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viernes, 31 de agosto de 2001
Tribunal Supremo de Justicia
SALA PENAL DESESTIMA RECURSO DE ANULACIÓN DE SENTENCIA INTERPUESTO POR COMERCIANTES ACUSADOS DE TRAFICAR DROGAS
En el presente caso, el recurrente denuncia infracciones que atribuye a la sentencia del Tribunal de Juicio, siendo que, de conformidad con el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso sólo puede ser interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones

 

 La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Rafael Pérez Perdomo, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de apelación interpuesto por los defensores de una pareja de comerciantes condenados a 10 años de presidio, más las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre la materia.

            Como se recordara  la Corte de Apelaciones, Sala Nº1, del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación, propuesto por la defensa de los procesados Rolando Antonio Abreu López y Nelitza Margarita Azuaje, comerciantes,  contra la sentencia del Juzgado Séptimo de Juicio del citado Circuito Judicial, constituido con escabinos, del 9 de febrero de 2000, la cual condenóa los mencionados ciudadanos, a cumplir la pena de diez años de prisión y a las accesorias legales correspondientes, por la comisión del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre la materia. Asimismo, la Corte de Apelaciones decretó el sobreseimiento de la causa, por haberse extinguido la acción penal, a favor del procesado Rolando Antonio Abreu López, al haberse producido la muerte de éste.

Los hechos, por los cuales se sigue el presente juicio, son los siguientes: El día 3 de septiembre de 1999, siendo aproximadamente las diez de la noche, se presentó a la residencia ubicada en el sector Los Cocos, calle Corito, jurisdicción del Municipio Jesús Enrique Lozada, una comisión de efectivos de la Guardia Nacional y, previo el cumplimiento de las formalidades legales, procedieron al allanamiento de la vivienda propiedad de Rolando Antonio Abreu López y Nelitza Margarita Azuaje. Los referidos funcionarios, en presencia de testigos, incautaron en dicha vivienda varios envoltorios contentivos de cocaína y marihuana, una pistola calibre 9mm con 13 cartuchos, un revólver calibre 38 mm, con 4 cartuchos, dos teléfonos celulares y la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil seiscientos veinte bolívares en efectivo.

Por su parte, el abogado Euro Enrique Isea Romero, defensor de los procesados, propuso recurso de casación con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, en tres denuncias:  La primera, por infracción del artículo 464 del COPP señalando que la recurrida confirmó la sentencia del Tribunal de Juicio, la cual incurrió en falta, contradicción o manifiesta ilogicidad, por cuanto el Ministerio Público acusó por el delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y dicha sentencia condenó a los procesados por tráfico de éstas sustancias. En la segunda, adujo la infracción del artículo 347 del COPP, por cuanto el Tribunal de Juicio se fundó en hechos no constitutivos de prueba por haberse establecido en el acta del debate que los testigos del allanamiento manifestaron que no les fueron mostradas las sustancias localizadas y, según el fallo, si les fueron mostradas a los testigos tales sustancias.

En la tercera denunció la infracción de los artículos 216, 217, 345 y 360 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el Tribunal de Juicio fundó su sentencia en pruebas obtenidas mediante infracción de preceptos constitucionales, o a través de medios que la ley no autoriza y en una prueba incorporada con violación de principios del juicio oral. Señala el recurrente, que la orden de allanamiento incumplió con lo pautado en el último aparte del artículo 217 del citado Código; en segundo lugar, por cuanto no fueron contestes las declaraciones rendidas, en la audiencia oral, por los testigos del allanamiento, los presentados por la defensa con el contenido del acta de allanamiento. En tercer lugar,  que la inspección ocular, solicitada por la representación fiscal, respecto a los movimientos de las cuentas bancarias de los acusados, se practicó después de haberse celebrado la audiencia preliminar.

En el presente caso, el recurrente denuncia infracciones que atribuye a la sentencia del Tribunal de Juicio, siendo que, de conformidad con el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso sólo puede ser interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Por otra parte, respecto al acta de allanamiento practicada en la residencia propiedad de los acusados, se encuentra que la misma se realizó con todas las formalidades previstas en el artículo 217 del Código Orgánico Procesal Penal.

En atención a lo expuesto la Sala Penal consideró que procedente desestimar, por manifiestamente infundado, el recurso de casación de la defensa, de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, y así lo decidió.

En consideración a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico Procesal Penal y, no obstante la indebida fundamentación del recurso, la Sala revisó el fallo impugnado y consideró que el mismo se ajusta a derecho y así lo hace constar.

Autor:
  

Fecha de Publicación:
  31/08/2001

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