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lunes, 23 de junio de 2008
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
Sin lugar recurso contra resolución conjunta que regula aumentos de la matrícula y mensualidades en institutos educativos
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En el presente caso no se verificó la violación al principio de irretroactividad, por cuanto la Resolución recurrida entró en vigencia antes de iniciarse las actividades del año escolar 2005-2006, de lo que se deriva que el establecimiento de un límite para los precios por concepto de matrícula y mensualidades en los planteles privados para ese año escolar, estaba destinado a regular situaciones de hecho futuras



            La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada vicepresidenta Yolanda Jaimes Guerrero, declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por un grupo de institutos educativos contra los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta Nº 084 emanada del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio) y Nº 50 del Ministerio de Educación y Deportes (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación) de fecha 06 de septiembre de 2005, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.267 de fecha 07 de septiembre de 2005.

            Como se recordara los apoderados judiciales del Colegio Independencia C.A  y otras 22 unidades educativas, interpusieron la mencionada acción contra la resolución conjunta, la cual estableció en su artículo 3 que los aumentos de la matrícula y mensualidades, así como el establecimiento de cuotas extraordinarias, debían ser sometidos a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Padres y Representantes, fundamentados en un estudio económico actualizado elaborado de acuerdo con el formato establecido; y en el artículo 4, que las modificaciones debían hacerse en cumplimiento de los procedimientos previstos en dicha Resolución.

            Así mismo, señalaron que en fecha 18 de julio de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.242, la Resolución conjunta marcada con los Nros. 294 y 473, dictada por los Ministerios de Educación, Cultura y Deportes y de la Producción y el Comercio en fecha 9 de julio de ese año, a través de la cual se fijó como límite máximo hasta un diez por ciento (10%) de aumento en el cobro por derecho de inscripción (matrícula) y mensualidades para el año escolar 2001-2002, en todas las instituciones educativas privadas. Igualmente, advirtieron que en el artículo 2 de esa Resolución, se estableció que aquellas instituciones educativas privadas que pudiesen justificar aumentos superiores al diez por ciento (10%), debían seguir el procedimiento establecido en la Resolución Conjunta marcada con los Nros. 2990 y 1306 de fecha 30 de octubre de 1996, anteriormente citada.

 

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            La Sala luego de pronunciarse acerca de los alegatos expuestos, tanto por la representante de la Procuraduría General de la República, como del Ministerio Público, referidos a la solicitud de decaimiento y cosa juzgada, respectivamente, en virtud de la sentencia definitivamente firme N° 01405 de fecha 7 de agosto de 2007, que resolvió el recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad ejercido contra los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución conjunta Nº 084 emanada del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y Nº 50 del Ministerio de Educación y Deportes de fecha 06 de septiembre de 2005, pasó pronunciarse sobre el fondo del asunto.

            En este sentido precisó respecto al presente caso, que conforme al criterio expuesto por la Sala en sentencia Nº 01405 de fecha 7 de agosto de 2007, la aplicación inmediata de la Resolución Conjunta impugnada no implica vulneración al principio o garantía de irretroactividad, ya que ésta entró en vigencia antes de iniciarse las actividades del año escolar 2005-2006, pretendiendo aplicarse para el nuevo período escolar y regular situaciones de hecho futuras.

            En efecto, en el referido fallo, la Sala indicó lo siguiente:  "Los actores señalaron que "el acto administrativo impugnado pretende la aplicación de una ley posterior a una situación jurídica previa que produjo derechos subjetivos conforme a una ley anterior, violentándose el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", pues para la fecha en la que se dictó la Resolución, esto es, el 07 de septiembre de 2005, ya las instituciones educativas privadas habían fijado sus respectivas matriculas escolares, así como la contratación de los docentes y demás proveedores de servicios. Indicaron que la Resolución se aplicó con posterioridad a la culminación de la renovación de inscripción como de la inscripción de los nuevos alumnos, a tenor de lo previsto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación "circunstancia acaecida durante el tercer período del año escolar anterior", es decir, desde el mes de mayo hasta el mes de julio".

            En efecto, el artículo 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación establece: "La inscripción de los alumnos se hará en la primera semana del primer período del año escolar, a excepción de los de educación preescolar y los de educación básica hasta el cuarto grado, quienes podrán hacerlo hasta el mes de abril. La renovación de inscripción para quienes continúen en el mismo plantel se hará en el tercer período del año escolar. Para quienes requieran ser ubicados en otro plantel por cambio de domicilio, debidamente comprobado, la inscripción podrá hacerse hasta el último día hábil del mes de mayo. El Ministerio de Educación determinará los requisitos que deban cumplirse para formalizar la inscripción de los alumnos, dictará las normas y procedimientos pertinentes y resolverá los casos especiales no previstos en el presente artículo".

            El principio de irretroactividad de la ley es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico, el cual está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica y el de legalidad; conforme a tal principio, la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley, aquellas situaciones que se originaron, consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 

            Este principio, está consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD

            Respecto al principio de retroactividad, en decisión N° 00276 de fecha 23 de marzo de 2004, expresó que "está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano. Esta concepción permite conectar el aludido principio con otros de similar jerarquía, como el de la seguridad jurídica, entendida como la confianza y predictibilidad que los administrados pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación del Ordenamiento Jurídico vigente; de modo tal que la previsión del principio de irretroactividad de la ley se traduce, al final, en la interdicción de la arbitrariedad en que pudieran incurrir los entes u órganos encargados de la aplicación de aquella".

            Ahora bien, la resolución recurrida entra en vigencia antes de iniciarse las actividades del año lectivo 2005-2006, específicamente el 07 de septiembre de 2005, pretendiendo aplicarse para el nuevo período escolar y regular con ello situaciones de hecho futuras. Aunque puede advertirse que de acuerdo al artículo 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación ya mencionado, existe un lapso determinado para efectuar la formalización de la inscripción, renovación y cambio de plantel, lo cual en principio debiera efectuarse con fundamento en la norma trascrita, entre los últimos tres meses del período escolar, ello no es óbice para que la Administración encontrándose en una etapa previa al inicio del año escolar, dicte una resolución cuyas consecuencias futuras pretenden aplicarse para un año escolar por iniciarse, máxime cuando está involucrado el interés superior de niños, niñas y adolescentes, cuyo derecho a la educación se halla especialmente previsto en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, siendo tal institución materia de orden público de conformidad con lo previsto en el artículo 12 eiusdem. Por tanto, con dicha Resolución lejos de generar perjuicios o colocar a los particulares en una situación más desfavorable que la anterior, lo que se ha pretendido es realizar un cambio en el régimen aplicable, producto de la convicción por parte de la autoridades competentes acerca de la necesidad de garantizar el acceso a la educación privada y con ello coadyuvar en la prestación de un servicio público para toda la colectividad; lo cual dadas las circunstancias especiales del caso y los superiores intereses involucrados, no supone la violación al principio de irretroactividad de la ley. Así se declara".

            En consecuencia, reiterando el criterio antes transcrito, la Sala concluyó que en el presente caso no se verificó la violación al principio de irretroactividad, por cuanto la Resolución recurrida entró en vigencia antes de iniciarse las actividades del año escolar 2005-2006, de lo que se deriva que el establecimiento de un límite para los precios por concepto de matrícula y mensualidades en los planteles privados para ese año escolar, estaba destinado a regular situaciones de hecho futuras. Asimismo, conforme a lo expuesto en el fallo en referencia, el hecho de que la formalización de la inscripción, renovación y cambio de plantel se efectúa en los últimos meses del período escolar anterior conforme a la legislación vigente, ello no impide que en una etapa previa al inicio del año escolar, la Administración emita una Resolución cuyas consecuencias futuras pretenden aplicarse para un año escolar por iniciarse. 

            Por tanto, la Sala declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado, por cuanto no se verificó violación al principio de irretroactividad.

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  23/06/2008

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