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viernes, 26 de marzo de 2004
Jurisprudencia de la Sala de Casación Social
Debe admitirse litisconsorcios activos exclusivamente cuando los mismos no exceden de 20 integrantes
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LA DEMANDA

Se trata de un juicio por derecho a jubilación que intentó el Sindicato Nacional de Trabajadores Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra, Similares y Conexos de Venezuela contra el I.N.H., en el que el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de diciembre de 2003, conociendo en apelación, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó una sentencia del 28 de noviembre de 2003, dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Contra la referida, el pasado 7 de enero la representación del INH anunció recurso de casación, alegando la presunta infracción por parte del juez del Juzgado Superior del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) y 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, ambos por falta de aplicación. El artículo 12 de la LOPT establece que ¿En aquellos procesos en los cuales se encuentren involucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y prerrogativas consagrados en las leyes especiales¿. La Sala al respecto indica en su fallo que el artículo precedente conmina a los funcionarios judiciales (extensible a los jueces) en acatar sin restricción alguna, a menos que esté tutelada legalmente, los privilegios y prerrogativas de la República siempre que ésta tenga algún interés patrimonial discutido en juicio que pudiera resultar afectado. Indica la Sala, que pese a la incomparecencia de la parte demandada, el Juzgador de la recurrida ha debido observar los privilegios o prerrogativas de la República y no aplicar mecánicamente el efecto jurídico propio de la no asistencia del demandado a la audiencia preliminar, como lo es la presunción de admisión de los hechos. ¿En el presente asunto, una vez operada la incomparecencia del demandado, el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente debió remitir el expediente al Tribual de Juicio respectivo, previo transcurso de los cinco (5) días hábiles a que se contrae el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de que el Juez de Juicio que correspondiera, proveyera lo que considerare pertinente¿, dictaminó la Sala, razón por la que con su proceder, el sentenciador del fallo impugnado infringió el referido artículo 12 por falta de aplicación, declarándose por tanto con lugar la actual denuncia.


CASACIÓN DE OFICIO

La Sala del Alto Tribunal, de conformidad con la potestad atribuida en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio aquellos fallos sometidos a su consideración con base en las infracciones de orden público y constitucionales que pudiere detectar, aún cuando no se les haya denunciado, actuó en ese sentido en el presente caso. Entre otras cosas, la Sala recordó que el artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo indica: ¿Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado, debiendo estar éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en forma auténtica. (...)¿ En el presente juicio, apreció la Sala, la accionante (el sindicato) se arroga la representación de un supuesto universo de trabajadores que peticionan su derecho a la jubilación, sin embargo, no evidencia la Sala de los autos que están en el expediente, el otorgamiento del respectivo poder por parte de los trabajadores al sindicato para que asumiera la defensa de estos (de sus derechos subjetivos). Bajo esta misma línea argumental, señala la Sala, que al pretender constituir la parte actora un litisconsorcio activo genérico, es decir, sin especificar las condiciones de tiempo, modo y lugar propias de la pretensión individualizada de los trabajadores en litigio, se atenta palmariamente contra el derecho a la defensa de la parte demandada. En conclusión, precisó la Sala, el Juzgado Superior que dictó la sentencia impugnada, vulneró el mandato contenido en el artículo 47 de la LOPT, por falta de aplicación, y genera en la Sala la obligación de declarar inadmisible la presente demanda, ello, por la falta manifiesta de representación exteriorizada en el actual proceso. Advierte a Sala que lo anteriormente decidido en nada prejuzga sobre el mérito la pretensión deducida.


DECISIÓN

Por todo lo anterior, la Sala de Casación Social declaró con lugar el recurso de casación intentado por la parte demandada contra la sentencia del 18 de diciembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Casa de Oficio el referido recurrido, por lo que queda anulado y se declara inadmisible la demanda intentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra, Similares y Conexos de Venezuela contra el INH.


JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA

La Sala de Casación Social luego de resolver el caso y a los fines estrictamente pedagógicos propios de la jurisprudencia, consideró prudente esbozar algunas reflexiones con relación a la figura del litisconsorcio activo preservado por el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El mencionado artículo sienta que: ¿Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Los actos de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso; en consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono¿. Al respecto la Sala indica que el instituto procesal en debate, tal como se encuentra concebido en la Ley ilustrada, responde a la óptica legislativa de preservar la unidad del proceso y garantizar la economía procesal, pero que la consagración de los comentados principios no puede enervar derechos o principios de incluso mayor trascendencia en orden al bien jurídico protegido, como lo serían el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. ¿De un ejercicio de abstracción podríamos denotar, que el relajamiento de la figura del litisconsorcio activo generaría serias situaciones atentatorias del derecho a la defensa de la parte demandada e inclusive, de los propios integrantes del litisconsorcio¿, indica la Sala. A título de ejemplo se puede describir, lo complejo que resultaría el manejo de los medios probatorios a incorporar en la audiencia preliminar, su evacuación en la audiencia de juicio, las observaciones a las mismas, el soporte de la pretensión y la defensa de ésta en la audiencia de juicio, la cuantificación de las pretensiones individualmente consideradas, etc. ¿De tal manera que este Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social, exhorta a los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la jurisdicción laboral, admitir litisconsorcios activos exclusivamente cuando los mismos no exceden de veinte (20) integrantes, todo con el propósito como se explicó, de resguardar el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva de las partes¿, estableció la Sala del TSJ.


Fecha de Publicación:
  26/03/2004

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