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Martes 24 de abril de 2001

Operativo conjunto en tribunales de Vargas

COMENZO A ACTUAR EL NUEVO DIRECTORIO

DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

 

Este martes se ejecutó en la sede de los Tribunales del Estado Vargas un operativo conjunto entre el Tribunal Supremo de Justicia,  la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales, con motivo de una denuncia formulada ante el presidente del máximo tribunal del país, magistrado Iván Rincón Urdaneta, acerca de una serie de irregularidades ocurridas en la mencionada entidad federal.

            En el operativo participaron el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Luis Martínez Hernández; El Coordinador de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Dr. Rafael Roversi Thomas; La Inspectora General de Tribunales, Dra. Josefína Entrialgo; El Dr. Carlos Cracca, Defensor Nacional); Ocho inspectores de Tribunales y funcionarios de la Guardia Nacional, a cargo del Teniente Coronel, Luis Emiro Fernández Reverol, quien además es Jefe de Inteligencia del Comando Regional Nº 5. 

            La visita administrativa se realizó en base a lo establecido en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a las denuncias hechas por  un grupo de funcionarios  en el Area de Servicios Judiciales del Circuito Penal del Estado Vargas.

            La primera denuncia se relaciona con un hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2000, en el que –según la denunciante- se encuentra involucrado el Alguacil del Circuito Judicial Penal de Vargas, Javier González, quien habría recibido las actas de un procedimiento realizado por la Guardia Nacional y donde una ciudadana fue aprehendida y se encontraba expulsando dediles de presunta droga. La acción la realizó González a pesar de no encontrarse de guardia en ese momento. Expresaron los funcionarios denunciantes que  al momento de formular la denuncia que los demás alguaciles rechazaron la conducta del acusado, por lo que hizo las denuncias pertinentes, sin embargo, hasta los momentos desconocía si se habían tomado medidas al respecto.

            La otra denuncia es relacionada con el caso donde fueron acusados un colombiano y dos venezolanos aprehendidos por autoridades de Estados Unidos en alta mar, y entregados al Servicio de Guardacostas venezolano, incautándoles la cantidad de 615 kilogramos de presunta cocaína. El Juez del caso es  Freddy Suárez, Juez Quinto de Control quien por supuestos errores en el Servicio de Alguacilazgo, le otorgó la libertad a los imputados.

            Otro de los casos investigados fue el relacionado con un cargamento de Permanganato de Potasio, caso a cargo del Juez Cuarto de Control, Rolando Espinoza, en el cual se han presentado irregularidades.  Otra de las denuncias versa en relación con la inoperancia del listado que envía la Oficina Nacional de Participación Ciudadana, debido al desastre natural ocurrido en Vargas en 1999, lo que provoca, entre otras irregularidades, que no se realiza el sorteo para los juicios, generándose retrasos e inconvenientes a la hora de aplicar justicia.

            La Comisión que ejecutó la acción en la sede los Tribunales del Estado Vargas comenzó sus acciones a las 9:00 am., en la cual, se inspeccionó la sede de la Sala Administrativa, el Alguacilazgo y los Tribunales Primero, Cuarto y Quinto de Control del Estado Vargas. 

 

RUEDA DE PRENSA

                El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Luis Martínez Hernández ofreció una rueda de prensa en la que informó que se trató de la primera acción de la recién juramentada Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la cual se fundamentó en unas denuncias con respecto a irregularidades en distintas área en el Poder Judicial del Estado Vargas. Sobre las denuncias explicó que “una tiene que ver con la administración propiamente de justicia, la otra con la Dirección Administrativa Regional (DAR), de la parte financiera y administrativa, y la otra del Alguacilazgo del Estado Vargas”.

            Indicó que en área del Alguacilazgo, se realizó conjuntamente con la Inspectoría General de Tribunales, investigaciones acerca de su funcionamiento y en relación con el área de tribunales, “se levantaron unas actas sobre el funcionamiento de algunos expedientes específicos en materia de drogas. En ese sentido, se tomaron una serie de acciones de carácter cautelar, que son la suspensión –sin goce de sueldo- de algunos funcionarios, jueces, al Director de la DAR y algunos funcionarios del Poder Judicial, como son alguaciles y algunos secretarios”, señaló el magistrado Martínez Hernández.

            Informó que los casos van a ser procesados a través de la Inspectoría General de Tribunales donde se tomarán las acciones definitivas, pero por los momentos se tomó esta acción cautelar contra esas personas ”en las cuales existen fundados indicios de hechos irregulares que violan la ética y la disciplina del Poder Judicial, han sido suspendido a través de las actas que hemos levantado”.

Aclaró el magistrado Luis Martínez Hernández ante una  pregunta de los periodistas que “no se trata de una intervención del Circuito Penal del Estado Vargas, se trata de una investigación que abarcó, no sólo el Circuito Penal, sino que también se hizo una investigación a nivel de la Defensoría y se hizo también una investigación a nivel de los Tribunales Civiles. Estamos en la etapa de investigación y la metodología pautada en el caso es no profundizar en lo relacionado a explicaciones”.                  

                Recalcó que esta acción representa el inicio de una serie de medidas de la DEM. Indicó que este tipo de actividades se van a cumplir a nivel nacional, para la cual ya existe un cronograma elaborado con el objetivo que se perciba la acción de la DEM en el adecentamiento del Poder Judicial en Venezuela.

            Finalmente, el magistrado Luis Martínez Hernández informó que como consecuencia de la acción coordinada entre el máximo tribunal del país, la DEM y la Inspectoría General de Tribunales, se aplicó la medida cautelar de suspensión por sesenta días a: Rolando Espinoza Navarrete, Juez Provisorio del Juzgado Cuarto de Control del Circuito Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, con sede en Maiquetía; Freddy Suárez Rodríguez, Juez Provisorio del Juzgado Quinto del mismo Circuito Judicial. La misma medida se tomó con los Alguaciles Javier González y Mariela Galvao.  

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