Ante la Sala Político Administrativa del TSJ

GRUPO DE PADRES Y REPRESENTANTES CONSIGNAN ESCRITO

PARA ADHERIRSE A DEMANDA DE NULIDAD CONTRA DECRETO 1011

 

Una representación de padres y representantes de menores en edad escolar, protagonizaron ante la sede del Tribunal Supremo de Justicia una protesta pacífica en contra del Decreto Presidencial 1.011, al que califican de ilegal e inconstitucional, ya que contempla “la intervención ideológica de los planteles” a través de la designación por parte del Ministerio de Educación de los supervisores itinerantes, sin esperar el fallo del alto Tribunal.

            Jaime Gallardo, en nombre del grupo, informó a los reporteros de la fuente judicial que los padres y representantes, actuando como legítimos interesados y voceros del movimiento nulidad 1.011, presentaron un documento, en donde además de aportar nuevos argumentos jurídicos -que a su criterio demuestran que el decreto es ilegal e inconstitucional-, solicitan a la Sala Político Administrativa que los adhiera como terceros coadyuvantes a la parte accionante en el recurso de nulidad intentado por ante dicha Sala, el 17 de enero del 2001, por Jaime Manzo Manzo, Orlando Alzuru, Nelson Morán Guilarte, Carlos Alberto Andueza Acuña, Franca Peri, Antonio Chirevella y Jesús Ramírez.

            Gallardo explicó que la Constitución de 1999, contiene disposiciones que garantizan la educación democrática, donde se respetan todas las corrientes de pensamiento; integral, de calidad, permanente, impartida en condiciones de igualdad, “pero todo lo anterior es contradicho por el Decreto 1.011, en la medida que prevé la posibilidad de hacer ingresar en la carrera docente a personas que no cumplen con los requisitos de ley y; que tales personas puedan, a su parecer y entender, provocar la intervención de un plantel y suspensión de quienes ejercen los cargos de dirección del mismo”.

- Lo anterior se vierte igualmente en los planteles privados, los cuales además de ser susceptibles de intervención por personas que, a su parecer y entender así lo consideren, están sujetos a que el gobierno nacional decida cómo y por quienes deben ser dirigidos. Todo lo expuesto muestra cómo también con unas pocas palabras el Ejecutivo ha pretendido establecer las bases para vulnerar la libertad de educación – pública y privada -, sometiéndola a los avatares del acontecer político del país, lo cual es inaceptable, por inconstitucional – así lo expresan los demandantes asistidos por la abogado Gisela Anderson Scannone.

            Finalmente, solicitaron a la Sala Político Administrativa, que declare la nulidad absoluta del Decreto 1.011, dictado el 4 de octubre del 2000.