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jueves, 08 de noviembre de 2007
Por la cantidad de 925 millones
Decretan embargo de bienes del dominio privado del Municipio Miranda del estado Falcón
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En el fallo de la Sala Político-Administrativa precisa que el embargo ejecutivo será sobre bienes que no estén afectados a la prestación de un servicio público o a cualquier otra actividad de utilidad pública

            La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, decretó el embargo ejecutivo sobre bienes del dominio privado del Municipio Miranda del estado Falcón, que no estén afectados a la prestación de un servicio público o cualquier otra actividad de utilidad pública.

            En el dictamen del TSJ se establece que el embargo es por el doble de la cantidad que se condenó a pagar al mencionado Municipio, la cual de acuerdo al decreto de ejecución voluntaria dictado por la Sala Político-Administrativa el 20 de abril de 2005, quedó establecida en el monto de cuatrocientos sesenta y dos millones novecientos catorce mil trescientos cinco bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 462.914.305,57), es decir, que el embargo es decretado hasta por la cantidad de novecientos veinticinco millones ochocientos veintiocho mil seiscientos once bolívares con catorce céntimos (Bs. 925.828.611,14).

            En consecuencia se ordenó a la parte actora, sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A., indique los bienes del dominio privado del Municipio no afectados; y que una vez cumplidas las exigencias expuestas en el fallo judicial, se librarán los oficios y se comisionará al correspondiente Juzgado Ejecutor de Medidas.

            Igualmente la Sala ordenó la notificación de la presente decisión al Síndico Procurador Municipal del Municipio Miranda del estado Falcón, al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal de dicho ente territorial. Asimismo, se libró la notificación a la Procuradora General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

ANTECEDENTES

            Por decisión N° 00492 deL 19 de mayo de 2004, publicada el 20 del mismo mes y año, la Sala declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato ejercida por la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A., contra el referido municipio  relacionada con el contrato celebrado entre ambas partes, a través del cual, la referida sociedad mercantil se obligaba a prestar el servicio público de recolección y transporte de desechos sólidos y limpieza urbana de ese municipio, por un precio de doscientos catorce mil quinientos setenta y un mil bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 214.571,46), por día de limpieza urbana y basura servida en el relleno sanitario de la ciudad de Coro, en el Estado Falcón, con rendimiento máximo estipulado en ciento diez (110) TON./DIA y sesenta y ocho (68) KM./BROCAL/DIA.

            A través de la referida decisión la Sala condenó a dicho Municipio a pagar a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A antes identificada las siguientes cantidades: "se ordena al municipio demandado, el pago de la cantidad de doscientos veintiún millones novecientos once mil ciento noventa y siete bolívares con setenta y cuatro céntimos (Bs. 221.911.197,74). 

 

            Adicionalmente, deberá pagar a la demandante los intereses devengados sobre la cantidad de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,oo), a la tasa corriente en el mercado, siempre que no exceda del 12% anual.  Tales intereses se considerarán causados desde el día en que se encontraban disponibles los recursos para honrar el pago de esta cantidad dineraria, es decir, desde el 07 de agosto de 1996, fecha de publicación en Gaceta Oficial de la Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional para la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público durante el Ejercicio Fiscal 1996, hasta la fecha de publicación del presente fallo.  Se acordó lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio.

            Por último, dicho ente deberá pagar a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A. los intereses moratorios, calculados a la tasa pasiva que haya fijado el Banco Central de Venezuela para los depósitos a plazo fijo, y causados sobre la suma de veintitrés millones novecientos setenta mil trescientos noventa y nueve bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 23.970.399,25), generados a partir del 25 de agosto, del 25 de octubre y del 25 de diciembre de 1997, hasta la fecha de publicación de la presente decisión. Se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela, a los fines de la determinación de dichos intereses conforme a lo expuesto".

 

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            A efectos de proveer sobre la anterior solicitud, la Sala advierte en primer lugar, que no se evidencia del expediente con posterioridad al 28 de febrero de 2007 actuación alguna, por parte del Municipio Miranda el estado Falcón, tendente a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo publicado en esa misma fecha, en cuanto a la inclusión de la totalidad del monto adeudado a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe Zulia, C.A., en el presupuesto establecido para el año en curso (2007), y mucho menos al decreto de ejecución forzosa publicado por esta Sala en fecha 18 de enero de 2006.

            Por otra parte, la Sala evidenció de los autos, que la propuesta de pago formulada por la parte perdidosa en el presente juicio no fue aceptada por la sociedad mercantil demandante, y que ha transcurrido la etapa de ejecución voluntaria del fallo dictado el 19 de mayo de 2004.

            Siendo así las cosas, consideró la Sala que corresponde, conforme a lo acordado en la sentencia N° 00079 dictada el 18 de enero de 2006, llevar a cabo la ejecución forzosa del aludido fallo, para lo cual observó que el artículo 158, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.806 Extraordinario del 10 de abril de 2006, regula lo atinente a la ejecución de las sentencias condenatorias de la entidades municipales.

            Asimismo, evidenció la Sala, que la notificación al Síndico Procurador Municipal del Municipio Miranda del estado Falcón de la decisión que decretó la ejecución forzosa en la presente causa, tuvo lugar el  21 de marzo de 2006.

            "Ahora bien, transcurrido más de un año de dicha notificación, la Sala advierte que no hay constancia en el expediente de que el Municipio Miranda del Estado Falcón haya dado cumplimiento al mandato de ejecución forzosa antes indicado; por tanto de conformidad con la norma antes citada, la sentencia recaída en el juicio de cumplimiento de contrato incoado por la mencionada sociedad mercantil, debe ser ejecutada conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre cantidades líquidas de dinero" " indica el fallo de la Sala.

             Tratándose el presente caso de un Municipio, la Sala advierte que en resguardo del interés general involucrado en la actividad municipal, sólo pueden ser objeto de embargo los bienes del dominio privado del Municipio que no estén afectados a un servicio público.

            Con base en las consideraciones precedentes, visto el incumplimiento del Municipio al decreto de ejecución forzosa dictado, la Sala de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil decretó el embargo ejecutivo sobre bienes del dominio privado del Municipio Miranda del estado Falcón que no estén afectados a la prestación de un servicio público o a cualquier otra actividad de utilidad pública, por el doble de la cantidad que se condenó a pagar al mencionado municipio.

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  08/11/2007

Pagina Web:
  

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