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jueves, 02 de julio de 2009
Sentenció la Sala de Casación Social del TSJ
Parcialmente con lugar una demanda contra la sociedad mercantil C.A. Metro de Caracas
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La Sala en su dictamen también declaró con lugar un recurso de casación, por lo que anuló una sentencia del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas



           La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de la magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, declaró parcialmente con lugar una demanda interpuesta por Sonia Maribel Ramírez Rodríguez, contra la sociedad mercantil C.A. Metro de Caracas. La Sala del Alto Tribunal del país ordenó el pago de los intereses moratorios sobre el monto condenado a pagar, sólo en el caso de incumplimiento por la parte demandada.

 

            Se trata de un juicio de indemnización por accidente laboral, interpuesto por Sonia Ramírez, contra la C.A. Metro de Caracas, en el que el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 9 de abril de 2008, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, con lugar la apelación interpuesta por la parte demandante y modificó la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2007, por el Juzgado Decimotercero de Primera Instancia de Juicio del referido Circuito Judicial del Trabajo, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

            Contra la sentencia del referido Juzgado Superior ambas partes anunciaron y formalizaron oportunamente recurso de casación, y la Sala del Máximo Tribunal de la República declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada por lo que se anuló la mencionada sentencia del Juzgado Tercero Superior del Trabajo.

 

            Posteriormente, la Sala de Casación Social, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasó a resolver el fondo de la controversia, sin entrar a decidir el recurso de casación ejercido por la parte accionante, por ser inoficioso.

           

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE

            Alegó Sonia Ramírez Rodríguez que ingresó a trabajar para la empresa C.A. Metro de Caracas, el 8 de julio de 1983, como "operadora en servicio de estaciones" y nunca fue capacitada para realizar trabajos pesados sin riesgo de lesiones físicas; que fue promovida al cargo de "operadora en servicio de protección al usuario", donde realizaba actividades de primeros auxilios, inspecciones oculares y levantamiento de personas arrolladas por los trenes, lo que incluía el traslado en cuclillas por debajo del tren para la ubicación del cuerpo en el menor tiempo posible.

 

            Señaló que comenzó a padecer fuertes dolores en la columna, que la llevaron a someterse a exámenes médicos, a través de los cuales se le diagnosticó "discopatía L3-L4, L1-L5, L5-S1", y fue intervenida quirúrgicamente; luego, fue cambiada a la gerencia de mantenimiento, división de vías férreas, donde desempeñó diferentes cargos.

            Agregó que a mediados del año 2000, se practicó exámenes médicos que arrojaron la existencia de tres hernias lumbares, por lo que fue intervenida quirúrgicamente el mes de agosto de 2003, reincorporándose a sus labores el mes de noviembre; que en el informe médico correspondiente se recomendó la utilización de una silla adecuada, de lo cual se habría participado a su superior inmediato, obteniendo una respuesta negativa según la denunciante.

 

            El 1º de marzo de 2004, según señaló Sonia Ramírez, mientras se encontraba cumpliendo con su jornada laboral, la silla que utilizaba se partió y cayó al suelo golpeándose en gran parte de la columna, incluyendo la zona operada, que no pudo levantarse por sus propios medios, requiriendo ayuda, y que quedó incapacitada para poder desenvolverse en sus quehaceres; que continuó laborando por espacio de 15 días, con fuertes dolores que la indujeron a salir de reposo total e indefinido.

 

            En mayo de 2005 fue nuevamente intervenida de emergencia, luego de un deterioro físico considerable, estando en cama por mes y medio; que para el mes de junio el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales la incapacitó, con un porcentaje de pérdida de la capacidad para el trabajo de 67%, a la edad de 46 años quedando limitada física y psicológicamente.

 

            Para Ramírez Rodríguez, todo señalado es un hecho ilícito por parte del patrono, que produjo daños y perjuicios irreversibles, pérdida del 67% de la capacidad de trabajo a causa de "Lumbalgia crónica, hernia discal L4-L5, L5-S1, anillo fibroso L3-L4, estabilización dinámica de columna lumbar inestable", lo que a su juicio constituye una relación de causalidad directa e inmediata, entre las condiciones inseguras en las cuales cumplía la labor, y el accidente de trabajo que se produjo debido a las mismas.

           

RESOLUCIÓN DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA

            Se desprende de la sentencia de la Sala de Casación Social, entre otras cosas, que a Sonia Ramírez se le diagnosticó: "Lumbalgia crónica, hernia discal L4-L5-5-S1, anillo fibroso L3-L4, columna lumbar inestable", con una pérdida de capacidad para el trabajo del 67%, daño físico que la limita no sólo en el ámbito laboral sino también en sus quehaceres cotidianos; contaba con 45 años de edad para el momento en que se estableció la discapacidad, y no se demostró que haya contribuido con su conducta al resultado dañoso.

 

            Agrega la Sala que no se demostró que la parte demandada haya incumplido con las normas de higiene y seguridad laboral, y contribuyó con la seguridad social de la demandante, quien percibe una pensión por discapacidad conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Seguro Social, y goza de los mismos beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de la C.A. Metro de Caracas para los trabajadores activos. "En virtud de ello, se tasa la indemnización en veinte mil bolívares fuertes (Bs.F. 20.000,00), cantidad que se considera equitativa y justa para el caso concreto", precisó la sentencia del TSJ.

 

            La Sala ordenó practicar experticia complementaria del fallo para determinar la corrección monetaria, la cual deberá ser calculada desde el decreto de ejecución, sólo en el caso de que la demandada no cumpliere voluntariamente con la sentencia, hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            Asimismo la Sala ordenó el pago de los intereses moratorios sobre el monto condenado a pagar, sólo en el caso de incumplimiento por la parte demandada, los cuales deberán ser cuantificados a través de la experticia complementaria del fallo ordenada.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  02/07/2009

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