Martes, 12 de enero de 1999
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Martes, 12 de enero de 1999 | |
"Venezuela, en medio de las dificultades políticas y de la crisis institucional planteada ha derivado hacia un constitucionalismo que no se reduce a la adhesión difusa a un texto constitucional, sino que exige que la supremacía declarada de la Constitución, esté jurídicamente garantizada", señaló la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, al declarar hoy oficialmente la apertura de las actividades judiciales del año 1999 señaló que nadie puede pretender que la Máxima Instancia Judicial del país actué políticamente, ya que su actuación siempre estará enmarcada dentro del más estricto orden Constitucional, aplicando de manera rigurosa la Ley Fundamental y demás leyes de la República.
"La Corte actuará Constitucional y jurídicamente mediante la aplicación de la Ley Fundamental y demás leyes de la República, aunque la consecuencia se refleje en el plano político. Cuando la Corte interpreta una ley resuelve un conflicto entre particulares o incluso entre órganos del Poder Público, se pronuncia jurídicamente aunque el resultado tenga efectos económicos, privativos de libertad o políticos".
Sosa Gómez, al dirigirse al numeroso público asistente al acto celebrado en el auditorio central de la Corte Suprema, dijo que "Venezuela, en medio de las dificultades políticas y de la crisis institucional planteada ha derivado hacia un constitucionalismo que no se reduce a la adhesión difusa a un texto constitucional, sino que exige que la supremacía declarada de la Constitución, esté jurídicamente garantizada".
- El constitucionalismo - continúo -, es una realidad tangible desde el momento que se exige de la Corte Suprema de Justicia, que sea el guardián vigilante de la supremacía y de la plena vigencia de la Constitución, no solamente respecto a las Constituciones de los Estados o de las leyes nacionales, sino que incluso en su propia interpretación y en el alcance que se le debe dar a la reforma, a la enmienda, al referéndum y a la propia asamblea constituyente. El constitucionalismo planteado en Venezuela en este momento no se opone a la soberanía popular, busca un equilibrio entre el texto constitucional en cuanto a la adjudicación y atribución de facultades a las distintas ramas del Poder Público, en su relación con el soberano originario.
Por otra parte, tal como establece la tradición, la Magistrado Presidente, Cecilia Sosa Gómez, hizo un balance de la labor cumplida por la Corte Suprema durante 1997. En este particular ratificó que el Máximo Tribunal se ha impuesto la tarea de iniciar un complejo y ambicioso plan de modernización, que le permita superar con eficiencia el reto que significa reformarse a sí misma y ser el motor del cambio judicial por el que clama Venezuela. "El proceso de reforma lo iniciamos en diciembre de 1996, alcanzado un satisfactorio nivel de desarrollo y, a partir de 1999 se empezarán a ver disfrutar los efectos de estos cambios", expresó.
Se refirió igualmente la Magistrado Sosa Gómez a la Cumbre Iberoamericana de máximas autoridades de sus Poderes Judiciales, a la que concurrieron el año pasado 23 países, evento que produjo la Declaración de Caracas, documento que incluye 32 recomendaciones de política judicial. Sobre esta materia anunció que se convocará una nueva cumbre, el 24, 25 y 26 de marzo de 1999. "En ese evento a celebrase en Caracas participarán, además, como observadores ocho jueces de instancia por cada país miembro, para prepararlos en la ejecución de estos acuerdos e impulsar el cumplimiento de la Declaración de Caracas y de los acuerdos que genere la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos, en sus respectivos países".
La II Cumbre tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de las políticas y acciones contenidas en la Declaración de Caracas, en relación con los temas y aspectos definidos en la I Reunión Técnica de Seguimiento: Organización Judicial, Corrupción, Narcotráfico y Derechos Humanos y establecer una red judicial iberoamericana que nos permita, inicialmente, manejar la información sobre estas cuatro materias definidas como esenciales.
LA CONSTITUCION NO ES UNA LEY ETERNA
El discurso de orden estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Político Administrativa y experto en Derecho Constitucional, Humberto J. La Roche, quien expresó que "la Constitución no es una Ley eterna o inmutable que escape a las exigencias del cambio de una sociedad ni es posible sustraerla a las exigencias de su aplicación tangible. El Texto Fundamental, tanto en sentido real como en cuanto a documento escrito, es forzosamente dinámico, y conjunto de vivencias colectivas, más aún en esta época de cambios acelerados y constantes. Por eso la defensa de la Constitución, aún desde su apreciación formal, tiene por objeto no sólo el mantenimiento de las normas fundamentales, sino también su evolución y compenetración con la realidad socio-política, para evitar que se convierta en simple fórmula. De nada sirve adecuarla teóricamente a los tiempos y cambiantes exigencias sociales si no hay manera de garantizar su aplicación práctica, el ajuste cabal de los postulados teóricos a la realidad concreta".
Al referirse a la creación de la Sala Constitucional en la Corte Suprema, el orador fue enfático al decir que "algunos han llegado a pensar que una Constitución sin un Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la haga efectiva en los casos cuestionados, es una Constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en esos casos, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene".
El Magistrado La Roche culminó su discurso diciendo que como todos los venezolanos espera asistir a la culminación feliz de la reforma judicial y al nacimiento de un nuevo constitucionalismo, "entendido como la expresión política-jurídica del consenso, de un sistema que asegure los derechos humanos individuales y sociales y garantice una vida digna y respetable a todos los que por ella se rigen".
ORDEN GRAN LIBERTADOR A LA DOCTORA SOSA GOMEZ
La labor de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, en pro de la reforma del Poder Judicial venezolano fue reconocida hoy por la presidencia de la República, en el marco del acto de apertura de las actividades judiciales de 1999, al serle conferida la Orden del Libertador en el grado Gran Cordón, la cual le fue impuesta por el Primer Mandatario Nacional, Rafael Caldera y el Ministro de Relaciones Interiores, Asdrúbal Aguiar Aranguren.
El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 2 y 17 de la Ley Orden del Libertador, previo el voto favorable del Consejo, le confirió la condecoración a la Magistrado Sosa Gómez resaltando la jurisdicidad de la República establecida a través de nuestras normas constitucionales y legales.
"Es un acto de respeto al más Alto Tribunal de la República, pero además es un acto de reconocimiento personal a una distinguida jurista que ha ejercido con mucha dignidad la alta función que le corresponde como presidenta de esta Corte Suprema de Justicia. Eficiencia en su labor, consagración a la misma, dignidad, como he dicho, en el ejercicio del cargo y por otra parte, algo que debemos señalar, que es su deseo, su esfuerzo, su actividad para colaborar en la reforma de la administración de justicia que es un tema que tanto nos preocupa, nos interesa y nos apasiona a todos los venezolanos", dijo.
Por otra parte, el presidente Rafael Caldera, fue enfático al señalar que "el Estado de Derecho que la Magistrado Cecilia Sosa Gómez representa será una realidad inconmovible en la vida futura de Venezuela".
Asistieron al evento, además de los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Fiscal General de la República, Iván Darío Badell; autoridades del Consejo de la Judicatura; jueces rectores de todo el país y gremios de abogados.
La apertura del año judicial se realiza de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Carrera Judicial, que expresa que el día siete de enero de cada año "o el más inmediato posible, se celebrará en la capital de la República la solemne apertura de las actividades judiciales".
También hicieron acto de presencia el Contralor General de la República; el Presidente del Consejo Nacional Electoral; el Arzobispo de Caracas; Ministros de Estado; Altas Autoridades; Gobernadores; Alcaldes; Casa Militar; Alto Mando Militar; Directores, Editores y Gerentes de los Medios de Comunicación Social; representantes del Banco Mundial; Fiscales del Ministerio Público ante la CSJ; Ex Presidentes y Ex Magistrados del Máximo Tribunal; igualmente los miembros del Consejo de Guerra Permanente; el Director de la Justicia Militar; el Presidente y demás Magistrados de la Corte Marcial; el Presidente y demás Magistrados de la Corte Primera Contenciosa Administrativa; el Vicepresidente del Consejo de la Judicatura y demás Magistrados; el Presidente y Magistrados del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público; Jueces Superiores, Jueces Rectores y Conjueces; Presidentes de las Academias Nacionales; Cuerpo Diplomático; esposas de los Magistrados de la Corte Suprema y sus familiares; representantes de las Universidades, Colegios Universitarios y gremiales así como de los diversos organismos Judiciales; invitados especiales del Máximo Tribunal y familiares del Orador de Orden, Magistrado Humberto J. La Roche.
La medida judicial que ellos introdujeron hace dos meses, es hasta el momento la única admitida en materia de Ley Habilitante.
Según la FMV, el Presidente de la República dictó medidas de tipo social, y él solamente está facultado para decidir en materia económica y financiera.
La Federación Médica Venezolana (FMV), a través de su Consultor Jurídico, Dr. Enrique Agüero Gorrín, acudió a la Corte Suprema de Justicia para ratificar el Recurso de Nulidad que introdujo hace dos meses en contra de la Ley Habilitante, esgrimiendo que ella incluye la Ley de Liquidación del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y la Ley del Subsistema de Salud, lo cual, según la parte actora, es una medida de tipo social, y no de índole económico y financiero, materias estas últimas, donde el Presidente si está facultado para decidir previa aprobación del Congreso Nacional.
Gorrín enfatizó ante los periodistas que la FMV, "ha estado en contra de la privatización de los servicios médicos y considera que el Estado venezolano de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República debe mantener el único Instituto que actualmente con todas sus fallas presta servicio en materia de la salud y de seguridad social a los sectores del pueblo venezolano". Agregando que de ser aprobado el recurso de nulidad, serán declaradas ilegales la Ley de Liquidación del IVSS y la Ley del Subsistema de Salud.
Señaló el Consultor Jurídico, que él se entrevistó con el Secretario de la Corte Suprema, Dr. Enrique Sánchez Risso, el cual le informó que el recurso de nulidad introducido por la FMV, es el único que fue admitido en materia de Ley Habilitante y que el Máximo Tribunal del país ordenó las citaciones para el Presidente, el Fiscal General y el Procurador General de la República.
El Dr. Gorrín también se refirió en materia del Laudo Arbitral y dijo que es una medida que viola las normas constitucionales y legales, entre ellas, el derecho a un salario justo, viola la norma de que la contratación colectiva debe respetarse, en este sentido el accionante aclaró, que la contratación colectiva es la única forma que tienen los trabajadores, en este caso los médicos, para lograr mejoras en materia económica, social y reivindicativo. El Laudo también viola la Ley Orgánica del Trabajo que faculta a las Instituciones como la FMV a contratar colectivamente en representación de sus miembros.
REFERENDUM ILEGAL
Por su parte, el Presidente de la Federación Médica Venezolana, Dr. Jesús Méndez Quijada, también declaró ante los medios de comunicación y señaló que acudieron a la Apertura del Año Judicial en la CSJ y aprovecharon la oportunidad para impulsar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad en contra de la Ley Habilitante y ratificar los argumentos jurídicos, en el sentido que el Presidente de la República no tiene potestad para dictar medidas en materia social, y pidió a la Corte Suprema que se pronuncie a la brevedad posible, ya que la aplicación de las leyes cuestionadas, "será sumamente negativa para la población", opinó Quijada.
Aprovechó la oportunidad el Dr. Méndez Quijada para señalar, que el gremio médico en los últimos días ha sido bombardeado con una campaña inclemente, contra la FMV, lo cual, según él, "se trata de una maniobra electorera dirigida a dividir la FMV y hacer una nueva Federación a la medida del próximo Gobierno", agregó también, que la Junta Directiva del Colegio de Médicos del Distrito Federal, encabezada por Fernando Bianco, pretende a través del "Referendum", pedir la renuncia del Presidente de la FMV y por ende dividir al gremio médico venezolano y acusó al Dr. Bianco de realizar estas maniobras para alcanzar el Ministerio de Sanidad durante el próximo gobierno.
Finalizó el Presidente de la FMV, señalando que se encuentra completamente seguro de que la inmensa mayoría de los 53000 médicos del país y aún la inmensa mayoría de los 22218 médicos para hoy inscritos en el Colegio Médico del DF, que estos se van a abstener de participar en esta farsa absolutamente carente de toda legalidad y de todo aspecto jurídico.
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