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miércoles, 16 de julio de 2003
Decisión de la Sala Constitucional
Suspendida en forma provisional y general aplicación del artículo 211 de la Ley de Tierras
Ver Sentencia

Igualmente, se acordó la solicitud de tramitación como de mero derecho formulada por las sociedades demandantes e igualmente, el procedimiento urgente de la causa



La Sala Constitucional, en ponencia del magistrado José Delgado Ocando, suspendió en forma provisional y general la aplicación de la norma contenida en el artículo 211 del Decreto n° 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hasta que se decida sobre un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, junto con solicitud de declaratoria de mero derecho y de medida cautelar innominada, interpuesto por contra el artículo 211 del Decreto n° 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37.323, del 13 de noviembre de 2001.

El recurso fue interpuesto el pasado 25 de marzo, por los representantes judiciales de Cervecerías Polar Los Cortijos C.A., Pepsi Cola Venezuela C.A., Distribuidora Polar del Centro C.A. (DIPOCENTRO), Distribuidora Polar de Oriente C.A. (DIPOLORCA), Distribuidora Polar Metropolitana S.A. (DIPOMESA), Distribuidora Polar (DIPOSA), Distribuidora Polar del Sur (DIPOSURCA), Refinadora de Maíz Venezolana C.A. (REMAVENCA), Productos Quaker S.R.L., C.A. PROMESA, Distribuidora EFE S.A., Alimentos Congelados Alimar C.A.


EL ARTÍCULO IMPUGNADO

El artículo impugnado dispone: ¿El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional¿. Para la parte accionante, entre otras cosas, la norma impugnada al establecer que el Juez agrario puede actuar y dictar medidas cautelares aun cuando no exista juicio, a pesar que ni siquiera la Sala Constitucional, en su condición de suprema garante de la Constitución, puede actuar sin la existencia de un juicio, constituyendo tal regulación una eliminación del carácter de órganos jurisdiccionales a los Jueces con competencia agraria ordinaria o especial, al introducirlos sin más en el ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, cuyos órganos gozan de la potestad de tutelar directa y personalmente el interés público, mediante la adopción de las medidas pertinentes para llevar a cabo su misión de gobernar y administrar.


FALLOS DICTADOS EN BASE AL ARTÍCULO 211

Indicaron que es regla en todo Estado de Derecho que el margen de actuación de los jueces está limitado por los términos de la controversia que debe dirimir, y del mismo modo, que las potestades, amplias o no, que las leyes les atribuyen para lograr tal cometido, deben ser ejercidas en el curso de un proceso judicial orientado al respeto y restablecimiento de los derechos de las partes, y que ello desaparece cuando se otorgan poderes generales e ilimitados. Tal situación, precisó la parte recurrente, lleva a fallos como el dictado por el Juzgado Superior Segundo Agrario de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, el 18.12.02, donde, con base en la norma impugnada, dictó una serie de mandamientos ejecutivos y ejecutorios, sin atenerse a un juicio, decidiendo el mismo día que ¿alguien¿ solicitó tutela cautelar para ¿contrarrestar el desabastecimiento de hidrocarburos¿ en vista de la paralización de la industria petrolera nacional.


PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA

La Sala Constitucional después de declararse competente para conocer del caso, se pronunció sobre la medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada. Al respecto constató que cursa en autos copia certificada de la sentencia dictada el 18.12.02 por el Juzgado Superior Segundo Agrario de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en la que se acordaron medidas como el comiso de mercancías que afectaron los derechos e intereses de algunas de las sociedades actoras. Basándose en la jurisprudencia en la materia, la Sala consideró procedente la petición de suspensión cautelar requerida, ¿ya que tal suspensión provisional y con carácter general de la norma cuya nulidad se requiere, no afecta el ejercicio de las amplias potestades de los Jueces agrarios para tutelar la seguridad agroalimentaria de la Nación, para asegurar la biodiversidad y la protección ambiental, pues mientras se decide la procedencia o no de la petición principal de nulidad, aquellos podrán adoptar las medidas que estimen pertinentes, en el curso de procesos judiciales, con base en las normas contenidas en los artículos 167 y 258 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario¿. En vista de lo anterior, se suspende en forma provisional y general la aplicación de la norma contenida en el artículo 211 del Decreto n° 1.546 con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hasta que se dicte decisión sobre el fondo de la nulidad requerida.


PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Además, se acordó la solicitud de tramitación como de mero derecho formulada por las sociedades recurrentes actoras e igualmente, la tramitación urgente de la causa, por lo que se ordenó suprimir el lapso probatorio y la primera etapa de la relación en la presente causa mas no a sí el acto de informes, los cuales serán rendidos en forma oral tan pronto como conste en el expediente la consignación del cartel de emplazamiento a los interesados. Después de consignado el cartel el Juzgado de Sustanciación remitirá el expediente a la Sala para que se fije dicho acto de informes al quinto día de despacho siguiente al recibo del expediente. Igualmente, se reduce la segunda etapa de la relación de la causa a diez días de despacho.


Autor:
  

Fecha de Publicación:
  16/07/2003

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