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miércoles, 09 de mayo de 2007
En ponencia del magistrado Emiro García Rosas
Sin lugar recurso de nulidad interpuesto por entidad bancaria
Luego de la sentencia se declararon firmes los actos administrativos dictados por el Consejo Directivo y el Presidente del prenombrado Instituto

La Sala Político Administrativa, en ponencia del magistrado Emiro García Rosas declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 211 del 18 de junio de 2004, dictada por el Ministro de la Producción y el Comercio (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), mediante la cual resolvió abstenerse de conocer y decidir el recurso jerárquico impropio interpuesto contra la decisión dictada por el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), a través del cual se sancionó a la referida empresa con multa por la cantidad de Bs. 1.900.800,00, por haber infringido lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995.

 

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD

 

La Sala luego de declararse competente para decidir y después de haber leído el expediente observó que la representación judicial de la parte recurrente como fundamento de su pretensión, sostuvo que la resolución ministerial vulnera el principio de irretroactividad y el derecho a la tutela judicial efectiva de su representada.

 

En cuanto a la alegada violación del principio de irretroactividad, manifestó que en el caso de autos se aplicó, de forma retroactiva, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 2004 a un supuesto de hecho ocurrido en el año 2003, es decir, bajo la vigencia de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995.

 

En este orden de ideas, precisó que la ley aplicable ratione temporis era la del 17 de mayo de 1995, en cuyo artículo 132 se estableció que los actos del Consejo Directivo "serán recurribles ante el Ministro al cual esté adscrito el Instituto", por lo que tales actos no agotaban la vía administrativa; mientras que de acuerdo con la Ley actualmente vigente,  aplicada en el acto impugnado, la decisión del Consejo Directivo es la que pone fin a la vía administrativa.

 

Es así, como la Sala observó que el entonces Ministro de la Producción y el Comercio se abstuvo expresamente de decidir el recurso jerárquico impropio ejercido por la recurrente, por considerar que la vigente Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, no establece un régimen transitorio para la tramitación de aquellos recursos que se encontraban en curso para la fecha de su entrada en vigencia.

 

Ahora bien, es de destacar que de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, las decisiones del Consejo Directivo del Indecu eran impugnables a través del recurso jerárquico impropio ante el Ministro de adscripción. No obstante la misma normativa, en esta oportunidad publicada el 4 de mayo de 2004, en el artículo 151 no contempla el recurso jerárquico impropio ante el Ministro de adscripción, como tampoco prevé dentro de sus disposiciones un régimen transitorio para resolver los recursos administrativos interpuestos ante el Ministro durante la vigencia de la ley derogada.

 

Luego del análisis y lo expuesto, la Sala constató que en efecto, la ley vigente no contempla el recurso jerárquico impropio ante el Ministro de adscripción, como tampoco prevé dentro de sus disposiciones un régimen transitorio para resolver los recursos administrativos interpuestos ante el Ministro durante la vigencia de la ley derogada.

Conforme al criterio antes indicado, es de observarse que si bien la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario del 4 de mayo de 2004, derogó la del 17 de mayo de 1995, sin establecer de forma expresa un régimen transitorio para resolver aquellos recursos jerárquicos impropios que se hubieren interpuesto bajo la vigencia de esta última, lo cierto es que, tal y como se indicó en la citada sentencia, la esencia de la derogación no consiste en hacer desaparecer todos los efectos de la ley sino en delimitar su eficacia o aplicabilidad en el tiempo.

RECURSO JERÁRQUICO IMPROPIO

En el caso bajo estudio, la parte actora interpuso su recurso jerárquico impropio en fecha 18 de noviembre de 2003, es decir, bajo el amparo de la ley derogada que lo consagraba, razón por la cual conforme a los principios esbozados, correspondía al entonces Ministro de la Producción y el Comercio, decidir el recurso administrativo correspondiente, aun cuando en la oportunidad de resolverlo existía, en virtud de un cambio de legislación, un régimen legal distinto aplicable a la materia objeto de análisis.

 

Se observó que en el escrito contentivo del recurso administrativo, se alegaron simultáneamente los vicios de inmotivación del acto y falso supuesto. Al respecto, debe precisarse que la Sala ha sido constante en afirmar la contradicción que supone la denuncia simultánea de dichos vicios por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, cuando la inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no obstante, cuando lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, es posible que el acto impugnado incurra a la vez en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella.

 

VICIO DE FALSO SUPUESTO

 

En lo atinente al vicio de falso supuesto, denunció la institución bancaria recurrente que "el Indecu asentó falsamente que "ningún interesado" solicitó prórroga del lapso probatorio cuando consta en el expediente que su representada sí solicitó dicha prórroga", silenciando de ese modo el análisis de una prueba promovida.

 

De esta manera la  Sala ha determinado que el vicio de falso supuesto de hecho se verifica cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo; mientras que el falso supuesto de derecho tiene lugar cuando aquélla se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da un sentido que ésta no tiene.

A fin de verificar la existencia del vicio denunciado, la Sala determinó si en efecto, se requirió en vía administrativa una prórroga del lapso de pruebas y, de ser el caso, si dicha prórroga se efectuó en el lapso previsto para ello, respecto de lo cual se constató que ciertamente, en fecha 6 de diciembre de 2001 la recurrente solicitó ante la Sala de Sustanciación del Indecu una prórroga del lapso probatorio, respecto de lo cual no hubo pronunciamiento.

 

No obstante la Instancia Judicial advirtió que la solicitud de prórroga, formulada  dentro del lapso para la promoción de pruebas, lo fue con el objeto de consignar un informe levantado por una Gerencia de la propia entidad bancaria, de allí que la Sala consideró que no existía una situación de complejidad ni de dificultad en la obtención del medio que se deseaba promover, que hiciera procedente el otorgamiento de la prórroga. Además de que no hubo un pronunciamiento expreso por parte de la Administración respecto a la solicitud de prórroga, ello no invalida el acto dictado por el Presidente del Indecu, por las razones expuestas  en los párrafos precedentes.

 

Por tanto, consideró la Sala que la inercia de la recurrente durante el lapso previsto en la ley para que formulara sus alegatos y presentara las  pruebas que estimare a su favor, impide acoger la denuncia de falso supuesto por las razones y en los términos pretendidos.

 

Finalmente, debe señalarse que una vez analizado el caso de autos, surgió como conclusión necesaria para la Sala, precisar que los bancos y, en este caso concreto la sociedad mercantil Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, deben garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero y bienes que los clientes colocan bajo su custodia, así como los servicios adicionales que ofrecen para la movilización y uso del dinero confiado, es decir, cajeros automáticos, puntos de venta, consultas y transferencias telefónicas, así como las operaciones bancarias vía Internet; servicios en los que deben implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en el banco no sólo su dinero sino su confianza.

 

De esta manera se concluyó en la legalidad de la sanción impuesta a la parte actora, y al no haber incurrido el Consejo Directivo del Indecu en los vicios denunciados en vía administrativa.

Autor:
  Prensa TSJ

Fecha de Publicación:
  09/05/2007

Pagina Web:
  

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