Ir a Principal
lunes, 22 de enero de 2007
Se tomó en consideración el artículo 21 de la Ley Orgánica del TSJ
Sala Político Administrativa aceptó competencia para decidir en controversia surgida entre contraloría y alcaldía de Bolívar
Ver Sentencia

El expediente del caso fue remitido a la Sala para que la misma se pronunciara sobre la declinatoria de competencia



La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, aceptó la competencia para conocer y decidir la controversia administrativa suscitada entre el Contralor municipal y el Alcalde del municipio Piar del estado Bolívar, con motivo de la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2006 y la transferencia de los recursos financieros aprobados a favor del órgano contralor municipal.

La Sala también decidió anular las actuaciones efectuadas en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, y reponer la causa al estado de admisión. Igualmente ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie "sobre la admisibilidad del presente recurso con prescindencia de lo relativo a la competencia ya decidida en el presente fallo y, de ser admisible, ordenar el trámite previsto en el aparte 24 y siguientes del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela".


EL CONTRALOR PRESENTÓ SU DENUNCIA Y ALEGATOS


De acuerdo con el expediente, el 20 de junio de 2006 Marco Fernández en su condición de contralor del municipio Piar de Bolívar, interpuso ante el Juzgado anteriormente citado un "recurso contencioso aadministrativo por abstención y negativa contra la alcaldía del municipio piar del estado Bolívar" y alegó que "el concejo municipal del municipio Piar el 30-12-05 sancionó la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2006, publicada en la gaceta municipal el fecha 31-03-06, año II, la cual entró en vigencia el 01-04-06, en virtud de que la sanción de la ordenanza referida fue realizada después del 14-12-05, lo que trajo como consecuencia jurídica la reconducción del presupuesto del año 2005, en el lapso comprendido 01-01-06 al 31-03-06".

Igualmente indicó que en su momento se dirigió a la administración municipal con el objeto de que el Alcalde de dicho municipio diera cumplimiento a lo establecido en la ordenanza del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2006 y en consecuencia ejecutara la misma a partir del primero de abril del mismo año, tomando en cuenta los códigos y créditos presupuestarios que la conforman y que el Alcalde y lo miembros de su gabinete han sido categóricos en afirmarle tanto a la Contraloría municipal como al Consejo Municipal su negativa a aplicar la referida ordenanza de presupuesto de asignación de cargos.

En virtud de lo anterior, alegó el Contralor que "tal situación ha generado en los órganos del Poder Público Municipal, (...) desajustes en cuanto a su ejecución presupuestaria, pues para traer un ejemplo, el Contralor municipal, en ejercicio de su autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria, y en salvaguarda del principio de legalidad administrativa, dictó las Resoluciones (...) en donde designa a los funcionarios de la Contraloría Municipal, con las remuneraciones respectivas, todo ello de acuerdo a lo establecido en el registro de asignación de cargos, aprobado por el Concejo Municipal para el año 2006, sin embargo el Ejecutivo Municipal se ha negado a dar cumplimiento al contenido de las referidas Resoluciones y en consecuencia se ha negado a pagarle el salario de los funcionarios de la Contraloría Municipal, en los términos contenidos en la Ordenanza".


LA SALA EXPRESÓ SUS APRECIACIONES

Luego de la exhaustiva revisión del caso aquí planteado, la Sala observó, entre otras cosas, que el Contralor del municipio interpuso "recurso de abstención contra el Alcalde de ese municipio, en virtud de la negativa de cumplir lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2006, con lo que se impide la ejecución del plan de obras contenida en la referida Ordenanza, lo [cual] constituye un evidente daño a las comunidades" Advirtió la instancia Político Administrativa que "en atención a la norma constitucional supra trascrita, la Ley Orgánica del TSJ de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004, en el numeral 32 de su artículo 5, dispone que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República dirimir las controversias administrativas que se susciten cuando una de las partes sea la República o algún Estado o Municipio, cuando la contraparte sea alguna de esas mismas entidades, por el ejercicio de una competencia de directa e inmediata, en ejecución de la ley (...) el Tribunal conocerá en (...) Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37(...)". En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el aparte veintitrés y siguientes del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, decidió finalmente ordenar la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso, según las reglas generales de admisión contenidas en el quinto aparte del artículo 19 eiusdem, en cuanto le sean aplicables y, en caso de admitirla, ordene el trámite establecido en el aparte 24 y siguientes del precitado artículo 21 y así lo declaró.


Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  22/01/2007

Pagina Web:
  

Correo Electrónico
  

Ir al tope

Recomendar esta página a un amigo(a)

Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados