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jueves, 31 de julio de 2003
Decisión de la Sala Accidental de la Sala Penal del TSJ
Desestiman recursos contra sentencia condenatoria en juicio por mala praxis médica
El hecho ocurrió el 28 de mayo de 1996 en el Hospital Vargas, donde se practicó una intervención quirúrgica a Marianne Helena Riverola Denis, quien murió como consecuencia de una septicemia que le ocasionaron dos compresas de hilo que por olvido le dejaron en la cavidad abdominal
La Sala Penal Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, declaró desestimados por manifiestamente infundados los recursos propuestos por los apoderados de la parte acusadora y por el Fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Caracas, en el caso que guarda relación con el juicio por mala praxis médica que ocasionó la muerte de Marianne Helena Riverola Denis, el 28 de mayo de 1996, en el Hospital Vargas de la ciudad de Caracas.

El juicio se originó por la denuncia interpuesta por José Antonia Denis Rodríguez, María Josefina Denis Rodríguez, Valdemar Antonio Balza Denis y Leonor Riverola de López, ante la fiscalía Octogésima quinta del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acerca de la presunta comisión del delito de homicidio culposo por mala praxis médica en el referido centro hospitalario.

En vista de la denuncia formulada el 20 de febrero de 2002 ante la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana, actuando como Tribunal de Reenvío y a cargo de las jueces Jean Marshall Balza, Teresa Jiménez Giuliani y Belén Gamboa Curiel, emitió los siguientes pronunciamientos, ¿primero: condena a Norma Teresa Tovar, de profesión Auxiliar de Enfermería, a cumplir la pena de tres años de prisión, por la comisión de homicidio culposo. Segundo: Absuelve a los ciudadanos Armando Martín Vegas Rodríguez, de profesión Médico Cirujano y Yemilé Josefine Ron Suárez, de profesión Médico, de los cargos que por la comisión del delito de homicidio culposo en perjuicio de la ciudadana Marianne Helena Rivero Denis¿.

En contra de ese fallo interpusieron recurso de casación los abogados Carlos Simón Bello Rengifo y Gladys Rodríguez de Bello, apoderados de María Josefina Denis, (parte acusadora) y el abogado Francisco B. Raaz Sequeda, Fiscal Primero del Ministerio Público ente los Tribunales de Reenvío.


DENUNCIAS FORMULADAS

En tal sentido los impugnantes indicaron que¿la Sala sentenciadora se limito única y exclusivamente a copiar el instrumento sublegal (Reglamento del Servicio Quirúrgico), sin establecer ningún vinculo o relación entre el deber del cirujano de retirar las compresas, cuya infracción genera responsabilidad por culpa, y el deber del personal paramédico de contar las compresas que el cirujano, exclusivamente, coloca y retira¿. Igualmente alegaron que hubo violación de la Ley por infracción del numeral 2 del artículo 364, que se refiere a la falta de enunciación de los hechos y circunstancias que fueron objeto del juicio.


CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

Para generar la decisión, la Sala tomo en cuenta que ¿los recurrentes le atribuyeron a la demanda la infracción de los numerales 2 y 3 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), pues dicha infracción no puede atribuírsele a las cortes de Apelaciones cuando actúan como Tribunal de Reenvío en lo Penal, por que la Sala ha decidido en reiteradas ocasiones que el artículo 364 del COPP es de obligatorio cumplimiento en las causas en que se debaten las pruebas con ocasión del juicio oral y público y ésta no lo es...¿ . Así mismo observó la Sala que alegaron la infracción del artículo 22 del COPP, lo cual tampoco es imputable a la Corte de Apelaciones, ¿ya que este proceso, como se expresó con anterioridad, se inició con la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y las pruebas se promovieron y evacuaron de acuerdo con este código y por consiguiente, debe aplicársele el sistema de valoración tarifado que establece el derogado código¿. En cuanto al recurso de casación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público, que denunció que la sentencia transcribe las declaraciones de las partes, de los expertos y demás pruebas, pero obvió el examen y comparación de todo ello y que con probanzas quedó demostrado el cuerpo del delito de homicidio culposo, así como la responsabilidad de Armando Martín Vegas Rodríguez y Yamilé Ron Suárez. Sobre esto observó la Sala que el recurso de casación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público es manifiestamente infundado pues no cumple con las exigencias del artículo 462 del COPP, ya que no expresó cuál es le precepto legal que consideró violado, ni indicó el motivo de casación que hace procedente el recurso y si tal infracción fue el resultado de una falta o indebida aplicación o de una errónea interpretación.


REVISIÓN DEL FALLO

Igualmente el Tribunal Supremo de Justicia, en orden de lo dispuesto en el artículo 257 de la Carta Magna, revisó el fallo para saber si se vulneraron los derechos de los imputados o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en su provecho y en aras de la justicia y constató que el fallo está ajustado a derecho. Por otro lado, la Sala Penal apreció que aunque no es cierto en sentido estricto que el Reglamento de Servicio de Quirófanos esté señalando en la parte motiva de la recurrida, como afirmaron en ésta las jueces que la dictaron, sí aparece señalando ese reglamento en la parte narrativa y, por lo tanto, también integra la parte motiva porque la sentencia es un todo. ¿Y en todo caso, en el supuesto negado que tal constituyere un vicio de inmotivación atribuible a la recurrida, eso representaría un formalismo insustancial (puesto que no es capaz de torcer la verdad que fundamentó el dispositivo del fallo) y no justificaría en modo alguno casar tal decisión. En efecto, se trataría de una casación inútil pues ¿ como se comprobó con anterioridad ¿ la Sala constató de manera indubitable la perfecta concordancia entre lo que atribuye la recurrida a ese reglamento en el análisis que hizo del mismo y lo que en realidad, expresa este reglamento. Y en este sentido es oportuno recordar el mandato expreso de la Constitución en el artículo 257: ¿El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales¿. Sobre la base de los razonamientos expuestos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara desestimados por manifiestamente infundados los recursos de casación propuestos por los apoderados de la parte acusadora y por el fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2002 por la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.


Autor:
  

Fecha de Publicación:
  31/07/2003

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