Martes, 17 de diciembre de 1998
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Martes, 17 de diciembre de 1998 | |
La Magistrado Sosa Gómez dijo que la sociedad venezolana sabe del esfuerzo que ha llevado a cabo la Corte Suprema para reformar la administración de justicia durante estos dos últimos años, primero para conocer el sistema judicial que tenemos y segundo, para aplicar e impulsar las políticas judiciales en el país, independientemente de cual sea la reestructuración a que sea sometido el sistema en su conjunto
Para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilia Sosa Gómez, el Juez es, en definitiva, el actor principal que debe aplicar las normas internacionales contempladas en el Derecho Interno venezolano, que garantizan la plena vigencia de los Derechos Humanos, tal declaración se produjo hoy en el marco del Foro celebrado con motivo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tuvo lugar en el auditorio de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República.
Asistieron al evento el Fiscal General de la República, Iván Darío Badell; los Magistrados de la Sala de Casación Penal, Magistrados Iván Rincón Urdaneta y Jorge Rosell; el doctor Alirio Abreu Burelli, Magistrado de la Sala de Casación Civil y Juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; asimismo, Normarina Tuozzo de Bravo, Magistrado del Consejo de la Judicatura; los doctores Lourdes Wills y Gustavo Urdaneta Troconis, presidenta y vicepresidente de la Corte Primera Contenciosa Administrativa; el Contralor(e) de la República, Nelson Mogna; el doctor Raúl Arrieta Cuevas, Abogado Agente del Estado ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos; el Diputado Tarek William Saab, Asesor de la Comisión de Justicia y Paz de Petare; el Doctor Juan Navarrete, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; el Director de Postgrado de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Héctor Faúndez; Conjueces; abogados de la Corte Suprema; Defensores e invitados de las diferentes Asociaciones Civiles y Organismos No Gubernamentales.
Sosa Gómez, al declarar a los periodistas destacó tres aspectos tratados en el foro. "En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia ha decidido dirigir muchas de sus actuaciones al interior del país y a las diversas comunidades del Area Metropolitana de Caracas, para así contribuir a la capacitación de los jueces, fiscales y defensores, en relación a los instrumentos fundamentales de los Derechos Humanos; es segundo lugar, que esta actividad la hacemos y la vamos continuar impulsando, porque el Juez es en definitiva, el actor principal para aplicar las normas internaciones que sean derecho interno venezolano para la protección de esos Derechos Humanos y en tercer lugar, porque de acuerdo a nuestra Declaración de Caracas de Presidentes de Cortes y Tribunales de Iberoamérica, nosotros resolvimos que, precisamente, la mejor manera de coadyuvar y garantizar los Derechos Humanos es que sea el Juez el que, formado y capacitado, esté en perfecta condiciones de aplicar las normativas internacionales que sean aplicables en Venezuela".
También se refirió la presidenta de la Máxima Instancia Judicial venezolana a la gran expectativa que tienen los jueces frente a la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que va a permitir evitar que procedimientos que se mantienen en sumarios, en los juicios penales, sean motivo de denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos precisamente por no tener una respuesta oportuna de las decisiones de los jueces nacionales.
"De manera que dentro de estas ideas fundamentales es que la Corte Suprema de Justicia ha tenido la iniciativa de organizar éste foro; estas reflexiones en el día de hoy, abren el campo a los profesores y directores de las universidades, en la persona del Doctor Faúndez; al Agente del Estado, precisamente en la Defensa de los casos que están presentes en la Comisión de los Derechos Humanos y en la Corte Interamericana, el Doctor Raúl Arrieta; un poco para tener la visión que ellos tienen de éste asunto, sobre todo, en relación a los jueces y fiscales del Ministerio Público de nuestro país".
- De sus exposiciones - prosigue -, hemos podido concluir, con la libertad que lo han hecho, de que ciertamente son los jueces y fiscales los que tienen en sus manos, en definitiva, que los procedimientos judiciales venezolanos estén acordes con los principios que rigen en los instrumentos legales internacionales y nacionales que rigen la defensa de los Derechos Humanos para que no seamos denunciados ante instancias internacionales, precisamente por haber violado internamente el Debido Proceso.
- ¿Entonces los venezolanos tenemos que esperar la implementación del Código Orgánico Procesal Penal para que la defensa de los derechos humanos funcione realmente?
- No. Yo creo que los venezolanos no tenemos porque esperar por la implementación del nuevo código. Creo que precisamente, aplicando la normativa del Código de Enjuiciamiento Criminal, que obliga al Juez a impulsar necesariamente las averiguaciones, en los casos en que precisamente estamos siendo denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos, se estaría cumpliendo con el debido rol que la justicia reclama, afrontando las denuncias que tenemos ante las instancias internacionales. Reiteró Sosa Gómez en la necesidad de respetar la autonomía de los jueces, para que sea su conciencia y la obligación de cumplir con las leyes las razones suficientes que los obliguen a tomar decisiones en los casos que presenta retardo judicial. "Son ellos (los jueces) los que en definitiva deben aplicar los instrumentos internacionales para tomar las decisiones oportunas, para que estas personas conozcan frente a ellos, cuales son los resultados judiciales correspondientes.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUYENTE
Al ser consultada en relación al posible pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en relación al Recurso de Interpretación del Artículo 181, contenido en el Título VI relativo a los Referendo, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, introducido ante la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal por los abogados Miguel José Monáco Gómez; Yulena Sánchez Hoet; José Gregorio Torrealba Rodríguez; Daniel Caballero Osuna; Xavier Córdova Figallo y Xabier Escalante Elguezabal y cuyo ponente es el Magistrado Alfredo Ducharne, la Magistrado Presidente, Cecilia Sosa Gómez, fue enfática al señalar que ella nunca dijo que mañana (jueves) se emita el pronunciamiento sobre el recurso introducido por la Junta Directiva del Capítulo Venezolano de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho.
"Ustedes deben recordar que nosotros (se refiere a los integrantes de la Sala Político Administrativa) somos un tribunal colegiado y tenemos un ponente que debe estar examinando la presentación del texto correspondiente a su decisión. Si lo conocemos en el día de mañana, los discutimos y tenemos un acuerdo, aún en el supuesto que sea presentada la ponencia, tomaremos una decisión, de lo contrario obviamente tendremos que pasar esa decisión para el mes de enero", acotó.
Los reporteros también pulsaron la opinión de la Magistrado Sosa Gómez sobre el escrito presentado este miércoles por el Director de la Fundación Para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Ochoa Antich, quien solicita se interprete el artículo 4 de la Constitución como vía para la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Sobre esta materia la titular de la CSJ fue precisa al señalar que "todo escrito, al que se le dé entrada en la Corte Suprema de Justicia tiene que abrirse un expediente, examinarse y saber cuál es el procedimiento que le corresponde al mismo; en consecuencia no creo que nosotros podamos tener un criterio de acumulación en el día de hoy para pronunciarnos conjuntamente, más cuando el otro recurso de interpretación no está en función directa del artículo 4 de la Constitución Nacional sino que se refiere al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política".
Hay que recordar también que el día 10 de noviembre de este año, compareció ante la Corte Suprema el abogado Cesáreo Espinal Vásquez con el carácter de apoderado-actor de la Asociación Civil "Unión Justicrática" quien solicitó su adhesión como opositor del recurso de interpretación solicitado por la Unión de Juristas antes mencionada. Este recurso fue anexado al Expediente Nº 15.169 que cursa ante la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal.
SATISFECHA POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA CSJ
La oportunidad fue aprovechada por los representantes de los medios de comunicación social para conocer el balance personal de la Magistrado Presidente, Sosa Gómez, sobre el trabajo desplegado por el Máximo Tribunal durante el año 1998. "Yo podría decir que tengo una satisfacción en cuanto al trabajo jurisdiccional e institucional. Nosotros vamos a presentar el informe como lo hicimos el año pasado, de los resultados de las actividades que cumplimos, en el acto de apertura del Año Judicial, el próximo mes de enero. Pero podría decirle que a nivel jurisdiccional hemos tenido un rendimiento importante comparado con los resultados del año 1997, y en consecuencia, si bien eso no nos tranquiliza, al menos nos demuestra que el proceso de modernización está empezando a rendir sus frutos".
Informó que ya concluyó el Estudio Global de toda la reingeniería de la Corte Suprema de Justicia "que empezamos a aplicar a partir del mes de enero". En tercer lugar, hizo referencia a los tres convenios que se firmaron con la Comisión, la Corte y el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, para precisamente, asumir en 1999, todo este esfuerzo de divulgación de los resultados concretos de nuestros jueces en la aplicación de los instrumentos fundamentales que garanticen los Derechos Humanos.
Se refirió igualmente a la realización de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Caracas, señalando que fue un evento muy importante de reflexión, análisis e intercambio sobre la situación actual de la administración de justicia en nuestro hemisferio. Anunció que ya se está trabajando para la Segunda Cumbre que tendrá lugar en Caracas el próximo mes de marzo, donde se ofrecerá una evaluación del cumplimento de las metas trazadas en la Declaración de Caracas. "Yo nunca me encuentro satisfecha totalmente de los logros, pero creo que el trabajo de la Corte Suprema, su viajes al interior del país, los Foros realizados sobre el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Arbitraje y las leyes reformadas y promulgadas por el Congreso durante el recién finalizado período de sesiones; las relaciones con las ONG's ligadas con la Reforma Judicial, redundan para la Corte en una posición de continuar en la lucha por la Reforma del Poder Judicial, en el cual no vamos a desmayar y que va a seguir la bandera fundamental de nuestra labor, con el apoyo definitivo, no sólo de los recursos económicos sino a nivel del apoyo fundamental que tiene que haber para que la Corte Suprema pueda actuar en todo el sistema de la administración de justicia".
Finalmente la Magistrado Sosa Gómez dijo que la sociedad venezolana sabe del esfuerzo que ha llevado a cabo la Corte Suprema para reformar la administración de justicia durante estos dos últimos años, primero para conocer el sistema judicial que tenemos y segundo, para aplicar e impulsar las políticas judiciales en el país, independientemente de cual sea la reestructuración a que sea sometido el sistema en su conjunto.
Agregó seguidamente, que lo anterior conduce a que el sistema jurídico nos declare a todos iguales y libres desde el punto de vista legal. Por lo cual, esta perversa ficción mediante la cual nos declaran a todos iguales, a pesar de las desigualdades reales (que impiden la libertad), hace que el Juez tecnifique jurídicamente lo que es político, potenciando las desigualdades.
Refirió el Magistrado Rosell, que en América Latina el marginal alcanza más de la mitad de la población, razón por la cual el juez de este margen no puede actuar como lo hace uno de los países "desarrollados" ;de allí que el Estado de Derecho en estas regiones se transforma en Estado de conflictos ;pero entendiendo el conflicto, no entre individuos, sino entre el Estado y el individuo.
La democracia por otra parte en su estado formal -sostiene el ponente- se ejerce y se realiza a través del voto;pero en su estrato sustancial se concreta al realizarse los derechos y garantías ciudadanas, en lo cual juega papel fundamental el Poder Judicial y en consecuencia el Juez.
En esta parte de su intervención el Magistrado Jorge Rosell, llamó la atención sobre la mora del Estado en realizar derechos fundamentales consagrados en la ley, producto de la perversión del sistema social, que obliga al juez a actuar políticamente procurando proteger a la ciudadanía; y en consecuencia señaló, que si el juez toma en consideración las alternativas de conductas a la orden del sujeto surge la evidencia de que todos no somos libres e iguales.
Al explicar la contradicción entre Ley y realidad, dijo que esta debe ser reconocida por el juez, debiendo valorar la ley (instancia axiológica) para ajustarla a las condiciones sociales; aclarando que el Código Orgánico Procesal Penal que entrará en vigencia en Venezuela el próximo mes de junio de l999,no va a solucionar tales problemas: ya que los procesos judiciales no son más que un reflejo de lo que es una sociedad; sin embargo, aclaró, el COOP va a reconocer y el Poder Judicial tendrá que realizar garantías procesales, que son patrimonio de la humanidad desde hace más de doscientos años.
Explicando seguidamente, que las garantías procesales son los derechos instrumentales, esto es, aquellos derechos fundamentales que son la base de un debido proceso del cual debe ser garante el Estado, y específicamente el Poder Judicial y el juez.
EL NUEVO CODIGO PERMITIRA PASAR:
1) de un trámite burocrático a un proceso judicial; 2) de un proceso inquisitivo puro a uno acusatorio; 3) de un juez prejuiciado a un juez imparcial; 4) de la indefensión a un proceso de pruebas controvertidas; 5)de la prisión como regla a la libertad como regla; 6) del irrespeto a los intereses del individuo a través de la aplicación del principio de legalidad, al respeto de esos intereses a través de la resolución alternativa de conflictos o principio de oportunidad, y 7to, del olvido de la legalidad de la prueba, a la aplicación estricta del principio de legalidad, tanto en la búsqueda como en la declaración de la verdad forense.
CONCLUSIONES:
El Magistrado ponente, doctor Jorge Rosell Senhenn, expuso a manera de conclusiones que: Para quienes piensan que la función más importante de la Corte Suprema de Justicia es la uniformidad de la jurisprudencia, tienen una disminuida percepción de los poderes del más Alto Tribunal de un Estado.
La misión de la Corte es la justicia en su más auténtica expresión. La protección de la ciudadanía en contra del abuso y la arbitrarierdad, la realización de los derechos fundamentales, la concreción de los derechos humanos es y debe ser, la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.
Concluyendo en que "El derecho en manos de una moderna Corte Suprema de Justicia ha de convertirse en equidad. Sustituir formalidad por realidad y legalidad por legitimidad. Estamos abrumados por formalidades y legalismos, y esperamos con ansia una legítima justicia que ha de bajar como bálsamo hacia una sociedad desamparada".
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