civilmente podrá adicionalmente exigir también la reparación de todos los daños y la indemnización de los perjuicios a que haya lugar. 

 

 

Artículo 165.- Ejercicio de la acción civil. La acción civil contra persona distinta a la que cometió el hecho, se ejercerá  en juicio separado con intervención de ambas partes.

 

 

Artículo 166.- Medidas preventivas. Para garantizar la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios derivados de la perpetración del delito, previa solicitud motivada de la víctima o del Ministerio Público, el juez podrá en cualquier etapa o grado del proceso acordar las medidas preventivas que considere pertinentes según lo contemplado en el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Estas medidas recaerán sobre bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, al igual que sobre bienes del tercero civilmente responsable, previa comprobación sumaria del vínculo y hasta por un monto que será fijado por el juez según criterios de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, atendiendo además los factores señalados en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

 

Artículo 167.- Finalidad de las medidas preventivas. Las medidas preventivas indicadas en el artículo anterior, cuando sean acordadas por el juez de control durante la fase preparatoria, deberán serlo a solicitud motivada del fiscal del Ministerio Público o de la víctima querellante siempre que concurran también las circunstancias a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo casos de excepciones de extrema necesidad y urgencia y sólo para los fines siguientes:

 

1.- Para garantizar la restitución de la cosa o evitar el peligro de su transformación o enajenación.

 

2.- Para garantizar el pago del valor de la cosa en caso de que ésta haya sido transformada, haya perecido o haya sido enajenada.

 

3.- Para evitar que la libre disponibilidad de una cosa que se relacione con el hecho punible, pueda agravar o prorrogar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos.

 

4.- Para garantizar el comiso de los efectos provenientes de la perpetración del hecho punible o infracción.

 

El imputado y los terceros afectados por las medidas contempladas en este artículo o en el precedente, podrán oponerse a ellas exponiendo las razones o fundamentos que tuvieren que alegar. La oposición se tramitará conforme a las disposiciones contempladas en el Código de Procedimiento Civil para tal incidencia.

 

 

 

 

LIBRO SEGUNDO

 

 

PARTE ESPECIAL

DELITOS EN PARTICULAR

 

 

TÍTULO I

DELITOS CONTRA LA

INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

 

 

CAPÍTULO I

TRAICIÓN Y OTROS DELITOS CONTRA EL ESTADO

 

 

Artículo 168.- Traición. El venezolano o también el extranjero al servicio del Estado venezolano, que ejecutare cualquier acto dirigido a someter en todo o en parte el territorio de la  patria a la soberanía de un Estado extranjero; o a conspirar contra sus instituciones republicanas; o a menoscabar la independencia de Venezuela; o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de prisión de veinticinco a treinta años y multa de dos mil quinientas a tres mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 169.- División o separación del territorio nacional. El venezolano o también el extranjero al servicio del Estado venezolano, que dentro o fuera de Venezuela y sin complicidad con otra nación, atente contra la integridad del espacio geográfico de la República porque promueva la ruptura de la unidad nacional o la separación de alguna porción de su territorio, aunque sea temporalmente, será penado con prisión de veinte a veinticinco años y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias.

 

Si las acciones a que se refiere este artículo fueren cometidas con la complicidad o el apoyo de extranjeros, las penas serán prisión de veintidós a veintiséis años y multa de dos mil doscientas a dos mil seiscientas unidades tributarias.

 

Si la ruptura de la unidad nacional o la separación de alguna porción del territorio se produce como consecuencia de la acción del sujeto que la promueve, las penas serán prisión de veinticinco a treinta años y multa de dos mil quinientas a tres mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 170.- Perturbación del orden público en tiempo de amenaza de guerra. El venezolano o también el extranjero al servicio del Estado venezolano, que dentro o fuera del territorio de la República y al tiempo que ésta se halle amenazada por una guerra extranjera, favorezca, facilite o ayude directa o indirectamente, con revueltas internas o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras, planes o propósitos de los enemigos y no desista espontáneamente de la acción o desista a la primera intimación de la autoridad pública, será penado con prisión de doce a veinticuatro años y multa de un mil doscientas a dos mil cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 171.- Perturbación del orden público en tiempo de guerra. El venezolano o también el extranjero al servicio del Estado venezolano, que en tiempo de guerra de alguna nación con la República Bolivariana de Venezuela, favorezca, facilite o ayude directa o indirectamente, con revueltas internas o por medio de actos de perturbación del orden público, las miras, planes o propósitos de los enemigos y no desista espontáneamente de la acción o ante la primera intimación de la autoridad pública, será penado con prisión de dieciocho a veinticinco años y multa de un mil ochocientas a dos mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 172.- Sujeto activo extranjero. Si los delitos a los cuales se refieren los artículos anteriores fueren cometidos por extranjeros que residan  o no en el país y no estén al servicio del Estado venezolano, las penas serán reducidas entre la mitad y una tercera parte.

 

 

Artículo 173.- Aprovisionamiento al enemigo. El venezolano o también el extranjero residente en la República o en el extranjero y que se encuentre en el exterior al servicio del Estado venezolano, que en tiempos de guerra facilite directa o indirectamente a la nación enemiga o a sus agentes, dinero, provisiones de boca o elementos de guerra que puedan emplearse en perjuicio de la República Bolivariana de Venezuela, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 174.- Destrucción de la forma política republicana y solicitud de intervención extranjera. Quien dentro o fuera del territorio nacional se alce públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno y conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con prisión de diez a treinta años y multa de un mil a tres mil unidades tributarias.

 

En las mismas penas incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela; o pidiere su ayuda para trastornar la paz de la República; o que ante sus funcionarios, o también por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República.

 

 

Artículo 175.- Impedir la defensa nacional. Quien realice algún acto  tendente a impedir, enervar o disminuir la acción del Gobierno Nacional o de los estados para la defensa nacional, sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad pública, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Las penas se disminuirán en la mitad cuando se atienda la intimación de la autoridad pública.

 

 

Artículo 176.- Revelación de secretos. Quien indebidamente y con perjuicio de la República haya revelado los secretos políticos, militares o de cualquier otra naturaleza y concernientes a la seguridad de la República Bolivariana de Venezuela o permitido que se conozcan, será penado con prisión de siete a diez años y multa de setecientas a un mil unidades tributarias.

 

Las penas serán de diez a veinte años de prisión y multa de un mil a dos mil unidades tributarias si el delito se comete a favor de enemigos exteriores, en tiempo o amenaza de guerra o también si el hecho ha causado la perturbación de las relaciones amistosas de la República con otro Gobierno.

 

Las penas se aumentarán en una tercera parte si el culpable tenía la obligación de guardar o preservar el secreto o había adquirido el conocimiento del mismo.

 

 

Artículo 177.- Obtención de secretos. Quien para perjudicar a la República y por medios ilegítimos hubiere procurado la obtención de uno de los secretos a que se refiere el artículo anterior, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Las penas serán de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a un mil unidades tributarias si efectivamente se obtiene el secreto.

Las penas correspondientes se aumentarán en una tercera parte si por fraude o violencia se hubiere cometido el delito.

 

 

Artículo 178.- Divulgación culposa de secretos. Si los secretos especificados en el artículo 176 se han divulgado por culpa de quienes por su cargo tenían conocimiento de tales secretos o los poseían, los culpables serán penados con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 179.- Planos de interés para la defensa nacional. Quien indebidamente haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal objeto se hubiere introducido con violencia o clandestinamente o con engaño en los lugares prohibidos al acceso público por la autoridad militar, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias. 

 

Quien se introduzca con violencia, engaño o clandestinamente en los mencionados lugares será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias.

 

 

Artículo 180.- Perjuicio a un aliado. Las penas determinadas por los artículos 168 y siguientes se aplicarán también si el delito se ha cometido en perjuicio de una nación aliada con Venezuela para la guerra y en el curso de ésta.

 

 

Artículo 181.- Traición de mandato. Quien encargado por el Gobierno de la República para tratar sobre negocios de Venezuela con un Estado o también con una empresa extranjera o con un organismo internacional, traicione su mandato perjudicando los intereses públicos, será penado con prisión de cuatro a diez años y multa de cuatrocientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 182.- Aceptación de honores, pensiones o dádivas del enemigo. El venezolano que acepte honores, pensiones u otras dádivas de alguna nación que se halle en guerra con Venezuela, será castigado con prisión de seis a doce años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

Artículo 183.- Instigación a la guerra. El venezolano, aunque haya obtenido la nacionalidad de otro país e incluso si ha renunciado a su condición de venezolano, o el extranjero que deba obediencia al Estado, que realicen actos dirigidos a provocar contra Venezuela guerra u hostilidades de otra u otras naciones, incurrirá en prisión de diez  a veinte años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias. Si hay guerra o se producen las hostilidades, las penas imponibles se aumentarán hasta en una tercera parte.

 

 

Artículo 184.- Atentados contra hitos fronterizos. Quien destruya, altere, inutilice o suprima las señales que marcan las fronteras nacionales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 185.- Violación de tregua o armisticio. Quien violare o desconociere una tregua, un tratado o armisticio acordados entre la República y un Estado enemigo o entre las fuerzas beligerantes y no aceptare un salvoconducto debidamente expedido, incurrirá en prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 186.- Violación de inmunidad diplomática. Quien viole la inmunidad del jefe de un Estado extranjero o de su representante ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, menoscabando los derechos que los amparan, incurrirá en prisión de uno a siete años y multa de cien a setecientas unidades tributarias.

 

Quien ofendiere la dignidad de un embajador extranjero en razón de su cargo, o de cualquier modo atentare contra su residencia o contra la sede diplomática o consular, será castigado con prisión de uno a seis años y multa de cien a seiscientas unidades tributarias.

 

Quien ofendiere a un diplomático extranjero en razón de su cargo incurrirá en multa de cien a seiscientas unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

 

 

Artículo 187.- Obligación de suministrar datos o información. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan la obligación de suministrar los datos e informaciones a que se refiere la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y se negaren a ello, o que las dieren falsas, serán penados con prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias en el caso de los particulares.

 

 Los funcionarios incurrirán en la pena de prisión de cuatro a seis años, en multa de cuatrocientas a seiscientas unidades tributarias y en la inhabilitación del cargo en un lapso igual a la pena de prisión y una vez cumplida ésta.

 

 Las sanciones para las personas jurídicas se establecerán conforme a la parte general de este código.

 

 

Artículo 188.-  Reserva de divulgación o suministro de datos o información. Todos aquellos funcionarios que presten servicios en cualquiera de los órganos del Poder Público o institución del Estado y divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado, comprometiendo la seguridad y defensa de la nación, serán penados con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 189.- Incumplimiento del régimen especial de las zonas de seguridad. Quien dentro de las zonas de seguridad organice, sostenga o instigue  la realización de actividades dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o de la vida económico-social del país, será penado con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LOS PODERES

PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

 

 

Artículo 190.- Rebelión. Serán castigados con prisión de doce a veinticuatro años y multa de un mil doscientas a dos mil cuatrocientas unidades tributarias:

 

1.- Quienes se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o electo, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando; o para impedir o coartar, aunque sea breve o temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación.

 

2.- Los que sin el objeto de cambiar la forma político-republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para substituir violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En la mitad de las penas referidas incurrirán quienes ejecuten los hechos a que se refieren los numerales anteriores respecto a los gobernadores de los estados, los consejos legislativos de los estados y las Constituciones de los estados; y en la tercera parte de dichas penas quienes los ejecuten contra el Alcalde Metropolitano o los alcaldes de los municipios.

 

3.- Los que promuevan la guerra civil en la República y sus estados o entre éstos con la República o entre sí.

 

4.- Los que declaren la independencia de una parte del territorio nacional.

 

5.- Los que substraigan a cualquier parte de la Fuerza Armada Nacional a la obediencia del Gobierno.

 

 

Artículo 191.- Guerra civil. Quien tome parte en una guerra civil o lucha armada entre grupos políticos, religiosos o de cualquier otra índole, que no tengan por objeto cometer el delito de rebelión o las acciones descritas en el artículo anterior, será penado con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a un mil quinientas unidades tributarias si se ha erigido en jefe de uno de los grupos en pugna, o con prisión de dos a diez años y multa de doscientas a un mil unidades tributarias si ha participado en la contienda sólo como combatiente.

 

 

Artículo 192.- Instigación a la rebelión o a la guerra civil. Quien públicamente o por medio de la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación social, incite al pueblo venezolano o a la Fuerza Armada Nacional a desconocer el régimen de justicia, Derecho, democracia y libertades públicas consagrado en la Constitución o instigue a la rebelión o a la guerra civil, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Cuando no fueren conocidos los autores del delito sancionado en el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 270.

 

 

Artículo 193.- Sedición. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias a quienes sin desconocer explícitamente toda la autoridad del Gobierno constituido, pretendan, en tumulto o también por acciones aisladas de algunos agitadores, lograr por medio de la violencia cualquiera de los fines siguientes:

 

1.- Deponer a algún alto funcionario del Gobierno Nacional, estadal o municipal o impedirle tomar posesión del cargo para el cual haya sido electo.

 

2.- Impedir la promulgación o ejecución de leyes o de resoluciones judiciales o administrativas.

 

3.- Influir en la promulgación o ejecución de leyes o de resoluciones judiciales o administrativas.

 

4.- Impedir el libre ejercicio de las funciones de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario.

 

5.- Influir en el libre ejercicio de las funciones de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario.

 

6.- Ejercer algún acto de hostilidad u odio o de venganza en la persona, familia o bienes de alguna autoridad o de los funcionarios.

 

7.- Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de fuerza contra los particulares o contra los bienes del Estado o de alguna corporación pública.

 

8.- Entrar arbitrariamente a algún establecimiento penal o destinado a la  detención preventiva, o atacar a los funcionarios que intenten detener a cualquier persona o que conduzcan presos o detenidos o tratar de liberar a éstos.

 

 

CAPÍTULO IV

AGRESIONES Y OFENSAS A LOS
ALTOS FUNCIONARIOS Y A LOS PODERES PÚBLICOS

 

 

Artículo 194.- Agresiones y ofensas al Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Poder Ciudadano o al Presidente del Poder Electoral. Quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Poder Ciudadano o al Presidente del Poder Electoral, será castigado con pena de prisión de dos a tres años y multa de doscientas a trescientas unidades tributarias.

 

Si el Presidente de la República fuere agredido, las penas serán de tres a ocho años de prisión y multa de trescientas a ochocientas unidades tributarias; y si lo fueren aquellos altos funcionarios, las penas serán de dos a siete años de prisión y multa de doscientas a setecientas unidades tributarias si la agresión fuere grave y con la mitad de estas penas si fuere leve.  Las penas se aumentarán en una tercera parte si la agresión se hubiere hecho de una manera pública.

 

 

Artículo 195.- Agresiones y ofensas al Vicepresidente de la República, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Vicepresidente del Poder Ciudadano o al Vicepresidente del Poder Electoral. Quien ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Vicepresidente de la República, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Vicepresidente del Poder Ciudadano o al Vicepresidente del Poder Electoral, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Si los mencionados Vicepresidentes fueren agredidos, las penas serán de dos a siete años de prisión y multa de doscientas a setecientas unidades tributarias si la agresión fuere grave y con la mitad de estas penas si fuere leve.  Las penas se aumentarán en una tercera parte si la agresión se hubiere hecho de una manera pública.

 

 

Artículo 196.- Agresiones y ofensas a otros altos funcionarios. Cuando las acciones referidas en el artículo precedente se efectuaren contra un gobernador, alcalde, ministro del Despacho o ministro de Estado, diputado de la Asamblea Nacional, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General de la República, Contralor General de la República, Procurador General de la República, Defensor del Pueblo, embajador de la República acreditado ante un Gobierno extranjero u organismo internacional, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias en el caso de las ofensas y de tres a seis años de prisión y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias en el caso de las agresiones.

 

 

Artículo 197.- Ofensas a los Poderes Públicos. Quien ofendiere de palabra o por escrito o de cualquier otra manera irrespetare a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de Ministros, a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República o a la Defensoría del Pueblo, será penado con prisión de dos a veinte meses y multa de veinte a setenta unidades tributarias.

 

Quien cometiere las acciones a que se refiere este artículo, contra los tribunales de justicia o las alcaldías, será penado con prisión de uno a cinco meses y multa de diez a cuarenta unidades tributarias.

 

Dichas penas se aumentarán en la mitad si la ofensa se hubiere cometido hallándose los mencionados organismos en ejercicio de sus funciones oficiales.

 

 

Artículo 198.- Ofensas por autores desconocidos. Si los delitos a que se refiere el presente capítulo se cometieren por medio de la prensa, radio o televisión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 270, cuando no fueren conocidos sus autores.

 

 

Artículo 199.- Requerimiento por intermedio del Ministerio Público. El procedimiento contra los delitos de que tratan los artículos precedentes no se iniciará sino mediante requerimiento del ofendido y por conducto del representante del Ministerio Público.

 

El perdón de la víctima o perdón del funcionario o institución pública o institución agraviada, en sus respectivos casos, extinguirá la acción penal.

 

 

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES

A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

 

 

Artículo 200.- Desistimiento de la rebelión o sedición. Si los rebeldes o sediciosos a que se refieren los artículos 174, primer párrafo, 190 y 193, se disolvieren espontáneamente o a la primera intimación de la autoridad pública, sin haber incurrido en ningún otro delito, serán penados solamente los promotores o directores y podrán reducirse las penas hasta la mitad del mínimo correspondiente.

 

 

Artículo 201.- Circunstancias agravantes. Quien para cometer uno de los delitos tipificados en este título, obtenga la participación o el apoyo de autoridades o funcionarios, o se valga de algún sector de la Fuerza Armada Nacional o de los cuerpos de seguridad o usurpe sus atribuciones, tome el mando de tropas, plazas, cuarteles, puestos militares, poblaciones, naves o aeronaves o se apodere de algún medio de comunicación social, será castigado con las penas correspondientes con aumento de una quinta a una tercera parte. 

 

 

Artículo 202.- Colaboración de funcionarios con la rebelión o sedición. El funcionario que no se hubiere opuesto a la comisión de los delitos tipificados en el artículo 174, primer párrafo, y en los artículos 190 y 193, por los medios a su alcance, o que continuare desempeñando su cargo bajo las órdenes de los rebeldes o sediciosos, pudiendo abstenerse de hacerlo, será penado con prisión de seis a veinticuatro meses, multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias e inhabilitación por el mismo tiempo de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 203.- Conspiración. Cuando varias personas se hayan concertado para cometer alguno de los delitos tipificados en los artículos 168, 169, 174, primer párrafo, y 190, cada una de ellas será penada como sigue:

 

1.- En los casos de los artículos 168, 169 y 174, primer párrafo, con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a un mil quinientas unidades tributarias.

 

2.- En los casos del artículo 190 con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

Estarán exentos de todas las penas en estos casos quienes se retiraren de la preparación o ejecución del delito y antes de que se inicie el proceso judicial correspondiente.

 

 

Artículo 204.- Pluralidad criminosa. Cuando en el curso de la ejecución de alguno de los delitos tipificados en el presente título, el inculpado cometiera otro delito que merezca pena privativa de libertad por más de treinta meses, las penas que resultaren de la aplicación de los artículos 106, 109 y 110, se aumentarán en una sexta parte.

 

Si el nuevo delito cometido fuere el de homicidio o de lesiones, se observarán los supuestos siguientes:

 

1.- En los cometidos por las fuerzas rebeldes en acción de guerra, se aumentarán en una tercera parte las penas aplicables.

 

2.- En los perpetrados por las fuerzas rebeldes y que no fueran en acción de guerra, se penará según las disposiciones de los capítulos I, II y III, título II, libro segundo de este código.

 

3.- Los cometidos por la Fuerza Armada Nacional se penarán de acuerdo con el Código Orgánico de Justicia Militar.

 

 

CAPÍTULO VI

DELITOS INTERNACIONALES

 

 

Artículo 205.- Hostilidad contra un Estado extranjero. Los venezolanos o extranjeros que en Venezuela recluten gente o acopien armas o formen juntas en actitud hostil para acometer o invadir el territorio de un Estado amigo o neutral e incluyendo sus sedes diplomáticas o que preparen expediciones o salgan del territorio de la República con esos fines, serán penados con prisión de ocho a dieciséis años y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

Las mismas penas determinadas en este artículo se aplicarán a los venezolanos o extranjeros que en Venezuela construyan o ensamblen naves o aeronaves o vehículos de guerra o aumenten sus fuerzas o pertrechos, su dotación o el número de los tripulantes de dichas naves o aeronaves, para hacer la guerra a un Estado con el cual esté en paz la República.

 

Las penas fijadas en este artículo se aumentarán en una tercera parte si los actos hostiles contra el Estado amigo o neutral, han expuesto a la República al peligro de una guerra internacional o han hecho romper las relaciones amistosas de Venezuela con aquel Estado.

 

Si por consecuencia de los actos mencionados se ha declarado la guerra a la República, se duplicarán las penas correspondientes.

 

 

Artículo 206.- Violación de disposiciones de guerra o de leyes de un país amigo o neutral.  Serán penados con prisión de ocho a dieciséis años y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias:

 

1.- Los venezolanos o extranjeros que durante una guerra de Venezuela con otro Estado, quebranten las treguas o armisticios o los principios que observan los pueblos civilizados en la guerra, como el respeto debido a los prisioneros, a los no combatientes, a la bandera blanca, a los parlamentarios, a la Cruz Roja, Media Luna Roja y otros casos semejantes, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes militares, que se aplicarán preferentemente.

 

2.- Los venezolanos o extranjeros que con actos de hostilidad contra uno de los beligerantes y dentro del territorio de la República quebranten la neutralidad de ésta en caso de guerra entre otros Estados.

 

 

Artículo 207.- Delitos contra el jefe de un Estado extranjero. Quien cometa un delito en el territorio de la República contra el Jefe o Primer Magistrado de un Estado extranjero, incurrirá en las penas aplicables al delito cometido y con el aumento de una quinta parte.

 

Si se trata de un acto contra la vida, la seguridad o la libertad individual de dicho personaje, la agravación de las penas, según la disposición anterior, deberá ser superior al término medio que corresponda.

 

Si el delito fuere de los que no permiten un procedimiento de oficio, el juicio no se incoará sino a instancia del Gobierno extranjero.

 

 

Artículo 208.- Menosprecio a símbolos de un Estado extranjero. Quien por actos de menosprecio a un Estado extranjero, arrebate, rompa o destruya la bandera o cualquier otro emblema de dicha  nación, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de cien a seiscientas unidades tributarias. El enjuiciamiento no se incoará sino a instancia del Gobierno extranjero.

 

 

Artículo 209.- Delitos contra representantes de Estados extranjeros. En los casos en que se cometan delitos contra representantes de Estados extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de sus funciones, se aplicarán las penas establecidas para los mismos hechos perpetrados contra los funcionarios venezolanos, por razón de sus funciones; pero si se tratare de delitos de acción privada, el procedimiento no se incoará sino por acusación privada de la víctima.

 

 

 

TÍTULO II
DELITOS CONTRA LA
VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
 

 

CAPÍTULO I
HOMICIDIO

 

 

Artículo 210.- Homicidio. Quien dolosamente mate a una persona será penado con prisión de catorce a dieciocho años y multa de un mil cuatrocientas a un mil ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 211.- Homicidio agravado. Las penas del delito tipificado en el artículo anterior serán de quince a veinte años de prisión y multa de un mil quinientas a dos mil unidades tributarias:

 

1.- Para quienes lo perpetren en la persona de su hermano.

 

2.- Para quienes lo perpetren en la persona del Vicepresidente de la República o algún ministro del Despacho o ministro de Estado, o embajador de la República acreditado ante un Gobierno extranjero u organismo internacional, diputado de la Asamblea Nacional, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, directivo del Consejo Nacional Electoral, Procurador General, gobernador de algún estado, Alcalde Metropolitano o de alcaldes municipales.

 

3.- Para quienes lo perpetren en la persona de algún miembro de la Fuerza Armada Nacional, de la Policía o de algún otro funcionario, siempre que el delito se hubiere cometido con ocasión de sus funciones. 

 

4.- Para quienes lo perpetren con el fin de impedir el descubrimiento de un delito o la persecución y captura del culpable.

 

 

Artículo 212.- Homicidio calificado. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las penas siguientes:

 

1.- Veinte a veinticinco años de prisión y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias a quien cometa el homicidio por medio de veneno, incendio, sumersión u otro de los delitos tipificados en el título XI y título XII, capítulo I de este libro; con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos tipificados en los artículos 288, 503, 507, 509 y 512 de este código.

 

2.- Veinte a veinticinco años de prisión y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias a quien cometa el homicidio por medio de tortura.

 

3.- Veinte a veintiocho años de prisión y multa de dos mil a dos mil ochocientas unidades tributarias si concurrieren en la acción dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral 1 de este artículo.

 

4.- Veinte a treinta años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias para quienes lo perpetren:

 

a) En la persona de su ascendiente o descendiente, o en la de su cónyuge.

 

b) En la persona del Presidente de la República o de quien ejerciere aunque fuere interinamente las funciones de dicho cargo.

 

 

Artículo 213.- Homicidio preterintencional. Quien con golpes o actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno y siempre que este resultado letal pudiera haber sido previsto por el atacante, será castigado con prisión de seis a ocho años y multa de seiscientas a ochocientas unidades tributarias en el caso del artículo 210; de ocho a doce años de prisión y multa de ochocientas a un mil doscientas unidades tributarias en el caso del artículo 212 y de siete a diez años de prisión y multa de setecientas a un mil unidades tributarias en el caso del artículo 211.

 

 

Artículo 214.- Homicidio concausal. En los casos tipificados en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiere producido sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su conducta, la pena será de prisión de siete a nueve años y multa de setecientas a novecientas unidades tributarias en el caso del artículo 210; de ocho a diez años de prisión y multa de ochocientas a un mil unidades tributarias en el caso del artículo 212; y de nueve a once años de prisión y multa de novecientas a un mil cien unidades tributarias en el caso del artículo 211.

 

 

Artículo 215.- Homicidio culposo. Quien por su culpa cause la muerte de alguna persona, será penado con prisión de tres a cinco años y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 216.- Instigación y ayuda al suicidio. Quien hubiere inducido  a alguna persona a que se suicide o con tal fin la haya ayudado se castigará, si el suicidio se intenta o se consuma, con prisión de tres a cinco años y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias en el primer caso y con prisión de siete a diez años y multa de setecientas a un mil unidades tributarias si el suicidio se consumó.

 

 

Artículo 217.- Dar muerte por piedad. No comete delito quien para evitar o aliviar el inaguantable dolor o sufrimiento al que padezca una enfermedad terminal o incurable, haga cesar el tratamiento médico a sabiendas de que podría sobrevenir la muerte o aun que la producirá. Tampoco comete delito quien administre a un enfermo tal calmantes en dosis masivas que puedan mitigar el dolor pero también provocar la muerte. Ni cometerá delito el que por piedad y de modo directo cause la muerte para mitigar su dolor o sufrimiento.

 

En todos estos casos se requerirá indefectiblemente el consentimiento del paciente y dado de un modo consciente, expreso e inequívoco. Si no estuviera en condiciones de dar su consentimiento, éste podrá ser suplido por un testamento vital o documento auténtico en el cual haya manifestado su deseo acerca de los tratamientos médicos que desea recibir o no recibir caso de sufrir una enfermedad terminal o irreversible, cuando ésta le impidiere expresarse de viva voz o directamente en tal eventualidad. El testamento mencionado debe ser evaluado por una comisión integrada por un familiar del paciente; un médico y un abogado designados por el Estado. A esta comisión podrán agregársele un médico y un abogado designados por la familia. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la comisión, éstos deberán enviar inmediatamente el testamento a un tribunal penal, al que corresponderá la decisión definitiva sobre el caso.

 

Si pese a que no hubiere tal consentimiento ni aquel testamento o documento auténtico, alguna persona da muerte a otra y se comprobare que mediaron razones de misericordia, se tendrá esa acción como un homicidio pero la pena de prisión será de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO II

LESIONES PERSONALES

 

 

Artículo 218.- Lesiones personales. Quien sin intención de matar a una persona pero sí de causar daño le haya ocasionado un perjuicio a la salud física o psíquica, será sancionado como culpable de lesiones graves, menos graves y leves según corresponda.

 

 

Artículo 219.- Lesiones graves. Si la acción ha causado una enfermedad física o psíquica cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido, de una extremidad superior o inferior; de la palabra, de la potencia sexual, de la capacidad de procrear o engendrar o concebir; o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure a la persona; o si habiéndose cometido el delito contra una gestante le hubiere ocasionado el aborto o un parto prematuro, o si causare la inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida, las penas serán de tres a seis años de prisión y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 220.- Lesiones menos graves. Si el delito tipificado en el artículo 218 hubiere producido alguna enfermedad psíquica o corporal que dure veinte días o más, o si por un tiempo igual queda esa persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales o en fin, si hubiere acarreado a la persona ofendida una enfermedad que sólo necesitare asistencia médica por menos de diez días o únicamente la hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de prisión de seis a doce meses y multa de cincuenta a cien unidades tributarias.

 

 

Artículo 221.- Lesiones leves. Si el delito tipificado en el artículo 218 no sólo no ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de prisión de tres a seis meses y multa de veinticinco a cincuenta unidades tributarias.

 

 

Artículo 222.- Determinación de las lesiones. Para la determinación de la mayor o menor gravedad de las lesiones, el juez, de oficio o a solicitud de parte, antes de sentenciar, deberá ordenar un peritaje médico para confirmar o modificar las experticias que se hayan practicado con anterioridad. A tal fin podrá suspender la continuación del debate hasta por un plazo máximo de diez días computados continuamente, debiendo escuchar en la audiencia a los expertos que hayan practicado el peritaje ordenado.

 

 

Artículo 223.- Lesiones preterintencionales. Cuando en los casos tipificados en los artículos precedentes la acción exceda en sus consecuencias al fin que se propuso el agente, las penas en ellos establecidas se disminuirán de una tercera parte a la mitad.

 

 

Artículo 224.- Circunstancias agravantes. Cuando la acción tipificada en los artículos precedentes estuviere acompañada de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 212, o cuando la acción fuere cometida con armas insidiosas o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de substancias corrosivas, las penas se aumentarán de una sexta a una tercera parte.

 

Si la acción estuviere acompañada de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 211, las penas se aumentarán en un tercio sin perjuicio de las penas del delito concurrente que no pueda considerarse como circunstancia agravante sino como delito separado.

 

 

Artículo 225.- Lesiones culposas. Quien por su culpa cause a otro una lesión personal será penado con prisión de uno a veinticuatro meses y con multa de cien a doscientas unidades tributarias.

 

El juez tendrá en cuenta para la fijación de las penas, la gravedad de la lesión causada a la víctima y el grado de culpa del agente. 

 

 

Artículo 226.- Definición de tortura. Se entiende por tortura el causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, vejámenes, daños o atropellos físicos o morales tendentes a degradar la dignidad de la persona humana. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de acciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

 

 

Artículo 227.- Torturas a particulares. Quien por sí o por otro torture a una persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión o por cualquier otro fin, será castigado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Si la persona torturada es un niño o un adolescente, la pena de prisión será de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Aunque las torturas no hayan dejado una lesión o enfermedad detectable por la medicatura forense, se considerará como una lesión a la salud psíquica el daño moral causado por el desprecio o atropello a la dignidad humana y por el implícito sufrimiento.

 

Es un agravante del delito tipificado en este artículo, el que las torturas físicas o morales hayan sido infligidas por guardianes o carceleros y las penas serán aumentadas de la mitad a las dos terceras partes.  

 

Parágrafo único.- Si la lesión se ocasiona por la tortura, se aumentarán desde un tercio hasta la mitad las penas previstas para la lesión causada.

 

 

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES
A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

 

 

Artículo 228.- Circunstancia agravante.  Cuando la víctima de los delitos tipificados en los capítulos anteriores fuere un anciano, las penas se aumentarán de un tercio a la mitad.  A los efectos de este código se considerará anciana a una persona a partir de los setenta años.

 

 

Artículo 229.- Homicidio y lesiones en el deporte. Quien participe en una competición y al actuar de modo irreglamentario mate o lesione a otro competidor, será castigado de acuerdo con lo establecido en los capítulos precedentes.

 

 

Artículo 230.- Riña cuerpo a cuerpo. En caso de homicidio o de lesiones personales en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o interfecto la hubiere provocado y aunque el heridor u homicida la hubiere aceptado o continuado a pesar de haber podido interrumpirla o de haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá la riña como circunstancia atenuante y se aplicarán las penas correspondientes de una a dos terceras partes.

 

En estos casos, si la riña se originó por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra en su presencia, o también por ofender a su familia, o si las ofensas a la víctima o a su familia no fueren en su presencia sino en documento público o con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se estimará como provocador al autor de estas acciones ofensivas; y según la gravedad de la ofensa, el juez debe cambiar las penas que correspondieren al que haya dado muerte al provocador, en confinamiento por igual tiempo y con la reducción prevista.

 

 

Artículo 231.- Ejecución colectiva. Cuando en la perpetración del homicidio o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiere descubrirse quién de ellas las causó, se castigará a todas con las penas correspondientes al delito cometido y disminuidas de una tercera parte a la mitad.

 

No se aplicarán estas rebajas de penas al cooperador inmediato o auxiliador necesario de la acción.

 

 

Artículo 232.- Conducción de vehículos automotores en estado de embriaguez. Quien conduzca embriagado cualquier vehículo automotor, será castigado con prisión de seis a doce meses y multa de cincuenta a cien unidades tributarias.

 

 

Artículo 233.- Lesiones y homicidio culposo por embriaguez. Quien conduzca embriagado cualquier vehículo automotor y atropelle a alguna persona, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias, sin perjuicio de las penas que le corresponda por la eventual lesión o el homicidio culposo que hubiera podido producir a la víctima.

 

 

Artículo 234.- Inhabilitación para ejercer profesiones o actividades. En toda condena por lesiones u homicidios culposos se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de las profesiones o actividades que hayan dado lugar a esos resultados lesivos, como el juez lo estime pertinente y atendidos el grado de culpa e importancia del daño producido.

 

 

Artículo 235.- Medidas de seguridad de revocación de licencias para conducir vehículos automotores y privación del derecho a la tenencia y porte de armas. El juez podrá revocar la licencia que otorga el Estado para conducir vehículos automotores de cualquier especie y así mismo podrá ordenar que el ciudadano quede inhabilitado para obtener dicha licencia si causare las lesiones u homicidios culposos al conducir los señalados vehículos automotores.

 

Igualmente el juez podrá imponer la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

 

 

Artículo 236.- Duración de la medida de seguridad. La revocación de la licencia de conducir o la inhabilitación para obtenerla y la privación del derecho a la tenencia y al porte de armas, durará por el tiempo que fije el juez y sin que en ningún caso ello pueda exceder de diez años.

 

En caso de que el sujeto reincida después de haber sido inhabilitado para obtener la licencia de conducir o de habérsele revocado la misma o de habérsele privado del derecho a la tenencia y al porte de armas, según lo establecido en el párrafo anterior, el juez aplicará las penas duplicadas por la nueva acción cometida.

 

El juez, antes de la sentencia definitiva y previa petición de parte, podrá ordenar la inhabilitación para el ejercicio de las profesiones o actividades que han dado lugar al resultado o a la suspensión de la licencia para conducir vehículos automotores, o la privación del derecho a la tenencia o porte de armas. Todas éstas son medidas precautelativas mientras se dicte la sentencia definitiva y atendidos el estado del proceso, las circunstancias personales del agente y lo más conveniente.

 

 

Artículo 237.- Prescripción y medidas asegurativas. La prescripción de la acción penal en los casos de lesiones y homicidios culposos ocasionados por la conducción de vehículos automotores y el manejo de las armas, no impedirá la aplicación de las medidas de seguridad a que se contrae el artículo precedente, en cuyo caso el juez deberá pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de dichas medidas en la misma decisión en que declare la prescripción de la acción penal y vistas las pruebas que obren en autos.

 

 

CAPÍTULO IV

ABORTO

 

 

Artículo 238.- Aborto sin consentimiento de la mujer. Quien hubiere procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos al efecto, será castigado con prisión de quince a treinta y seis meses y multa de ciento veinticinco a trescientas unidades tributarias. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años y la multa de trescientas a quinientas unidades tributarias.

 

Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviniere la muerte de la mujer, la pena será de prisión de seis a doce años y la multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

Si el culpable fuere el cónyuge, las penas establecidas en el presente artículo se aumentarán en una sexta parte.

 

 

Artículo 239.- Aborto terapéutico. No es delictuoso el aborto practicado por un médico si tiene el consentimiento de la gestante, cuando médicamente se diagnostique como necesaria la interrupción del embarazo para eliminar un peligro grave para la vida o salud de la embarazada. Tampoco incurre en delito el médico que practique el aborto sin el consentimiento de la embarazada y para salvar la vida de ésta, cuando por su eventual gravedad no haya podido expresar su asentimiento.

 

 

Artículo 240.- Aborto ético.- No es delito el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o, también, de una inseminación artificial o transferencia de un óvulo fecundado no autorizadas por la mujer, siempre que desde la concepción no hayan transcurrido más de doce semanas.

 

 

Artículo 241.- Aborto eugenésico. No es delito el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, cuando se diagnostique médicamente que el hijo nacería con graves taras físicas o psíquicas.

 

 

Artículo 242.- Aborto por angustiosa necesidad social. No será punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la gestante, cuando la mujer se hallare en una situación de apremio por la pobreza y dificultades económicas consiguientes y siempre que desde la concepción no hayan transcurridos más de doce semanas.

 

 

Artículo 243.- Aborto libre. No será delito el practicar médicamente el aborto a una mujer que así lo solicite y siempre que la gestación no pase de tres meses.

 

 

Artículo 244.- Aborto extemporáneo. Se reitera que si han transcurrido más de tres meses desde la concepción, se castigará a la mujer y al médico que le practique el aborto con prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias. Esta extemporaneidad no rige para el aborto terapéutico ni para el eugenésico.

 

 

Artículo 245.- Aborto profano. Si cualquier aborto consentido por la gestante fuere practicado por quien no sea médico, esta persona intrusista cometerá el delito de ejercicio ilegal de la profesión de médico, tipificado en el artículo 703 y, si fuere el caso, el de lesiones que corresponda. Pero la mujer no cometerá delito en ese caso ni tampoco cuando ella misma se provoque el aborto, con la condición de que no hayan transcurrido más de doce semanas desde la gestación.

 

 

CAPÍTULO V

ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES

DE PROVEER A SU SEGURIDAD O A SU SALUD

 

 

Artículo 246.- Abandono de una persona incapaz. Quien haya abandonado a una persona incapaz de proveer a su propia salud, por enfermedad mental o corporal que padezca o por ancianidad o por otra causa, si la abandonada estuviere bajo la guarda o al cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Si de la acción del abandono resulta algún grave daño para la persona o su salud física o una perturbación de sus facultades mentales, la prisión será de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias; y la pena será de tres a ocho años de prisión y multa de trescientas a ochocientas unidades tributarias si el delito acarrea la muerte.

 

 

Artículo 247.- Circunstancias agravantes. Las penas establecidas en el artículo precedente se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes:

 

1.- Si el abandono se ha hecho en lugar solitario.

 

2.- Si el delito  se ha cometido por  algún cónyuge  contra el otro cónyuge; o por los hijos contra sus padres.

 

 

Artículo 248.- Omisión de socorro. Quien habiendo encontrado abandonada o perdida a una persona incapacitada de valerse por sí misma, ya sea por enfermedad mental o corporal, o por ancianidad u otra causa, o de cuidarse y proveer a su propia conservación, haya omitido dar aviso inmediato a la autoridad o a sus agentes, pudiendo haberlo hecho, será castigado con prisión de dieciocho a treinta meses y multa de veinte a cincuenta unidades tributarias.

Las mismas penas se impondrán al que habiendo encontrado a una persona herida o en una situación peligrosa, o a alguna que estuviere o pareciere inanimada, haya omitido la prestación de su ayuda cuando ello no lo expusiere a daño o peligro personal, u omitido dar el aviso inmediato del caso a la autoridad o a sus agentes.


Artículo 249.- Omisión de asistencia por el conductor de vehículos automotores. El automovilista, motociclista o conductor de cualquier vehículo automotor que dejare en  estado de abandono y sin prestarle o facilitarle inmediata asistencia a la persona que hubiere atropellado con su vehículo, aunque no medie culpa de su parte; o que no pudiendo prestarle auxilio por sí mismo dejare de dar aviso inmediato a la autoridad, será penado con prisión de seis a doce meses y multa de cincuenta a cien unidades tributarias.

 

Las penas se elevarán al doble del tiempo señalado si el conductor perpetró culposamente el atropello e independientemente de las penas que correspondan por el homicidio o lesiones en que haya incurrido de modo culposo.

 

 

CAPÍTULO VI

VIOLACIÓN

 

 

Artículo 250.- Violación. El hombre que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno u otro sexo a un coito con él, será castigado con prisión de doce a dieciséis años y multa de un mil doscientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

Las mismas penas aumentadas en la mitad se le aplicarán al individuo que tuviere un coito con persona de uno u otro sexo que en el momento del delito estuviere en las circunstancias siguientes: 

 

1.- Si se tratare de un niño o un adolescente.

 

2.- O que hallándose detenida o condenada, hubiere sido confiada a la custodia del culpable.

 

3.- O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental; o por otro motivo independiente de la voluntad de la víctima o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o substancias narcóticas o excitantes de que éste se haya valido.

 

Incurrirán en el delito según su grado de participación, el hombre o la mujer que emplearen violencia para obligar a una persona de cualquier género, femenino o masculino, a realizar un coito con un hombre.

 

 

Artículo 251.- Circunstancias agravantes. Las penas señaladas en el artículo anterior se elevarán de una tercera parte a la mitad:

 

1.- Cuando las acciones tipificadas en él fueren perpetradas por un pariente cercano o por una autoridad pública, un sacerdote de algún culto, criado, doméstico, profesor, tutor, maestro, entrenador deportivo o encargado por cualquier título de la educación o guarda del agraviado.

 

2.- Cuando se perpetraren con abuso de la confianza existente entre autor y  víctima.

 

3.- Cuando se perpetraren con el concurso simultáneo de dos o más personas.

 

4.- Cuando se contagie alguna enfermedad de transmisión sexual.

 

5.- Cuando se produzca un embarazo.

 

 

Artículo 252.- Actos sexuales. Quien ejecute en alguna persona de uno u otro sexo actos sexuales distintos al coito, concurriendo las circunstancias del artículo 250, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Cuando la víctima no pudiera resistir o fuere un niño, la pena será prisión de ocho a catorce años y multa de ochocientas a un mil cuatrocientas unidades tributarias.

 

Si la víctima fuere adolescente entre trece y quince años de edad, aunque ésta consintiere, las penas indicadas en el párrafo anterior se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere de dieciséis a diecisiete se rebajarán hasta en la mitad.

 

Las penas señaladas en los párrafos anteriores se aumentarán de una quinta a una tercera parte si hubiere alguna de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo anterior.

 

 

Artículo. 253.- Modo de proceder. En lo que concierne a los delitos tipificados en los artículos precedentes, el procedimiento no se iniciará sino por acusación privada de la víctima o de quien represente sus derechos.

 

El desistimiento no tendrá efecto si se hace después de dictada sentencia firme.

 

Se procederá de oficio en los casos siguientes:

1.- Si la acción se hubiere cometido en perjuicio de un niño o un adolescente.

 

2.- Si la acción hubiere ocasionado la muerte de la víctima o si hubiere sido acompañada de otro delito enjuiciable de oficio.

 

3.- Si la acción se hubiere cometido en lugar público o expuesto a la vista del público.

 

4.- Si la acción se hubiere cometido con abuso del poder paternal o de la autoridad tutelar, profesoral o de  funciones públicas.

 

 

CAPÍTULO VII

ACOSO SEXUAL

 

 

Artículo 254.- Acoso sexual. Quien propusiere a otra persona actos o caricias sexuales con él mismo o un tercero o procurare cualquier tipo de acercamiento sexual, cuando tales conductas no son provocadas, en el ámbito de una continuada relación laboral, docente o de prestación de servicios y con tal comportamiento causare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a doce meses y multa de treinta a cien unidades tributarias.

 

 

Artículo 255.- Circunstancias agravantes. Si el culpable del acoso sexual hubiere cometido la acción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal consistente en dificultar o frustrar las legítimas expectativas que la víctima, mujer u hombre, pudiere tener en su actividad laboral, las penas se duplicarán.

 

Cuando la víctima fuere especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o una determinada situación, las penas serán aumentadas en una tercera parte, en los supuestos del artículo 254 y en la mitad para los supuestos del párrafo anterior.

 

 

Artículo 256.- Acoso sexual por autoridades o funcionarios. Será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena y una vez cumplida ésta, la autoridad o funcionario que propusiera a otra persona actos libidinosos, cuando esta persona tenga pretensiones pendientes de la resolución del funcionario en cuestión o de la resolución de alguien que pueda ser influido por ese funcionario, o acerca de las cuales deba producir algún informe o éste resolver de cualquier modo. O, también, cuando las personas cuyos derechos dependan de la resolución del funcionario, sean su cónyuge u otra persona con la que se haya ligado de forma estable por análoga relación de afectividad; o un ascendiente, descendiente, hermano por naturaleza, por adopción o afín en los mismos grados.

 

 

Artículo 257.- Acoso sexual por funcionario de instituciones penitenciarias. El funcionario de instituciones penitenciarias o de establecimientos de protección o de internación de niños o adolescentes que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, multa de doscientas a quinientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio del cargo por el mismo tiempo de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 258.- Acoso sexual por un ascendiente, descendiente, hermano o afín en los mismos grados de personas que tuvieren bajo su guarda.  Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en un tercio cuando la persona solicitada sexualmente fuese ascendiente, descendiente, hermano por naturaleza o por adopción, o afines en los mismos grados, de personas que tuviere bajo su guarda. Incurrirá así mismo en estas penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de la persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de forma estable por análoga relación de afectividad.

 

 

Artículo 259.- Omisión de medidas en caso de acoso sexual. Todo patrono o autoridad de superior jerarquía en los centros de empleo, educación, instituciones penitenciarias, establecimientos de protección o de internación  de niños o adolescentes o en una actividad laboral, que en conocimiento de evidentes acosos sexuales por parte de sus subalternos o de las personas que estén bajo su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para corregir la situación y prevenir su repetición, será sancionado con el monto de cincuenta a cien unidades tributarias. El juez estimará, a los efectos de imponer la multa, la gravedad de las acciones y la diligencia que se ponga en la corrección de los mismos.

 

CAPÍTULO VIII

RAPTO

 

 

Artículo 260.- Rapto libidinoso. Quien con fines libidinosos y por medio de violencias o  amenazas hubiere arrebatado, substraído o retenido a una persona, será penado con prisión de uno a cuatro años y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 261.- Rapto por un móvil matrimonial. Cuando el delito tipificado en el artículo anterior se hubiere cometido con fines matrimoniales, las penas serán de prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 262.- Circunstancia atenuante por libertad espontánea. Cuando el culpable de alguno de los delitos tipificados en los artículos precedentes, sin haber cometido algún acto de índole sexual, haya puesto espontáneamente en libertad a la persona raptada volviéndola a su residencia, a la de sus parientes o a algún lugar seguro, las penas establecidas en los artículos anteriores se rebajarán de las dos terceras partes a la mitad.

 

 

Artículo 263.- Modo de proceder. En lo que concierne a los delitos tipificados en los artículos precedentes, el procedimiento no se iniciará sino por acusación privada de la víctima o de quien represente sus derechos.

 

 

CAPÍTULO IX

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD Y EL PUDOR PÚBLICO

 

 

Artículo 264.- Ultraje público a la dignidad y al pudor público. Quien haya ultrajado la dignidad, el decoro e incluso el pudor público, por palabras, imágenes o actos obscenos cometidos en un lugar público o expuesto a la vista de terceros, siempre que la acción no constituya otro delito, será penado con prisión de tres a quince meses y multa de cincuenta a cien unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO X

DELITOS CONTRA EL HONOR Y LA REPUTACIÓN

 

 

Artículo 265.- Difamación. Quien estando en comunicación individualizada o genérica con varias personas reunidas o separadas, hubiere ofendido el honor o la reputación de una persona mediante la imputación de una acción determinada o pormenorizada capaz de exponerla al desprecio o al odio público, será castigado con prisión de seis a treinta y seis meses y multa de cincuenta a trescientas unidades tributarias.

 

También las personas jurídicas son susceptibles de ser sujetos pasivos de este delito, en lo concerniente a su reputación. Y pueden ser sujetos activos de la difamación. 

 

 

Artículo 266.- Injuria. Quien en comunicación con una o varias personas, juntas o separadas, hubiere ofendido el honor, la reputación o el decoro de alguna persona con cualquier acción al efecto o mediante la imputación de una conducta genérica o no pormenorizada; o, también, todo el que hubiere ofendido a una persona aunque esta última estuviere sola y no haya otros circunstantes que pudieren oír o enterarse de la ofensa, será castigado con prisión de tres a doce meses y multa de veinticinco a cien unidades tributarias.

 

Si la acción se ha cometido en presencia de la víctima, aunque esté sola, o por medio de algún escrito que se le hubiere dirigido, las penas podrán elevarse de un tercio a la mitad.

 

 

Artículo 267.- Circunstancias agravantes. Si los delitos tipificados en los artículos 265 y 266 se cometieren en público o por medio de impresos, con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, o en perjuicio de un funcionario o encargado de algún servicio público por razón de dichos servicios o funciones, las penas correspondientes serán aumentadas en una tercera parte.

 

Si concurrieren las dos circunstancias agravantes a que se contrae el párrafo anterior, las penas aplicables se aumentarán en la mitad.

 

 

Artículo 268.- Excepción de la verdad. Al individuo culpado del delito de difamación no se le permitirá prueba de la verdad o notoriedad de la acción difamatoria sino en los casos siguientes: 

 

1.- Cuando la persona ofendida es algún funcionario y siempre que la acción que se le haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio y salvo las disposiciones de los artículos 203 y 209.

 

2.- Cuando por la acción imputada se iniciare o hubiere juicio pendiente contra el difamado.

 

3.- Cuando el acusador privado solicitare formalmente que la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad de la acción difamatoria. 

 

Si la verdad de la acción se probare o si la persona difamada quedare por causa de la difamación condenada por la acción, el autor de la difamación será sancionado con las penas señaladas para cada caso y disminuidas en las tres cuartas partes.

 

 

Artículo 269.- Retorsión u ofensas recíprocas o provocadas. En los casos tipificados en los artículos precedentes, si las ofensas fueren recíprocas el juez podrá, según las circunstancias, declarar a las partes o alguna de ellas exentas de toda pena. El juez podrá también, según las circunstancias, eximir de pena a quien haya sido impulsado al delito por violencias ejecutadas contra su persona.

 

 

Artículo 270.- Autores desconocidos. Si los delitos a que se refiere el presente capítulo se cometieren por medio de la prensa, de la radio o de la televisión y no fueren conocidos los autores, incurrirán en las respectivas penas establecidas en los artículos precedentes los directores de las publicaciones periódicas, radioemisoras o televisoras o el editor de libros, panfletos u hojas sueltas, por medio de los cuales se haya perpetrado el delito, a no ser que prueben, al ser requeridos por la autoridad competente quién o quiénes hayan sido el autor o autores de los escritos, emisiones o imágenes difamatorios o injuriosos.

 

 

Artículo 271.- Ofensas en juicio. No producen acción las ofensas contenidas en los escritos presentados por las partes o sus representantes o en los discursos pronunciados por ellos en estrados ante el juez o durante el curso de un juicio o de una audiencia pública.

 

Independientemente de la aplicación de las disposiciones disciplinarias del caso por parte del juez, podrá también ordenar la imposición de una multa entre cincuenta y cien unidades tributarias a favor del ofendido. Se podrá también ordenar la supresión total o parcial de las especies difamatorias.

 

 

Artículo 272.- Destrucción de objetos. En caso de condena por alguno de los delitos tipificados en el presente capítulo, el juez ordenará la destrucción de los impresos, dibujos, grabaciones y demás efectos u objetos que hayan servido para cometer el delito; y si se tratare de escritos respecto de los cuales no pudiere acordarse la supresión, dispondrá que al margen de ellos se haga referencia a la sentencia que se dicte sobre el caso.

 

A exigencia del acusador privado, la sentencia condenatoria será publicada a costa del condenado y por una o dos veces en los diarios que indicará el juez.

 

 

Artículo 273.- Modos de proceder. Los delitos tipificados en el presente capítulo no podrán ser enjuiciados sino por acusación privada de la víctima o de sus representantes legales.

 

Si ésta muere antes de hacer uso de su acción o en el curso del proceso o si los delitos se han cometido contra la memoria de una persona fallecida, la acusación o querella puede promoverse por el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos o las hermanas, sobrinos, los afines en línea recta y por los herederos inmediatos.

 

En el caso de ofensa contra algún Cuerpo Judicial, político o administrativo, o contra representantes de dichos Cuerpos, el enjuiciamiento no tendrá lugar sino mediante la autorización del Cuerpo o de su jefe jerárquico, si se trata de alguno no constituido en colegio o corporación.

 

En estos casos se procederá según se ordena en el artículo 265.

 

 

 

TÍTULO III

DELITOS CONTRA

LA LIBERTAD Y OTRAS GARANTÍAS


CAPÍTULO I

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

 

 

Artículo 274.- Desaparición forzada. Cualquier autoridad pública, civil o militar, o funcionario al servicio del Estado, o cualquier ciudadano que sin estar al servicio del Estado ni ser por tanto un funcionario, procediendo en connivencia con el Estado, prive de su libertad a una persona, al margen de la ley y sin causa legal, aunque hubiere un estado de excepción o emergencia o de restricción de garantías constitucionales; y habiendo con posterioridad su ocultamiento y una negativa a reconocer la detención o a suministrar información sobre su paradero, impidiéndole así el ejercicio de sus garantías y derechos constitucionales y legales será sancionado con prisión de diez a quince años, multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias y en el caso de los funcionarios la inhabilitación para el ejercicio del cargo o función por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

Con las mismas penas serán sancionados los ciudadanos o particulares o también los miembros o integrantes de grupos privados con fines subversivos o insurgentes o de cualquier otra índole, que actuando por sí solos o como integrantes, colaboradores o cómplices de dichos grupos, desaparezcan forzadamente a una o varias personas.

 

         Las penas fijadas en este artículo regirán a menos que la conducta criminosa no sea de una reiteración tal que llegare así a constituir el crimen de lesa humanidad de idéntica denominación pero cuya gravedad es mucho mayor.

 

 

Artículo 275.- Circunstancias agravantes. Se considerarán circunstancias agravantes al delito tipificado en este capítulo y que incrementarán las penas desde un tercio hasta la mitad las siguientes:

 

1.- Cuando la acción la cometa quien ejerce autoridad o jurisdicción sobre el desaparecido.

 

2.- Cuando la acción se cometa contra una persona incapacitada, desvalida o un anciano.

 

3.- Cuando la acción se cometa contra niños y adolescentes.

 

4.- Cuando la acción se cometa contra las personas siguientes en razón de la calidad del rol que desempeñan: servidores públicos, activistas de derechos humanos, candidatos de elección popular, comunicadores sociales, dirigentes políticos, representantes superiores de religiones o cultos acreditados en la República.

 

5.- Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.

 

6.- Cuando se someta a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad, siempre y cuando esta conducta no constituya un hecho punible más grave.

 

7.- Cuando por causa o razón de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones graves.

 

 

Artículo 276.- Circunstancias atenuantes. Las penas estipuladas para la desaparición forzada de personas se disminuirán en una tercera parte cuando:

 

1.- Los autores o partícipes suministren información que conduzca a la recuperación del cadáver del desaparecido.

 

2.- Cuando en un término que no supere los quince días los autores o partícipes liberan a la víctima voluntariamente sin ningún daño físico o psíquico.

 

3.- Cuando los autores o partícipes suministren información acerca de la localización de la persona desaparecida y así propicien su ubicación.

 

 

Artículo 277.- Rebaja de penas. Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer estos casos, las penas podrán ser rebajadas en dos terceras partes.

 

 

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

 

 

Artículo 278.- Reducción a esclavitud o condición análoga. Quien reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga, será penado con prisión de seis a doce años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

En iguales penas incurrirán los que intervinieren en la trata de esclavos.

 

Se entiende por esclavitud la pretensión de ejercer sobre una o varias personas el derecho de propiedad.

 

 

Artículo 279.- Privación ilegítima de libertad. Quien ilegítimamente haya privado a alguien de su libertad personal, será castigado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias.

 

En las mismas penas señaladas en el párrafo anterior, aumentadas en una cuarta parte y la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta, incurrirá el empleado público que con abuso de sus funciones proceda a la detención de alguna persona sin observar las esenciales formalidades legales y, así mismo, quien no ejecute de inmediato la libertad ordenada por la autoridad competente.

 

Si para cometer el delito o durante su comisión el culpable hizo uso de amenazas, sevicia o engaño, o si lo cometió por espíritu de venganza o lucro, o con un fin o pretexto religioso, o si privó de su libertad a la persona para ponerla al servicio militar de un país extranjero, la prisión será de tres a ocho años y multa de trescientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Si el culpable, espontáneamente, ha puesto en libertad a la persona antes de toda diligencia de enjuiciamiento, sin haber conseguido el fin que se proponía ni haberle ocasionado daño alguno, la pena de prisión será de dos a cuatro años y la multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias.

 

Se entenderá por privación ilegítima de libertad la acción que por cualquier medio se ejerza contra una persona para anular su voluntad en cuanto a realizar un libre desplazamiento o movimiento.

 

 

Artículo 280.- Privación ilegítima de libertad agravada. Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas de la mitad a las tres cuartas partes, en los casos siguientes:

 

1.-  Si el delito se ha cometido contra un ascendiente, descendiente o contra el cónyuge, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.

 

2.-  Si se cometiere la acción contra alguno de los funcionarios indicados en los artículos 194, 195 y 196 o contra cualquier otro funcionario por razón de sus funciones.

 

3.- Si ha resultado un perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado. 

 

 

Artículo 281.- Falta de notificación de la detención. El funcionario policial que efectúe una detención y no dé inmediata información al fiscal del Ministerio Público y a la persona eventualmente indicada por el detenido, será castigado con prisión de tres a doce meses, multa de veinticinco a cien unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un empleo o cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

Incurre en las mismas penas el funcionario policial que impida indebidamente la comunicación del detenido con su abogado, padres, representantes o responsables.

 

 

Artículo 282.- Internación ilegítima en un hospital. Quien a sabiendas de la buena salud física o psíquica de una persona, lograre mediante artificios o engaños que se le recluyere en un asilo, clínica, hospital o establecimiento similar, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias.

 

Si el delito tipificado en el párrafo anterior se cometiere mediante el uso de una falsa certificación dada por un médico o empleado de sanidad, la pena aplicable será prisión de dos a seis años, multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 283.- Recepción indebida de personas detenidas. El funcionario que rigiendo un establecimiento penitenciario o un establecimiento penal, reciba como detenida a alguna persona sin orden escrita de la autoridad competente, o se niegue a obedecer una orden de libertad emanada de tal autoridad, será castigado con prisión de uno a cuatro años, multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un empleo o cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 284.- Circunstancia agravante. Las penas establecidas en los artículos precedentes serán aumentadas de la mitad a las tres cuartas partes si la privación de libertad que suponen estos delitos dura más de ocho días o si éstos  se han realizado con el fin de causar alarma pública, o para satisfacer algún interés privado si el culpable fuere un funcionario.

 

 

Artículo 285.- Coacciones. Quien sin autoridad o derecho para ello y por medio de violencia física o moral u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a hacer o dejar de hacer lo que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere hacer lo que la ley no prohíbe, será penado con prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias.

 

Si la acción se cometió con abuso de autoridad pública o contra algún ascendiente o cónyuge, o contra algún funcionario por razón de sus funciones, o si ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes del agraviado, la pena será prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.  En estas mismas penas incurrirán los funcionarios del servicio penitenciario cuando cobraren por efectuar el traslado de un detenido.

 

 

Artículo 286.- Amenazas. Quien amenazare a otro con causar un daño grave e injusto en su persona, honra o propiedad, o en las de su familia, incurrirá en la pena de prisión de dos a treinta meses, multa de veinte a doscientas cincuenta unidades tributarias y el enjuiciamiento se hará por acusación privada de la víctima.

 

 

Artículo 287.- Pesquisa o registro. Quien indebidamente ordene o ejecute la pesquisa o registro del cuerpo de una persona será penado con prisión de uno a cinco meses y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.

 

Cuando la pesquisa o registro sean ordenados o ejecutados por un funcionario con abuso de sus funciones, las penas se agravarán en una sexta parte y se le inhabilitará para ejercer un empleo o cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

CAPÍTULO III

SECUESTRO

 

 

Artículo 288.- Secuestro. Quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero, como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan un efecto jurídico cualquiera en favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no logre su intento de cobrar u obtener el rescate, será castigado con prisión de doce a veinte años y multa de un mil doscientas a dos mil unidades tributarias. Si el secuestro se ejecutare para causar alarma, las penas serán de veinte a veinticinco años de prisión y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 289.- Partícipe en el secuestro. Quien fuera de los casos estipulados en el artículo precedente, sin dar parte de ello a la autoridad, haya transmitido de algún modo o llevado correspondencia o mensajes escritos o verbales para hacer que se logre el fin del delito tipificado en el artículo anterior, será castigado con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 290.- Circunstancias atenuantes. Si dentro de los quince días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiere logrado algunos de los fines señalados en el artículo 288, las penas se disminuirán hasta en la mitad.

 

Si la liberación voluntaria de la víctima ocurre dentro de las setenta y dos horas siguientes a su secuestro y sin que se hubiere obtenido alguno de los fines mencionados en el artículo 288, la pena será prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA
INVIOLABILIDAD DEL HOGAR O
EL RECINTO PRIVADO DE LAS PERSONAS

 

 

Artículo 291.- Violación del hogar o del recinto privado de las personas por particulares. Quien arbitraria, clandestina o fraudulentamente, se introduzca o instale en el hogar o residencia o domicilio ajeno o en sus dependencias, o en cualquier recinto privado de personas o en sus dependencias, contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo, será castigado con prisión de seis a quince meses, multa de cincuenta a ciento veinticinco unidades tributarias y el enjuiciamiento se hará por acusación privada de la víctima.

 

Si el delito se ha cometido de noche o con violencia contra las personas o con armas o con el concurso de varios individuos, o en el hogar, o en oficinas públicas o en la residencia de un funcionario, o en sede diplomática o consular, particular u oficial, la prisión será de doce a dieciocho meses, multa de cien a ciento cincuenta unidades tributarias  y el enjuiciamiento será de oficio por el Ministerio Público.

 

 

Artículo 292.- Violación del hogar o del recinto privado de las personas por un funcionario. El funcionario que con abuso de sus funciones penetre en el hogar o residencia ajena, o en cualquier recinto privado de personas o en sus dependencias, o haga en ellas registros, sin estar debidamente autorizado por la autoridad judicial y salvo los casos de excepción legalmente establecidos,  será penado con prisión de uno a tres años, multa de cien a trescientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un empleo o cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LA

INVIOLABILIDAD Y EL SECRETO DE LA

CORRESPONDENCIA ESCRITA Y OTROS DOCUMENTOS


Artículo 293.- Violación, substracción o supresión de correspondencia. Quien indebidamente abra alguna carta, escrita en papel o en un medio propio de la informática, un telegrama o pliego cerrado que no se le haya dirigido, o que perteneciendo a otro, indebidamente lo tome para conocer su contenido, aunque no esté cerrado, será castigado con prisión de tres a doce meses y multa de veinticinco a cien unidades tributarias.

 

Quien haya suprimido alguna correspondencia epistolar o telegráfica que no le pertenezca será castigado con pena de prisión de seis a dieciocho meses y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias.

 

 

Artículo 294.- Divulgación de correspondencia privada. Quien teniendo una correspondencia epistolar o telegráfica o informática no destinada a la publicidad y la hiciere indebidamente pública, aunque a él le haya sido dirigida, siempre que la acción pueda ocasionar algún perjuicio, será castigado con las penas señaladas en el primer párrafo del artículo anterior aumentadas desde un tercio a la mitad.

 

 

Artículo 295.- Abuso de un empleado del servicio de correos. El empleado del servicio de correos o telégrafos que con abuso de su oficio se adueñare de alguna carta, telegrama, comunicación o cualquier otra correspondencia no cerrada, o que estándolo la abra para conocer su contenido o la retenga o revele su existencia o contenido a otra persona distinta del destinatario, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses, multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

Las mismas penas se impondrán al que a cargo y con abuso de los mencionados servicios u oficios suprima alguna de las señaladas correspondencias.

 

Si cualquiera de las acciones tipificadas en el presente artículo causare algún perjuicio, las penas serán prisión de dieciocho a veinticuatro meses y multa de ciento cincuenta a doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 296.- Modo de proceder. En lo que concierne a los delitos tipificados en los artículos precedentes y siempre que la acción no hubiere ocasionado algún perjuicio que interese al orden público, el enjuiciamiento no se hará lugar sino por acusación privada de la víctima.

 

 

Artículo 297.- Divulgación de secretos profesionales y funcionales. Quien por razón de su cargo, funciones, profesión, arte u oficio, tenga conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio y no obstante lo revela  sin justo motivo, será castigado con prisión de seis a veinticuatro meses, multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 298.- Revelación de secretos. Quien infrinja el deber de guardar el secreto establecido en la Ley Orgánica de la Administración Central, Ley del Banco Central de Venezuela y otras leyes especiales, será sancionado con prisión de doce a veinticuatro meses, multa de cien a doscientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta. Y ello sin menoscabo de las responsabilidades civiles y administrativas en las que incurra.

 

 

Artículo 299.- Uso ilegal o divulgación de información reservada. Cumplirán penas de prisión de tres a seis años, multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta, los directores, gerentes, apoderados, liquidadores, operadores de mesas de dinero y funcionarios de una administradora de fondos de pensiones que en razón de su posición y valiéndose de información reservada, incurran en lo siguiente:

 

1.- Ejecuten un acto por sí o por intermedio de otras personas con el objeto de obtener un beneficio pecuniario para sí o para otros, mediante cualquier operación o transacción de valores de oferta pública.

 

2.- Divulguen la información reservada y relativa a las decisiones de inversión de los fondos a personas distintas de las encargadas de efectuar las operaciones de adquisición o enajenación de valores de oferta pública, por cuenta o en representación del fondo.

 

Incurrirán en iguales penas los empleados de una administradora de fondos de pensiones que estando encargados de la administración de la cartera y, en especial de las decisiones de adquisición, manutención y enajenación de instrumentos para los fondos y la administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas la administración de otra cartera de inversiones o quienes teniendo igual condición, infrinjan cualesquiera prohibiciones de las  señaladas en los numerales 1, 3 y 8 del artículo 157 de la Ley que Regula el Subsistema de Pensiones.

 

 

CAPÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD

DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS ORALES

 

 

Artículo 300.- Privacidad de las comunicaciones orales. Lo estipulado en el presente capítulo tiene por objeto proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones orales habidas entre dos o más personas.

 

 

Artículo 301.- Grabación, imposición, interrupción o interceptación arbitraria, clandestina o fraudulenta de comunicaciones. Quien arbitrariamente grabe, intercepte u oiga una comunicación entre otras personas o se imponga de ésta, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias; y si el agente es funcionario, la pena de prisión será de dos a cuatro años, multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

En las mismas penas incurrirá, salvo que la acción constituya un delito más grave, quien sin causa justificada revele en todo o en parte y mediante cualquier medio de información el contenido de las comunicaciones indicadas en la primera parte de este artículo.

 

 

Artículo 302.- Instalación no autorizada de aparatos para grabar o impedir comunicaciones. Quien sin licencia de la autoridad judicial instale aparatos o instrumentos con el fin de grabar, imponerse de las comunicaciones entre otras personas o interceptarlas, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 303.- Falsificación del contenido de una comunicación. Quien con el fin de obtener algún provecho para sí o para otro, o de ocasionar un daño, falsifique o altere en todo o en parte el contenido de una comunicación, será castigado con prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 304.- Divulgación, uso o aprovechamiento del contenido de una comunicación falsificada. Con las mismas penas del artículo anterior será castigado quien sin justo motivo divulgue por cualquier medio el contenido de la comunicación falsificada o haga uso o se aproveche del contenido de dicha comunicación, aunque no haya tomado parte en la falsificación o la haya recibido de fuente anónima.

 

 

Artículo 305.- Perturbación de la tranquilidad ajena. Quien haciendo uso arbitrario de cualquier medio de telecomunicación y utilizando una información lograda mediante el procedimiento legalmente establecido u obtenida arbitraria, clandestina o fraudulentamente, perturbe intencionalmente la tranquilidad de otra persona, creando en ella estados de angustia, incertidumbre, temor o terror, será  castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Las penas establecidas en este artículo se aumentarán de un tercio a la mitad cuando la acción sea reiterada.

 

 

Artículo 306.- Importación, fabricación, comercio, porte, detentación, ocultamiento o suministro de equipos, aparatos e instrumentos de espionaje. Quien importe, fabrique, comercie, porte, detente, oculte o suministre equipos, aparatos e instrumentos especialmente diseñados o modificados para subrepticia o clandestinamente interceptar, grabar o imponerse de comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio, será castigado con prisión de dos a cuatro años, multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias y comiso de dichos equipos, aparatos e instrumentos.

 

La importación o fabricación de dichos equipos, aparatos e instrumentos, sólo podrá ser autorizada por el Fiscal General de la República, quien llevará un registro de los mismos y de los organismos policiales y de seguridad del Estado que los poseen, a cuyo efecto tales organismos estarán obligados a informar acerca de su existencia dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia del presente código.

 

 

Artículo 307.- Autorización. El juez de control podrá autorizar a los órganos principales de investigaciones penales y demás organismos policiales de seguridad del Estado para la grabación, interceptación y escucha de comunicaciones privadas, para los fines de investigación de los siguientes delitos:

 

1.- Delitos contra la seguridad e independencia del Estado e incluido el de terrorismo.

 

2.- Delitos contra la vida y la integridad de las personas: homicidio y genocidio.

 

3.- Delitos contra la libertad: secuestro y desaparición forzada.

 

4.- Delitos contra el patrimonio económico: robo, estafa, fraude y extorsión.

 

5.- Delitos contra el patrimonio público.


6.- Delitos relacionados con las substancias estupefacientes y psicotrópicas.

 

Dicha autorización también podrá ser dada excepcionalmente en los delitos cuya investigación lo indique como necesario, siempre y cuando la pena prevista para tales delitos supere los cinco años de prisión en su límite superior.

 

Los funcionarios que usen los equipos a que se refiere el artículo precedente sin la debida autorización judicial, serán castigados con las penas indicadas en el artículo 301, aumentadas de un cuarto a la mitad e inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 308.- Divulgación del contenido de las comunicaciones obtenidas lícitamente. Toda grabación legalmente autorizada será de uso exclusivo de las autoridades policiales y judiciales encargadas de su investigación y procesamiento, quedando en consecuencia prohibido a tales funcionarios divulgar la información obtenida.

 

Si los funcionarios señalados en este artículo infringen lo indicado en el párrafo anterior, serán castigados con prisión de dos a cuatro años, multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 309.- Enjuiciamiento. La acción para el enjuiciamiento de los delitos tipificados en este capítulo se seguirá de oficio salvo los estatuidos en los artículos 303, 304 y 305, que sólo podrán ser enjuiciados previa acusación privada de la víctima.

 

 

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS ELECTRÓNICAS

 

 

Artículo 310.- Protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información. La tipificación de los delitos del presente capítulo tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos expuestos en la Ley Especial sobre Delitos Informáticos y en este capítulo.

Sin embargo, esta tipificación no obsta para que los delitos en ella incluidos pudieran configurar el delito de terrorismo y ser perseguidos de acuerdo con el artículo 347.

 

Artículo 311.- Acceso indebido. Quien sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de uno a dos años y multa de cien a doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 312.- Sabotaje o daño a sistemas. Quien destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que emplee tecnologías de información o cualquiera de los componentes que lo conforman, salvo que incurra en terrorismo, será penado con prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias.

 

Incurrirá en las mismas penas quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que emplee tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes.

 

La pena será de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión por cualquier medio de un virus o programa análogo.

 

 

Artículo 313.- Daño culposo. Si el delito tipificado en el artículo anterior se cometiere con culpa, se aplicará la pena correspondiente según el caso y con una reducción de entre la mitad y dos tercios.

 

 

Artículo 314.- Acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. Las penas indicadas en los artículos anteriores se aumentarán entre una tercera parte y la mitad cuando las acciones allí establecidas o sus efectos, sin llegar a configurar el delito de terrorismo, recaigan sobre cualquiera de los componentes de un sistema que utilice tecnologías de información protegido por medidas de seguridad, que esté destinado a funciones públicas o sea contentivo de  información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas.

 

 

Artículo 315.- Posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. Quien para vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier sistema que emplee tecnologías de información, importe, fabrique, posea, distribuya, venda o utilice equipos, dispositivos o programas; o quien ofrezca o preste servicios destinados a los mismos fines, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias excepto si su conducta reprodujera la descripción típica del terrorismo.

 

 

Artículo 316.- Espionaje informático. Quien indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Las penas se aumentarán de un tercio a la mitad si el delito tipificado en el presente artículo se cometiere con el fin de obtener algún tipo de beneficio para sí o para otro.

 

El aumento será de la mitad a dos tercios si se pusiere en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las instituciones afectadas o resultare algún daño para las personas naturales o jurídicas como consecuencia de la revelación de las informaciones de carácter reservado. Esta pena sólo será aplicable si la conducta desplegada no llegare a constituir el delito de terrorismo.

 

 

Artículo 317.- Falsificación de documentos. Quien a través de cualquier medio cree, modifique o elimine un documento que se encuentre incorporado a un sistema que utilice tecnologías de información; o cree, modifique o elimine datos del mismo; o incorpore a dicho sistema un documento inexistente, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Cuando el agente hubiere actuado con el fin de procurar para sí o para otro algún tipo de beneficio, las penas se aumentarán entre un tercio y la mitad.

 

El aumento será de la mitad a dos tercios si de la acción resultare un perjuicio para otro.

 

 

CAPÍTULO VIII

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

 

 

Artículo 318.- Hurto de sistemas o medios de comunicación. Quien a través del uso de tecnologías de información acceda, intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial substrayéndolos a su tenedor con el fin de procurarse un provecho económico para sí o para otro, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 319.- Fraude en sistemas o medios de comunicación. Quien a través del uso indebido de la tecnología de información y valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o en cualquiera de sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas, engañosas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 320.- Obtención indebida de bienes o servicios. Quien sin autorización para portarlos utilice una tarjeta inteligente ajena o un instrumento destinado a los mismos fines, o el que utilice indebidamente tecnologías de información para requerir la obtención de cualquier efecto, bien o servicio; o para proveer su pago sin erogar o asumir el compromiso de pago de la contraprestación debida, será castigado con prisión de dos a siete años y multa de doscientas a setecientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 321.- Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos. Quien por cualquier medio cree, capte, capture, grabe, copie, altere, duplique o elimine la data o información contenidas en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines; o el que mediante cualquier uso indebido de tecnologías de información cree, capte, capture, duplique o altere la data o información en un sistema con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modificar la cuantía de éstos, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

En las mismas penas incurrirá quien sin haber tomado parte en las acciones anteriores, adquiera, comercialice, posea, distribuya, venda o realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al mismo fin, o de la data o información contenidas en ellos o en un sistema.

 

 

Artículo 322.- Obtención de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos. Quien obtenga, adquiera o reciba una tarjeta inteligente o instrumento destinado a los mismos fines, que se hayan perdido, extraviado o hayan sido entregados por equivocación, con el fin de retenerlos, usarlos, venderlos o transferirlos a persona distinta del usuario autorizado o entidad emisora, será penado con prisión de dos a siete años y multa de doscientas a setecientas unidades tributarias. 

 

 

Artículo 323.- Provisión indebida de bienes o servicios. Quien a sabiendas de que una tarjeta inteligente o instrumento destinado a los mismos fines se encuentran vencidos, revocados o se hayan obtenido indebidamente o retenido o falsificado o alterado, provea a quien los presente de dinero, efectos, bienes o servicios o de cualquier otra cosa de valor económico, será penado con prisión de uno a cuatro años y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 324.- Posesión de equipo para falsificaciones. Quien sin estar debidamente autorizado para emitir, fabricar o distribuir tarjetas inteligentes o instrumentos análogos, reciba, adquiera, posea, transfiera, comercialice, distribuya, venda, controle o custodie cualquier equipo de fabricación de tarjetas inteligentes o de instrumentos destinados a los mismos fines o cualquier equipo o componente que capture, grabe, copie o transmita la data o información de dichas tarjetas o instrumentos, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO IX

DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD

DE LAS PERSONAS Y DE LAS COMUNICACIONES

 

 

Artículo 325.- Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. Quien por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.

 

Las penas se incrementarán de un tercio a la mitad si como consecuencia de las acciones anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o la  información o para un tercero.

 

 

Artículo 326.- Violación de la privacidad de las comunicaciones. Quien mediante el uso de tecnologías de información acceda, capte, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 327.- Revelación indebida de data o información de carácter personal. Quien revele, difunda o ceda en todo o en parte los hechos descubiertos, las imágenes, el audio o en general la data o información obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos precedentes, aun cuando el autor no hubiese tomado parte en la comisión de dichos delitos, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro o si resultare algún perjuicio para otro, las penas se aumentarán de un tercio a la mitad.

 

 

Artículo 328.- Apropiación de propiedad intelectual. Quien sin autorización de su propietario y con el fin de obtener algún provecho económico, reproduzca, modifique, copie, distribuya o divulgue un software u otra obra del intelecto que haya obtenido mediante el acceso a cualquier sistema que utilice tecnologías de información, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 329.- Oferta engañosa mediante el uso de tecnologías de información. Quien ofrezca, comercialice o provea de bienes o servicios mediante el uso de tecnologías de información y haga ofertas, promesas y afirmaciones falsas, engañosas o atribuya características inciertas a cualquier aspecto de dicha oferta y así pueda resultar algún perjuicio para los consumidores, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias,  sin menoscabo de la comisión de un delito más grave.

 

 

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES COMUNES

 

 

Artículo 330.- Circunstancias agravantes. Las penas correspondientes a los delitos tipificados en los capítulos VII, VIII y IX se incrementarán entre un tercio y la mitad en las circunstancias siguientes:

 

1.-  Si para la realización de la acción se usare alguna contraseña ajena indebidamente obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido.

 

2.-  Si la acción hubiere sido cometida mediante el conocimiento privilegiado de una data o información reservadas o mediante el conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función.

 

 

Artículo 331.- Penas accesorias. Además de las penas principales dispuestas con anterioridad, se impondrá, sin perjuicio de las establecidas en el presente código, alguna de las accesorias siguientes:

 

1.- La publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que se considere más idóneo.

2.- El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos tipificados en los artículos 306, 315 y 324 del presente código.

 

3.- El trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos tipificados en los artículos 311 y 313 de este código.

 

4.- La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, o el ejercicio de la profesión, arte o industria, o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a la data o información reservadas o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de una función o cargo públicos, del ejercicio privado de una profesión u oficio o del desempeño en una institución o empresa privadas, respectivamente.

 

5.- La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para el ejercicio de cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se hubiere valido de una persona jurídica o la hubiere hecho figurar.

 

 

CAPÍTULO XI

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CULTOS

 

 

Artículo 332.- Perturbación de ceremonias religiosas. Quien por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la República, impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será castigado con prisión de uno a tres meses y multa de diez a veinticinco unidades tributarias.

 

Si la acción fuere acompañada de amenazas, violencias, ultrajes o actos despreciativos, las penas se incrementarán en dos tercios.

 

 

Artículo 333.- Violencias y vilipendio. Quien por hostilidad contra algún culto establecido o que se establezca en la República, vilipendie a la persona que lo profese, será castigado por acusación de la parte agraviada, con prisión de tres a seis meses y multa de veinticinco a cincuenta unidades tributarias. 

 

 

Artículo 334.- Daños a tumbas en cementerios. Quien en los cementerios deteriore, dañe o afee las tumbas, monumentos, pinturas, piedras, inscripciones o túmulos, será castigado con prisión de dieciocho a treinta meses y multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta unidades tributarias.

 

 

Artículo 335.- Violación de tumbas o urnas cinerarias. Quien cometa actos de profanación en el cadáver o sus cenizas y el que con un fin injurioso o simplemente ilícito, sustrajere el todo o parte de los despojos o restos mismos o de alguna manera violare un túmulo o urna cineraria, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 336.- Necrofilia o perversión sexual con cadáveres. Quien trate de alcanzar el placer erótico manipulando a un cadáver, donde quiera que éste yazga, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 337.- Profanación sin ánimos de injuria. Quien fuera de los casos antes indicados profanare total o parcialmente el cadáver de alguna persona, lo exhumare, substrajere o se apoderare de sus restos, será castigado con prisión de tres a quince meses y multa de veinticinco a ciento veinticinco unidades tributarias.

 

Si la acción se ha cometido por el administrador o celador de un cementerio o lugar de sepulturas o por una persona a la cual se hubiere confiado la guarda del cadáver o sus restos, las penas se aumentarán en una tercera parte.

 

 

CAPÍTULO XII

DELITO CONTRA LA

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

 

 

Artículo 338.- Obstáculos contra el ejercicio de los derechos políticos. Quien por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, siempre que la acción no esté tipificada por una disposición especial de la ley, será castigado con prisión de uno a quince meses y multa de diez a ciento veinticinco unidades tributarias. 

 

Si el culpable es un empleado público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, la prisión será de seis a treinta meses, multa de cincuenta a doscientas cincuenta unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

 

TÍTULO IV

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

 

 

Artículo 339.- Crímenes de lesa humanidad. A los efectos de este código se entenderá por crímenes de lesa humanidad, las acciones que con máxima ignominia pongan en peligro el desarrollo y la existencia de los pueblos porque sistemáticamente dañan del modo más grave la dignidad humana en cuanto a la vida, libertad e integridad personal física y moral, perpetrados por funcionarios o particulares, con anuencia o no del Estado y en razón de la nacionalidad, raza, religión, cultura y género u opiniones políticas de las víctimas.

 

 

CAPÍTULO I

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

SUSCEPTIBLES DE SER COMETIDOS EN TODO TIEMPO

 

 

SECCIÓN PRIMERA

GENOCIDIO

 

 

Artículo 340.- Actos dirigidos a cometer genocidio. Quien con fines homicidas tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado grupo por razón de su nacionalidad, raza o creencias políticas o religiosas y con tales propósitos ataque a personas pertenecientes al grupo para causarles graves daños físicos o psíquicos; o las coloque o someta a condiciones de vida tan precarias que puedan acarrear la muerte de todas esas personas o de alguna de ellas, será castigado con prisión de quince a veinticinco años y multa de un mil quinientas a dos mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 341.- Deportación con fines de genocidio. Quien con el fin indicado en el artículo precedente, deporte a personas pertenecientes a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, será penado con prisión de ocho a dieciséis años y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 342.- Circunstancia agravante. Si de alguna de las acciones tipificadas en los artículos precedentes deriva la muerte o las lesiones de una o más personas, las penas aplicables serán prisión de veinte a treinta años y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 343.- Actos dirigidos a cometer genocidio mediante limitación de los nacimientos. Quien imponga o practique medidas tendentes a impedir o limitar los nacimientos en el seno de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, para destruir dicho grupo en todo o en parte, será penado con prisión de veinte a treinta años y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 344.- Actos dirigidos a cometer genocidio mediante substracción de niños o adolescentes. Quien con el fin indicado en el artículo precedente substraiga niños o adolescentes que pertenezcan a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, para transferirlos a un grupo distinto, será penado con prisión de veinte a veinticinco años y multa de dos mil a dos mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 345.- Imposición de marcas o signos distintivos. Quien constriña a las personas pertenecientes a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, a llevar marcas o signos distintivos indicando la pertenencia a dicho grupo, será penado con prisión de doce a dieciocho años y multa de un mil doscientas a un mil ochocientas unidades tributarias. Si la acción se ha cometido con el fin de predisponer la destrucción total o parcial del grupo, las penas se aumentarán en las dos terceras partes.

 

 

Artículo 346.- Instigación pública y apología. Quien públicamente o por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio de divulgación, instigue a cometer alguno de los delitos tipificados en los artículos 340 al 344, será penado, por el solo hecho de la instigación, con prisión de ocho a dieciséis años y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

Las mismas penas le serán aplicadas al que públicamente haga la apología de alguno de los delitos tipificados en este capítulo.

 

Cuando no fueren conocidos los autores del delito sancionado en los párrafos anteriores, incurrirán en las penas establecidas en este artículo los directores de las publicaciones periódicas, radioemisoras o televisoras o el editor de libros, panfletos u hojas sueltas, por medio de los cuales se haya perpetrado el delito, a no ser que prueben quién haya sido el autor o autores de tales publicaciones al ser requeridos por la autoridad competente.

 

 

SECCIÓN SEGUNDA

TERRORISMO

 

 

Artículo 347.- Terrorismo. Consiste en la conducta de quienes por su sola cuenta o en relación con grupos o bandas, pongan en peligro la vida humana al violar la ley de Venezuela u otro Estado y perturben gravemente la paz pública al usar una violencia ilegítima para aterrorizar e influir por la fuerza en un gobierno, país, población, grupo u organización internacional y obligarlos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.  Esa violencia puede originarse principalmente en motivos políticos, sociales o económicos y estar dirigida contra personas o bienes públicos o privados.

 

Los autores de semejante conducta serán castigados con pena de prisión de diez a veinte años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias, sin perjuicio de las penas que les correspondan por la comisión de otros delitos tipificados en este código, en los casos siguientes:

 

1.- Cuando pongan en estado de zozobra, alarma o terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas.

 

2.- Cuando causen explosiones o la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios, locales públicos, depósitos contentivos de materiales inflamables o explosivos, vías de comunicación y medios de transporte colectivos.

 

3.- Cuando hagan padecer hambre a la población civil mediante la destrucción, sabotaje o inutilización de los bienes indispensables para la supervivencia y con la intención de privar de tales bienes a esa población o, también, cuando se ataquen, destruyan, saboteen o dañen cualquiera de los medios para la obtención, distribución y consumo de agua, alimentos y medicinas.

 

4.- Cuando se destruya o dañe el medio ambiente natural y sus recursos renovables o no, haciendo peligrar la salud o supervivencia de la población.

 

5.- Cuando se ataquen, destruyan, saboteen o dañen las obras e instalaciones contentivas de fuerzas peligrosas o, también, oleoductos, gasoductos, refinerías y demás instalaciones o medios de procesamiento, depósito o transporte de combustible o energía.

 

6.- Cuando se cause la inmersión o varamiento de nave, inundación, explosión de una mina o instalación industrial, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando para tales efectos métodos violentos.

 

7.- Cuando se haga el levantamiento de los carriles de una vía férrea, o el cambio malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte.

 

8.- Cuando se ocasione la voladura de un puente, el destrozo de la calzada pública, incendio o perturbación grave a un medio de comunicación de cualquier clase o algún otro atentado con esta finalidad.

 

9.- Cuando se introduzca en la atmósfera, en el suelo, subsuelo o en las aguas, comprendiendo aquellas que pertenecen al mar territorial, una substancia de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre o de los animales o el medio ambiente.

 

Si el estado de zozobra o terror fuere provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, videocasete, correo electrónico o escrito anónimo, las penas serán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.


Artículo 348.- Circunstancias agravantes calificadas. Quienes actuando por su cuenta o en relación con grupos o bandas, atentaren contra las personas o bienes públicos, incurrirán en las penas siguientes:

 

1.- En la pena de prisión de veinte a treinta años y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias si causaren la muerte de una persona.

2.- En la pena de prisión de veinte a veinticinco años si secuestraren a una persona o le causaren la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido; la impotencia sexual o reproductiva o esterilidad; una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica.

 

3.- En la pena de prisión de quince a veinte años y multa de un mil quinientas a dos mil unidades tributarias si causaren a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad.

 

4.- En la pena de prisión de diez a quince años y multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias si causaren cualquier otra lesión o detuvieren ilegalmente, amenazaren o coaccionaren a una persona.

 

Si las acciones tipificadas en el artículo 347 se realizaren contra el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ministros del Despacho, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los gobernadores, los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional y los directores principales de los cuerpos de seguridad de la nación, se impondrán las penas en su mitad superior.

 

 

Artículo 349.- Terrorismo indiscriminador. Si aquella violencia fuere contra personas que no participen directamente en las hostilidades o en un conflicto armado; o cuando estas personas no estén relacionadas con el problema que originó la violencia, se configura el terrorismo indiscriminador y las penas se aumentarán de un tercio a la mitad.

 

 

Artículo 350.- Amenaza de terrorismo. Cuando se aterrorice a la población no con la comisión de las acciones descritas con anterioridad, sino con la amenaza de cometer éstas u otras que impliquen una grave violación de las garantías y los derechos constitucionales, la pena será de prisión de cinco a ocho años y multa de quinientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 351.- El depósito, tenencia, fabricación, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones, explosivos o sus componentes. El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de substancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro en cualquier forma y la mera colocación o empleo de tales substancias o de los medios o artificios inherentes, serán castigados con pena de prisión de ocho a doce años y multa de ochocientas a un mil doscientas unidades tributarias, cuando tales acciones fueren cometidas por quienes actúen por su cuenta o en relación con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en las disposiciones anteriores.

 

 

Artículo 352.- Administración de recursos vinculados con actividades terroristas. Quienes con el fin de recabar fondos para sí o para las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, con el propósito de favorecer sus finalidades y atentaren contra el patrimonio público  o de los particulares, serán castigados con las penas máximas, en su límite superior, a las que correspondieren por el delito cometido y sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración.

 

 

Artículo 353.- Recabar o facilitar cualquier acto de colaboración con grupo terrorista.  Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias quien lleve a cabo, promueva o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.

 

Son actos de colaboración:

 

1.- La información o vigilancia sobre patrimonios, bienes o instalaciones, edificios públicos o privados, centros urbanos y cualquier otra tarea que tenga significación para las actividades del grupo terrorista.

 

2.- La construcción, cesión o uso de cualquier tipo de alojamiento o de otros elementos susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir como depósito para armas o explosivos, víveres, dinero u otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas.

 

3.- Ocultamiento o traslado de personas integradas a los grupos o vinculadas con sus actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquéllas.

 

4.- La organización de cursos o centros de instrucción de grupos terroristas.

 

5.- La fabricación, adquisición, substracción, almacenamiento o suministro de armas, municiones, substancias u objetos explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos.

 

Cuando las acciones de colaboración indicadas en este artículo pongan en peligro la vida, integridad física, libertad o el patrimonio de personas, se aplicarán iguales penas aumentadas en la mitad.


Artículo 354.- Concierto para delinquir. Quien forme parte de una organización integrada por dos o más personas para instigar, planificar, propiciar, organizar, difundir o cometer actos de terrorismo, mediatos o inmediatos, será reprimido, por el solo hecho de agruparse o asociarse, con pena de prisión de seis a  doce años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer actos de terrorismo, cada una de ellas será penada por esa sola conducta.

 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico ilícito de substancias estupefacientes y psicotrópicas, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de diez a veinte años y multa de un mil a dos mil  unidades tributarias.

 

La pena privativa de libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.


Artículo 355.- Entrenamiento para actividades terroristas y criminales.  Quien organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, incurrirá en prisión de ocho a doce años y en multa de ochocientas a  un mil doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 356.- Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas. Quien envenene, contamine o altere cualquier producto o substancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal; los comercialice, distribuya o suministre con fines terroristas, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 357.-  Penas accesorias. A las personas físicas culpables de uno o varios de los delitos tipificados en el presente capítulo se les impondrán igualmente las penas siguientes:

 

1.- La prohibición de los derechos cívicos, civiles y familiares.

 

2.- La prohibición de ejercer una función pública o desempeñar una actividad profesional o social y por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

3.- La prohibición de permanencia en el territorio de la República, salvo como conmutación de otra pena.

 

 

Artículo 358.- Circunstancias agravantes. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán de un tercio a la mitad cuando:

 

1.- Se hiciere copartícipe en la comisión del delito a un menor de dieciocho años.

 

2.- Se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad del Estado, o sedes diplomáticas o consulares.

 

3.- La conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de actividades democráticas.

 

4.- El autor o partícipe sea miembro activo o retirado de la fuerza pública o de organismo de seguridad del Estado.

 

5.- Cuando la conducta recaiga sobre una persona internacionalmente protegida o sobre agentes diplomáticos según los tratados y convenios internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, o se afecten edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales.

 

 

SECCIÓN TERCERA

OTROS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

 

 

Artículo 359.- Desaparición forzada. Consiste en una sistemática e ilegítima represión del Estado al privar ilícitamente de su libertad a una persona y ocultarla después; o al negarse a reconocer la detención o a dar información sobre su paradero e impidiéndole por consiguiente el ejercer sus garantías y derechos constitucionales y legales.

 

El Estado podrá incurrir en esa eventual y criminosa represión por medio de cualquier autoridad pública, civil, o militar, o cualquier funcionario al servicio del Estado; o, también, a través de cualquier ciudadano que sin estar al servicio del Estado ni ser por tanto un funcionario, proceda en relación de codelincuencia con el Estado.

 

A los culpables del delito de la desaparición forzada de personas tipificado en este artículo, les será aplicada la pena de quince a veinticinco años de prisión.

 

Este delito también puede ser perpetrado por cualesquier ciudadanos o particulares o, así mismo, por miembros o integrantes de grupos privados con fines subversivos o insurgentes o de cualquier otra índole, que procediendo por sí solos o como integrantes, colaboradores o cómplices de dichos grupos, desaparezcan forzadamente a una o varias personas. Y se les aplicará la pena de diez a veinte años de prisión.

 

 

Artículo 360.- Homicidio y lesiones en persona protegida. Quien intencionalmente ocasione la muerte de una persona protegida por los convenios internacionales sobre Derecho Penal Humanitario ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, será penado con prisión de veinte a treinta años y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias.

 

Quien en las mismas circunstancias anteriores y sin llegar a causar la muerte ocasione daño a la integridad física o psíquica de una persona protegida por el Derecho Penal Humanitario, incurrirá en las mismas penas aplicables al tipo de lesiones causadas pero con un aumento de la tercera parte.

 

 

Artículo 361.- Destrucción de un grupo humano o una población. Quienes de forma intencional impongan condiciones de vida inhumanas, provoquen la privación del acceso a alimentos o medicinas y otros insumos necesarios para la supervivencia encaminadas a causar la destrucción de parte de un grupo humano o una población, serán sancionados con prisión de doce a quince años y multa de un mil doscientas a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 362.- Esclavitud. Quienes ejerzan los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños, serán sancionado con prisión de diez a trece años y multa de un mil a un mil trescientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 363.- Tortura en persona protegida. Quien cause intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que tenga bajo su custodia o control, con el fin de obtener información, castigarla o intimidarla por cualquier razón discriminatoria, será penado con prisión de diez a veinte años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 364.- Violación sexual en persona protegida. Quien por medio de violencia o amenaza haya obligado a una persona protegida a realizar el coito, incurrirá en prisión de diez a dieciocho años y multa de un mil a un mil ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 365.- Prostitución forzada o esclavitud sexual en persona protegida. Quien mediante el uso de la fuerza obligue a cualquier persona protegida a prestar servicios sexuales, incurrirá en prisión de diez a dieciocho años y multa de un mil a un mil ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 366.- Embarazo y esterilización forzados en persona protegida. Quien confine ilícitamente a una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del Derecho Penal Internacional y del Derecho Penal Humanitario, o la esterilice sin su consentimiento o contra su voluntad, incurrirá en prisión de ocho a quince años y multa de ochocientas a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 367.- Privación ilegítima de libertad y violación del debido proceso. Quien prive ilegalmente de su libertad a alguien e incluidos los prisioneros de guerra y viole su derecho a ser juzgados de manera debida, o declare inadmisibles, suspendidos o abolidos los derechos de los nacionales de la parte enemiga, será penado con prisión de diez a quince años y multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 368.- Deportación, traslado o confinamiento ilegales. Quien sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil o la confine a una zona o a un sitio específico por las mismas causas,  será penado con prisión de diez a veinte  años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 369.- Actos de discriminación racial. Quien realice prácticas de segregación racial o ejerza ultrajes contra la dignidad de la persona y en particular tratos inhumanos, discriminatorios, humillantes o degradantes, basados en otras consideraciones o distinciones de carácter desfavorable que impliquen ultrajes o maltratos contra la dignidad de cualquier persona protegida, será castigado con prisión de seis a doce años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 370.- Actos inhumanos. Quienes inflijan sobre un grupo o colectivo actos inhumanos, crueles o degradantes de la personalidad o  de carácter similar que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de éstos, serán sancionados con prisión de doce a quince años y multa de un mil doscientas a un mil quinientas unidades tributarias, sin perjuicio de las penas en que puedan incurrir por la perpetración de un hecho punible más grave que se derive de éstos.

 

 

Artículo 371.- “Apartheid”. Quien cometiere actos inhumanos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen, será penado con prisión de veinte a veinticinco años, multa de tres mil a cinco mil unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por el mismo tiempo que dure la condena y una vez cumplida ésta.

 

Si de alguna de las acciones tipificadas en este artículo deriva la muerte de una o más personas, las penas aplicables serán aumentadas en un tercio.

 

Parágrafo único.- Se entienden por actos inhumanos aquellos que dolosamente causen la muerte de las personas o les provoquen grandes sufrimientos o dolores graves, ya sean físicos o psíquicos, o atenten gravemente contra su integridad física o  salud mental; o contra la integridad física o salud mental de una población civil o la imposición intencional a ésta de condiciones de vida, privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar su destrucción en todo o en parte; el sometimiento de las personas a la esclavitud o condición análoga; a torturas; a su desplazamiento forzoso sin motivos autorizados por el Derecho Internacional; a la privación intencional y grave de sus derechos fundamentales en contravención del Derecho Internacional y en razón de la identidad del grupo o de la colectividad o su desaparición forzada.

 

 

Artículo 372.- Violación de convenios. Los venezolanos o extranjeros que violen los convenios o tratados celebrados por la República y ratificados por ella, de modo que comprometan la responsabilidad del Estado venezolano, serán penados con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias, sin perjuicio de las penas que les correspondan por la comisión de otro delito tipificado en este código.

 

 

Artículo 373.- Piratería con ignominia. Cuando los delitos tipificados en capítulo XIII del título VI sean cometidos con gran ignominia, se aplicarán las penas previstas en el artículo 576.

 

 

SECCIÓN CUARTA

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

 

 

Artículo 374.- Definición de substancias estupefacientes y psicotrópicas. A los efectos de los delitos tipificados en este capítulo se consideran substancias estupefacientes y psicotrópicas las siguientes:

 

1.- Las drogas, preparados, especialidades farmacéuticas y sales incluidas en las listas anexas a las leyes aprobatorias de la "Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes", del "Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas"; e igualmente, a los mismos efectos, se consideran insumos, productos químicos esenciales, solventes y precursores, todas aquellas substancias que aparecen señaladas en los cuadros I y II de la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".

 

2.- Aquellas otras substancias que por resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, así como del Ministerio de Producción y Comercio sean consideradas como tales y que se identificarán con el nombre genérico que haya adoptado la Organización Mundial de la Salud, en razón de que su consumo pueda producir dependencia o, también, la  estimulación o depresión del sistema nervioso central; o que tenga como resultado alucinaciones, trastornos de la función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo; o que su consumo ilícito pueda producir efectos análogos a los que produce el consumo de una de las substancias de las listas a que se refiere el numeral 1 de este artículo.

 

3.- Se adoptan en todas sus partes las definiciones insertas en las leyes aprobatorias de la "Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes" del 16 de diciembre de 1968; del "Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas" del 20 de enero 1972 y de la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" del  21 de junio de 1991.

 

 

Artículo 375.- Definición de productos químicos esenciales. A los efectos de los delitos tipificados en este capítulo se consideran productos químicos esenciales lo que la criminal industria del tráfico ilícito de substancias estupefacientes y psicotrópicas necesita para la fabricación, elaboración o transformación de estas substancias y aunque tales productos químicos esenciales provengan de operaciones industriales lícitas.

 

 

Artículo 376.- Actividades lícitas relacionadas con las substancias estupefacientes y psicotrópicas. El comercio, expendio, industrialización, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, distribución, existencia y uso de las substancias estupefacientes y psicotrópicas, así como sus derivados, sales, preparaciones y especialidades farmacéuticas, quedan limitados estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico y la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas y sólo las personas legalmente autorizadas podrán intervenir en todo lo relacionado con ellas.

 

 

Artículo 377.- Actividades ilícitas. Se considera ilícito y en consecuencia sancionable de acuerdo con este código, la utilización de los productos químicos esenciales, insumos, precursores, productos químicos y disolventes en la fabricación no autorizada de estupefacientes y psicotrópicos, tales como:

 

1.- Acetona.

2.- Ácido antralítico.

3.- Ácido fenilacético.

4.- Anhídrido acético.

5.- Éter etílico.

6.- Piperidina y sus sales.

7.- Ácido lisérgico.

8.- Efedrina.

9.- Ergometrina.

10.- Ergotamina.

11.- 1 fenil-2.

12.- Propanona.

13.- Seudoefedrina y sus sales.

 

Además de las indicadas anteriormente, todas aquellas substancias sometidas al régimen de autorización previa por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cuando sean empleadas en la elaboración de estupefacientes y psicotrópicos.

 

 

Artículo 378.- Tráfico ilícito de estupefacientes. Quien ilícitamente introduzca al país, o retire de éste, así sea en tránsito; trafique, distribuya, oculte, fabrique, refine, transforme, extraiga, prepare, produzca, transporte, almacene, comercie, elabore, venda, ofrezca, adquiera o suministre a cualquier título, droga que produzca dependencia; o realice actividades de corretaje, dirección o financiamiento de las operaciones antes mencionadas y de tráfico ilícito de substancias estupefacientes o psicotrópicas o de sus productos químicos esenciales, precursores, solventes y productos químicos esenciales, desviados para la producción de las mismas, será sancionado con prisión de diez a veinte años y multa de dos mil a cuatro mil unidades tributarias.

 

Si la cantidad de droga no excede de mil gramos de marihuana, doscientos gramos de hachís, veinte gramos de cocaína o de una substancia estupefaciente con base de cocaína o veinte gramos de los derivados de la amapola, doscientos gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de seis a diez años de prisión y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de diez mil gramos de marihuana, tres mil gramos de hachís, dos mil gramos de cocaína o de substancia estupefaciente con base de cocaína o sesenta gramos de los derivados de la amapola, cuatro mil gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de ocho a doce años de prisión y multa de un mil doscientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 379.- Siembra, cultivo o financiación ilegales de plantaciones. Quien ilícitamente siembre, cultive, coseche, preserve, elabore, almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína u otra droga que produzca dependencia, será castigado con prisión de diez a veinte años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

Si la cantidad de plantas de que trata este artículo excediere de veinte sin sobrepasar la cantidad de cien, las penas se reducirán en un tercio.

 

 

Artículo 380.- Tráfico o financiación ilegales de semillas. Quien trafique, transporte o distribuya semillas, resinas o plantas en cantidades mayores a un kilogramo, que contengan o reproduzcan cualesquiera substancias de las referidas en este capítulo, será sancionado con prisión de diez a veinte años y multa de dos mil a cuatro mil unidades tributarias.

 

Si la cantidad de semillas, resinas o plantas es menor, las penas se reducirán a la mitad.

 

 

Artículo 381.- Tráfico ilegal de substancias para el procesamiento de narcóticos. Será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de un mil doscientas a dos mil unidades tributarias, quien ilegalmente introduzca al país o retire de éste, así sea en tránsito, transporte o tenga en su poder, elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como:

 

1.- Éter etílico.

2.- Acetona.

3.- Amoníaco.

4.- Permanganato de potasio.

5.- Carbonato liviano.

6.- Ácido clorhídrico.

7.- Ácido sulfúrico.

8.- Diluyentes.

9.- Disolventes.

 

Incurrirán en las mismas penas quienes realicen las acciones descritas en el encabezado de este artículo usando otras substancias que según el concepto previo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, produzcan dependencia.

 

Cuando la cantidad de substancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, la pena será de cuatro a seis años de prisión y multa de ochocientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 382.- Circunstancias agravantes. Son agravados los delitos tipificados en los artículos precedentes cuando se cometieren:

 

1.- En el hogar doméstico, institutos educacionales, asistenciales, culturales, deportivos e iglesias de cualquier culto.

 

2.- En lugares donde se realicen espectáculos o diversiones públicas, centros sociales o expendios de comidas o alimentos.

 

3.- En establecimientos de reclusión penal, carcelarios o policiales.

 

4.- En zonas adyacentes que disten menos de trescientos metros de dichos institutos, establecimientos o lugares.

 

5.- En naves, aeronaves y cualquier otro vehículo de transporte militar, cuarteles, institutos o instalaciones castrenses.

 

6.- En las instalaciones y oficinas públicas del Gobierno nacional, regional o municipal.

 

Las penas se aumentarán en un tercio si quien comete los hechos antes señalados fuere un funcionario. A quien sin ser funcionario prestare sus servicios en institutos, establecimientos o lugares de los mencionados en este artículo, o que simule la cualidad de funcionario, se le impondrán las penas aumentadas en la mitad.

 

 

Artículo 383.- Posesión ilícita de estupefacientes. Quien ilícitamente, siendo o no consumidor, posea las substancias, productos químicos esenciales, semillas, resinas, plantas y sus derivados a que se refiere el artículo 374 de este capítulo, con fines distintos a los señalados en los artículos 377, 378, 379 y 380 y en cantidades que excedan significativamente de la dosis media individual para el consumo inmediato o de la dosis media individual para el consumo mediato o dosis de aprovisionamiento, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cuatrocientas a seiscientas unidades tributarias; y si es consumidor le serán aplicadas además las medidas de seguridad previstas en este código.

 

Se entiende como dosis personal para consumo inmediato aquella cantidad de substancia estupefaciente que no exceda a la necesaria para el consumo medio individual por un período máximo de cinco días. Se entiende como dosis personal para consumo mediato o dosis de aprovisionamiento aquella cantidad de substancia estupefaciente que el consumidor emplee para su consumo medio individual por un período máximo de diez días. El consumo medio individual de cada sujeto deberá ser determinado siempre y en todo caso por expertos forenses, debiendo tomarse en cuenta el grado de pureza de la substancia.

 

Si dicha cantidad no excediere significativamente de tales dosis, la pena será prisión de dos a cuatro años y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias. En este supuesto deben aplicarse además las medidas de seguridad indicadas en este código, caso de tratarse de un consumidor.

 

Respecto a la posesión de otras substancias estupefacientes o psicotrópicas el juez considerará las cantidades semejantes de acuerdo con la naturaleza y presentación habitual de la substancia, a los fines de la imposición de las penas o medidas de seguridad.

 

El juez apreciará las circunstancias del culpable, el grado de pureza de las substancias y la cantidad de droga poseída, para imponer en el límite inferior o superior las penas establecidas en los párrafos anteriores y según las reglas estipuladas en el artículo 98 de este código.

 

En los casos del encabezamiento, segundo y tercer apartes de este artículo, si el poseedor es consumidor, el juez de control podrá conceder cualesquiera medidas cautelares substitutivas de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que no concurra otro delito ni sea reincidente o extranjero en condición de turista.


Artículo 384.- Posesión y uso de estupefacientes por farmacodependiente y congruas medidas de seguridad. No es punible el que adquiera las substancias a que se refiere el artículo anterior en cantidad destinada a su uso personal y obligado a ello por su adicción a la droga, con la condición de que esa cantidad no exceda la dosis de aprovisionamiento.

Para determinar la condición de consumidor, al igual que el grado de adicción y dependencia a la droga, el juez, previa solicitud del fiscal del Ministerio Público o del propio imputado o su defensor, deberá ordenar la práctica de los exámenes médico-siquiátricos, psicológicos, forenses y toxicológicos que sean necesarios para ello; y con atención a los resultados de estos informes periciales determinará la medida de seguridad a ser aplicada.


Artículo 385.- Legitimación de capitales. Será castigado con pena de prisión de ocho a quince años y multa de ochocientas a un mil quinientas unidades tributarias, quien por sí o por interpuesta persona, natural o jurídica, transfiera capitales o beneficios por medios mecánicos, telegráficos, radioeléctricos, electrónicos o por cualquier otro medio, cuando hayan sido habidos en la forma siguiente:

 

1.- Por la participación o coparticipación directa o indirecta en las acciones ilícitas de tráfico, distribución, suministro, elaboración, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, transporte, almacenamiento, corretaje, dirección, financiamiento o cualquier otra actividad, manera o gestión que provenga de haber facilitado el tráfico ilícito de substancias estupefacientes y psicotrópicas, así como de los precursores, solventes o productos químicos esenciales destinados o utilizados en la elaboración de dichas substancias.

 

2.- Por la participación o coparticipación directa o indirecta en la siembra, cultivo, cosecha, preservación, almacenamiento, transporte, distribución, dirección y financiamiento; o por la comisión de algún acto ilícito de tráfico, adquisición, corretaje de semillas, plantas o sus partes o de resinas contentivas de substancias estupefacientes o psicotrópicas.

 

 

Artículo 386.- Importación o exportación ilegales de estupefacientes. Quien sin cumplir previamente los requisitos legales importe o exporte substancias estupefacientes o psicotrópicas con motivo del ejercicio de una profesión, arte u oficio sujetos a la correspondiente autorización o vigilancia por razón de la salud pública, será castigado con prisión de cinco a diez años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 387.- Destino ilícito de muebles o inmuebles. Quien sin incurrir en los delitos tipificados en los artículos anteriores destine o permita que sea destinado un vehículo o un local o un lugar para  la reunión de personas que consuman substancias estupefacientes  o psicotrópicas, o para que en ellos se elaboren, almacenen, transporten, vendan o usen dichas substancias y autorice o tolere allí tales actividades, será penado con prisión de tres a seis años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias. 

 

Si el lugar o local es público o abierto al público o está destinado a actividades oficiales o el vehículo está destinado al uso oficial o público, la pena será de cuatro a ocho  años de prisión  y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias. 

 

Quien permita la concurrencia de niños y adolescentes a dichos locales, lugares o vehículos, será castigado con la pena de prisión de ocho  a doce  años y multa de un mil seiscientas a dos mil cuatrocientas  unidades tributarias.

 

A quien obtenga algún beneficio de cualquier naturaleza como producto de las actividades ilícitas a que se refiere este artículo, se le aumentarán las penas de una cuarta parte a la mitad.

 

 

Artículo 388.- Suministro ilícito de substancias estupefacientes y psicotrópicas. Quien en cualquier forma estimule, incite o promueva el consumo; o regale, ofrezca o suministre para el consumo inmediato cualquier clase de substancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Se aumentarán las penas de un tercio a la mitad cuando la víctima de las acciones tipificadas en el encabezamiento de este artículo sea un niño o un adolescente, un anciano, una persona que se halle en estado de minusvalía por causas psíquicas o físicas, o un indígena perteneciente a una tribu claramente definida y ubicada en territorio alejado o de difícil acceso desde los centros poblados.

 

Si la incitación, promoción u oferta a que se refiere este artículo se hicieren a través de medios auditivos, impresos o visuales; o por medio de dibujos, grabados, fotografías impresas o por medio de tejidos o en cualquier otra forma de expresión simbólica, las penas serán aplicadas en su límite máximo.

 

 

Artículo 389.- Suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de Medicina, Odontología, Farmacia o de alguna de las respectivas técnicas auxiliares que en ejercicio de ellas ilegalmente formule, suministre o aplique alguna droga que produzca dependencia, será sancionado con la pena de prisión de cinco a diez años, multa de quinientas a un mil unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio, por un tiempo igual al de la pena impuesta y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 390.- Suministro o formulación ilegal de drogas a deportistas. Quien sin tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado alguna droga o medicamento que produzca dependencia o lo induzca a su consumo, será castigado con pena de  prisión de tres a cinco años y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 391.- Incitación al consumo de drogas y el suministrarlas con engaño, amenaza o violencia. Quien con engaño, amenaza o violencia o para lograr ventaja o causar perjuicio logre que alguna persona consuma substancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado con prisión de quince a veinte años y multa de un mil quinientas a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 392.- Suministro ilícito de drogas a animales. Quien ilícitamente suministre o aplique a cualquier animal substancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias. Cuando fueren animales de competencia, las penas se aumentarán en un tercio.

 

Quedan excluidos de esta disposición los especialistas o científicos que las emplearen con fines de investigación.

 

 

Artículo 393.- Porte ilícito de tales substancias.  Quien en lugar público o abierto al público y sin justificación posea escopolamina o cualquier otra substancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de uno a dos años y multa de cien a doscientas unidades tributarias, salvo que la conducta constituya un delito sancionado con penas mayores.

 

 

SUBSECCIÓN PRIMERA

ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA

DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

 

 

Artículo 394.- Definición de entrega vigilada o controlada. A los efectos de este código se entiende por entrega vigilada o controlada el procedimiento mediante el cual las autoridades competentes, teniendo conocimiento de la entrada o salida del territorio de la República o del recorrido por el interior del mismo, de personas implicadas en la entrega de remesas (ilícitas o sospechosas) de substancias estupefacientes o psicotrópicas o de químicos esenciales desviados, las referidas autoridades les hacen un seguimiento a tales individuos, así como a quienes porten las substancias que hubieren sido previamente substituidas ex profeso por miembros pertenecientes a los órganos de investigación penal, con el fin de investigar los delitos tipificados en este capítulo y consecuentemente a quienes resulten implicados en éstos.

 

 

Artículo 395.- Procedimiento. Corresponde al fiscal del Ministerio Público solicitar motivadamente al juez de control la orden del procedimiento de entrega vigilada o controlada de  substancias estupefacientes y psicotrópicas.

 

Los funcionarios que practiquen tal procedimiento sin cumplir con lo establecido en este artículo serán sancionados con prisión de cuatro a seis años y multa de cuatrocientas a seiscientas unidades tributarias, sin perjuicio de las responsabilidades administrativa y civil en que puedan incurrir.

 

 

SUBSECCIÓN SEGUNDA

DISPOSICIONES COMUNES A LOS

DELITOS TIPIFICADOS EN EL CAPÍTULO PRECEDENTE

 

 

Artículo 396.- Personas excluidas. Quedan excluidos de la aplicación de los delitos tipificados en la sección cuarta de este capítulo aquellos reducidos grupos indígenas, claramente determinados por las autoridades competentes, que consuman tradicionalmente el alucinógeno anadenanthera, al que le dan el nombre de yopo, siempre y cuando  tales grupos lo utilicen única y específicamente en ceremonias consideradas como mágico-religiosas; además, han de quedar circunscritas tales celebraciones a los sitios donde acostumbran efectuarlas dentro de su hábitat natural y nunca fuera de éste. Tampoco podrán suministrar esa substancia a personas ajenas a ese grupo.

 

 

Artículo 397.- Inadmisión de la tentativa.  En los delitos tipificados en los artículos 378, 379, 380, 383 y 385, no se admite la tentativa.

 

Artículo 398.- Circunstancia agravante especial. Quien cometa alguno de los delitos tipificados en este capítulo, si fuere un funcionario encargado de su prevención o represión, se le aumentarán en la mitad las penas correspondientes al delito cometido y se le inhabilitará para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 399.- Minoridad y circunstancias atenuantes. Quien incurra en cualesquier delitos de los tipificados en este capítulo, siendo un niño o un adolescente, quedará sometido a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

Si fuere mayor de dieciocho años pero menor de veintiuno, el juez siempre tomará en cuenta la cantidad de substancias a que se refiere este capítulo para poder rebajar las penas al término mínimo.

 

 

CAPÍTULO II

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD SUSCEPTIBLES

DE SER COMETIDOS EN TIEMPO DE GUERRA

 

 

Artículo 400.- Personas protegidas por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Penal Humanitario.  Al incriminar estos delitos se trata de mitigar el sufrimiento en la guerra y de proteger a las víctimas en los conflictos armados internacionales y nacionales. Para los efectos del presente código se entiende que las personas protegidas son las siguientes:

 

1.- Los integrantes de la población civil no combatiente.

 

2.- Las personas que no participan en las hostilidades o que ya hayan dejado de hacerlo y los civiles en poder de la parte contraria.

 

3.- Los heridos, enfermos o náufragos, cuando no estén en combate.

 

4.- El personal sanitario o religioso.

 

5.- Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

 

6.- Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa similar.

7.- Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como refugiados.

 

8.- Quienes en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una parte en conflicto o de una potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

 

9.- Cualquier persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III  y IV de Ginebra de 1949 y de los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.


Artículo 401.- Bienes protegidos por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Penal Humanitario. Para los efectos del presente código se entenderá como bienes protegidos los siguientes:

 

1.- Los de carácter civil que no sean objetivos militares.

 

2.- Los culturales y los destinados a un culto reconocido legalmente.

 

3.- Los indispensables para la supervivencia de la población civil.

 

4.- Los elementos que integran el medio natural.

 

5.- Las obras e instalaciones contentivas de fuerzas peligrosas.

 

 

Artículo 402.- Definición de ataque contra una población civil. A los efectos del presente código se entiende por  ataque contra una población civil toda conducta que implique la comisión de uno o varios de los actos señalados en este capítulo, según la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o promoverlos o, también, según la conducta de cualesquier grupos de particulares para promover sus planes.

 

 

SECCIÓN I

CRÍMENES DE GUERRA EN CASO DE UN

CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL Y NACIONAL

 

 

Artículo 403.- Crímenes de guerra en caso de conflicto armado internacional. El crimen de guerra en caso de conflicto armado internacional consiste en la violación de las leyes que rigen la guerra y de las costumbres que al respecto tiene la comunidad civilizada de las naciones. Tales violaciones son las siguientes:

 

1.- Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra personas civiles que no intervengan directamente en las  hostilidades.

 

2.- Emplear armas nucleares, químicas o biológicas, que provoquen sufrimientos innecesarios tanto a los combatientes como a la población civil.

 

3.- Violar los derechos humanos de quienes no participen en las hostilidades armadas y de los combatientes.

 

4.- Atacar blancos u objetivos sin interés militar, desnuclearizados, sanitarios o declarados neutrales.

 

 

Artículo 404.- Penalidad. Serán castigados con pena de prisión de dieciocho a veinticinco años y multa de un mil ochocientas a dos mil quinientas unidades tributarias quienes cometan las acciones estipuladas en el artículo anterior.

 

 

Artículo 405.- Crímenes de guerra en caso de un conflicto armado nacional. Constituyen tales crímenes las violaciones graves cometidas contra las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de la Fuerza Armada Nacional que hubieren depuesto las armas o hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o por cualquier otra causa. Tales graves violaciones son las siguientes:

 

1.- Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen en el conflicto armado nacional.

 

2.- Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, materiales, unidades y medios de transporte sanitario o contra el personal que se distinga con los emblemas de los Convenios de Ginebra según el Derecho Internacional.

 

3.- Dirigir intencionalmente ataques contra el personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al Derecho  Penal Internacional concerniente a los conflictos armados.

 

4.- Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, artes, ciencias, beneficencias, monumentos, hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares.

 

5.- Saquear una ciudad e incluso cuando es tomada por asalto.

 

6.- Reclutar o alistar niños o adolescentes hasta los quince años de edad, en la Fuerza Armada Nacional o en grupos armados, para que participen activamente en el conflicto.

 

7.- No dar cuartel o amenazar con ello.

 

Parágrafo único.- Las acciones tipificadas en este capítulo no son aplicables a las situaciones de tensiones internas y de disturbios nacionales, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos de carácter similar.

 

 

Artículo 406.- Penalidad. Serán castigados con pena de prisión de dieciocho a veinticinco años y multa de un mil ochocientas a dos mil unidades tributarias quienes cometan las acciones estipuladas en el artículo anterior.

 

 

Artículo 407.- Tratos inhumanos y experimentos biológicos en personas protegidas. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado someta  a personas protegidas a experimentos biológicos o a cualquier acto médico no indicado y que sea gravemente peligroso para la integridad física o la salud, según las disposiciones médicas generalmente reconocidas, incurrirá en prisión de cinco a diez años, multa de quinientas a un mil unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo que dure la condena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 408.- Toma de rehenes. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado prive a una persona de su libertad, condicionando ésta a su seguridad, a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte o la utilice como defensa, será penado con prisión de diez a quince años y multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias.

Si de las acciones del perpetrador se deriva la muerte del rehén o de los rehenes, la pena será de veinte a treinta años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 409.- Destrucción y apropiación de bienes protegidos. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado y fuera de los casos tipificados como punibles, use medios ilegales o excesivos en relación con la concreta ventaja militar establecida, para así destruir o apropiarse de los bienes protegidos por el Derecho Penal Humanitario, será penado con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

En las mismas penas incurrirá quien destruya bienes protegidos o se apropie de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

 

 

Artículo 410.- Constreñir a una persona protegida a dar ayuda al enemigo. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado obligue a un prisionero de guerra o a una persona protegida a prestar cualquier servicio a la fuerza armada de un Estado enemigo, será penado con prisión de tres a seis  años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

En las mismas penas, aumentadas de un tercio a la mitad, incurrirá quien obligue a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque antes del inicio de la guerra hubieran estado al servicio de la parte obligante.

 

 

Artículo 411.- Despojo de bienes en el campo de batalla. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado despoje de los bienes a un cadáver o a una persona protegida, incurrirá en prisión de tres a diez años y multa de trescientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 412.- Ataques contra blancos civiles. En las mismas penas establecidas en el artículo anterior incurrirá quien dirija intencionalmente ataques contra blancos civiles, es decir, contra los que no son blancos militares; o contra el personal, las instalaciones, el material, las unidades o los vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles y objetivos civiles con arreglo al Derecho Penal Internacional y al Derecho Penal Humanitario de los conflictos armados.

 

 

Artículo 413.- Actos de barbarie. Se considerará responsable de actos de barbarie y será sancionado con prisión de quince a veinte años y multa de un mil quinientas a dos mil unidades tributarias, quien incurra en lo siguiente:

 

1.- Realice actos de no dar cuartel o amenace con que no lo dará.

 

2.- Ataque a personas que estén fuera de combate.

 

3.- Abandone a heridos o enfermos o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes  o a rematar a los heridos y enfermos o mutilarlos.

 

4.- Causare la muerte o lesiones a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo, o que hayan depuesto las armas o que al no tener medios para defenderse se hayan rendido a discreción. 

 

5.- Someta personas a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, odontológico u hospitalario, ni se lleven a cabo en su provecho y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud.

 

6.- Destruya o confisque bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo.

 

7.- Realizare otro tipo de actos de barbarie prohibidos en los tratados internacionales ratificados por Venezuela.

 

 

Artículo 414.- Perfidia. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, quebrante las treguas o armisticios; o aproveche la presencia de civiles u otras personas protegidas para usarlos como escudos humanos y salvaguardar de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares; o inconsidere o utilice indebidamente signos de protección como la bandera blanca de rendición o de parlamentar, la de las Naciones Unidades, la de la Cruz Roja, la Media Luna Roja o de otros organismos intergubernamentales; la bandera de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra  u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Venezuela y cause así a personas la muerte o lesiones  graves, incurrirá por esa sola conducta en prisión de cuatro a diez años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

En las mismas penas incurrirá quien utilice indebidamente la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo.

 

 

Artículo 415.- Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado utilice métodos de guerra prohibidos como el veneno o las armas envenenadas; gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo; balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, que tengan incisiones, así como las de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior; o emplee armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que por su propia naturaleza causen daños o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del Derecho Penal Humanitario que rige los conflictos armados, será penado con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un  mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 416.- Ataques contra bienes e instalaciones de carácter sanitario y contra el personal habilitado al efecto. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado, sin justificación alguna proveniente de imperiosas necesidades militares y sin que haya tomado previamente las medidas de protección adecuadas, ataque intencionalmente o destruya ambulancias o medios de transporte sanitarios, hospitales de campaña o fijos, depósitos de útiles de socorro, convoyes sanitarios, bienes destinados a la asistencia y al socorro de las personas protegidas, zonas sanitarias y desmilitarizadas, o bienes e instalaciones de carácter sanitario debidamente señalados con los signos convencionales de la Cruz Roja, o dirija intencionalmente ataques contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra según el Derecho Internacional, será penado con prisión de ocho a dieciséis años y multa de ochocientas a un mil seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 417.- Ataques contra obras e instalaciones contentivas de fuerzas peligrosas. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares, ataque presas, diques o centrales de energía eléctrica, nucleares  u otras obras o instalaciones contentivas de fuerzas peligrosas y debidamente señalados con los signos convencionales, será penado con prisión de diez a quince años y multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias.

 

Si del ataque se deriva la liberación de tales fuerzas y ello causa pérdidas o daños en bienes o recursos importantes para la subsistencia de la población civil, las penas se aumentarán hasta en la mitad.

 

 

Artículo 418.- Reclutamiento ilícito. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado reclute menores de quince años en la Fuerza Armada Nacional o los obligue o utilice para participar directa o indirectamente en las hostilidades o acciones armadas, incurrirá en prisión de seis a diez años y multa de seiscientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 419.- Atentados contra bienes destinados a la supervivencia. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado ataque, inutilice, dañe, retenga, sabotee o se apodere de bienes o elementos indispensables para la subsistencia de la población civil, como alimentos y medicinas, o dificulte de cualquier manera su debida o conveniente distribución y así cause o propicie la inanición e inasistencia médica de la población civil como método de hacer la guerra, privándola por cualquier medio de los elementos indispensables para la supervivencia o dificultando su distribución, conservación o adquisición, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 420.- Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado y estando obligado a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de personas protegidas o las destinadas a la protección de la población civil, incurrirá en prisión de tres a cinco años y multa de  trescientas a quinientas  unidades tributarias.

 

 

Artículo 421.- Obstaculización de labores salutíferas y humanitarias. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las labores salutíferas y benéficas indicadas en los convenios internacionales sobre Derecho Penal Humanitario, incurrirá en prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Si para impedirlas u obstaculizarlas se emplea violencia contra las personas que las ejecutan, o los medios o dispositivos de que se valen, las penas se incrementarán hasta en la mitad y a condición de que la conducta no constituya un delito sancionado con mayores penas.

 

 

Artículo 422.- Represalias contra personas o bienes protegidos. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a personas o bienes protegidos, incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 423.- Exacción o contribuciones arbitrarias. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado imponga contribuciones arbitrarias, incurrirá en prisión de seis a quince años y multa de seiscientas a  un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 424.- Destrucción del medio ambiente. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente, incurrirá en las penas contempladas para el respectivo delito ambiental tipificado en este código, las que se aumentarán de un tercio a la mitad.

 

 

Artículo 425.- Destrucción o utilización de bienes culturales y lugares de culto. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado, sin justificación alguna que pueda eventualmente basarse en imperiosas necesidades militares y sin que antes haya tomado las medidas de protección adecuadas, ataque y destruya intencionalmente edificios dedicados a las ciencias, artes, al culto religioso o a la beneficencia; los hospitales y lugares en los que se resguarda a enfermos y heridos; las obras de arte, instalaciones educativas, los monumentos y cualesquiera otras edificaciones de las que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y debidamente señalados con los signos convencionales, o utilice tales bienes  en apoyo del esfuerzo militar, será penado con prisión de tres a ocho años y multa de trescientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 426.- Actos de discriminación racial. Quien con ocasión y en el desarrollo de un conflicto armado realice prácticas de segregación racial o ejerza ultrajes contra la dignidad de la persona y en particular tratos inhumanos, discriminatorios, humillantes o degradantes, basados en otras consideraciones o distinciones de carácter desfavorable que impliquen ultrajes o maltratos contra la dignidad de cualquier persona protegida, será castigado con prisión de seis a doce años y multa de seiscientas a un mil doscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 427.- Desaparición forzada. En caso de conflicto armado consiste en una sistemática e ilegítima represión del Estado al privar ilícitamente de su libertad a una persona y ocultarla después; o al negarse a reconocer la detención o a dar información sobre su paradero e impidiéndole por consiguiente el ejercer sus garantías y derechos constitucionales y legales.

 

El Estado podrá incurrir en esa eventual y criminosa represión por medio de cualquier autoridad pública, civil, o militar, o cualquier funcionario al servicio del Estado; o, también, a través de cualquier ciudadano que sin estar al servicio del Estado ni ser por tanto un funcionario, proceda en relación de codelincuencia con el Estado.

 

A los culpables del delito de la desaparición forzada de personas tipificado en este artículo les será aplicada la pena de quince a veinticinco años de prisión, multa de un mil quinientas a dos mil quinientas unidades tributarias y la inhabilitación para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta.

 

Este delito también puede ser perpetrado por cualesquier ciudadanos o particulares o, así mismo, por miembros o integrantes de grupos privados con fines subversivos o insurgentes o de cualquier otra índole, que procediendo por sí solos o como integrantes, colaboradores o cómplices de dichos grupos, desaparezcan forzadamente a una o varias personas. Y se les aplicará la pena de diez a veinte años de prisión y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 428.- Homicidio y lesiones en persona protegida. En caso de conflicto armado quien intencionalmente ocasione la muerte de una persona protegida por los convenios internacionales sobre Derecho Penal Humanitario ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, será penado con prisión de veinte a treinta años y multa de dos mil a tres mil unidades tributarias.

 

Quien en las mismas circunstancias anteriores y sin llegar a causar la muerte ocasione daño a la integridad física o psíquica de una persona protegida por el Derecho Penal Humanitario, incurrirá en las mismas penas aplicables al tipo de lesiones causadas pero con un aumento de la tercera parte.

 

 

Artículo 429.- Destrucción de un grupo humano o una población. En caso de conflicto armado quienes de forma intencional impongan condiciones de vida inhumanas, provoquen la privación del acceso a alimentos o medicinas y otros insumos necesarios para la supervivencia, encaminadas a causar la destrucción de parte de un grupo humano o una población, serán sancionados con prisión de doce a quince años y multa de un mil doscientas a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 430.- Esclavitud. En caso de conflicto armado quienes ejerzan los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular mujeres y niños, serán sancionado con prisión de diez a trece años y multa de un mil a un mil trescientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 431.- Tortura en persona protegida. En caso de conflicto armado quien cause intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que tenga bajo su custodia o control, con el fin de obtener información, castigarla o intimidarla por cualquier razón discriminatoria, será penado con prisión de diez a veinte años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 432.- Violación sexual en persona protegida. En caso de conflicto armado quien por medio de violencia o amenaza haya obligado a una persona protegida a realizar el coito, incurrirá en prisión de diez a dieciocho años y multa de un mil a un mil ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 433.- Prostitución forzada o esclavitud sexual en persona protegida. En caso de conflicto armado quien mediante el uso de la fuerza obligue a cualquier persona protegida a prestar servicios sexuales, incurrirá en prisión de diez a dieciocho años y multa de un mil a un mil ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 434.- Embarazo y esterilización forzados en persona protegida. En caso de conflicto armado quien confine ilícitamente a una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del Derecho Penal Internacional y del Derecho Penal Humanitario, o la esterilice sin su consentimiento o contra su voluntad, incurrirá en prisión de ocho a quince años y multa de ochocientas a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 435 .- Privación ilegítima de libertad y violación del debido proceso. En caso de conflicto armado quien prive ilegalmente de su libertad a alguien e incluidos los prisioneros de guerra y viole su derecho a ser juzgados de manera debida, o declare inadmisibles, suspendidos o abolidos los derechos de los nacionales de la parte enemiga, será penado con prisión de diez a quince años y multa de un mil a un mil quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 436.- Deportación, traslado o confinamiento ilegales. En caso de conflicto armado quien sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil o la confine a una zona o a un sitio específico por las mismas causas,  será penado con prisión de diez a veinte  años y multa de un mil a dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 437.- Actos inhumanos. Quienes inflijan sobre un grupo o colectivo actos inhumanos, crueles o degradantes de la personalidad o  de carácter similar que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de éstos, serán sancionados con prisión de doce a quince años y multa de un mil doscientas a un mil quinientas unidades tributarias, sin perjuicio de las penas en que puedan incurrir por la perpetración de un hecho punible más grave que se derive de éstos.

 

 

Artículo 438.- “Apartheid”. Quien cometiere actos degradantes en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen, será penado con prisión de veinte a veinticinco años, multa de tres mil a cinco mil unidades tributarias e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por el mismo tiempo que dure la condena y una vez cumplida ésta.

 

Si de alguna de las acciones tipificadas en este artículo deriva la muerte de una o más personas, las penas aplicables serán aumentadas en un tercio.

 

 

Artículo 439.- Actos degradantes. A los efectos del artículo precedente se entienden por actos crueles aquellos que dolosamente causen la muerte de las personas o les provoquen grandes sufrimientos o dolores graves, ya sean físicos o psíquicos, o atenten gravemente contra su integridad física o  salud mental; o contra la integridad física o salud mental de una población civil o la imposición intencional a ésta de condiciones de vida, privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar su destrucción en todo o en parte; el sometimiento de las personas a la esclavitud o condición análoga; a torturas; a su desplazamiento forzoso sin motivos autorizados por el Derecho Internacional; a la privación intencional y grave de sus derechos fundamentales en contravención del Derecho Internacional y en razón de la identidad del grupo o de la colectividad o su desaparición forzada.

 

 

Artículo 440.- Violación de convenios. Los venezolanos o extranjeros que violen en tiempo de conflicto armado los convenios o tratados celebrados por la República y ratificados por ella, de modo que comprometan la responsabilidad del Estado venezolano, serán penados con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias, sin perjuicio de las penas que les correspondan por la comisión de otro delito tipificado en este código.

 

 

Artículo 441.- Penas accesorias. En el caso de que algún delito de los tipificados en este capítulo sea cometido por un empleado público en ejercicio de sus funciones o por un militar activo en cualquier rango, se impondrán como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio del cargo por un tiempo igual al de la condena y una vez cumplida ésta en el primer caso, y la baja institucional en el segundo.

 

 

Artículo 442.- Responsabilidad del Estado. La tipificación de los delitos estipulados en este capítulo no enervará la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener y restablecer el orden público en la República y defender la unidad e integridad del territorio nacional por cualquier medio legítimo.

 

 



TÍTULO V

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

 

 

CAPÍTULO I
DELITOS RELATIVOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

 

 

Artículo 443.- Definición de violencia intrafamiliar. Se entiende por violencia intrafamiliar la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre algún integrante del grupo familiar e incluyendo a quienes se hallen sujetos a él como pupilos, ascendientes, incapaces o convivan sometidos a patria potestad, tutela, curatela o guarda;  cuando esa violencia sea cometida por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex concubinos, ascendientes y parientes colaterales, consanguíneos o afines, y, en general, por cualquier miembro del grupo familiar y se menoscabe así la integridad física, psíquica, sexual o patrimonial de la víctima.

 

 

Artículo 444.- Definición de violencia física. Se considera violencia física toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar lesiones o un sufrimiento físico a la persona.

 

Igualmente se considera violencia física toda conducta destinada a producir daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima.

 

 

Artículo 445.- Definición de violencia psíquica. Se considera violencia psíquica el infligir dolor moral con toda conducta que de propósito y arbitrariamente ocasione con ello un daño mental o emocional.

 

No se consideran como una violencia psíquica las decisiones tomadas por los jefes de familia para orientar y corregir de modo justo a sus integrantes.

 

 

Artículo 446.- Definición de violencia sexual. Se entiende por violencia sexual toda conducta que amenace, vulnere, irrespete, menoscabe o disminuya el derecho de toda persona a decidir sobre su libertad sexual y su pudor.

 

 

Artículo 447.- Amenaza. Quien amenace a un integrante del grupo familiar al cual se refiere el artículo 443 de este capítulo, con causarle un daño grave o injusto en su persona o en su patrimonio, será castigado con prisión de seis a quince meses y multa de cincuenta a ciento treinta unidades tributarias.

 

 

Artículo 448.- Violencia física. Quien ejerza violencia física sobre cualquier integrante del grupo familiar al cual se refiere el artículo 435 de este capítulo,  o sobre su patrimonio, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses y multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias, siempre que la acción no constituya otro delito. Si la acción a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se incrementará en la mitad.

 

 

Artículo 449.- Violencia psíquica. Quien  ejecute cualquier tipo de violencia psíquica en contra de alguna de las personas a que se refiere el artículo 443 de este capítulo, será sancionado con prisión de tres a dieciocho meses y multa de veinticinco a ciento cincuenta unidades tributarias.

 

 

Artículo 450.- Violación entre cónyuges. Incurrirá en la misma pena establecida en el artículo 250 de este código, aumentada en la mitad, quien ejecute la acción allí descrita en perjuicio de su esposa o su concubina, que entrañe el contagio de una enfermedad de transmisión sexual o haya tal riesgo, o cuando ellas padecieren una enfermedad física o psíquica que les haga muy traumático en cualquier aspecto el coito.

 

 

Artículo 451.- Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes de los delitos tipificados en este capítulo y que dan lugar a un incremento de la pena en la mitad:

 

1.- Obrar con superioridad física o mental sobre cualesquier integrantes del grupo familiar.

 

2.- Ingresar arbitrariamente en la residencia de la víctima, en el lugar donde ésta habite, labore o estudie.

 

3.- Contravenir una orden de la autoridad respecto al desalojo de la residencia familiar.

 

4.- Ejecutarlos con armas.

 

5.- Cometerlos de forma habitual, entendiendo por ésta la pluralidad  de actos violentos y su frecuencia e independientemente de que la violencia se haya ejercido sobre una o diferentes víctimas y de que los actos violentos hayan sido objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores o no.

 

 

Artículo 452.- Omisión de aviso. Los profesionales de la salud que atiendan a la víctima de las acciones de violencia indicadas en este capítulo, deberán dar aviso a cualesquier organismos de los señalados en el artículo 33 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia en el término de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de tales acciones. El incumplimiento de esta obligación será sancionado por el juez con multa de veinticinco a cuarenta unidades tributarias.

 

 

CAPÍTULO II

DELITOS RELACIONADOS

CON LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

 

 

Artículo 453.- Rapto de niño o de adolescente. Quien por los medios a que se refiere el artículo 260 y para los fines en él descritos, haya arrebatado, substraído o retenido a un niño, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias. Si fuere adolescente de trece a quince años de edad las penas se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere de dieciséis a diecisiete se rebajarán hasta en la mitad. Cuando el culpable, sin haber cometido algún acto de índole sexual, haya puesto espontáneamente en libertad al niño o adolescente raptado, volviéndolo a su residencia, a la de sus parientes o algún lugar seguro, las penas establecidas en este artículo se rebajarán de las dos terceras partes a la mitad.  La acción será ejercida de oficio el Ministerio Público.

 

 

Artículo 454.- Privación ilegítima de libertad del niño o del adolescente. Quien prive de su libertad a un niño o adolescente, con excepción de los casos expresamente autorizados por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 455.- Abandono de niño o de adolescente. El abandono de un niño o un incapaz por parte de la persona encargada de su custodia o guarda, será castigado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

Si el abandono fuere realizado por sus padres, tutores o guardadores legales, la pena de prisión será de dos a cinco años y la multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.

 

Será una circunstancia agravante especial que dará lugar al aumento de la pena de prisión desde un tercio hasta la mitad, si el abandono ha expuesto a la víctima a un peligro en su vida, integridad física, salud mental o libertad sexual, sin perjuicio de castigar la acción como correspondiere si llegare a constituir un delito más grave.

 

Si el abandono es temporal, las penas se reducirán a la mitad.

 

 

Artículo 456.- Entrega ilícita. Quienes mediando compensación económica o eludiendo los procedimientos legales para la guarda, custodia o adopción, entreguen a otra persona un hijo o cualquier niño aunque no concurra relación de filiación o parentesco, con la finalidad de establecer una situación análoga a la filiación, serán sancionados con pena de prisión de uno a seis años y multa de cien a seiscientas unidades tributarias.

 

Con iguales penas se sancionará a la persona que lo reciba y al intermediario, aunque la entrega del menor se haya efectuado en un país extranjero.

 

Si las acciones se cometieran utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos en donde se acojan niños, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación para el ejercicio de las actividades por un tiempo de dos a cinco años y la clausura temporal o definitiva del establecimiento.

 

 

Artículo 457.- Maltrato de niño o adolescente. Cualquier persona que por sí o por intermedio de otra cause a algún niño lesiones corporales o psíquicas, o le inflija tratos inhumanos, crueles o degradantes, será penada con prisión de tres a seis años  y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias si la conducta no constituye un delito más grave.

 

Si el maltratado fuese un adolescente de trece a quince años de edad las penas se reducirán hasta en un tercio y, si tuviere dieciséis o diecisiete, se reducirán  hasta en la mitad.

 

Si la acción descrita en este artículo es cometida por un funcionario al cual en el ejercicio de sus funciones le corresponde tratar al niño o al adolescente, la pena será aumentada en un tercio.

 

 

Artículo 458.- Uso de niño o adolescente para delinquir. Quien cometa un delito en concurrencia con un niño o adolescente será penado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Al determinador del niño o adolescente se le impondrán las penas correspondientes al delito cometido, con el aumento de una cuarta parte.

 

Si el culpable ejerce autoridad, guarda o vigilancia sobre el niño o adolescente, la prisión será de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 459.- Inclusión de niño o adolescente en grupo criminal. Quien fomente, dirija, participe o se lucre de asociaciones constituidas para cometer delitos e integradas éstas por criminales que hayan incluido a un niño o adolescente captados y determinados para ese fin, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 460.- Pornografía con niño o adolescente. Quien fotografíe, filme, venda, compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material pornográfico en el que participen niños, será castigado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Si la víctima fuere un adolescente entre trece y quince años de edad las penas se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se rebajarán hasta en la mitad.

 

 

Artículo 461.- Exhibición pornográfica de niño o adolescente. Quien por cualquier medio que implique el uso de tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño o un adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penado con prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 462.- Difusión o exhibición de material pornográfico. Quien por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños y adolescentes, será sancionado con prisión de seis a doce meses y multa de cincuenta a cien unidades tributarias. 

 

 

Artículo 463.- Actos sexuales con niño. Quien realice actos sexuales con niño o participe en ellos, será penado con prisión de ocho a catorce años y multa de ochocientas a un mil cuatrocientas unidades tributarias.

 

 

         Artículo 464.- Actos sexuales con adolescente. Quien realice actos sexuales con un adolescente entre trece y quince años de edad contra la voluntad de éste, será penado con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a un mil unidades tributarias y, si tuviere de dieciséis a diecisiete, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 465.- Circunstancia agravante.  Si el culpable ejerciere sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, se aumentarán en una cuarta parte las penas correspondientes a los delitos tipificados en los artículos 463 y 464.

 

 

Artículo 466.- Explotación sexual de niño o adolescente. Quien fomente, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niño, será penado con prisión de tres a seis años y multa de trescientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Si la víctima fuere un adolescente entre trece y quince años de edad, las penas  se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se rebajarán hasta en la mitad.

Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, las penas se aumentarán en una cuarta parte.

 

Las penas señaladas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de las penas en las que se incurra por otros delitos.

 

 

Artículo 467.- Estímulo a la prostitución de niño o adolescente.  Quien destine, arriende, mantenga, administre o financie una casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen niños, será castigado con prisión de seis a ocho años y multa de seiscientas a ochocientas unidades tributarias.

Si la víctima fuere un adolescente entre trece y quince años de edad, las penas  se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere  dieciséis o diecisiete se rebajarán hasta en la mitad.

Artículo 468.- Turismo sexual. Quien dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de niños o adolescentes, será castigado con prisión de cuatro a seis años y multa de cuatrocientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 469.- Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de niño o adolescente. Quien utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información o cualquier medio de comunicación para obtener contacto sexual con niños y adolescentes o para ofrecer servicios sexuales con éstos, será castigado con prisión de seis a ocho años y multa de seiscientas a ochocientas unidades tributarias.

 

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán hasta en la mitad cuando las conductas se realizaren con menores de doce años de edad, en un tercio cuando se trate de un adolescente menor de quince años y en un cuarto cuando se trate de un adolescente de dieciséis o diecisiete años.

 

 

Artículo 470.- Mendicidad de niño o adolescente. Quien hubiere permitido que un niño sometido a su autoridad o confiado a su guarda o vigilancia, se entregue a la mendicidad o sirva a otro con tal propósito, será penado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a cien unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad, las penas se reducirán hasta en un tercio y, si tuviere dieciséis o diecisiete, se reducirán hasta en la mitad.

 

 

Artículo 471.- Circunstancias agravantes. Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes en los casos siguientes:

 

1.- Cuando se trate de niños menores de seis años.

 

2.- Cuando el niño o adolescente esté afectado por deficiencias físicas o mentales que tiendan a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes.

 

 

Artículo 472.- Tráfico internacional de niño o adolescente con fines ilícitos. Quien utilice, preste o facilite, por precio o promesa remuneratoria o de cualquier naturaleza, a un niño o un adolescente con el propósito  del tráfico internacional conectado con la práctica de actos de corrupción, pornográficos, ejercicio de la prostitución, comercio de órganos, trabajos forzados, actividades vinculadas al tráfico de substancias estupefacientes y psicotrópicas o consumo ilícito de drogas, será sancionado con prisión de seis a diez años y multa de seiscientas a un mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 473.- Envío ilegal de niño o adolescente al exterior. Quien promueva, auxilie o se beneficie de actos destinados al envío de un niño o un adolescente al exterior sin observancia de las formalidades legales y con el propósito de obtener un lucro indebido, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 474.- Lucro por entrega de niño o adolescente. Quien prometa o entregue un hijo, pupilo o guardado hasta los doce años de edad a un tercero mediante pago o recompensa, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad, las penas se reducirán hasta en  un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

Las mismas penas reducidas hasta en la mitad se aplicarán a quien ofrezca o efectúe el pago o recompensa.

 

 

Artículo 475.- Substracción y retención de niños o adolescentes. Quien substraiga a un niño del poder de quien lo tenga por virtud de la ley u orden de la autoridad, será penado con prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere  dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

En las mismas penas incurrirá quien retenga indebidamente a un niño o un adolescente, según la edad especificada en el párrafo anterior.

 

El culpable deberá sufragar los gastos por el traslado del niño o del adolescente a su lugar de procedencia.

 

 

Artículo 476.- Suministro de armas, municiones y explosivos. Quien venda, suministre o entregue a un niño armas, municiones o explosivos, será penado con prisión de uno a seis años y multa de cien a seiscientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad, las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

Si fuere el caso y según la gravedad de la infracción, se podrá imponer también el cierre del establecimiento por un tiempo determinado o definitivo  y multa de hasta dos mil unidades tributarias.

 

 

Artículo 477.- Suministro de fuegos artificiales. Quien venda, suministre o entregue a un niño fuegos artificiales, será penado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

Si fuere el caso y según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre del establecimiento hasta por diez días y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias.

 

 

Artículo 478.- Suministro de substancias nocivas. Quien venda, suministre o entregue indebidamente a un niño substancias o productos nocivos o cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica, será penado con prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias si la acción no constituye un delito más grave.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad, las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en la mitad.

 

Si el delito es culposo las penas se rebajarán a la mitad. Si fuere el caso y según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre  del establecimiento provisional o definitivamente.

 

 

Artículo 479.- Omisión de asistencia médica o paramédica. El médico, paramédico, enfermero o encargado de un servicio de salud, que omita la prestación de asistencia médica a un niño en situación de emergencia como la mencionada en el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, será penado con prisión de seis a veinticuatro meses y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias.

 

Si se tratare de un adolescente de trece a quince años de edad, las penas se reducirán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se reducirán hasta en  la mitad.

 

 

Artículo 480.- Responsabilidad del guardador del niño o adolescente. La persona bajo cuya potestad se hallare un niño y que teniendo noticia de la prostitución o corrupción de éste, o de su permanencia o asistencia frecuente a casas o lugares de libertinaje, no emplee su autoridad para impedir que continúe en aquella situación o asistiendo a dichos sitios y no le restituya a su guarda o le ponga a disposición de las autoridades, en caso de carecer de medios para su custodia, será penado con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas unidades tributarias.

 

Si la víctima fuere un adolescente entre trece y quince años de edad, las penas se rebajarán hasta en un tercio y si tuviere dieciséis o diecisiete se rebajarán hasta en la mitad.

 

Las mismas penas se impondrán al que en los casos determinados en los párrafos anteriores, incurriere en las omisiones expresadas aunque careciere de potestad legal sobre el niño o el adolescente, si en aquel tiempo le tuviere en su domicilio, confiado a su cuidado y ejerciere de hecho sobre él una autoridad familiar o protectora.

 

 

Artículo 481.- Circunstancias agravantes. Los ascendientes, tutores, maestros o cualquier persona que ejerciendo autoridad o encargo perpetrare los delitos tipificados en este capítulo, serán sancionados entre el término medio y el límite superior de las penas señaladas en cada caso.

 

Si el imputado fuere autoridad pública, se impondrá además la inhabilitación para el desempeño de sus funciones por un tiempo igual al de la pena y una vez cumplida ésta.

 

 

Artículo 482.- Consecuencias de la condena. Será consecuencia de la condena respecto de los ascendientes, la pérdida de  todos los derechos que en su calidad de tales les confiere la ley sobre la persona y bienes de los descendientes en cuyo perjuicio se ha cometido el delito; y en cuanto a los tutores, la remoción de la tutela.

 

 

Artículo 483.- Omisión de la denuncia. Quien por razón de su oficio, cargo o actividad, tuviere conocimiento de la utilización de niños y adolescentes para la realización de cualesquiera conductas de las tipificadas en este capítulo y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales accio