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martes, 15 de abril de 2008
En Sala Constitucional
Juzgan conforme a derecho decisión dictada por la Corte de Apelaciones de Táchira
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La Sala consideró conforme a derecho la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad contenida en la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del estado andino

             En ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia juzgó conforme a derecho la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial penal del estado Táchira, el 17 de enero de 2008, en la cual desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el último aparte del artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a la no recurribilidad de la sentencia dictada con ocasión del procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios, con relación al recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Víctor Hugo Romero Arias, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del mismo Circuito, que condenó al recurrente a pagar a los demandantes una cantidad de dinero que se refleja en la sentencia.

 

            En consecuencia de la decisión, la Sala admitió el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano Romero Arias contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado ya citado, el 6 de febrero de 2007, que condenó al recurrente a pagar a los demandantes la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 250.000.000,00) hoy, doscientos cincuenta mil bolívares fuertes (250.000,00 Bs. F), por la reparación del daño moral, contemplado en al artículo 422 del Código Penal y 1196 del Código Civil.

 

            Señala textualmente el texto que "mediante oficio N° 069 del 24 de enero de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Táchira, con sede en San Cristóbal, remitió a esta Sala la decisión dictada el 17 de enero de 2008, en la cual desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el último aparte del artículo 430 del COPP, en lo que respecta a la no recurribilidad de la sentencia dictada con ocasión del procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios, por ser contrario a lo establecido en los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 2.3.a y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, artículos 25.1 y 8.2.h de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos".

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA

            Ante el caso presentado, la Sala indicó que le corresponde determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observó que, conforme lo señalado en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le está atribuido a esta Sala revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República.

 

            Agregó que en el caso sub iúdice, la Corte de Apelaciones del Táchira ejerció la potestad de control difuso de la constitucionalidad de las leyes que le confiere a todos los tribunales de la República, el primer aparte del citado artículo 334 Constitucional, y desaplicó el último aparte del artículo 430 del COPP, en lo que respecta a la no recurribilidad de la sentencia dictada con ocasión del procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios, al estimar que el mismo contraría lo establecido en los artículos  26 y 49, numeral 1, de la Carta Magna.

 

            Ante los motivos expuestos por la Corte, la Sala recordó que "el ordenamiento jurídico venezolano, prevé la indemnización a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como, también, la garantía de protección a las víctimas de delitos comunes y la reparación del daño por los culpables, según lo establecido en el último aparte del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  De igual forma, el proceso penal tiene como uno de sus objetivos primordiales la protección a las víctimas  y la reparación del daño, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal".

                        En conclusión indicó que en consonancia con el criterio antes expuesto, y siendo que en el presente caso la Corte de Apelaciones desaplicó el último aparte del artículo 430 del COPP, y en consecuencia, admitió el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales Romero Arias, mediante el cual impugnaron la sentencia que lo condenó al pago ya mencionado la Sala juzga conforme a derecho, la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad contenida en la decisión dictada el 17 de enero de 2008, por la Corte de Apelaciones de Táchira.

VOTO CONCURRENTE

 

            El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifestó su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias, rindió su voto concurrente señalando, entre otros aspectos, no estar de acuerdo "por la motivación que precedió a dicho pronunciamiento, sino porque, en criterio de quien suscribe, el control difuso de la constitucionalidad que se expresó a través de la desaplicación del último párrafo del artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, fue producto de un razonamiento lógico, coherente, con invocación de normas legales "incluidas leyes aprobatorias de instrumentos normativos de Derecho internacional- y constitucionales que tenían pertinencia a los particulares que fueron valorados".

 

            Así mismo indicó,  que "la Sala debió limitarse, en todo caso, a la confirmación del acto de juzgamiento por el cual se decretó dicha desaplicación, mediante fundamentación que no significara expresión de la convicción, por parte de esta juzgadora, de inconstitucionalidad de dichas normas, porque no debió olvidar que es suya la potestad del control concentrado, de suerte que su aceptación de que la desaplicación, por control difuso, de una norma subconstitucional (")".

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  15/04/2008

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