Martes, 02 de octubre de 1998

50% DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS DEMANDA MAYOR SEGURIDAD JURIDICA EN VENEZUELA

En el ámbito de las inversiones, la seguridad jurídica adquiere particular dimensión, por cuanto se trata de la seguridad de quien a través de su iniciativa económica, fomenta el bien común

Estudios trimestrales efectuados por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) desde el año 1996 revelan que la principal condición que demandan los inversionistas al momento de invertir en Venezuela, en opinión de un 50 por ciento, es la Seguridad Jurídica.

La información la dió a conocer el Presidente de CONAPRI, Oscar García Mendoza, al intervenir como orador en el II Foro sobre los Avances en el Proceso de la Reforma Judicial en Venezuela, celebrado este viernes en la ciudad de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui.

García Mendoza dijo que "en el ámbito de las inversiones, la seguridad jurídica adquiere particular dimensión, por cuanto se trata de la seguridad de quien a través de su iniciativa económica, fomente bien común no sólo a través de la creación de empleos, sino también quien debe contribuir con los recursos ordinarios necesarios para el funcionamiento de los órganos del Poder Público a través de los impuestos. En Venezuela, estos conceptos de garantía sobre los bienes y confianza o inexistencia de incertidumbre recobran en los actuales momentos particular importancia."

A juicio del Presidente de CONAPRI en estos tiempos de globalización, una de las diferencias más importantes que inciden en una mejor posición para atraer inversión privada, por ejemplo en la región suramericana, lo constituye la posibilidad de garantizar la protección de los derechos de propiedad, y de producir con una mejor eficiencia y posibilidad de reducción de costos. "Estos dos elementos están intrínsecamente vinculados al concepto de seguridad jurídica al que nos referíamos anteriormente. Por otra parte, en la medida en que seamos capaces de crear condiciones para que la inversión privada, nacional y foránea crezca y se reproduzca en Venezuela, estaremos contribuyendo directamente no sólo al crecimiento de la economía, sino por ende a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos", señaló García Mendoza.

Empresarios apoyan el nuevo COPP

El doctor Oscar García Mendoza, al referirse al nuevo Código Orgánico Procesal Penal y a la Ley de Arbitraje Comercial, indicó que "son elementos que se traducirán en un sistema judicial más eficiente y que contribuirá a disminuir los costos asociados a la incertidumbre de caer en cualquier pleito judicial de naturaleza penal".

Al referirse a la Ley de Arbitraje Comercial señaló que "la obra del legislador está orientada a facilitar la resolución de disputas en el campo comercial, el cual ha evidenciado un incremento vertiginoso tanto de los bienes como de los servicios; de tal manera que el arbitraje se ha convertido en una especie de paradigma de la justicia comercial internacional, teniendo un gran auge en muchos países para resolver problemas de comercio interno. Los problemas de la administración de justicia que padece Venezuela y que han venido siendo objeto de consideración durante el transcurso de este Foro, son, en mayor o menor grado, las mismas contingencias sufridas por la mayoría de los países del mundo.

Destacó igualmente que la reciente aprobación, por parte del Congreso de la República, de las reformas a la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; a la Ley de Carrera Judicial; a la Ley Orgánica del Ministerio Público; la reforma del Código de Justicia Militar; la reforma de la Ley de Policía Judicial se enmarcan en el proceso de Reformas del Poder Judicial en Venezuela, en el cual estamos inmersos. "Esta reforma constituye un paso adelante en la modernización de nuestro sistema judicial, y debe contribuir a fortalecer las capacidades administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en aras de dar respuestas más a tono con las demandas que la sociedad y los tiempos que vivimos, hacen a nuestras instituciones, y en particular a la del sistema de justicia".

Hay que destacar que el II Foro "Los Avances en el Proceso de Reforma Judicial", celebrado en esta ciudad, cuenta con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, CONAPRI, Banco Mundial y de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas e interesadas en el proceso de reforma judicial venezolano, tales como "Alianza Social por la Justicia". Intervienen los magistrados Cecilia Sosa Gómez, Aníbal Rueda, José Erasmo Pérez-España, Presidente, Primer y Segundo Vicepresidentes de la CSJ, respectivamente, así como los también magistrados del Alto Tribunal, doctores Iván Rincón Urdaneta y José Luis Bonnemaison; jueces y fiscales de siete estados del oriente y sur del país.

Para finalizar, el Presidente de CONAPRI, Oscar García Mendoza, hizo un llamado a dar el apoyo que sea necesario a todas las leyes destinadas a contribuir a la Reforma Judicial aprobadas durante este año. "Interpretemos estos códigos normativos a la luz de la perfecta correlación entre el estado subjetivo de los individuos, la situación social que actualmente atravesamos y el proceso de globalización al que pertenecemos, que como lo hemos comentado, deben traducirse en el supuesto fundamental de la seguridad jurídica", concluyó.

SEGURIDAD JURIDICA PARA INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS GARANTIZA NUEVA LEY DE ARBITRAJE

El contenido y alcance del novísimo instrumento jurídico estuvo a cargo del Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), Luis Soto, quien explicó que la Ley de Arbitraje está orientada a facilitar la resolución de disputas en el campo comercial.

Indicó que el objetivo de esta Ley es crear condiciones que aporten condiciones positivas para lograr la seguridad jurídica de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Es así como la Ley persigue:

• Establecer la libertad de las partes de someter sus disputas a arbitraje de acuerdo con las normas procesales que mejor puedan convenir a sus necesidades de pronta resolución y declaración del derecho.
• Asegurar la agilidad y la imparcialidad de la resolución de conflictos.
• Reducir sustancialmente el rol del Juez de primera instancia en el procedimiento arbitral, dada la gran cantidad de causas de las que actualmente conoce. No obstante, la Ley establece mecanismos de cooperación entre el Juez y los árbitros, al prever la posibilidad de su concurso a efectos del establecimiento de medidas precautelares y su competencia en materia de decisión del recurso de nulidad ejercido contra el laudo arbitral dictado.

Dentro del programa del Foro se realizó una Mesa Redonda para discutir la Ley de Arbitraje, en la cual intervinieron el Primer Vicepresidente de la CSJ y Presidente de la Sala de Casación Civil, Magistrado Aníbal Rueda; el doctor Carlos Valedón, representante de la Cámara de Comercio de Caracas; Gino Giannone, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto La Cruz y el doctor Luis Alberto Torres Darías, Presidente de la Asociación Venezolana Internacional de Arbitraje Comercial (AVIAC).

Una de las conclusiones de estas deliberaciones señala que la Ley de Arbitraje Comercial debe ser entendida como una propuesta de profundización en el proceso de reforma judicial y en la consecución del objetivo de seguridad de acuerdo a los parámetros establecidos, que se deben traducir en una constribución a la descarga del congestionamiento de nuestros tribunales, así como en una alternativa para la inversión privada que le permita conocer con mayor certeza las características, costos y duración de cualquier proceso de resolución de conflictos.