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jueves, 27 de mayo de 2010
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
Anulan proceso comicial para la elección de los Consejeros Parroquiales del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Libertador de Mérida
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Actuaciones realizadas por el Consejo, antes de la publicación del presente fallo, son válidas, debiendo dicho órgano continuar en sus actividades con la finalidad de garantizar la continuidad de la gestión pública municipal, mientras se realiza un nuevo proceso electoral

           La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de su presidente el magistrado Luis Alfredo Sucre Cuba, declaró con lugar el recurso contencioso electoral interpuesto por la ciudadana Mariebe Del Carmen Calderón Rodríguez, contra la convocatoria para la elección de los Consejeros Parroquiales del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Libertador del estado Mérida y en consecuencia, se anula dicho llamado así como el  proceso electoral con base a dicha convocatoria.

 

            La instancia judicial además estableció que las actuaciones realizadas por el Consejo Local de Planificación Pública del municipio Libertador del estado Mérida, antes de la publicación del presente fallo, son válidas, debiendo dicho órgano continuar en sus actividades con la finalidad de garantizar la continuidad de la gestión pública municipal, mientras se realiza un nuevo proceso electoral. 

            

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Le correspondió a la Sala Electoral, pronunciarse respecto al fondo del presente asunto, para lo cual observó que el Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado de la planificación integral del municipio y de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y demás planes municipales, garantizando la participación ciudadana y protagónica en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, así como su articulación con el Sistema Nacional de Planificación.

 

            Que dicho Consejo es un órgano que constituye expresión institucional del derecho a la participación en los asuntos públicos y cuyo objetivo fundamental: la planificación integral del municipio, ha sido erigida  "en una alta política de Estado", a través de la cual se encauzan "los recursos y acciones públicas asociados con el progreso del país (...) hacia los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos sustentados en nuestra Carta Magna". (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional, número 3151 del 15 de diciembre de 2004).

 

            Así pues, el artículo 168 constitucional establece que la actuación del municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirá incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna conforme a la ley. Esta participación ciudadana se verifica a través de los consejeros parroquiales, y cuyo método de elección se encuentra regulado en el artículo 6 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.

 

               De la norma antes transcrita, se puede inferir que las organizaciones vecinales y comunitarias deben estar articuladas e integradas a los consejos comunales. A su vez cada consejo comunal tendrá un vocero que lo representará en la Asamblea Parroquial en cuyo seno se elegirán a los consejeros de las organizaciones vecinales y comunitarias (consejeros parroquiales) que integrarán el Consejo Local de Planificación Pública.

 

            Siendo ello así, la Sala observó que en cada Parroquia de un municipio pueden existir varios consejos comunales. Cada una de estos consejos comunales tiene un vocero que lo representará en la Asamblea Parroquial y en la que se elegirá el consejero parroquial. Dicha Asamblea requiere para su celebración el inicio de un trámite previo ante la Junta Electoral Municipal del Consejo Nacional Electoral, que puede ser solicitado "[c]on al menos el diez por ciento de los consejos comunales existentes en la parroquia y debidamente registrado ante la Comisión Presidencial del Poder Popular"".

 

            Por su parte, la Junta Electoral Municipal es el órgano que debe verificar el número de consejos comunales que existen en cada parroquia del municipio de que se trate, a fin de determinar cuántos de ellos representan el diez por ciento a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública. Y sólo ellos (los consejos comunales) pueden dar inicio al trámite para que la Junta Electoral Municipal (y no el Alcalde) proceda a la organización de la "Asamblea Parroquial" donde los voceros de los consejos comunales elegirán a los consejeros de las organizaciones vecinales y comunitarias que integrarán el Consejo Local de Planificación Pública.

 

            Cabe destacar, que este método utilizado por el legislador para seleccionar a los consejeros de las organizaciones vecinales y comunitarias que integrarán el Consejo Local de Planificación Pública junto con el Alcalde, los concejales y los presidentes de las juntas parroquiales, debe realizarse sin menoscabo de las normas que regulan el sufragio y la participación política, por lo que esta Sala Electoral estima que la organización de estas elecciones debe contar con un cronograma electoral que regule de manera general y simultánea todas las fases del proceso electoral, cuyo acto de votación se verificará en la Asamblea Parroquial donde se elegirán de manera nominal y directa a los referidos consejeros.   

 

            De allí que es evidente que el Alcalde del municipio Libertador del estado Mérida no tiene competencia para convocar ni organizar la elección de los consejeros de las organizaciones vecinales y comunitarias que integran el Consejo Local de Planificación Pública, sino que la misma corresponde a la Junta Electoral Municipal, previa solicitud de un número de voceros y voceras de los consejos comunales que representen un diez por ciento de los consejos existentes en la Parroquia de que se trate.

 

            A mayor abundamiento, se señala que el argumento referido a la "inexistencia" de la Junta Electoral Municipal, dado su carácter temporal, no justificaba la convocatoria de un proceso electoral de esta naturaleza por parte del Alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, pues, tratándose de un órgano subalterno de la Junta Nacional Electoral, resultaba claro que ésta podía encargarse de la constitución de la referida Junta Electoral Municipal, de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y 4 del artículo 49 eiusdem. 

 

            Establecido lo anterior, es necesario advertir que en relación con los vicios en la convocatoria a elecciones, la Sala Electoral, mediante sentencia número 232 del 11 de diciembre de 2005, ha señalado lo que se indica a continuación: ""la convocatoria a elecciones debe cumplir su fin, y los vicios e irregularidades que se le imputen a ésta deben ser de tal magnitud, que altere el resultado general de la elección. De lo contrario, la voluntad popular debe ser respetada, y las irregularidades invocadas deben ser subsanadas o convalidadas, según el caso; excepto en aquellos casos en que la convocatoria a elecciones haya sido efectuada por un órgano manifiestamente incompetente, lo cual acarrearía la nulidad absoluta del acto, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos".

 

            Asimismo, la Sala Electoral, ha establecido mediante sentencia número 75 del 25 de mayo de 2004, que las disposiciones de la legislación electoral resultan aplicables por analogía a las elecciones de los Consejos Locales de Planificación Pública.

 

          En la norma se tipifican las  causales de nulidad que  se originarían si  las elecciones se realizan bajo alguna de  las circunstancias, consideradas por la propia Ley, como vicios que enervan absolutamente su validez. Ahora bien, de darse el caso de que unas determinadas elecciones estuvieran viciadas de nulidad absoluta -por haberse configurado en su realización los supuestos previstos el artículo 216 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política- el proceso electoral en el cual estuvieron enmarcadas, indefectiblemente también sería nulo, toda vez que el proceso electoral se establece y desarrolla con un fin único, que no es otro que la realización de unas elecciones.

 

          Por lo expuesto, en criterio de la Sala, la ilicitud de un proceso electoral sí puede ser objeto de impugnación cuando se considere que hubo vicios de nulidad en las elecciones, asimilables a los tipificados en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

 

JURISPRUDENCIA

            Con base en las jurisprudencias citadas, la Sala Electoral  anula la referida convocatoria y el proceso electoral que se llevó a cabo con base en ella, por aplicación analógica del numeral 1 del artículo 216 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, aplicable ratione temporis, en concordancia con el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así se decide.

 

            Visto el anterior pronunciamiento, se debe señalar que de acuerdo con el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establecido mediante sentencia número 3151 del 15 de diciembre de 2004, es necesario que se determinen -en estos casos- los efectos en el tiempo y el alcance de la decisión para evitar un mayor entorpecimiento a las actividades desarrolladas por el Consejo Local de Planificación Pública en torno a la gestión municipal.

 

            En efecto, la mencionada sentencia expresa:  "La Sala estima que cuando las razones de nulidad de los actos o procesos electorales se asocien a la omisión o errónea aplicación de las normas relacionadas con las fases del procedimiento electoral, es decir, cuando estas razones no estén directamente relacionadas con el acto de votación propiamente dicho (esto es, la expresión concreta de voluntad por parte de los electores), no obstante su gravedad por haberse incurrido en una omisión que acarree la nulidad absoluta del acto o del proceso de que se trate, debe ser declarada la nulidad sin que se vea afectado el funcionamiento temporal -y mientras se cumple con los correctivos necesarios- del órgano de que se trate, en este caso, de los Consejos Locales de Planificación Pública.

 

             Ello, porque dicha decisión, tal como quedó evidenciado en la trascripción que se hizo anteriormente, al anular el proceso electoral mediante el cual fueron escogidos los representantes de las organizaciones vecinales y de los distintos sectores de la sociedad civil organizada ante el Consejo Local de Planificación Pública, dejó, en la práctica, a la acción de gobierno del Municipio (") sin un órgano fundamental de enlace entre la Administración Pública municipal y los ciudadanos, comunidades organizadas y sectores que integran la base personal de dicha entidad territorial".

 

            Con base en el criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, la Sala Electoral establece: i) que las actuaciones realizadas por el Consejo Local de Planificación Pública del municipio Libertador del estado Mérida antes de la publicación del presente fallo, son válidas; y ii) que dicho órgano debe continuar en sus actividades, mientras se realiza un nuevo proceso electoral, con el fin de garantizar la buena marcha de la gestión pública municipal; y así lo decidió la Sala Electoral.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ

Fecha de Publicación:
  27/05/2010

Pagina Web:
  

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