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martes, 18 de julio de 2006
Ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán
Admitido recurso de interpretación presentado por diputada a la Asamblea Nacional
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Se trata de la solicitud de interpretación del numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recurso en el que se solicitó, entre otras cosas, dirimir cuál es la definición de flagrancia, desde la perspectiva de los delitos vinculados a la violencia doméstica

LO SOLICITADO POR LA DIPUTADA

Alegó la Parlamentaria en el escrito presentado ante la Sala Constitucional que la decisión N° 972, del 9 de mayo de 2006 dictada por la mencionada Sala "...declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el Fiscal General de la República, Dr. Julián Isaías Rodríguez, en contra de la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, publicada en Gaceta Oficial N° 36.531 de fecha 03-09-1998, ha generado lagunas y contradicciones respecto al concepto de flagrancia en los delitos vinculados a la violencia doméstica, que ameritan ser abordadas en forma inmediata y urgente a objeto de generar acciones que preserven derechos fundamentales de las mujeres víctimas de tales hechos, tales como derecho a la vida y derecho a la integridad personal, consagrados en los artículos 43, 46 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Agregó la diputada Ramírez Pérez en su escrito que la misma decisión establece que "...los órganos administrativos receptores de denuncias (Prefectos, Jefes Civiles, Jueces de Paz, Fiscales del Ministerio Público) no pueden dictar medidas privativas de libertad, ¿aunque sean preventivas o cautelares¿, por contravenir lo dispuesto en el artículo 44, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, seguidamente el fallo expresa: ¿...se dejan a salvo los supuestos en que opere la flagrancia, caso en el cual la autoridad policial podrá actuar sin previa orden judicial, pero siempre bajo el estricto cumplimiento de las normas ordinarias que contiene el Código Orgánico Procesal Penal y en atención a la interpretación restrictiva de las mismas.....", lo que significa que la detención por parte de la autoridad administrativa o de cualquier ciudadano, si fuere el caso, estará conforme a la Constitución, si se trata de un ¿hecho flagrante¿". Planteó la solicitante en su escrito de solicitud de interpretación las siguientes interrogantes: "...cuál es la definición de flagrancia, desde la perspectiva de los delitos vinculados a la violencia doméstica?; cuál es el alcance de la previsión constitucional referida a las limitaciones del derecho humano libertad, frente a los derechos humanos integridad personal, vida, igualdad?, Cómo armonizar el texto constitucional, sin menoscabar el derecho que asiste a las mujeres víctimas de violencia doméstica de ser debidamente protegidas, como grupo vulnerable, conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?". Entre otras cosas, alegó que "...la interpretación que solicitamos debe preservar el derecho a la libertad como bastión fundamental en materia de derechos humanos, pero también debe atender a la necesidad de preservar el derecho a la vida y a la integridad personal de las víctimas de los delitos vinculados a la violencia doméstica o intrafamiliar; expresado en otras palabras, una interpretación que sin menoscabar Derechos Fundamentales que el Estado reconoce y está obligado a garantizar más allá de lo normativo, procura un equilibrio entre la ley y la justicia, entre el derecho y la realidad".


SOBRE LA ADMISIÓN DEL RECURSO

La Sala Constitucional después de declararse competente para conocer del recurso, se pronunció sobre la admisibilidad de la misma y constató que la solicitante adujo poseer un interés jurídico actual y legítimo que justifica la interposición del presente recurso de interpretación, al respecto la Sala, basándose en la jurisprudencia, concluyó que Gabriela Ramírez Pérez, "tiene el interés requerido y, por ende, legitimidad para ejercer el presente recurso, debido a que con la solicitud de interpretación del artículo 44.1 de la Constitución planteado no pretende que se le declare un derecho a su favor, sino que se dicte una sentencia mero declarativa en la cual se establezca el verdadero sentido y alcance de la referida disposición constitucional". Agregó la Sala que "en el caso bajo estudio, al ser Presidenta de la Comisión Permanente Mujer, Familia y Juventud de la Asamblea Nacional, lo que tenga que decidir la Sala coadyuva a la posible elaboración de un proyecto de ley que tenga como objetivo la protección de la mujer y la defensa de sus derechos, toda vez que resulta un hecho notorio para este Máximo Tribunal que, a raíz de la publicación de la decisión Nº 972/2006, dictada por esta Sala Constitucional, existe un interés de reformar la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y La Familia, debido al impacto social que generó dicho pronunciamiento, reconocido, entre otros, por el Fiscal General de la Republica, Dr. Julián Isaías Rodríguez. En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que ha quedado demostrado que el interés argüido por la solicitante es actual y legítimo". Además, la parte solicitante en su escrito expuso con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad en la norma contenida en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que requiere de la Sala su interpretación, "supuesto éste que encuadra en los motivos en los que pueden fundarse los recursos de interpretación", según lo establecido en la jurisprudencia. Además, en el presente caso, señaló la Sala, "no existe una solicitud paralela para dilucidar esta específica consulta; ni se han acumulado a dicha solicitud otros medios judiciales a través de los cuales deba ventilarse la controversia, cuyos procedimientos sean incompatibles o se excluyan mutuamente, aunado a que el escrito no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos, por lo que, en consecuencia, esta Sala declara admisible la solicitud de interpretación propuesta". En vista de la admisión la Sala ordenó notificar de la presente decisión a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República, aclaró la Sala que "se omite en el presente caso el acto de audiencia oral, por considerarse de mero derecho la interpretación solicitada". Finalmente se ordenó notificar por medio de edicto a todos los interesados en coadyuvar en cuanto al sentido que ha de darse a la interpretación solicitada, para que comparezcan por ante la Secretaría de la Sala Constitucional, dentro del lapso de cinco (5) días de despacho a partir de que conste en autos la publicación del edicto y consignen, si lo creyeren conveniente, sus respectivos escritos.


Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  18/07/2006

Pagina Web:
  

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