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miércoles, 05 de abril de 2006
Ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa
Anulado laudo arbitral relacionado con demanda intentada contra la Compañía Anónima Venezolana de Televisión
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El canal de televisión del Estado venezolano fue sometido a un procedimiento de arbitraje comercial en el que había sido condenado a pagar, entre otras, la cantidad dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho dólares americanos (US $ 2.944.788,00) por concepto de gastos incurridos en la ejecución del contrato

ANTECEDENTES Y ALEGATOS

Alegó VTV que bajo la administración del expresidente Rafael Caldera, se ideó un proyecto denominado "Programa de Inversión para Venezolana de Televisión", el cual fue documentado para su ejecución y materialización bajo el nombre de "Proyecto Nuevo Ente Televisivo del Estado". Para la concreción del referido proyecto, según alegó VTV, el Ejecutivo solicitó la aprobación del entonces Congreso Nacional de un crédito por la cantidad de veinte millones de dólares americanos (US $ 20.000.000,00), que fueron aprobados en dos leyes de crédito público correspondientes a los ejercicios fiscales de 1996 y 1997. En vista de lo anterior, la Junta Directiva del canal de aquella administración seleccionó a dos empresas: EPROTEL y ELIN. El 17 de noviembre de 1997, EPROTEL, ELIN y VTV, suscribieron un contrato de obra a fin de que ELIN asumiera la ejecución del Proyecto Nuevo Ente Televisivo del Estado. El referido contrato establecía en la cláusula 8.3, lo siguiente: "para fines de la cobertura oportuna de los pagos correspondientes, VTV se obliga a abrir una primera carta de crédito irrevocable, a favor de ELIN, por valor de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 10.000.000,00) emitida y confirmada por un banco de primer orden internacional, aceptado por ELIN" . Ese mencionado crédito financiero lo asumió la empresa crediticia también de origen italiano Credito & Sviluppo, y para ello la República de Venezuela suscribió con la mencionada empresa, dos contratos de préstamo, donde asumía la obligación del costo del proyecto como prestataria y la financista como prestamista. ELIN aceptó la designación de Credito & Sviluppo como financista y sin oposición alguna, mantuvo contacto con ésta todo el tiempo para hacer efectivos los compromisos. Sin embargo la empresa Credito & Sviluppo no cumplió la obligación de emitir las cartas de crédito respectivas a favor de ELIN, según lo alegado por dicha empresa. Que esta presunta falta de cumplimiento por parte de la empresa financista, pretendía ELIN que fuera corregida por VTV.


EL MONTO A PAGAR A VTV POR EL LAUDO ARBITRAL

El canal del Estado venezolano fue sometido a un procedimiento de arbitraje comercial en el que fue condenado a pagar, entre otras, la cantidad dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho dólares americanos (US $ 2.944.788,00) por concepto de gastos incurridos en la ejecución del contrato; y la cantidad de ochocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta dólares con sesenta y nueve centavos (US $ 852.760,69) por concepto de cláusula penal. Además, los costos del arbitraje debían ser cancelados en su totalidad por VTV, fijando el monto a pagar en ese sentido en la cantidad de doscientos veinticinco mil dólares americanos (US $ 225.000,00).


PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA

La Sala Político-Administrativa al estudiar la situación planteada en el presente caso declaró la nulidad del referido laudo arbitral luego de verificar una afectación directa del patrimonio del Estado venezolano y comportar un grave perjuicio para la administración, porque el objeto de la controversia no era susceptible de ser sometido a arbitraje, en consecuencia, VTV fue juzgada por un Juez que no era su natural, incumpliéndose con el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su dictamen la Sala del Máximo Tribunal dejó sentado que el arbitraje está consagrado como un medio alternativo y no como una regla general, ya que dicha institución no cuenta con la estructura organizativa y los controles previstos en el Poder Judicial, en la Carta Magna y las Leyes, por lo que la Sala estimó que en el establecimiento o determinación de las materias que pueden ser sometidas a arbitraje, en especial en esta clase de contratos de interés público, debe emplearse un criterio hermenéutico riguroso. El fallo de la Sala indicó también que luego de analizar el materia probatorio aportados por las partes, en especial del documento constitutivo estatutario y de los libros de Actas de Junta Directiva de VTV en ese entonces, se determinó la manifiesta falta de capacidad de los administradores, el presidente del canal, en ese momento Fernando Miralles y su Junta Directiva, para suscribir cláusulas arbitrales La Sala Político-Administrativa advirtió en su sentencia que "a pesar de haber sido declarada con lugar la presente acción de nulidad, ello no impide para que la parte demandada en este proceso pueda, si así lo estima conveniente, ejercer ante el órgano jurisdiccional competente, las acciones a que haya lugar, derivadas de la relación contractual con VTV". Con esta decisión del Máximo Tribunal, quedaron anuladas y se dejaron sin efectos todas las actuaciones materiales realizadas y las decisiones dictadas por el Tribunal Arbitral en el mencionado procedimiento, además, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condenó al pago de las costas procesales a Elettronica Industriale S.P.A., disposición que resulta aplicable por remisión expresa que hace el artículo 88 de la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia, ley vigente para la fecha de interposición del recurso de nulidad, reiterada en el artículo 19, primer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.


Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  05/04/2006

Pagina Web:
  

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