Ir a Principal
martes, 27 de febrero de 2007
En ponencia del vicepresidente de la Sala Constitucional
Interpretado constitucionalmente el sentido y alcance del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta
Ver Sentencia

Se declaró inadmisible, por pérdida sobrevenida del interés procesal, la acción de nulidad interpuesta por Adriana Vigilanza García y Carlos Vecchio, sin embargo la Sala del Alto Tribunal para cumplir su función protectora y garantista de la Carta Magna, y con miras a evitar interpretaciones erradas, analizó de oficio la norma legal cuya nulidad fue solicitada, para establecer una lectura que la haga congruente con los principios constitucionales y evitar así una errada interpretación por las otras Salas o los otros tribunales de la República
La Sala Constitucional, con ponencia de su vicepresidente, magistrado Jesús Eduardo Cabrera, interpretó el sentido y alcance de la proposición contenida en el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, al conocer de una acción de nulidad interpuesta el 19 de diciembre de 2001 por los abogados Adriana Vigilanza García y Carlos Vecchio, contra los artículos 67, 68, 69, 72, 74 y 79 del Decreto nº 307 con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.390 Extraordinario, de 22 de octubre de 1999.

En su sentencia la Sala del Alto Tribunal precisó, entre otras cosas, que al decreto impugnado en este recurso, le sucedió una reforma por la vía de un nuevo decreto-ley (Decreto Nº 1.544 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta, G.O. nº 5.557 Extraordinario, de 13.11.2001) que entró en vigencia el 1º de enero de 2002.

Meses más tarde la Asamblea Nacional dictó la Ley nº 70, titulada Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta (G.O. nº 5.566 Extraordinario, de 28.12.01), en cuyo artículo 199 estableció que «[e]sta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia». Luego, hubo una nueva reforma sancionada por el máximo cuerpo legislativo (G.O. nº 38.529, de 25.09.06), texto que es el que está actualmente en vigor.


EL RECURSO PRESENTDO SE DECLARÓ INADMISIBLE

Sin embargo la Sala al estudiar la situación indicó en su sentencia, entre otras cosas, que "más allá de las denuncias abstractas planteadas por la parte actora, no surge de sus afirmaciones que de preservar sus efectos, los fundamentos de la nulidad pudieran ser aplicables en la actualidad, por lo que si bien -como antes se analizó- ella detentó inicialmente suficiente legitimación para intentar la demanda de autos, de forma sobrevenida perdió interés en el presente proceso, por las razones que se han expuesto y, en tal virtud, debe declararse inadmisible la acción que dio lugar a esta causa" A pesar de lo anterior, la Sala, de conformidad con el artículo 5, segundo aparte, in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en las causas relativas al control concentrado de la constitucionalidad no priva el principio dispositivo, por tratarse de un asunto de orden público, dada la enorme relevancia y el intenso grado de afectación colectiva que caracteriza a los actos normativos. "Conforme a ello, este máximo exponente de la Jurisdicción Constitucional está autorizado para apreciar, de oficio, la violación de la Norma Fundamental, no obstante que la parte impugnante no haya advertido tales infracciones, o su técnica recursiva haya sido deficiente", señaló el fallo. Recordó la Sala Constitucional que si bien puede declarar inadmisible una demanda de nulidad, como en el presente caso, puede, para cumplir su función protectora y garantista de la Carta Magna, y con miras a evitar interpretaciones erradas, analizar de oficio la norma legal cuya nulidad ha sido solicitada, a fin de señalarle una lectura que la haga congruente con los principios constitucionales, evitando así una errada interpretación por las otras Salas o los otros tribunales de la República.


ANALISIS HECHO POR LA SALA

La Sala procedió luego de hacer un análisis de las bases constitucionales que regulan el sistema tributario, revisó la ley objeto del presente caso y recordó que el sistema tributario, como conjunto que regula los instrumentos de política tributaria y las relaciones entre los sujetos que lo conforman (por un lado, los ciudadanos entre quienes se reparte la carga tributaria; por el otro, los entes públicos autorizados para ejercitar tal exacción), está ordenado a lograr los cometidos esenciales enunciados en tales disposiciones: la protección de la economía nacional (que sirve de base a las denominadas finalidades extrafiscales de los tributos) y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (que da cuenta de la finalidad redistributiva de la imposición). La noción de justa distribución de las cargas públicas, indica la sentencia, "se enlaza directamente con el deber constitucional que tienen todos los ciudadanos de contribuir con su sostenimiento, consagrado en el artículo 133 del Texto Fundamental. De esa sencilla y concentrada conjugación, se extraen los caracteres esenciales de los tributos que, íntimamente vinculados entre sí, sirven de base para materializar la exigencia axiológica de la justicia tributaria: generalidad (todos deben soportar las cargas tributarias), igualdad (al momento de contribuir, se proscribe la discriminación) y capacidad contributiva (que actúa como gozne entre la generalidad y la igualdad, como herramienta de medición concreta de la aptitud económica -absoluta o relativa- del contribuyente). En síntesis, todos deben pagar tributos, conforme su capacidad". Señaló la Sala en su sentencia que "es de la opinión que la norma que estipula los conceptos que conforman el enriquecimiento neto de los trabajadores, puede ser interpretada conforme a los postulados constitucionales, estimando que éste sólo abarca las remuneraciones otorgadas en forma regular (salario normal) a que se refiere el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, con ocasión de la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia, excluyendo entonces de tal base los beneficios remunerativos marginales otorgados en forma accidental, pues de lo contrario el trabajador contribuyente perdería estas percepciones ¿si no en su totalidad, en buena parte- sólo en el pago de impuestos." En vista de lo anterior, con el objeto de adecuar el régimen impositivo a la renta aplicable a las personas naturales con ocasión de los ingresos devengados a título salarial, con los presupuestos constitucionales sobre los que se funda el sistema tributario; ponderando, por una parte, el apego al principio de justicia tributaria y, por la otra, la preservación del principio de eficiencia presente en tales normas, en los términos bajo los cuales han sido definidos a lo largo del fallo, la Sala Constitucional modifica la preposición del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.


INTERPRETADA LA NORMA

Al respecto el sentido y alcance de la proposición contenida en el referido artículo 31, quedó de la siguiente forma: "«Artículo 31. Se consideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el país, así como las participaciones gravables con impuestos proporcionales conforme a los términos de esta Ley. A los efectos previstos en este artículo, quedan excluidos del salario las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial» (Subrayados de la nueva redacción)". De esa manera, la Sala Constitucional ejerciendo su labor de máxima intérprete de la Constitución ajustó la disposición legal antes referida a los postulados constitucionales, la cual además se adecua a la letra y espíritu del parágrafo cuarto del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone "cuando el patrono o el trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó". Finalmente, debido a la naturaleza del pronunciamiento, la Sala ordenó la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: «Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que interpreta constitucionalmente el sentido y alcance del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta».


Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  27/02/2007

Pagina Web:
  

Correo Electrónico
  

Ir al tope

Recomendar esta página a un amigo(a)

Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados