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jueves, 17 de junio de 2004
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Ordenan dictar nueva sentencia en juicio por lote de terrenos en fundo del estado Portuguesa
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ANTECEDENTES

El 19 de enero de 2003 fue recibido en la Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el oficio por el cual se remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Rosalía Miranda Hernández, representante de Raúl Duque Serna y Juan Méndez García, contra el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del estado Portuguesa, ¿por haber otorgado Carta Agraria a un grupo de personas sobre el fundo La Yagua y La Batea, presunta propiedad del accionante, sin haber realizado un juicio de expropiación previo, en el cual hubiese podido ejercer derecho a la defensa, vulnerando las garantías establecidas en los artículos 26, 51, 115, 116 y 49 numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como lo establecido en los artículos 40, 43, 95 y 98 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario¿. Señaló, la apoderada judicial de los accionantes que desde el 21 de octubre de 2002, sus representados han explotado en forma continua e ininterrumpida, un lote de terreno denominado La Yagua y La Batea, ubicado en el Sector La Yagua y La Batea del Municipio Guanarito estado Portuguesa. Que en el referido fundo sus representados han realizado una serie de bienhechurías y en el mismo tenían un rebaño de ganado de aproximadamente 600 reses. ¿Alegó que con fundamento en el Decreto Presidencial 2.292 del 4 de febrero de 2003, el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del estado Portuguesa otorgó Carta Agraria a un grupo de personas, dentro de los linderos del fundo La Yagua y La Batea, mediante un procedimiento viciado de nulidad, por cuanto no se les había notificado a sus representados de la apertura del procedimiento mediante el cual se declarara previamente al lote de terreno como ocioso o inculto, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, visto que el Decreto 2.292 del 4 de febrero de 2003, en su artículo 4 señalaba que las medidas previstas en este último Decreto, esto es, la emisión de Cartas Agrarias, procedían únicamente sobre tierras incultas, ¿cuya propiedad esté en manos del Estado venezolano, así como de los entes y los órganos que lo componen¿.


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente apelación, ésta observó que la acción de amparo fue interpuesta, contra el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del estado Portuguesa, por haber otorgado Carta Agraria a un grupo de personas sobre el fundo La Yagua y La Batea. Que dicha acción de amparo constitucional se fundamentó en la violación de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 19, 25, 26, 27 49, 115, 116, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por su parte, apreció la Sala Constitucional que la sentencia objeto de la presente apelación, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, ¿al considerar que no se le había vulnerado derecho alguno a los accionantes por cuanto éstos habían sido notificados de la emisión de las Cartas Agrarias por parte del Directorio de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, y agregó que además no se evidenciaba que las Cartas Agrarias habían sido entregadas a los supuestos beneficiarios, que señalaron los accionantes¿.


REITERADO CRITERIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

La Sala Constitucional para decidir recordó que en sentencia del 4 de noviembre de 2003, caso: Agropecuaria Doble R C.A., y Agropecuaria Peñitas C.A., se estableció que: ¿la infracción constitucional denunciada deviene de la ausencia de notificación o emplazamiento de quien sería afectado por la resolución del Instituto Nacional de Tierras del estado Barinas, tanto de la iniciación del procedimiento administrativo como de la decisión final adoptada, que dio lugar al otorgamiento de una carta agraria sobre las tierras mencionadas a los integrantes de la Cooperativa ¿Brisas del Masparro¿ R.L. y, por ende, a la actuación material practicada por dicho Instituto con el apoyo de efectivos militares, a fin de que dispusiera de los medios adecuados de defensa para, por ejemplo, oponer razones contra la denuncia o contra el acto de apertura del procedimiento de declaratoria de tierras ociosas o incultas; para desvirtuar el carácter de tierras ociosas o incultas que pueda imputársele a las tierras de su propiedad, o convenir en el mismo y optar porque se le otorgue un certificado de finca mejorable; para probar no sólo que las tierras ocupadas están en producción, sino también la suficiencia de los títulos que demuestren sus derechos, como sería el de adquisición de la propiedad de las tierras¿ ¿Efectivamente, se advierte que, de acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y obligada como está la Administración de asegurar a los particulares la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella y de garantizarles el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Tierras -trátese del procedimiento administrativo referente a la declaratoria de tierras ociosas o incultas, o al rescate de las tierras-, debe proceder a notificar a los propietarios, ocupantes o interesados de la apertura del procedimiento administrativo como del acto administrativo que ponga fin a éste, en la forma que, mediante una interpretación conforme con la Constitución, estableció esta Sala en sentencia N° 2.855/2002, del 20 de noviembre (caso: FEDENAGA), interpretación ésta que, si bien alude a las disposiciones contenidas en los artículos 40 y 43 del mencionado Decreto Ley, que regulan el procedimiento administrativo de declaratoria de tierras ociosas o incultas, ciertamente también cabe en el procedimiento administrativo de rescate de las tierras a que se refieren los artículos 95 y 98 del citado Decreto¿.


DECISION

Reiterado lo anterior, la Sala constató que el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del estado Portuguesa, notificó a los accionantes el 14 de octubre de 2003 sobre el otorgamiento de las Cartas Agrarias ¿a un grupo pequeño de productores¿, más no se podía constatar si efectivamente se realizó, previamente, un procedimiento administrativo tendente a declarar la tierra como ociosa o inculta, o el procedimiento de rescate de tierras, previsto en el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de ser el caso, ¿considera esta Sala que era necesario celebrar la audiencia constitucional para que el instituto antes referido consignara a los autos el correspondiente expediente administrativo o prueba alguna que demostrara la observancia de los actos instrumentales esenciales de ordenación del iter procedimental, con el fin de evidenciar que a los accionantes se les respetó el derecho a la defensa y el debido proceso, o si al menos fueron notificados de dicho procedimiento. Motivo por el cual, resulta forzoso para esta Sala ordenar la reposición de la causa al estado de que el Tribunal a quo, se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la acción, y así expresamente se decide¿. Por todo lo anterior, la Sala Constitucional declara con lugar el recurso de apelación ejercido y, en consecuencia, revoca la decisión dictada el 18 de diciembre de 2003 por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.


Fecha de Publicación:
  17/06/2004

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