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APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES DEL
AÑO 2004
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ACTO DE APERTURA JUDICIAL 2004 15 de enero de 2004 Palabras
del Doctor Iván Rincón Urdaneta, Presidente
del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela En Venezuela debemos entender que para comprender
nuestro presente, debemos mirar hacia atrás, debemos conocer cuáles son
nuestros orígenes, debemos conocer qué pensaron nuestros líderes y cómo idearon
nuestras instituciones. Así, en el discurso de instalación del Consejo de
Estado, el 1° de noviembre de 1817, el Libertador proclamó: “La Alta Corte de
Justicia es la primera necesidad de la República. Con ella quedarán a cubierto
los derechos de todos y las propiedades, la inocencia y los méritos de los
ciudadanos no serán hollados por la arbitrariedad...”. Y más tarde, el 15 de
febrero de 1819, en su extraordinario mensaje al Congreso de Angostura, pidió
que “los Tribunales sean reforzados por la estabilidad e independencia de los
jueces, que se establezcan los jurados y Códigos Civiles y Criminales que no
sean dictados por la antigüedad, ni por reyes conquistadores, sino por la voz
de la naturaleza, por el grito de la justicia y por el genio de la
sabiduría”. Casi doscientos años más
tarde, el más Alto Tribunal continúa siendo la primera necesidad de la
República, tal como visualizó nuestro Padre de la Patria, Simón Bolívar, y es
que en la actualidad, el Tribunal Supremo de Justicia continúa siendo el
espacio donde institucionalmente terminan resolviéndose los conflictos del
país, bajo el ideal de justicia. Efectivamente, todas las
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia están inspiradas en este ideal,
cuya realización tiende al fortalecimiento de nuestra democracia. Desde esta
institución, hacemos todos los esfuerzos necesarios para que el pueblo de
Venezuela cuente con un sistema de justicia que, como proclamó el Libertador,
sea conducido “por el grito de la justicia y por el genio de la sabiduría”. En este sentido, el sistema
de justicia es una de las principales herramientas para la consolidación de la
democracia y aunque el Poder Judicial sigue adoleciendo de carencias, desde el
Tribunal Supremo de Justicia, realizamos todo lo que corresponde por crear las
condiciones para superar dichas carencias y deficiencias, a través de una serie
de programas, planes, estrategias y acciones que pueden ser consultadas en
nuestro Informe Anual 2003, que una vez más, entregamos a la comunidad nacional
e internacional y en general, a la comunidad interesada en conocer la gestión
de este Alto Tribunal en nuestro Acto de Apertura Judicial. Tal como sostenemos en la
presentación de dicho informe, el mismo es producto del esfuerzo sostenido por
incrementar la transparencia en los procesos relativos a la administración de
justicia, tanto los jurisdiccionales, administrativos como institucionales, y
en consecuencia, dar cumplimiento al mandato constitucional que obliga a los
Poderes Públicos a rendir cuentas de su gestión a la comunidad en general; que
más allá de una entrega de cifras, posibilita un verdadero control social. Este
informe ha sido elaborado con el concurso de todas las dependencias del Poder
Judicial y ha sido supervisado y editado por el Magistrado Antonio García
García, quien por tercer año ejerce tal labor, con el apoyo del personal del
Proyecto de Modernización de este Alto Tribunal, a quienes manifiesto nuestro
agradecimiento. Es así como, por quinto año
consecutivo me corresponde presentar cuentas al pueblo venezolano y a la
comunidad internacional sobre nuestra gestión del año anterior, en representación
del Tribunal Supremo de Justicia. En este contexto, no puedo dejar pasar la
oportunidad de agradecer públicamente al Pleno de Magistrados de este Alto
Tribunal por la confianza que me han brindado al permitirme presidirlo en forma
continua desde el mes de septiembre del año 1999, en medio de la cantidad de
hechos y situaciones ocurridas durante estos casi cuatro años y medio que han
transformado al país y a nuestra institución, especialmente, con la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999; por ello, mi agradecimiento sincero, por
el honor de ejercer este altísimo y digno cargo, que he pretendido cumplir bajo
valores democráticos de respeto, tolerancia y convivencia, dedicando este
esfuerzo y compromiso a mi familia, así como a todos y cada uno de los
trabajadores y compañeros del Poder Judicial y por supuesto, a nuestra querida
patria venezolana. Tal
como lo mencioné antes, muchos hechos han ocurrido en el ámbito judicial desde
el año 1999, siendo algunos de los más relevantes los siguientes. En agosto de
1999, se decretó la reorganización de todos los órganos del Poder Público y la
creación de la Comisión de Emergencia Judicial. Con la entrada en vigencia de
la Constitución de 1999, se decretó la eliminación del Consejo de la Judicatura
y se decretó el Régimen de Transición del Poder Público, creándose en el lugar
de la Comisión de Emergencia Judicial, la Comisión de Reestructuración del
Sistema Judicial. En
el año 2000, este Alto Tribunal dictó la Normativa sobre la
Dirección, Gobierno y Administración
del Poder Judicial. Al año siguiente, esto es, en el año 2001, se aprobó
la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. En el año 2002,
se aprobó la Ley Orgánica Procesal del Trabajo elaborada y presentada por la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que entró en vigencia
progresivamente en el año 2003, año en el que fue sancionado el Código de Ética
y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana y en ese mismo año, objeto
del presente informe, la Junta Directiva de este Alto Tribunal, creó el Comité
Técnico para la elaboración del Proyecto de Ampliación y Seguimiento del
proceso de Modernización del Poder Judicial, el cual tiene como función la
dirección, preparación, tramitación y ejecución de la ampliación del
crédito solicitado al Banco Mundial,
para así poder continuar y consolidar el proceso de modernización y
mejoramiento institucional del Poder Judicial venezolano. Con este proyecto se da
continuidad al proceso de modernización que hemos llevado a cabo en estos
cuatro años y medio de gestión, teniendo resultados concretos que ofrecer, que
muestran el avance de este proceso, en el que culminamos exitosamente dos
importantes proyectos con el Banco Mundial; éstos son, en el año 2001, el
Proyecto de Modernización de nuestro Alto Tribunal y en el año 2003, el
Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial; por lo que el referido
organismo internacional ya aprobó en el año 2003, la propuesta para la
elaboración del ya mencionado Proyecto de Ampliación y Seguimiento del proceso
de Modernización del Poder Judicial, por un monto de veintiocho millones de
dólares ($ 28.000.000). Aprobación del Banco
Mundial que ha sido posible debido a la excelencia técnica con la que hemos
ejecutado dichos proyectos que nos proporcionaron sendos reconocimientos y
certificaciones de ese organismo multilateral; donde se ha podido evaluar el
trabajo continuo, con mística y gran empeño en construir un nuevo sistema de
justicia y el alto rendimiento que se explicará más adelante, todo lo cual
evidencia nuestra posición y actitud institucional que hemos mantenido y
mantendremos a lo largo de nuestra gestión, pudiendo afirmar que lejos de
debilitarnos durante este tiempo, hemos crecido en medio de la confrontación
política, lo cual quedó demostrado durante el paro desarrollado a fines de 2002
que continuó a principios de 2003, tiempo durante el cual este Alto Tribunal,
así como el resto del Poder Judicial laboró normalmente, sin interrupción
alguna. Es así como entre los meses
de marzo y mayo del año pasado y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas
anteriormente respecto de la importancia de crear un espacio permanente de
consulta durante el desarrollo de esta clase de proyectos, el ya referido
Comité Técnico realizó un proceso de consulta con el objeto de identificar
temas y prioridades sobre la base de una propuesta inicial, en el que
participaron de manera directa un mil trescientos sesenta y cinco (1.365)
personas y organizaciones, y se recibieron setecientas cuarenta y cuatro (744)
propuestas por escrito. Con este proyecto
pretendemos continuar el proceso de reconstrucción de nuestro Sistema de
Justicia, dado el alejamiento que tuvo de la misión y visión que le es propia,
al tiempo que pretendemos construir una visión de largo plazo. Ahora
bien, de manera general, algunos de los logros obtenidos en la ejecución de los
proyectos de modernización, pueden resumirse de la siguiente manera, dotación
de equipos de computación a todos los tribunales del país, así como a las
Unidades Autónomas del Poder Judicial, éstas son, la Inspectoría General de
Tribunales, la Defensa Pública y la Escuela Judicial. Instalación de redes de
computación a las sedes penales del país, así como en los Palacios de Justicia
de Ciudad Bolívar, Barquisimeto y La Asunción, haciéndose las remodelaciones
necesarias para adecuarlos al nuevo modelo organizacional. Implantación del Sistema
Juris 2000, que es un modelo organizacional para los tribunales, y un sistema
de gestión y documentación que automatiza la función judicial, conteniendo la
legislación nacional y la jurisprudencia, en los tribunales de tres importantes
ciudades del país, Ciudad Bolívar, Barquisimeto y Barcelona, así como en 18
sedes penales adicionales, lo que arroja un total del 30% de los funcionarios
judiciales trabajando con un sistema automatizado de gestión judicial. Fotocopiadoras para los
tribunales penales y laborales del país; centrales telefónicas para las sedes
alternas y para los Palacios de Justicia de Barcelona y Cruz Verde en Caracas. A su vez, se ha llevado
adelante la ejecución de importantes obras de construcción y rehabilitación de
edificaciones, tanto con el financiamiento obtenido a través del préstamo con
el Banco Mundial, como con recursos internos, los cuales presentaron una
disminución importante con respecto a la formulación inicial del presupuesto. Efectivamente, al Tribunal
Supremo de Justicia le fue asignado dentro del presupuesto anual nacional, la
cantidad de seiscientos ochenta mil dieciocho millones setecientos catorce mil
ochocientos bolívares (Bs. 680.018.714.800), de los cuales se ejecutó a través
de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la cantidad de seiscientos
veintiséis mil novecientos setenta y siete millones doscientos cincuenta y
cinco mil cuarenta y cinco bolívares (Bs. 626.977.255.045), por medio de los
programas destinados a la administración de justicia y construcción y
mantenimiento de sedes. No obstante, como lo señalamos antes, el presupuesto
asignado a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura presentó una disminución
del 45% con respecto a la formulación inicial del presupuesto. A pesar de estas carencias,
el Tribunal Supremo de Justicia ha atendido los compromisos asumidos con el
personal y los pagos correspondientes de los servicios prestados por diversas
empresas, lo que ha permitido su normal funcionamiento, incluso, hemos
invertido una importante cantidad en la ejecución de obras, las cuales muestran
importantes avances, de acuerdo a los porcentajes que mencionamos a
continuación. En un 100% se completaron
las obras de acondicionamiento en el Palacio de Justicia de Nueva Esparta y la
terminación e inauguración de la sede alterna del Estado Vargas. En
aproximadamente un 70%, se han ejecutado las obras de construcción en los
Palacios de Justicia de Carora, en el Estado Lara; San Fernando de Apure, en el
Estado Apure; y en el estado
Anzoátegui, en Barcelona y en la sede alterna de El Tigre. Así mismo, se
reinició la construcción del Palacio de Justicia de Maturín, Estado Monagas,
habiéndose avanzado en el 50% de ejecución de esta obra. En un 30% se han ejecutado
las obras en el Palacio de Justicia de Barquisimeto y en el Centro Financiero
Latino, destinado a los tribunales laborales de Caracas. En más de un 10%, se
han ejecutado las obras planificadas en el Palacio de Justicia que funcionará
en la Torre Metrolimpo, que albergará los tribunales no penales de Caracas, y
en la sede Alterna de Valera, Estado Trujillo. Así mismo, ya se iniciaron las
mejoras en el Palacio de Justicia de San Felipe, Estado Yaracuy. Igualmente, comprometidos
con la dignificación de nuestras sedes judiciales y teniendo por norte superar
el hacinamiento y la congestión de los tribunales, se adquirieron nuevas
edificaciones donde se ubicarán
tribunales en las siguientes sedes, estas son, la Torre Banco Mara en
Maracaibo por un monto de Bs. 19.801.164.000, la antigua sede del Banco de
Maracaibo en la Villa del Rosario por Bs. 238.755.000 y la de Santa Bárbara del
Zulia por Bs. 971.034.464, edificaciones en las que no sólo se contará con un
espacio adecuado y digno para el funcionamiento de nuestros tribunales, sino
con los espacios necesarios para el desarrollo de programas de educación
judicial, todo lo cual redundará en un mejor servicio al usuario. En este mismo orden de ideas, haciendo realidad el
mandato constitucional que da a la Defensa Pública el carácter de institución
autónoma, hemos adquirido una edificación que funcionará exclusivamente, como
la sede del Servicio Autónomo de la Defensa Pública en el Edificio Panteón en
Caracas, por un monto de Bs. 8.500.000.000, sede a la que se trasladará toda su
directiva y los Defensores Públicos de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas que se encuentran en el Palacio de Cruz Verde, lo que
además contribuirá al descongestionamiento de esos tribunales, cuya solución
definitiva se logrará con la ejecución del Convenio de Cooperación
Institucional con el Ejecutivo Nacional, a través del Centro Simón Bolívar por
un monto de 6.9 millardos de bolívares. Con esta acción, cumplimos con el
viejo pero nunca realizado propósito de proveer a los funcionarios del nivel y
trato que se merecen como institución autónoma y funcionarios encargados de
hacer realidad el principio de igualdad de las partes en el proceso y garantes
del derecho a la defensa de los venezolanos que no cuentan con los recursos
para contratar un abogado, que es hoy en día, una mayoría. Igualmente, queremos anunciar al
país que el Ministerio de Infraestructura (MINFRA) concluyó en el día de ayer
el estacionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, ubicado en el Ala Norte,
con capacidad para ciento cincuenta y cuatro (154) vehículos, lo cual traerá
beneficios en el acceso que funcionarios y abogados han reclamado por tantos
años. En este contexto, cabe destacar la importancia que
representa la construcción de sedes propias para el Poder Judicial. En efecto,
hace diez años, el 90% de las edificaciones judiciales eran alquiladas o
arrendadas, lo que las hacía inadecuadas para el funcionamiento de los
tribunales e impedía la inversión en obras de rehabilitación. Actualmente, el
71% de las sedes judiciales son propias y en su mayoría están debidamente
equipadas, lo cual a su vez, se traduce en la posibilidad de realizar réplicas
del Modelo Organizacional y Sistema de Gestión Juris 2000 e inversiones en la
mejora tecnológica. De allí que podemos afirmar
que, como producto de nuestra gestión, el Poder Judicial cuenta con
herramientas técnicas de gran valor, estas son, un modelo organizacional para
los tribunales; un sistema de computación que ha permitido automatizar las
tareas de los tribunales; una guía para la construcción de Palacios de Justicia
y sedes; así como, proyectos arquitectónicos para los Palacios de Justicia y
sedes existentes, que necesitan refacción. Igualmente, se han
ejecutado en un 100% las obras destinadas a las siguientes sedes para los
tribunales laborales de: Maracay, San Juan de los Morros, Guarenas, Los Teques,
Maturín, Cabimas, Acarigua, La Guaira, San Felipe, Charallave, Guanare,
Maracaibo, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Barcelona, Caracas (que están ubicados
en Pajaritos y en el Centro Latino), Barquisimeto, Nueva Esparta y Trujillo, es
decir, se ha rehabilitado y adecuado completamente las edificaciones para los
tribunales de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con un nuevo concepto
arquitectónico de infraestructura funcionales y ergonómicas que garantizan una
justicia con calidad de excelencia mundial, lo que constituye más de 149.197
metros cuadrados de sedes físicas destinadas a atender con dignidad las
demandas de justicia de la gente. Llegar a este 100% de
ejecución de obras en el ámbito de la jurisdicción laboral, es posible debido
al esfuerzo y dedicación de nuestra Sala de Casación Social, conformada por los
Magistrados Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena, quienes han
sido los pilares fundamentales de este proceso que se inició con la preparación
y presentación del respectivo proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo en
febrero de 2000, y que se ha desarrollado a través de programas de
capacitación, así como con los esfuerzos tendientes a la concreción de las
condiciones de infraestructura que hemos mencionado y que ha sido posible
debido a la amplia colaboración de los entes gubernamentales a quienes les
compete la materia dentro del poder público. De forma tal que nuestros
Magistrados de la Sala de Casación Social, conjuntamente con la Comisión
Nacional de Implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sesionando continuamente, han logrado
que la ley sea aplicada desde su vigencia dentro de las exigencias
estructurales y dotación del personal idóneo. Por lo que, este Alto Tribunal en
Sala Plena resolvió dictar una serie de normas relacionadas con la
implementación del Régimen Procesal del Trabajo. Tal como puede consultarse
en nuestro Informe Anual, este equipo de trabajo se ha ocupado de la
preselección y selección para los cargos de jueces, así como del resto del
personal necesario para dotar dichas instalaciones. De los 608 aspirantes que
se inscribieron en una primera oportunidad, se seleccionaron 96 para cubrir los
cargos respectivos. Como una demostración de la transparencia del proceso de
selección de estos jueces laborales, en nuestra página web se publica la lista
de los aspirantes, nombres de los jurados que componen cada grupo a examinarse,
las fechas de las evaluaciones y condiciones de las mismas y, se hace pública
la lista de los preseleccionados y seleccionados. Como señalamos antes, se ha
desarrollado un programa de capacitación, el cual se llevó a cabo en dos fases.
La primera que duró nueve meses y estuvo dirigida a los jueces existentes y se
dictó en 16 regiones del país. La segunda fase, que se realizó con los
aspirantes a jueces. Por si fuera poco el
trabajo de implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, nuestros
compañeros Magistrados de la Sala de Casación Social, han constituido una
comisión de trabajo para la revisión de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, para adecuarla, tal como se hizo con el proceso penal y
luego con el laboral, a los principios y normas que rigen el juicio oral, todo
de conformidad con la Constitución de 1999. Si bien hemos asumido nuevos
retos, continuamos empeñados en consolidar nuestros esfuerzos en los temas que
ya hemos avanzado, como es el caso de la vigencia del Código Orgánico Procesal
Penal, cuya implementación no hemos olvidado, por el contrario, en la
actualidad desde nuestra Comisión Judicial, que es el enlace entre este Alto
Tribunal y las Unidades Autónomas del Poder Judicial, discutimos un
Anteproyecto de Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales Penales. En
el ámbito penal sustantivo, durante este año 2003 el Magistrado Alejandro
Angulo Fontiveros, Presidente de la Sala de Casación Penal de este Alto
Tribunal, presentó a nuestra Sala Plena una propuesta de Anteproyecto de Código
Penal, en la que participó un selecto grupo de conocidos juristas; propuesta
ésta que constituye un importante esfuerzo en cuanto que, entre otras cosas,
logra unificar la legislación penal del país. Este Anteproyecto será
próximamente sometido a la discusión del Pleno de este Supremo Tribunal y de
ser aprobado por el mismo, será presentado ante la Asamblea Nacional. Paralelamente a este
proceso de discusión a lo interno de este Alto Tribunal, hemos aprobado la
impresión de 2.500 ejemplares de dicho Anteproyecto, para que sean
distribuidos, conocidos y discutidos en las instituciones y organizaciones
sociales, académicas, religiosas y en general, por todos los sectores
interesados y por los expertos en el tema, cuyas opiniones y observaciones
estaremos atentos a recibir, las que como siempre y en todos los procesos de
consulta que hemos realizado, tomaremos en cuenta. De
forma tal que el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido responsable y
comprometidamente el rol que le corresponde como ente de dirección y gobierno
judicial y en consecuencia, cuando ha
correspondido, esta
institución ha tomado medidas enérgicas y contundentes para corregir las
desviaciones que haya que corregir en
el seno del poder judicial; medidas éstas que se ven reforzadas en la
actualidad, con el recién sancionado
Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que
incluyó algunas de las propuestas contenidas en el proyecto que elaboraron
Magistrados de este Supremo Tribunal y se presentó ante la Asamblea Nacional;
código éste que tiene por objeto normar la conducta de los magistrados y magistradas,
jueces y juezas, ordinarios y especiales, de la República Bolivariana de
Venezuela, estableciendo los principios éticos que han de regir el ejercicio de
la función jurisdiccional, el cual estará sujeto al régimen disciplinario allí
previsto. Este Código ofrece una
completísima normativa en relación con los principios éticos de los jueces y
juezas, el régimen y el procedimiento disciplinario, así como en relación con
el procedimiento para la elección y nombramiento de los Jueces Disciplinarios y
Juezas Disciplinarias, tal como los denomina el Código, todos los cuales están
adscritos a este Supremo Tribunal. Ahora bien, dentro de las
normas innovadoras de ese Código, están las relativas a la constitución de los
Colegios Electorales, creados por la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y al respecto, dicho Código en su artículo 104, señala que los
colegios electorales judiciales que elegirán a los jueces o juezas
disciplinarios judiciales y sus suplentes, estarán constituidos por miembros de
la comunidad jurídica de los respectivos estados que conformen las regiones
correspondientes y por los ciudadanos o las ciudadanas que hayan sido
seleccionados o seleccionadas por la Oficina de Participación Ciudadana del
Poder Judicial para ser escabinos o escabinas en su respectivo estado, en el
año correspondiente a la elección. De tal manera que con esta
norma, que constituye un desarrollo de lo establecido en nuestra Constitución,
se abre un nuevo e importante espacio para la participación de los ciudadanos
en la justicia, a través de la novísima figura de los Colegios Electorales
Judiciales. Ahora bien, para que la
función jurisdiccional sea ejercida con justicia, es imprescindible, entre
otras condiciones, que la sociedad y el Estado cuenten con jueces
independientes y plenamente aptos, desde los puntos de vista ético y técnico,
siendo de importancia central, el establecimiento de un excelente sistema de
selección de los candidatos a los cargos de la judicatura, tanto para su
ingreso como para los ascensos y los traslados. Por ello, hemos continuado
nuestro esfuerzo de superar la grave cifra de 90% de jueces provisorios para el
año 1999, habiéndose nombrado el más alto número de jueces titulares en la
última década, siendo éste un esfuerzo compartido entre autoridades,
funcionarios, asesores, aspirantes, jurados y la comunidad, cuya participación
ha sido fundamental en este proceso, que ha sido desarrollado por la Comisión
de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el
Poder Judicial, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y
supervisada por la Comisión Judicial de este Supremo Tribunal. No obstante, en un
ejercicio de autoevaluación, en el que reconociendo las debilidades que
surgieron en estos procesos de nombramiento de jueces titulares, en el mes de
mayo de 2003, la Sala Plena de este Alto Tribunal decidió no realizar nuevas
convocatorias hasta tanto se realizara un diagnóstico de los mismos y en
consecuencia, se presentaran las soluciones a los problemas encontrados; entre
otros, a los relacionados con el rendimiento de los aspirantes, en cuanto se
detectó la participación reiterada y fallida de un mismo aspirante en concursos
de diferentes categorías y materias; así como, la necesidad de revisar técnica
y jurídicamente aspectos tales como, los derechos recursivos de los aspirantes
y la calificación de las credenciales. Al respecto, en los
próximos días se reactivará este proceso, con el llamado que haremos a las
instituciones jurídicas, académicas y organizaciones de la sociedad, para
ampliar el número de Jurados existentes. A la fecha, se ha convocado
para estos concursos 771 cargos, es decir, alrededor del 50% del total de
cargos de jueces existentes en el país, lo cual constituye un hito en nuestra
historia judicial, que desde la Constitución de 1945 estableció un sistema de
carrera judicial. Efectivamente, la Constitución de ese año en su artículo 122
habló por primera vez de la Carrera Judicial; posteriormente, la Constitución
de 1947 reprodujo esa disposición, que luego fue ampliada en la Constitución de
1961 en su artículo 207. Y es que, a pesar de que la primera garantía de la
independencia judicial y el primer paso de cara a un verdadero sistema de
carrera judicial está constituido por el ingreso de los jueces a la misma, no
es sino a partir de la vigencia de nuestra Constitución de 1999 que se
implementó este sistema a través del mejor mecanismo reconocido y validado
internacionalmente, como lo es, la realización de concursos de oposición, cuyos
resultados nos permiten decir hoy día que la mitad de nuestros jueces son
titulares. Paralelamente a este
esfuerzo, también hemos mantenido nuestros retos de fortalecer la Escuela
Judicial, como ente encargado de la capacitación judicial y, de la Inspectoría
General de Tribunales, que es la Unidad del Poder Judicial que tiene la
responsabilidad de evaluar el desempeño judicial, a través de las labores de
inspección y vigilancia que ejecutan en los 823 tribunales existentes en el
país, integrados por 1.577 cargos de jueces. En este contexto podemos afirmar que el Poder
Judicial sigue mostrando un rendimiento importante en términos de producción de
decisiones. A objeto de presentar dicho rendimiento, la Oficina de
Planificación y Desarrollo Institucional
de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura inició un proyecto para
desarrollar un sistema de información de estadística judicial, para lo cual
fueron diseñados nuevos formatos para recolectar dicha estadística, la cual
está asociada a indicadores básicos que permiten monitorear la demanda del
servicio de administración de justicia. El nuevo sistema tiene la
modalidad de que la carga de la data se realiza en cada estado vía Internet y
actualmente se encuentra funcionando en tres estados, estos son, Amazonas,
Apure y Zulia, esperándose que para este año el sistema esté implementado en su
totalidad en el ámbito nacional, mientras eso ocurre se sigue llevando el
sistema tradicional. En nuestro Informe Anual 2003, se presentan las
estadísticas correspondientes, con la particularidad de que en este año, se
presenta un análisis sobre las mismas, el cual contribuirá, sin duda alguna, a
la toma de decisiones en la dirección y gobierno judicial. Pero este importante
rendimiento no sólo puede apreciarse en los tribunales del país, en el Tribunal
Supremo de Justicia hemos mantenido la tendencia constante en los últimos años,
de aumentar nuestra productividad; así como, la calidad e impacto de nuestras
decisiones. En cuanto a nuestra
productividad, durante el año 2003 el Tribunal Supremo de Justicia produjo
8.973 sentencias, que sumadas a las 3.317 decisiones producidas por nuestros
Juzgados de Sustanciación, dan un total de 12.290 decisiones producidas por el
Tribunal Supremo de Justicia en el año 2003, lo cual evidencia un incremento en
nuestra productividad año tras año,
constituyéndose así esta institución judicial en un modelo de eficiencia
para nuestra región latinoamericana. Al respecto, en nuestro
Informe 2003, pueden consultar en forma detallada estas cifras, las
estadísticas de cada una de nuestras Salas Constitucional, Político
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación
Social, en el que además podrán consultar nuestras principales decisiones,
especialmente, aquellas que consideramos constituyen importantes avances
jurisprudenciales. Como es sabido, en el año
2003 el país enfrentó grandes dificultades, que generaron una serie de
controversias que requirieron la intervención de nuestro Tribunal Supremo de
Justicia. En este contexto, la Sala Constitucional, como rectora de la
jurisdicción constitucional tomó decisiones de envergadura, que como era de
esperarse, generaron reacciones diversas, pero que en su conjunto han
contribuido a la consolidación del Estado de Derecho. La política como hecho de
la vida democrática, involucra a toda la sociedad y a todas sus instituciones,
teniendo claro que la política a la que nos estamos refiriendo no es la
política partidista, sino la política de la dimensión de la construcción de las
bases de la convivencia democrática. En este orden de ideas, por
primera vez en la historia judicial en Venezuela, el Tribunal Supremo de
Justicia llenó un vacío dejado por el órgano legislativo. Efectivamente, le
correspondió a la Sala Constitucional, la gran responsabilidad de designar a
los rectores del Poder Electoral en un clima de mucha tensión, logrando superar
así, uno de los principales escollos para la gobernabilidad democrática en el
país, como lo es la integración del Consejo Nacional Electoral. Tal como señalé en su
momento, los Magistrados de la Sala Constitucional estuvimos conscientes de la
responsabilidad asumida y de la necesidad de que la decisión que tomáramos
tenía que ser por unanimidad, ofreciéndole al país un órgano comicial
equilibrado, que garantice la transparencia en los procesos electorales que se
establecen en la Constitución y en las demás leyes de la República. Como lo dije también en esa
oportunidad, la democracia significa confrontación y la confrontación lleva a
la negociación y al diálogo para lograr la justicia, la equidad y el equilibrio
que debe privar en todas las decisiones públicas. Sin lugar a dudas, el
fortalecimiento de la democracia debe ser la primera prioridad de las instituciones. Los problemas son visibles y
requieren medidas concertadas, más aún, cuando la inquietud de la ciudadanía es
latente, por ello se convierte en una necesidad, alentar y respaldar la
confianza ciudadana. En este sentido y en
relación con nuestra institución, luego de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999, de acuerdo a una encuesta de Consultores 21 en el año
2000, mejoró considerablemente nuestra imagen, que luego de tener casi un 30%
de rechazo por parte de la colectividad, el mismo bajó hasta sólo un 3%. Dos años
después, finalizando el mes de abril de 2002, según la encuesta Cirm Eurotop
s.a., nuestra imagen positiva llegó hasta casi un 60%. De tal manera que
iniciamos nuestra gestión con un 30% de rechazo, el cual llegó a bajar hasta el
3% y en la última medición de la que tenemos conocimiento, llegamos a un 60% de
aceptación, cuando hace cuatro años atrás menos del 1% creía en la justicia
venezolana, de allí que uno de nuestros retos es mantener y consolidar dicha
imagen, siendo la única vía posible, nuestro apego a la Constitución, a las
leyes y en definitiva, a la justicia. Pero es que no sólo
nuestros compatriotas están atentos a nuestro desempeño, la atención de la
comunidad internacional está puesta en nuestro pueblo y en nuestras
instituciones por medio de la presencia de importantes organismos
internacionales liderados por la Organización de Estados Americanos, bajo la
conducción de su Secretario General, el Doctor César Gaviria, quien en su
discurso del 8 de octubre de 2003, con ocasión a la instalación de la Reunión
de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad, e Inclusión Social, realizada en la Isla
de Margarita, reconoció el fortalecimiento del Tribunal Supremo de Justicia,
con las siguientes palabras, cito. “...En medio de las
naturales tensiones inevitables en este momento de la vida venezolana, quiero
celebrar el indudable fortalecimiento de las instituciones venezolanas desde
entonces. Ello ha sido posible por dos razones fundamentales: el acierto con
que el Tribunal Supremo ha logrado dirimir las diferencias entre ambos sectores
y llenar los vacíos institucionales que son comunes en todo proceso de
transición hacia una nueva Constitución, así como el tino y buen juicio con el
que ha estado orientando la búsqueda de una solución democrática, pacífica, electoral
y constitucional. (...) También se ha dado tal fortalecimiento de las
instituciones por el acatamiento de las decisiones tanto del Tribunal Supremo
como del Consejo Nacional Electoral por todos los actores de la vida pública
venezolana. Enaltece a ambos sectores (...) el comportamiento que han tenido. Y
sin duda, la continuidad de ese comportamiento, asegura que los venezolanos
resolverán los problemas que son de su responsabilidad.” Fin de la cita. El pueblo de Venezuela
tiene la oportunidad de ser protagonista del futuro político del país y
demostrar que a la democracia se le
cuida y se le preserva a través de la participación ciudadana. En el ámbito judicial, la
participación ciudadana ha sido un tema central, tanto en los procesos de
reforma judicial, como en las actividades jurisdiccionales y no
jurisdiccionales del Poder Judicial. En la reforma judicial, a través de los
procesos de consulta que han sido convocados, tanto en el diseño como en la
ejecución de los proyectos ya mencionados. En las actividades jurisdiccionales,
a través de la figura del escabinado en los procesos penales. En las no
jurisdiccionales, en los procesos de elección de los cargos para jueces
titulares que han sido convocados y más recientemente, y tal como lo comentáramos
antes, en la recién figura de los Colegios Electorales. Por
nuestra parte, en el ámbito de relaciones institucionales, el Tribunal Supremo
de Justicia culminó exitosamente un proyecto destinado a promocionar y
fortalecer los derechos humanos, especialmente en las áreas de la mujer y la
familia, pueblos indígenas, transparencia judicial y acceso a la justicia, por
lo que el pasado año 2003 se llevó a cabo un acto de cierre en un foro en el
que participaron las organizaciones beneficiadas, entre las que se encuentran,
INAMUJER, CECODAP, la Fundación del Niño en Carabobo, la Comisión Permanente de
Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, la Red Latinoamericana para la Paz
y los Derechos Humanos y el Sistema Autónomo de la Defensa Pública. También
durante el año 2003, a través de la Escuela Judicial se fortalecieron nuestras
alianzas institucionales internacionales, trabajando en proyectos con
financiamiento de las Embajadas Británica y Americana y de la Unión Europea, a
quienes agradecemos su apoyo, pero sobre todo, su confianza porque ese apoyo se
ha producido para los proyectos que están en consonancia con las necesidades y
prioridades que hemos identificado desde el Poder Judicial. Igualmente,
durante el año 2003 continuó el Programa de Capacitación para Jueces en
Derechos Humanos, financiado por la empresa de petróleos noruega Statoil el
cual recibe asesoría técnica, administrativa y académica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la sección venezolana de Amnistía
Internacional, el cual fue auditado y evaluado positivamente, además de haber
producido importantes dosis de sensibilidad y compromiso en los jueces
participantes, tal como lo muestran las palabras de una de nuestras Juezas
capacitadoras en el mismo, quien señaló,
cito: “... el proyecto una vez asumido por todos los jueces
facilitadores, resultó un compromiso de vida que nos tocó a todos para siempre,
más que la necesidad de capacitación era la urgencia de cambios de paradigmas y
conciencias del sistema de administración de justicia y no podía ser otro el
motivo: los Derechos Humanos”. Como
lo dijimos antes, no sólo estamos bajo la mirada de nuestros compatriotas,
formamos parte de una comunidad internacional que está atenta a nuestro
desempeño; en nuestro caso, formamos parte de una comunidad judicial
internacional y más concretamente, iberoamericana, en cuya consolidación
seguimos trabajando, manteniendo como siempre, una presencia importante en el
ámbito de las Cumbres de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia
que en este año 2004 llega a su VIII edición, esta vez, bajo el gran tema de
“Justicia y Gobernabilidad Democrática”, en el que estuvimos trabajando durante
el año 2003. Que
no quepa la menor duda que en todos estos esfuerzos e iniciativas, nos anima
brindar un mejor servicio al ciudadano, bajo la perspectiva de incrementar el
acceso de los ciudadanos a la justicia, lo cual involucra desde el conocimiento
de la información necesaria que les permita a las personas conocer sus
derechos, así como de las instancias con las que cuentan para resolverlos,
brindándoles además, servicios de asistencia jurídica gratuitas. Es
así como en el Tribunal Supremo de Justicia facilitamos a todos los ciudadanos
acceso a la información y servicios jurídicos a través de tres unidades:
nuestra Biblioteca Central, que en el año 2003 atendió a casi 16.000 usuarios,
el Centro de Información Documental, en el que se atendieron alrededor de 4.000
consultas; y, nuestra Oficina de Orientación Ciudadana, en la que se recibió más
de 1.200 casos, lo que reflejó un importante incremento en las solicitudes de
orientación jurídica en relación con los años anteriores. Como
dije al comienzo de estas palabras, ha sido una gestión llena de retos y de
resultados, en la que obviamente, hemos tenido desaciertos, pero que evaluamos
como positiva. En este año 2004 se plantean nuevos e importantes conflictos,
por ello, estamos concientes de que nuestras sentencias y su ejecución, deben
estar impregnadas de un gran contenido jurídico, social, humano, pero sobre
todo, de apego al ordenamiento jurídico constitucional, que nos acerque cada
vez más al camino para el fortalecimiento de la justicia y la democracia en el
país. Tal
como señaló nuestro Libertador en el mensaje al Congreso Constituyente de
Bolivia, el 25 de mayo de 1826: “El Poder Judicial contiene la medida del bien
y del mal de los ciudadanos; y si hay libertad, si hay justicia en la
República, son distribuidas por este poder”.
Al
respecto y como muy bien lo dijo hace dos décadas, el entonces Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Dr. Ezequiel Monsalve Casado, cito: “La verdadera
unidad se construye con cimientos de libertad y sólo respira en clima de paz.
Así lo entendió Bolívar y así lo practicó. Por eso su espada es distinta a
otras espadas: la suya cortó cadenas y dio independencia y libertad y fundó
repúblicas y clamó por paz”, fin de la cita. Venezuela vive hoy un proceso histórico que marcará
los destinos del país en el siglo XXI, este proceso no ha sido nada fácil, cada
paso, cada encuentro y cada desencuentro se ha concretado con mucho
sufrimiento. Sin embargo, esto ha demostrado una vez más que los venezolanos
somos gente de desafíos, que nuestro ánimo no se amilana, que sabemos enfrentar
y dar la lucha por una convivencia democrática. Y es que
este es un país conformado por una sociedad que ha sabido y sabe valorar la
democracia, por ello, podemos decir hoy que así como nos identificamos todos
con los colores de la bandera y nuestros símbolos patrios, también tenemos un
sentimiento mayoritario de respaldo a la democracia como régimen político que
permite el disenso y que el mismo, se resuelve a través de las instituciones de
la democracia. Desde el
Poder Judicial, nuestras actuaciones dan fe del sentimiento arraigado en los
venezolanos por los principios y valores que dan vida a la democracia, quedando
demostrado cada día que pretender prescindir de la institucionalidad
democrática en Venezuela es apartarse del sentimiento mayoritario de los
venezolanos, sobre todo, de aquellos que sin tener la posibilidad de satisfacer
las necesidades básicas, por lo menos cuentan como referencia en sus vidas con
las instituciones, independientemente de las fallas o debilidades que puedan
existir. En este orden de ideas, no me queda más que
reconocer la actitud del pueblo venezolano que entiende que en la medida que
tengamos instituciones más fuertes podemos fortalecer la democracia. Los
hombres y las mujeres que día a día van a los tribunales en busca de justicia,
para que se les resuelva algún problema por más sencillo que este sea a que a
veces, tan sólo se les escuche, representan la expresión más fiel de un pueblo
republicano en el que cada día nos debemos inspirar y recrear cuando
administramos justicia, una justicia con rostro, con rostro humano, con el
rostro de nuestro pueblo que se moviliza para pedir justicia. Este debe ser
nuestro objetivo fundamental y nuestro compromiso ético con el pueblo de
Venezuela. Los jueces están en la primera línea de trabajo del
sistema de administración de justicia, los jueces deben estar comprometidos con
la democracia y hacer todos sus esfuerzos por no dejar que se afecte su
independencia y autonomía en un escenario político en el que se busca obligar a
la gente a tomar partido. Para nosotros, el único partido es la democracia, la
justicia y la paz, nada nos puede apartar de este norte, de lo contrario quien
pierde es la democracia y nuestro pueblo como beneficiario directo. Hoy
reivindico a los hombres y mujeres que en el ejercicio de la judicatura han
sabido con honestidad y compromiso sobreponerse a los embates y embestidas de
la confrontación política. Un Poder Judicial que ha estado activo
permanentemente, dando respuesta a los requerimientos de las partes
involucradas es una demostración del compromiso por la defensa de los valores y
principios de la democracia, es una demostración más que las instituciones
están formadas por personas y que la diferencia se da con el comportamiento que las mismas tengan frente a las
obligaciones propias del ejercicio de sus cargos. Especialmente, quiero destacar a los hombres y a las
mujeres que forman parte de la Defensa Pública quienes cada día se superan más,
al punto que hemos visto y los ciudadanos en general así lo aprecian, cómo se
ha hecho visible el Servicio de la Defensa Pública en nuestro país, una defensa
cada vez más técnica y profesional, inspirada por los valores de la justicia y
la democracia. Y es que una defensa más diligente sin lugar a dudas que es uno
de los componentes fundamentales de la administración de justicia. Los animo
a que continúen con este esfuerzo, su fortaleza hará que cada día la justicia
se reafirme cada vez más con la excelente actuación de sus funcionarios. No hay administración de justicia sin jueces
independientes, autónomos e idóneos, sin una Defensa Pública diligente, y lo
más importante sin la gente que permite que cada mañana podamos organizar,
tramitar, dar respuesta, diligenciar, sustanciar y mantener en buen estado
nuestra infraestructura. Me refiero a los trabajadores judiciales que con
esfuerzo y mística son el apoyo fundamental para la administración de justicia. En definitiva a todos, ciudadanía, jueces,
defensores públicos y trabajadores del Poder Judicial quiero manifestarles mi
reconocimiento y señalarles que desde el gobierno judicial no vamos a abandonar los esfuerzos por mejorar cada
día más, que la desesperanza no nos invada, que la desmotivación no se adueñe
de nosotros, créanme, somos capaces y lo podemos lograr, lo demostramos todos
los días, vamos a darle a nuestro pueblo la posibilidad de vivir en paz y que
esa vida sea en abundancia. Seamos un instrumento para la paz. Con estas
palabras hago un llamado final a todos los miembros del Poder Judicial, para
que, aceptemos las críticas, pero no nos dejemos condicionar por ellas; tal
como expresó Tomás de Kempis en su libro “La imitación de Cristo”, cito: “No te
preocupes por saber quién está en tu favor o contra ti, sólo debes buscar y
procurar que Dios esté contigo en todas tus acciones”. “No dependa tu paz de la
boca de los hombres. No serás distinto de lo que eres porque ellos interpreten
bien o mal tus acciones.” Fin de la cita. Muchas
gracias |