ACTO DE APERTURA JUDICIAL 2005
Palabras del
Magistrado Iván Rincón Urdaneta
Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
“ ...No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos
para siempre lamentables; apenas se me puede suponer simple instrumento de los
grandes móviles que han obrado sobre Venezuela; sin embargo mi vida, mi
conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del
pueblo. Ciudadanos vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando
a vuestra imparcial decisión; nada añadiré para excusarla; yo he dicho cuanto
puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el
sublime título de buen ciudadano, preferible
para mi al de Libertador que me diò Venezuela, al de
Pacificador que me dio Cundinamarca, y a los que el
mundo entero puede dar...”
Con estas visionarias
palabras del Libertador Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura en 1819, en
las que resalta la importancia del control que el pueblo ejerce sobre la
gestión pública, inicio esta alocución, para enfatizar nuestro esfuerzo e interés por incrementar y afianzar la transparencia
en los procesos relativos a la administración de justicia, tanto en lo
jurisdiccional, administrativo como institucional, y dando cumplimiento a lo
establecido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, la cual obliga a los Poderes Públicos a rendir cuentas de
sus gestiones a todos los venezolanos, me corresponde entonces por sexto año
consecutivo, hacer la presentación del Informe Anual del Poder Judicial 2004, a toda la comunidad nacional e internacional que una
vez más, fija su atención sobre este Máximo Tribunal de la
República.
El presente Informe contiene el balance de las actividades realizadas
en cada una de las dependencias que conforman el Poder Judicial, donde se
han hecho esfuerzos
por hacer una compilación precisa de
los planes y
acciones que llevó a cabo el Poder Judicial
en sus diferentes
ámbitos durante
el año
2004, para acercarnos aún más hacia esa justicia, eficaz, expedita,
transparente y altamente tecnificada, que aspiramos legítimamente tener todos
los venezolanos.
Bajo esta visión de cambios y sin detener el irreversible
proceso de modernización que se abrió paso en nuestro sistema de administración
de justicia, con el cual se han obtenido resultados exitosos ganándonos el
reconocimiento y respeto de los Organismos Internacionales, que nos han
convertido en país de referencia obligatoria en cuando a modernización se
refiere, este proceso de cambios positivos hace que aumentemos nuestro empeño y
mística de trabajo para continuar en la construcción mancomunada de un nuevo
sistema de justicia y continuar como siempre lo hemos hecho con nuestra posición
y actitud institucional a lo largo de esta gestión.
Es así como año tras año superamos nuestras cifras de
productividad para el 2003 el número de sentencias producidas por este Máximo
Tribunal fue de 12.290 decisiones, para el 2004 el número de sentencias
producidas es de 14.226, este incremento anual refleja el alto nivel de
eficiencia de cada una de las salas que conforma el Tribunal Supremo de
Justicia, que en comparación con el número de sentencias decididas en el último
año de la extinta Corte Suprema de Justicia podemos decir con absoluta certeza
que hemos triplicado la productividad con lo cual ha establecido este Tribunal Supremo de
Justicia entre sus principales metas:
dar respuesta inmediata, efectiva y adecuada al público en las
soluciones de sus controversias y lo más importante acercando la justicia al
ciudadano, planteando la justicia no como un elemento de poder sino como un
servicio público, logrando así consolidar uno de los objetivos fundamentales
por el que siempre hemos trabajado dentro de este Máximo Tribunal, como lo es
Humanizar la
Justicia.
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La labor desarrollada durante este año por el Poder Judicial
reafirma nuestro apego a los principios y valores democráticos, teniendo
presente que el Estado democrático y social de derecho y de justicia conforma
elementos que deben interpretarse de manera independiente e indivisible.
De igual manera, pueden consultar en el informe anual 2004
las cifras especificas de cada Sala, cuadros estadísticos, las actividades de
capacitación emprendidas durante este año y los avances jurisprudenciales
establecidos en cada una de ellas, así como aspectos administrativos y
jurisdicciones de las demás dependencias del Poder Judicial.
Ahora bien, continuando con el desarrollo de políticas
judiciales nacionales y asumiendo su rol de órgano garante de la dirección y
gobierno judicial, este año hemos presentado ante la
Asamblea Nacional el
Proyecto de Código Penal con miras a reformar la legislación vigente; dentro de
las innovaciones de este Proyecto, podemos destacar la integración de los
acuerdos y recomendaciones existentes en los Pactos y Convenios
Internacionales, suscritos por la República, para combatir los crímenes más abominables de la sociedad como son: el
Terrorismo, el Tráfico de Drogas, la
Delincuencia Organizada, la Corrupción, los Crímenes de Lesa Humanidad y los delitos de
Manipulación Genética, entre otros.
Asimismo, se dio continuidad a la labor desarrollada por la Comisión de
Fortalecimiento de la
Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente, cuya finalidad es contribuir a la efectiva
protección judicial de la infancia venezolana, encargándose de la recuperación
de sedes de los tribunales de protección, capacitación de los jueces y otros
operadores de justicia, creación de vínculos institucionales entre los miembros
del sistema de protección y elaboración de propuestas de modificación de la ley
para mejorar aquellos aspectos que así lo ameriten; sentando las bases para la
actualización de la normativa legal en materia de niñez y adolescencia, lo cual
se pretende lograr a través del análisis
y diagnóstico de las debilidades de la Ley
Orgánica para la
Protección del
Niño y del Adolescente y sus propuestas de modificación en materia procesal, a
través de la creación del Equipo técnico para la elaboración del “Proyecto
de Reforma Parcial de la LOPNA”.
Continuando con las políticas de transformación del Poder
Judicial, se comenzó con los diagnósticos y consultas que permitan crear la
comisión para la reforma parcial del Código de Procedimiento Civil y su
adecuación a los innovadores principios que trajo consigo la aprobación de la Carta Magna de 1999,
de esta manera hay dos visiones de la reforma, la primera que se refiere
específicamente a la adaptación del juicio oral en materia civil, contribuyendo
con esto a disminuir el tiempo de duración de los procesos civiles, los cuales
son de los mas lentos en todo el sistema, por otro lado se pretende estudiar la
factibilidad de una reorganización de los Tribunales de Municipio, para
determinar si se transforman en Tribunales de Primera Instancia, o se establece
un aumento de cuantía, con lo cual se descongestionarían los tribunales
actuales de Primera Instancia.
Otro hecho trascendental para este Tribunal Supremo de Justicia,
es la entrada en vigencia de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
a través de la cual se materializa una efectiva adecuación legal a las
disposiciones contenidas en la Carta Fundamental de
1999, superando así las deficiencias en cuanto al diseño organizativo de este
Alto Tribunal, orientada a la unificación de las funciones administrativas y
jurisdiccionales, lo que permitirá la formación armónica y coherente en las
políticas públicas del ámbito judicial.
Como aspecto
relevante de esta Ley, podemos destacar la reorganización de las Salas,
traducida en el incremento del número de Magistrados, que resulta justificado
debido al elevado número de causas que se ventilan ante las diferentes Salas de
este Máximo Tribunal, tal como se refleja en las cifras manejadas en los
anteriores Informes Anuales presentados a lo largo de esta gestión. Además,
cabe destacar que, como ya se indicó, el Tribunal Supremo de Justicia,
desempeña labores tanto judiciales como de índole administrativo relacionadas con
el gobierno del Poder Judicial, las cuales por su relevancia, deben ser
ejercidas por Magistrados. El esquema institucional anterior a la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, era insuficiente para afrontar la dualidad de funciones de este
órgano.
Ahora bien, es necesario destacar que este conjunto de
normativas legales que entran a formar parte del acervo jurídico de la nación,
viene a fortalecer las instituciones y por ende la democracia. Dentro de este
contexto es necesario compartir las
responsabilidades y la necesidad de lograr consensos para reformar la
arquitectura institucional del Estado y contribuir a la definición de políticas
publicas al servicio de la justicia y de los ciudadanos.
En el ámbito judicial, la participación ciudadana y el acceso
a la justicia han sido temas fundamentales de gran interés y preocupación para
el Poder Judicial, al respecto se han puesto en marcha nuevos proyectos e
iniciativas que garantizan el acceso a la justicia y el derecho a la
información, cumpliendo así con lo establecido en nuestra Constitución y
respondiendo a los compromisos adquiridos en eventos de carácter internacional,
especialmente en las diferentes Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia Iberoamericanos, efectuadas anualmente a lo
largo de la región iberoamericana, en las que hemos trabajado arduamente para
la consolidación de políticas judiciales regionales que garanticen
efectivamente los derechos humanos, especialmente a los grupos más vulnerables
y desposeídos de la población.
Consciente de este compromiso ante el pueblo venezolano, se
han comenzado a implementar proyectos como el que actualmente se ejecuta en el
Estado Aragua denominado Programa Judicial de Acción Comunitaria;
justicia a tu alcance, cuyo propósito es establecer vínculos comunicacionales entre el Poder Judicial y la comunidad,
así como con los demás organismos públicos y privados de la región, para la
promoción, información y divulgación de temas judiciales de interés colectivo,
particularmente aquellos relacionados con la
protección y defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia y
participación social de los ciudadanos en las políticas judiciales.
Con la ejecución de este programa se estiman afianzar
actividades que implican inclusión y
participación, acceso a la información y rendición de cuentas de las que se
benefician organizaciones sociales, así como ciudadanos considerados
individualmente. Esta corriente de comunicación e información permitirá a los
ciudadanos valorar la labor de los operadores de justicia, conocer aspectos
relevantes sobre el Poder Judicial, además de fortalecer con la inclusión de la
publicidad y la transparencia, mecanismos de control, seguimiento y evaluación
de la actuación jurisdiccional de los jueces, lo que redundará efectivamente en
el incremento de confianza y de valoración que la sociedad debe tener del Poder
Judicial.
De igual modo seguimos creando en todo el territorio nacional
las Oficinas de Orientación Ciudadana, a fin de proporcionar orientación
jurídica gratuita y estimular al ciudadano a participar directamente en la
búsqueda de información que lo conduzcan a la defensa de sus derechos. Este año
nuestra Oficina de Orientación Ciudadana atendió más dos mil doscientas treinta
y dos (2.232) casos.
También contamos con la Fundación
para la
Protección a las Víctimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC), la cual inició sus actividades desde octubre
de 2002 bajo la dirección del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros,
y cuyo propósito es ofrecer ayuda legal, psicológica y medica totalmente
gratuita a las víctimas de la criminalidad, honrando así un mandato
constitucional y la Carta de las
Naciones Unidas en la
Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las víctimas de delitos.
Otros de los logros alcanzados a lo largo de esta gestión, es
la exitosa labor que ha venido desarrollando la Fundación Gaceta
Forense del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en un lapso de solo 5 años,
sin presupuesto asignado y con la reducción de mas del 90% de su personal, pues cuenta solo con
un Director, tiene en su haber 6
Colecciones denominadas Estudios Jurídicos, Nuevos Autores, Libros Homenaje,
Eventos, Doctrina Judicial y Normativa, además de la Revista de Derecho
y los Discos Compactos contentivos de la totalidad de las sentencias distadas
por este Alto tribunal, lo cual constituye un importante aporte para el
enriquecimiento académico de toda la comunidad jurídica del país.
Antes de esta nueva visión gerencial, cabe destacar que,
Gaceta Forense contaba con más de 22 empleados y un aporte económico de 500
millones de Bolívares anuales, lo que la constituía en una pesada carga para
esta Institución, hoy día la
Fundación Gaceta Forense además de una excelente
producción de textos académicos de amplio reconocimiento nacional, genera
recursos propios. En el lapso 2000-04, el resultado de esta labor ha sido la
preparación de ochenta y siete (87) publicaciones y nueve (9) discos compactos.
El costo total de las ediciones destinadas a la comercialización incluyendo las
que actualmente se encuentran en estado de montaje o impresión alcanza a
setecientos sesenta y nueve millones doscientos veinte mil cuatrocientos trece
bolívares (769.220.413,00 Bs) por los cuales se han
recibido ingresos por la suma de novecientos veinticinco millones novecientos
ochenta y seis novecientos noventa y un bolívares (925.986.991,00 Bs). Además ha tenido
otros ingresos producto de Foros y Convenios por la cantidad de ciento
cuarenta y dos millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y
nueve bolívares (142.234.349,00 Bs) para un total de
un mil setenta y ocho millones doscientos veintiún mil trescientos cuarenta
bolívares (1.068.221.340,00).
Esto demuestra contundentemente que hemos continuado con el fortalecimiento
del Sistema Administrativo Integrado, para la gestión y control financiero y gerencial del Tribunal
Supremo de Justicia, a través de su
automatización y establecimiento del nuevo Sistema Integral de Recursos Humanos, de registro y
control de operaciones financieras.
Igual valoración positiva representa para el Poder Judicial,
los avances hasta ahora logrados en el Sistema Autónomo de la Defensa Pública, haciendo realidad el mandato constitucional que da
a la Defensa Pública el carácter de institución autónoma y aportando una mejora sustancial
en el servicio al usuario hemos adquirido una edificación que funcionará
únicamente, como la sede del Servicio Autónomo de la
Defensa Pública en el
Edificio Panteón en Caracas, por un monto de Bs. 8.500.000.000, sede a la que
se trasladará toda su directiva y los Defensores Públicos de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y donde además tendrán servicios
médicos y odontológicos, al igual que el personal de este Alto Tribunal donde
se cuenta con un servicio odontológico, cuyos equipos fueron donados por el
Ejecutivo Nacional.
Continuamos con el fortalecimiento de la Defensa Pública
con competencia en asuntos indígenas en los Estados Zulia, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Apure y Anzoátegui, en cuyas poblaciones
se encuentran presentes un gran porcentaje de diferentes etnias, con una
cultura y sistema de vida distintas a las nuestras, requiriendo una atención
especial en lo referente a los métodos alternos de resolución de conflictos
propios de estas culturas ancestrales.
Otro de los logros para el mejoramiento del servicio de la
defensa pública es la puesta en funcionamiento de la línea 800-Defensa, con el
objeto de establecer un canal dinámico y oportuno que ofrezca orientación sobre
la
Institución
a la comunidad en general.
Con estos avances dentro del Poder Judicial, aspiramos
aliviar una de las expresiones más dramáticas que vive la población venezolana
como lo es el no tener acceso a la justicia, producto entre otras razones de la
ignorancia jurídica de amplios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer
uso material de la ley y sus
instituciones. Este derecho exige, que no solo se proporcione una asistencia
judicial que garantice un debido proceso por la vía de la igualdad de las
partes en el ejercicio de sus derechos, sino que además se entregue un servicio
formativo e informativo que permita a nuestros usuarios adquirir el
conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos y
comenzar a formar una conciencia
jurídica que frente a un problema legal, cada ciudadano sea capaz de
adoptar decisiones informadas y responsables en aquellos temas que le afecten.
De allí que este Alto Tribunal no escatima esfuerzos en
continuar su política de modernización del Poder Judicial, sobre todo en lo que
a transformación y tecnología se refiere, este progresivo cambio sustentado en
la tecnología de la información y la comunicación, nos hace merecedores de ser
una de las instituciones con mayor desempeño en el sector pùblico
y en el ámbito judicial internacional.
La modernización del Poder Judicial, integralmente
considerada, es sin duda alguna un orgullo para este Supremo Tribunal y para
Venezuela que, como país, ha alcanzado los más altos reconocimientos por esta
labor titánica que nos convierte en referencia mundial por haber acometido en la década reciente el
más ambicioso y exitoso proceso de transformación institucional que Justicia
alguna de América haya intentado en los últimos tiempos. Efectivamente, hace
diez años se dieron los primeros pasos en ese sentido, siendo a partir de 1999
cuando verdaderamente se empiezan a generar acciones contundentes y decididas
para producir los cambios que hoy puede exhibir la Administración de
Justicia en el País.
Hoy por hoy, hemos trascendido de la noción de proyectos
modernizadores, puntuales y acotados, a la visión de proceso continuo de
modernización como garantía de permanencia en el tiempo y perdurabilidad de los
cambios anhelados, y como muestra del compromiso indeclinable con la Sociedad Venezolana de
proveer Justicia Humana con altos estándares de calidad de marca mundial.
Reitero al país, y a la comunidad internacional, que el Poder Judicial en
Venezuela asume la
Modernización como uno de sus principales Retos
y Desafíos de cara al Futuro: la adecuación de nuestras estructuras,
procedimientos y en general de nuestro diario quehacer es un objetivo
estratégico primordial que, a despecho de algunos, seguiremos profundizando.
En este sentido 2004 fue un año especialmente importante. En
el mes de abril del año que recientemente finaliza se concluyó la elaboración
del “Proyecto para la mejora de la Administración de
Justicia y la
Resolución de Conflictos en Venezuela”, un
programa en cuyo elaboración se atendieron los principios constitucionales de
participación ciudadana y protagonismo, como lo demuestra fehacientemente la
integración en su fase de preparación y discusión de mas de mil trescientos
sesenta y cinco (1.365) personas, entre quienes se incluyen funcionarios
judiciales de todas las ramas y jerarquías, académicos, instituciones del
sector privado, instituciones gubernamentales relacionadas y un importante número de organizaciones de la Sociedad Civil,
con el complemento de más de setecientas cuarenta y cuatro (744) propuestas que
fueron recibidas por escrito.
En este proceso contamos con el acompañamiento técnico y
financiero del Banco Mundial, organismo con el que hemos trabajado armónica y
exitosamente en la última década y con el cual todavía continúan las
conversaciones para seguir adelante en estas transformaciones. En
comunicaciones oficiales recientes funcionarios del ente multilateral han
expresado: (Cito)“ Nos mantenemos interesados en continuar pendientes del desarrollo
futuro del sector judicial, y más específicamente nos mantenemos preparados
para compartir experiencias globales que puedan ser probadamente útiles en
conformar sus esfuerzos para hacer al Sistema Judicial Venezolano más
eficiente, más transparente y más accesible, especialmente para los pobres”
(Fin de la cita)
A todo evento, vista la amplísima y comprobada experiencia
técnica de nuestros equipos madurada en los últimos años y reconocida por las
innumerables misiones internacionales que han visitado nuestro país de cerca
para aprender de nuestra modernización judicial, y vista la incuestionable
solvencia financiera de una Venezuela que levanta decididamente su economía con
la consiguiente disponibilidad de recursos para inversión en el Desarrollo
Nacional, este Tribunal Supremo anuncia para este año 2005
la prosecución de los esfuerzos modernizadores del sistema de justicia
disponiendo para ello de la más calificada experticia nacional y de recursos
presupuestarios propios que han sido considerados tanto en el presupuesto
ordinario como en la ley de endeudamiento para el 2005.
Los cuatro ejes de ese nuevo esfuerzo de transformación están
dirigidos a:
i) Mejorar
el Acceso a la
Justicia de la población venezolana, para
promover la confianza en la justicia y contribuir a la paz social y la
convivencia.
ii) Mejorar la calidad y el desempeño
profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales, para coadyuvar a la
mejor prestación de la administración de justicia en el país.
iii)
Fortalecer la calidad y transparencia del servicio de justicia, para garantizar
un Estado democrático y social, de derecho y de Justicia.
iv) Consolidar el Gobierno Judicial, la Administración de
Recursos y la
Participación social, para el fortalecimiento de
la independencia, autonomía, transparencia y cohesión del Poder Judicial.
Para este Proyecto hemos programado una inversión cercana a
los ochenta millones de dólares en los próximos cinco años.
Este año se continuó con la dotación de
equipos para el resto de los Tribunales a nivel nacional, se adquirieron mas de
mil doscientos (1200) computadores personales, mas de trescientas (300)
impresoras láser, y un número considerable de servidores, equipos de
comunicación y otros dispositivos para complementar la avanzada tecnológica que
consolida al Poder Judicial como una de las instituciones más tecnificadas y
vanguardistas en el empleo de la computación, la informática, las
telecomunicaciones y en general las tecnologías modernas. En los últimos cinco
años el Poder Judicial ha desterrado la obsolescencia y el anacronismo de los
medievales despachos judiciales y ha dado un salto gigante a la modernidad con
la adquisición de cerca de diez mil equipos de procesamiento de datos, la
implementación de sistemas de información, redes y otras innovaciones que se
continuaran impulsando como parte de nuestro irrenunciable compromiso con el
progreso
En cuanto al JURIS 2000, se implantó en el área laboral y penal,
en mas del 70% de Palacios de Justicia del País.
En la actualidad existen cuarenta y siete (47) sedes
judiciales en todo el territorio nacional que funcionan con el JURIS 2000, lo
que representa que el 48% de los jueces y el 47% de los funcionarios judiciales
trabajan con este modelo de gestión.
Ahora bien, otro de nuestros avances en lo que a materia
tecnológica se refiere es la presencia judicial en Internet, la cual ha
evolucionado a pasos agigantados proporcionándonos actualmente una red de
portales judiciales dinámicos e interactivos que abarcan un espectro significativo
de la geografía nacional entre ellos; Miranda, Vargas, Nueva Esparta, Lara,
Guárico, Apure, Amazonas, Falcón, Barinas, Carabobo, Mérida, Portuguesa y
Anzoátegui. La Corte
Marcial y Las Cortes Contencioso
Administrativas también se encuentran disponibles en el ciberespacio ofreciendo
al ciudadano un completo repertorio de sus actividades.
En total estamos hablando de mil ciento treinta y un (1.131)
tribunales disponibles en internet, con más de
doscientos diez mil (210.000) decisiones en texto completo como parte de la
información alimentada por más de mil doscientos (1.200) funcionarios en todo
el país.
Por otra parte, se incrementaron las relaciones de
intercambio de recursos bibliográficos con Bibliotecas afines; así como también
se realizaron gestiones para la adquisición de una licencia de “Alejandría para
Bibliotecas”, un Sistema que permite el manejo automatizado de los catálogos de
publicaciones y demás documentos bibliográficos para lograr una mayor
eficiencia en las labores de consulta bibliográfica, mediante la interconexión
directa del Tribunal Supremo de Justicia con otras bibliotecas del país.
Estos resultados palpables dentro de la modernización
tecnológica de la justicia venezolana, nos coloca como uno de los Poderes
Judiciales mayor tecnificados de la región, razón que nos compromete a seguir
asumiendo más retos y desafíos para consolidar una política judicial orientada
fundamentalmente hacia la preeminencia de los derechos humanos, el acceso a la
justicia y adecuación de las sedes judiciales.
Con relación a la construcción y rehabilitación de
edificaciones judiciales, hemos hecho anuncios importantes, que satisfacen y
enorgullecen la gestión judicial de estos últimos años.
Al respecto, se inició el proyecto de “Descongestionamiento del
edificio José María Vargas”, mediante la ejecución de las siguientes acciones:
Acondicionamiento de espacios en el Edificio Impres, al cual fueron trasladados nueve (9) Tribunales
Contencioso Administrativos.
Remodelación de espacios en el edificio Los Cortijos, para el
traslado de ocho (8) Tribunales de Municipio ubicados en Pajaritos, teniéndose
adelantadas las negociaciones con FOGADE para la adquisición de las otras sedes
en los que se reubicarán los demás Tribunales de Municipio localizados en el
Área Metropolitana de Caracas.
En el ámbito nacional también se realizaron importantes
progresos, entre los que se encuentran la culminación del Palacio de Justicia
de El Tigre, estado Anzoátegui, la cual ya fue inaugurada y se encuentra en
pleno funcionamiento, los Palacios de Justicia de Carora, estado Lara y en San
Fernando de Apure y la Sede de
los Tribunales Laborales de Caracas.
También se reinició la construcción de los Palacios de
Justicia de Maracay, Estado Aragua y Valencia Estado Carabobo los cuales
estaban paralizados desde el 2001, e igualmente se continuo con la ejecución de
los Palacios de Justicia de Maturín Estado Monagas con un 70% de avances, en
San Felipe , Estado Yaracuy con avances del 25% y la Sede Alterna de Valera,
estado Trujillo, con un 50% de ejecución en la obra y se contrató mediante
licitación los trabajos para la culminación de la fachada del Palacio de
Barcelona, estado Anzoátegui.
De igual manera durante el mes de diciembre de 2004, se
suscribió la contratación para ejecutar la primera fase de las obras de
construcción de la
Torre Metrolimpo,
futura sede de los Tribunales Civiles de Caracas, cuyos trabajos fueron
iniciados el 20 de diciembre del 2004,
aspirando concluirlos en un lapso de 6 meses, lo cual permitirá con los
recursos asignados dotar dicha infraestructura. Dios mediante para el mes de
noviembre de este mismo año, aspiramos hacer realidad un viejo anhelo como lo
es la mudanza de los Tribunales Civiles,
Lopna, Transitorios
Laborales, Municipio, Agrarios, Contencioso Administrativo y Tribunales
Superiores que actualmente se encuentran ubicados en el Edificio José María
Vargas.
En el Estado Zulia se finalizó el acondicionamiento de la
primera etapa del Edificio Mara, donde funcionan
siete (7) Tribunales Civiles, con relación a esta edificación aspiramos tenerla
acondicionada en su totalidad para el mes de septiembre de este mismo año.
Otro logro importante a destacar en esta área, es la
adquisición de sedes tribunalicias mediante el
otorgamiento de donaciones, en esta ocasión PDVSA otorgó en comodato un
inmueble para ubicar los tribunales, localizado en Punto Fijo, estado Falcón.
Asimismo, se obtuvo un inmueble destinado a la reubicación del preescolar
“Edúcame” para los hijos de los trabajadores de la Dirección Ejecutiva de
la
Magistratura y el Poder Judicial.
En materia de Protección del Niño y el
Adolescente también se realizaron importantes avances como lo es la creación
de Tribunales de Protección a nivel nacional entre ellos en Ocumare del Tuy y Barlovento
en el
Estado Miranda, en Puerto Cabello Estado Carabobo, en
El Tigre Estado Anzoátegui y en El Vigía, Estado Mérida y en el Estado Cojedes.
De igual manera se crearon un Tribunal Superior y un Tribunal
de Primera Instancia en la
Jurisdicción Marítima, según lo establecido en la
disposición Transitoria de la
Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, con la finalidad de aplicar los principios de
brevedad, concentración e inmediación mediante la implementación de juicios
orales, ambos con sede en Caracas y con competencia nacional.
Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el
diagnóstico sobre la situación de la Jurisdicción Especial
Agraria, mediante el levantamiento estadístico, condiciones agrícolas y
pecuarias de cada estado y determinación de calidad y cantidad de tierras
ociosas, la creación de nuevos tribunales, implementación, capacitación y
selección de los jueces necesarios, con
realización de talleres específicos en materia
agraria, que permitan la
profundización del estudio y aplicación
de la Ley de
Tierras; y así cumplir con el mandato de
la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y la Ley de
Tierras; y de esta manera lograr que por
primera vez en Venezuela se consolide la
equidad en la dotación de tierras, eliminando el latifundio y sincerando la
función social de la propiedad siempre dentro del respeto a la propiedad
privada consagrada en la
Carta Fundamental de 1999, los Tratados
Internacionales y el estricto respeto a los Derechos Humanos, la Seguridad Jurídica y
el Estado de Derecho.
En materia de implementación de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conjuntamente con un equipo
técnico conformado por la
Dirección de Administración y Servicios de
este Alto Tribunal, Circuito Laboral del Distrito Capital y la Coordinación de
la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, llevó a
cabo una serie de acciones relacionadas con la adecuación e inauguración de
sedes para Tribunales del Trabajo en diecisiete (17) ciudades del país.
Todas estas obras que
les he mencionado son logros fehacientes y palpables de la gestión realizada
por el Poder Judicial durante el 2004,
en definitiva tenemos más de 353.677,55
metros cuadrados de sedes propias lo que
representa un 78.25%, con una inversión en bolívares de 39.893.755.812,37.
Este anuncio llena de gran satisfacción y optimismo al
Tribunal Supremo de Justicia, ya que en sólo 5 años de gestión se ha consolidado una verdadera política
judicial dirigida a la dignificación de nuestras sedes en todo el país, lograr
el 78, 25% de sedes propias en esta
gestión. Cuando recibimos el Tribunal Supremo de Justicia en el año 1999, solo
el 7% de sedes eran propias, las demás eran arrendadas lo cual generaba grandes
costos y bajo acceso a la justicia; esto
es un claro indicador del trabajo mancomunado de los que formamos parte del
Poder Judicial y la valiosa colaboración dispensada por las diferentes
Instituciones quienes indudablemente han contribuido con sus aportes a la
construcción de este nueva realidad judicial en Venezuela.
Con estas acciones emprendidas estamos cumpliendo una de las
principales metas dentro del Poder Judicial, como lo es la dignificación de
nuestras sedes, superando el hacinamiento y la congestión de los Tribunales
proporcionándoles como es lo justo, edificaciones con espacios adecuados y
dignos para el optimo desarrollo de la actividad judicial.
Ahora bien, la transformación del Poder Judicial no puede
traducirse únicamente en el mejoramiento de la infraestructura, el otro
elemento fundamental lo constituye la capacitación de sus operadores.
Ser Juez en el contexto de este nuevo orden mundial,
caracterizado por la dinámica política, social y cultural de los pueblos,
implica la necesidad de un resurgimiento ético, de un planteamiento moral de
conjunto, que oriente positivamente estos dinamismos al servicio del hombre y
en consecuencia de la humanidad.
Y es que, cuando realizamos un
ejercicio reflexivo acerca de la situación actual en nuestro Poder Judicial, el
tema de la formación y capacitación de nuestros Jueces aparece como uno de los
aspectos más importantes y esenciales a
ser acometidos en la transformación del sistema de administración de justicia, ya que para
procurar la eficacia del sistema de justicia, que nos hemos planteado, es imprescindible la adecuada y continúa capacitación de los
funcionarios Judiciales.
Es en este contexto, que la capacitación adquiere toda su
relevancia, mientras más alto sea el nivel de preparación tanto de Magistrados,
Jueces y demás funcionarios del Sistema de Justicia, más posibilidades existen
de ajustarnos a los cambios continuos y acelerados que caracterizan a la
sociedad actual.
Es
por ello, que el Tribunal Supremo de Justicia considera que la capacitación de
los funcionarios judiciales es el eje fundamental de toda reforma, de allí
nuestra preocupación y esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias para
ejercer un mejor desempeño en sus funciones jurisdiccionales.
En efecto, estamos igualmente comprometidos en seguir
avanzando en mejoras salariales para Jueces y empleados. Este año se logró en
función de este objetivo, la firma de la segunda Convención Colectiva de
Empleados que laboran en la Dirección Ejecutiva
de la
Magistratura y Poder Judicial, llevándose a
termino dentro de un ambiente caracterizado por la responsabilidad,
entendimiento y respeto mutuo entre los representantes sindicales y la
representación Institucional, circunstancia que permitió alcanzar un anhelo de
los Trabajadores Judiciales, como lo es
la firma de un nuevo contrato luego de una espera de 5 años. Y por otro lado la
normalización plena de las relaciones laborales dentro del Organismo.
Con este logro, se mejoran las
condiciones socio-económicas del personal amparado por dicha convención,
permitiéndole en forma progresiva tener un nivel de beneficios acorde con las
condiciones esperadas para la vigencia del Contrato 2005-06, el resultado de
este acuerdo influirá favorablemente en
los niveles de eficiencia y productividad del personal judicial y
administrativo. Así mismo elevó el nivel de vida del personal jubilado y
pensionado por este Organismo, beneficiando en forma global y directa a un
universo superior de 22.000 personas.
Ahora bien, los retos
que nos quedan por delante son, pues, de gran dimensión. La carrera judicial es
una preocupación fundamental, que implica además el mejoramiento de las
condiciones de trabajo de los jueces y funcionarios judiciales; y que así mismo
repercutirá en la calidad de la justicia que se brinda a los ciudadanos.
La Carrera
judicial para nosotros significa estabilidad, evaluación y sistema de
capacitación, como fundamentos claves en el concepto de mejoramiento
permanente; es así como el Tribunal Supremo de Justicia a través de la recién
aprobada Escuela Nacional de la Magistratura, en la cual me correspondió el honor de
presidir la comisión de elaboración y
redacción del proyecto, lleva a cabo una de las
estrategias más importantes y promisorias del Poder Judicial en su conjunto, como
lo es realizar todas las tareas
relativas al ingreso y permanencia de los jueces dentro del Poder Judicial.
A partir de allí
aspiramos iniciar un plan integral de reestructuración de la
carrera judicial y, de conformidad con
lo establecido en la
Resolución Nº 00012, de fecha 18 de Agosto de
2004, la nueva Escuela Nacional de la Magistratura cumplirá
tres tareas fundamentales, a saber: formación de nuevos jueces, formación de jueces no titulares y perfeccionamiento.
La primera de estas tareas, es la referida a la formación de
nuevos jueces, que se realizará mediante concursos públicos de oposición,
destinados a la captación de abogados con postgrados cumplidos o iniciados en
áreas jurídicas y una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la
profesión. En este sentido, los aspirantes serán sometidos a exámenes de
conocimientos, evaluación psicológica, examen médico y entrevista personal. El
programa de formación tendrá una duración mínima de dieciocho (18) meses y
abarca cuatro áreas fundamentales: Docencia en el área judicial, docencia en
otras áreas, pasantías judiciales y formación complementaria que comprende
nociones básicas de informática, formación en gerencia judicial y visitas a
otros entes del sistema de justicia y organismos auxiliares. Los alumnos que
aprueben el programa, pasarán a ser jueces por concurso de oposición, con
derecho a ocupar como titulares de las vacantes a nivel nacional, por orden de
sus méritos y de acuerdo a sus respectivas notas.
La segunda, es la orientada a la formación de jueces no
titulares, que representan el ochenta por ciento (80%) aproximadamente de los
jueces venezolanos en la actualidad. Esta formación se realizará en un tiempo
no menor de tres (3) meses, durante los días viernes y sábado, constando de tres
etapas, cada una de las cuales deberá ser aprobada para pasar a la siguiente;
dichas etapas son: Primera: Que comprende evaluación psicológica, examen
médico y entrevista personal; Segunda: que se fundamenta en la
evaluación del rendimiento anual del año inmediatamente anterior; y Tercera:
que implica una prueba escrita y una prueba oral-práctica sobre conocimientos
jurídicos. Si los resultados de la evaluación fueren negativos, se requerirá el
cumplimiento de períodos de capacitación obligatoria adicional, y aquellos
jueces que no tengan una evaluación final satisfactoria quedarán fuera del
poder judicial.
Finalmente, la tercera tarea es la de perfeccionamiento. Este
programa está destinado a los jueces (cualquiera haya sido su forma de ingreso)
y a los demás servidores del Poder Judicial; se realizará anualmente y tendrá
carácter obligatorio, por ser determinante para los ascensos y cambios. Con él
se busca reforzar los conocimientos de los jueces y demás funcionarios del
Poder Judicial.
Todas las actividades de formación que ofrece la Escuela Nacional de
la
Magistratura, estarán a cargo de profesionales
de reconocida honorabilidad y fundado prestigio en el ejercicio de las
actividades o funciones que ejerzan; para de esta manera asegurar la idoneidad
y excelencia.
Los invito a todos cordialmente para que ingresen a la pagina
del Tribunal Supremo de Justicia, donde encontrarán información de gran interés
en relación con este órgano, que constituye el mecanismo que nos permitirá
construir, sostener y mejorar la institucionalidad del Poder Judicial,
afianzando así el principio de la independencia y autonomía de la justicia en
nuestro país.
Sin
embargo, a pesar de que aún la Escuela Nacional
de la
Magistratura no ha entrado plenamente en
funcionamiento, el Poder Judicial no ha descuidado la importante tarea de
capacitar a su personal; y lo ha venido realizando a través de la dirección de
recursos humanos de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
quien durante el periodo Enero-Diciembre del año 2004, realizó 138 actividades impartidas en 1.585
horas académicas entre Cursos, Talleres, Jornadas, Conferencias y Programas de
Capacitación dirigidos a un total de 3.153 funcionarios pertenecientes al Poder
Judicial, entre los cuales se cuentan Jueces, Secretarios, Alguaciles y
Asistentes de Tribunales de la
Región Capital y demás Regiones del interior del
País.
Así mismo la
Sala de Casación Social de este Alto Tribunal con la
finalidad de mantener y fortalecer la formación y capacitación de los Jueces
del Trabajo, por su parte desarrolla un
programa de capacitación continuo aplicado a 260 Jueces de varios
Estados del País.
Durante el año 2004, también se llevaron a cabo
importantes actividades dirigidas por esta Comisión de Fortalecimiento de la Ley
Orgánica de
Protección del Niño y el Adolescente, como lo fueron: La
realización del primer módulo del programa de Formación, Capacitación y
Fortalecimiento de Jueces de Protección del Niño y del Adolescente, en el que
se capacitaron 26 jueces de todo el país y se dio inicio el segundo módulo, que
concluirá en el primer trimestre de este año; el Programa de Nivelación del
Personal para el fortalecimiento de los Tribunales de Protección del Niño y del
Adolescente; y el curso “El Trabajo Social y las Pericias Judiciales”, dictado
a los profesionales de los Equipos Multidisciplinarios de los tribunales de
Protección del Niño y del Adolescente.
De igual manera, se alcanzaron importantes avances con respecto al
Sistema Autónomo de Defensa Pública, ya que mediante este Programa se
capacitaron 60 Defensores Públicos
de diferentes Estados del País.
Continuando con el Programa de Capacitación, este año
se dio inicio a la Tercera Fase del Proyecto de Capacitación de
Jueces en Derechos Humanos, en el marco de un Convenio de Asistencia para el
Desarrollo firmado entre la Empresa Estatal Noruega Statoil,
la Embajada de Noruega, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y Amnistía Internacional, en febrero de
2004, persiguiendo dos objetivos generales, como lo son: La capacitación de
todos los jueces del país y operadores de justicia en derechos humanos; y la
identificación y difusión de propuestas para la mejora de la administración de
justicia desde la perspectiva de los derechos humanos, aportándoles la formación
necesaria en esta área, con el fin de
lograr un manejo adecuado de las normas contenidas en los instrumentos
internacionales que son de aplicación directa e inmediata por mandato
constitucional.
En
este mismo orden de ideas, el pasado 18 de octubre de 2004 se firmó el Convenio
de Cooperación entre el Tribunal Supremo de Justicia, y el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), a fin de colaborar con
la capacitación de jueces y demás operadores de justicia en todo lo relacionado
con la Ley Orgánica
de Protección del Niño y el Adolescente.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia ha servido de
escenario para la celebración de eventos y foros de gran trascendencia e
interés para la comunidad jurídica nacional e internacional entre los cuales
cabe mencionar: El II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, actividad
esta que nos permitió intercambiar experiencias con diversos países; el Foro
“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y
el Proceso de Integración”, organizado conjuntamente con el Tribunal de
Justicia de la
Comunidad Andina y la Comisión Andina de
Juristas, en el cual se trataron temas de crucial importancia para el
desarrollo de la subregión andina; El Foro sobre
Derecho Internacional Humanitario, celebrado con la participación de
organizaciones como ACNUR, Cruz Roja Internacional, Ministerio Público, Red de
Apoyo por la
Justicia y la Paz; Foro El Estado Venezolano y la Convención de Derechos del Niño,
realizado con la colaboración de Amnistía Internacional y; el
Taller sobre Asilo, Refugio y Niñez en Conflicto
Armado, efectuado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, con la
colaboración de UNICEF y ACNUR.
Todas las actividades de capacitación desarrolladas por el
Poder Judicial, tienen como finalidad formar a los funcionarios judiciales para
que se conviertan en profesionales de alto nivel, reconocida honorabilidad y,
fundamentalmente, con un elevado sentido ético en el ejercicio de las
actividades o funciones que ejerzan; asegurando de esta manera la idoneidad y
excelencia jurisdiccional, guiados por el ideal de reducir a la mínima
expresión los índices de corrupción.
Sin lugar a dudas, la corrupción es una amenaza para la
democracia y el desarrollo social. Debemos
exhortar a los jueces a condenarla y combatirla; pues, la corrupción es mala,
pero tolerarla es peor aún.
La corrupción erosiona la confianza en las instituciones, así
como la moral pública. Por eso debemos combatirla no sólo en sus efectos, sino
también en sus causas, atacando la desidia, la burocracia, la discrecionalidad,
el manejo arbitrario y antidemocrático de la información pública, el uso
indebido de funciones, el encubrimiento de actos delictivos de orden
patrimonial y sobre todo la impunidad.
No es posible permitir que sobrevivan ámbitos de impunidad.
Necesitamos eliminar de las instituciones públicas toda sospecha de impunidad y
corrupción para que los ciudadanos recobremos el respeto y la confianza hacia
los organismos del Estado y por supuesto hacia el Poder Judicial. Y esta es una
tarea que debemos hacer en conjunto
todos los Poderes del estado declarándole
la guerra a la corrupción, y una de las principales armas que
necesitamos es la transparencia en todas
y cada una de las actuaciones de los funcionarios públicos. Es necesario tener
presente que la corrupción, el egoísmo, la avaricia y la falta de
honestidad hay que erradicarla del ser humano y castigarla para darle
credibilidad a las Instituciones.
En muchos países, la corrupción y la ineficiencia han
paralizado el desarrollo económico, por lo tanto debemos trabajar para asegurar que ningún hecho
permanezca impune y que los actos de corrupción, al ser detectados, se les
aplique todo el peso de la ley. Es necesario que los casos sean investigados en
su totalidad, sin importar quien fuere el autor. Cuando se permite que los que
violan la ley deambulen libremente por las calles, se fomenta un clima de
impunidad que ahuyenta las inversiones potenciales, y al mismo tiempo, reduce
la confianza ciudadana en las Instituciones y en el país.
Un Poder Judicial honesto es esencial para poder encarar los
retos en los tiempos en que vivimos. Además, sin lugar a dudas existe una
correlación directa entre la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el
crecimiento económico, particularmente en la habilidad para atraer la inversión
nacional y extranjera, vital para crear nuevas oportunidades y eliminar la
pobreza, lo cual no es posible sin
gobernabilidad y sin el debido respeto a las leyes. En términos generales, la
gobernabilidad promueve los derechos humanos fundamentales y universales.
Exhorto a todos los jueces del país a que no se dejen
doblegar por presiones, que sentencien a los corruptos, determinen sus
responsabilidades, sin miedo, sea quien sea. Para cumplir con esta tarea
contarán con todo mi apoyo y el del Tribunal Supremo de Justicia en pleno, el
país se los recompensará.
Hay que trabajar unidos, combatiendo los vicios que nos
quedan con nuevas ideas y reformas impregnadas de ética, sabiduría y
nacionalismo, vamos a continuar con la reforma del Poder Judicial que tantos
éxitos y reconocimientos
internacionales nos ha aportado, recibimos un Poder Judicial en ruinas, menos del
1% creía en la justicia Venezolana, hoy
contamos con más del 50% de credibilidad según las ultimas encuestas, pero no
es suficiente, hay que seguir creciendo
y para ello es necesario profundizar todas estas tareas, no solo dictando
sentencias justas y construyendo sedes
que garantizan acceso a la justicia, sino haciendo uso de la iniciativa
legislativa establecida para el Tribunal Supremo de Justicia en el articulo 204
de la
Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, presentando proyectos de leyes a la Asamblea Nacional
como lo hemos hecho con la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hoy vigente;
el Código de ética del Juez o Jueza Venezolanos; el proyecto de Código
Penal, presentados ya a la Asamblea Nacional y
actualmente en proceso de elaboración para su presentación; el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica
para la
Protección del Niño y el Adolescente; la ley
de la
Jurisdicción Constitucional; la ley de
la
Jurisdicción Contencioso Electoral
y la Ley de
la
Jurisdicción Contencioso
Administrativo. Con esta iniciativa el Tribunal Supremo de Justicia cumple con
tres mandatos fundamentales: El Primero el establecido en el articulo 204 de la Constitución de
la
Republica Bolivariana de Venezuela. El Segundo terminar con la vetusta
legislación Nacional en su mayoría importada y copiada de países con diferente
cultura a la nuestra y así sustituirla por leyes modernas adaptadas al espíritu
y forma de vida de los venezolanos, acordes con la nueva Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Y tercero para cumplir con el mandato de nuestro Libertador Simón
Bolívar quien en su discurso ante el Congreso de Angostura el 15 de Febrero de
1819, dejó sentado, cito....” Para sacar de este caos nuestra naciente
República, todas nuestras facultades morales no serán bastantes, sino fundimos
la masa del pueblo en un todo: la composición
del Gobierno en un todo: la Legislación en
un todo: y el Espíritu Nacional en un
todo. Unidad, Unidad, Unidad, debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros
Ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla: nuestra Constitución ha
dividido los Poderes, enlacémoslos para unirlos: nuestras Leyes son funestas
reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos, que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas, elevemos
un Templo a la
Justicia; y bajo los auspicios de su Santa
Inspiración, dictemos un Código de Leyes Venezolanas...” ( Fin de la cita)
Con estas acciones y con la facultad de dirección y
administración del Poder Judicial, que
nos otorga el articulo 267 de la
Constitución, lograremos lo que los Venezolanos
esperan de nosotros, expulsar la burocracia de nuestras mentes, al vicio, al
ocio que cultivan pequeños grupos que hacen grandes daños y construiremos el
Poder Judicial independiente que nuestro
Libertador delineó en el discurso al Congreso Constituyente de Bolivia cito...”
El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta.... La
verdadera constitución liberal está en los códigos civiles y criminales, y la
mas terrible tiranía la ejercen los tribunales por el tremendo instrumento de
las leyes. De ordinario el Ejecutivo no es más que el depositario de la cosa
pública; pero los tribunales son los árbitros de las cosas propias – de las
cosas de los individuos – El Poder Judicial contiene la medida del bien o del
mal de los ciudadanos; y si hay libertad, si hay justicia en la república, son
distrib